España cerró 2012 con 260,5 Miles de Toneladas de CO2
emitidas. Ese volumen de emisiones fue un 26.1 % mayor de las que se
registraron en 1990, año base en función del cual se fijaron los acuerdos
obligatorios del Protocolo de Kioto en materia de reducción de emisiones.
España fue uno de los firmantes al hacerlo la Unión Europea. En el reparto
nacional de obligaciones, a España se le permitió aumentar sus emisiones un 15%
respecto a 1990 aunque en cómputo global la UE tuviese que reducir las suyas en
un 8%. El informe que el gobierno español remitió a la ONU en abril de este año
reconocía que nuestras emisiones en 2012 superaban el techo español derivado de
Kioto en más de 11 puntos.
La gobernanza internacional de la lucha contra el cambio
climático está actualmente puesta en solfa. Aunque la mayor parte de los países
firmantes del Protocolo de Kioto han prorrogado sus acuerdos y la propia UE ha
definido su ambicioso Horizonte 2020, los principales países emisores de CO2 en
particular y Gases de Efecto Invernadero en general, no han asumido compromisos
obligatorios. Son los casos, por ejemplo, de China, Brasil o India.
Lo que sí es cierto es que España está decidida a conseguir
el denominado desacoplamiento entre el crecimiento económico y las emisiones de
CO2. En otros términos y en su versión más fuerte, el desacoplamiento exige ser
capaces de crecer económicamente sin un consumo de energía que provocase un
aumento en las emisiones de CO2. En definitiva, España está entre los países en
transición hacia una 'Economía verde'.
Para conseguir eficazmente esa meta es necesario conocer
primero para actuar después cuáles son los principales determinantes de las
emisiones de CO2 de la economía española. Es precisamente lo que hemos analizado
recientemente junto con la investigadora María Luisa Rodríguez Arévalo y el
profesor Antonio Sánchez-Braza. En esta misma línea están trabajando los
profesores Manuel Ordoñez y Rocío Román en el grupo de investigación de la
Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de
Sevilla. Un grupo a cuyos trabajos apoya financieramente la Fundación Roger
Torné centrada en mejorar la salud respiratoria infantil.
Analizando conjuntamente la carbonización del mix energético
español, la intensidad energética, la estructura económica, la renta per capita
y la población española, es posible que la economía española hubiese alcanzado
el desacoplamiento en 2006. Este fue el último año en el que se registró un
crecimiento económico positivo y, además, se redujeron las emisiones de CO2 a
la atmósfera respecto al año anterior. En la explicación de este comportamiento
está la disminución de la carbonización del mix energético (volumen de
emisiones de CO2 en relación a la energía consumida) y la intensidad energética
(energía consumida en relación al valor de la producción).
No obstante, hay que ser prudentes con la afirmación que
hemos hecho. Los profesores Luis Mundaca, Anil Markandya y Jørgen Nørgaard han
encontrado un posible efecto rebote en las emisiones de CO2 en las regiones
desarrolladas una vez que los efectos de la crisis han comenzado a remitir. Así
lo explican en un artículo que han publicado en la revista Energy Policy.
Habrá que estar pendiente de los datos que se publiquen para
España referidos a 2014, año en el que parece que registráremos de nuevo un
crecimiento positivo si me permiten la redundancia. Lo que sí podemos comentar
ya son algunos resultados preliminares de nuestro trabajo. Por ejemplo que está
por ver si la reducción de la intensidad energética de la economía española se
debe principalmente a mejoras en la eficiencia o a la subida del precio del
petróleo que comenzó en 2004. Habrá igualmente que poner atención al
comportamiento de los sectores eléctrico y de refino del petróleo que son los determinantes
a la hora de ver cómo se comporta la intensidad energética del conjunto de la
economía. También habrá que tener en cuenta la recomendación que han hecho en la
misma revista que hemos citado Alvaro López, Ignacio Pérez y Pedro Linares en
el sentido de decir que la apuesta por las ganancias de eficiencia son más
eficaces que las medidas de promoción públicas de las energías renovables si se
compara el coste y los resultados de unas y otras. Naturalmente esta no es una
cuestión pacífica en España pero es lo que se deriva de esta investigación que
está bien fundamentada.
En este sentido, puede ser interesante introducir un esquema
de bonificaciones fiscales a las empresas que, tras una auditoría rigurosa,
demuestren haber logrado importantes ganancias en eficiencia. Me consta que
esta es una de las líneas en las que trabaja la Agencia Andaluza de la Energía.
Sería un buen camino en la transición hacia una “Economía verde” y competitiva.
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