En España hay en este momento
2.400 fondos de pensiones privados, la mayor parte de los cuales –el 80 %-
gestionados por los bancos. Pero aunque esto pueda transmitir una idea de que
buena parte de los españoles tenemos contratado un plan de pensiones
complementario de nuestra pensión pública, la situación es otra distinta. La
razón estriba en que la media de patrimonio que cada español con plan privado
tiene acumulado es de 10.800 euros, una cantidad verdaderamente eximia para
financiar un periodo de retiro cada vez más grande por razones de longevidad.
En 1971, la población española mayor
de 65 años representaba el 9.6 % del total. En 2014, el 18.1 %, esto es, en 43
años, se ha multiplicado aproximadamente por dos. En España hay actualmente 9,2 millones de
pensionistas sumando los jubilados, los que reciben una pensión por incapacidad
permanente, por viudedad, por orfandad o por razón de parentesco. Sin embargo,
el interés principal se centra en los jubilados, unos 5,6 millones en el
conjunto de España. La pensión media que recibe un jubilado español es de 1016
euros. En Andalucía es en promedio 891 euros debido a los menores salarios que
se pagan en Andalucía.
Una cuenta sencilla nos dice que
la mensualidad que el Sistema de la Seguridad Social española debe pagar a los
jubilados es de unos 5.705 millones de euros que pagan los 17.56 millones de
trabajadores ocupados (según la EPA) y los empresarios que los emplean. Del
total de ocupados españoles, 2,5 millones son andaluces.
Las cuentas son inmediatas. Cada
español con trabajo contribuye a financiar “medio pensionista”; en otros
términos cada dos (1.9) trabajadores ocupados “tienen a su cargo a un
pensionista”. Pero como coincidimos en poner el foco entre la relación entre
trabajadores ocupados y jubilados (excluimos a los pensionistas que reciben una
pensión por otra causa), la relación es tal que, aproximadamente, cada tres
ocupados “tienen a su cargo” a un jubilado.
El presupuesto de gasto en
pensiones de jubilación representa el 64 % del total del gasto en prestaciones
económicas del Sector Público, pero “sólo” el 19 % del gasto público total y el
8 % del PIB de 2015.
La pregunta que a mucho inquieta
es ¿cómo se va a pagar esto? La recaudación por Cotizaciones Sociales representará
en 2015 el 80,7 % de los ingresos del Sistema de la Seguridad Social. Con esto
se tendrían que pagar las contingencias comunes, el desempleo, el FOGASA, y la formación
profesional. Sólo el gasto en pensiones de jubilación absorbe el 74 % de los
ingresos por cotizaciones sociales. Lo que queda son 27.800 M de euros para
pagar al resto de las contingencias comunes, desempleo, FOGASA, formación
profesional.
¿De dónde vendrá el dinero cuando
falte?, esencialmente de las transferencias que se hagan desde los presupuestos
generales. En 2013 las transferencias representaron el 12 % del presupuesto de
ingresos del sistema de la Seguridad Social. Hasta 2012 siempre habían
representado el 7 %.
Pero aunque pueda parecer otra
cosa con los datos en la mano, la sociedad española considera mayoritariamente que
las pensiones son intocables y que se financiarán sin problema. Como se ha
demostrado ante las reducciones en las coberturas sanitarias, la sociedad reaccionará
ante cualquier gobierno que no garantice el pago de las pensiones.
Así las cosas, el argumento del
“temor al colapso” del sistema público de pensiones no hará que el ahorro de
las familias se traslade masivamente a planes de pensiones privados y ello por
varias razones.
La devaluación interna a la que
la crisis ha conducido ha convertido a los mileuristas otrora tratados de forma
despectiva, en grandes asalarios. Con mil euros de sueldo, la cantidad que una
persona puede destinar a una pensión privada complementaria es mínima. Además,
la sociedad española sigue prefiriendo los activos reales a los financieros. De
hecho el 80 % de la riqueza de las familias españolas es de naturaleza real y
coincide con la vivienda habitual. Por último, los tipos de interés reducidos
que ahora imperan no hacen nada atractivos los planes de pensiones privados.
Por ejemplo, el último bono que el Tesoro ha colocado a 30 años ofrecía una
rentabilidad del 5 % sobre la que los gestores de planes de pensiones aplican
las correspondientes comisiones.
En mi opinión y defendiendo
inequívocamente el sistema de pensiones público, el futuro de los planes de
pensiones privados en España pasa por productos que permitan a los jubilados
combinar la percepción de rentas con la posibilidad de dejar legados a sus
hijos o supervivientes. Pasa, además, por un modelo de planes de pensiones ‘low
cost’ en los que el papel de las comisiones de los gestores sea tan mínimo como
el margen de las compañías de vuelo o telefonía móvil y, por último, pasa
también por la posibilidad de que cualquiera pueda construirse su propio plan
de pensiones eligiendo los activos en los que se materializa su ahorro hasta
que llegue el momento de recibir la pensión. Para esto el Estado debe crear un
marco transparente de información sobre los activos financieros que cada
ahorrador pueda elegir para construir sobre ellos su plan de pensiones
complementario.
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