TRES MADRILEÑOS, DOS MALLORQUINES Y UN VASCO (José Manuel Cansino en La Razón el 27/7/2014)

Un día antes de publicarse los mejores resultados en términos de empleo desde que empezó la crisis, vieron la luz las prometidas balanzas fiscales regionales. Lo hicieron en el documento titulado 'Informe sobre la dimensión territorial de la actuación de las Administraciones Públicas' coautorizado por los economistas Angel de la Fuente (CSIC), Salvador Barberán (Universidad de Zaragoza) y Ezquiel Uriel (Universidad de Valencia). En definitiva es un informe esencialmente económico y esto no necesariamente tranquiliza habida cuenta de la credibilidad de la profesión en esta grave crisis apenas prevista .

(Angel de la Fuente, coordinador del informe)

Efectivamente, la Economía es una Disciplina demasiado compleja para considerarse una Arte, pero -dicen sus detractores- demasiado imprecisa para considerarse una Ciencia. Es un cuerpo doctrinal con pocas certezas.

Pero si la Economía presenta estas objeciones, la Disciplina a la que en este caso auxilia -la Ciencia Política-, muestra muchas menos.

Esta cuestión preliminar es importante porque a todos a quienes disgustan los saldos fiscales se les oyen argumentos descalificativos del tipo hay tantas balanzas fiscales como economistas y enfoques. Así las cosas, sólo hay dos formas de evaluar objetivamente la calidad del documento; a través de la solvencia intelectual de sus autores y haciendo transparentes los denominados criterios de imputación territorial del ingreso y del gasto, a partir de los cual se calcula el saldo como la diferencia entre el segundo y el primero.

Pocos economistas académicos hay en España más solventes que Angel de la Fuente. Es fácil comprobarlo. Los académicos solemos tener nuestros CV disponibles en la red, así que es cuestión de teclear en el buscador y comparar el de los autores con el de sus críticos. Una de las razones por las que hemos llegado a esta deriva insoportable en el sistema autonómico está en los asesores de los que se han rodeado unos y otros para revestir de argumentos cientifistas intereses espurios.

Vayamos al análisis de los criterios que se han manejado en el cálculo de las balanzas fiscales. Para empezar la imputación territorial de los ingresos y gastos públicos se ha hecho desde una óptica de carga-beneficio. Esto significa que para los autores lo relevante a la hora de imputar los gastos y los ingresos públicos a las distintas comunidades autónomas, ha sido el lugar donde viven los ciudadanos en cuyo beneficio se diseñan y ejecutan las políticas de gasto y los contribuyentes que en última instancia soportan sus costes. Precisamente el Cuadro 8 del informe muestra de forma transparente cuales han sido los criterios de imputación y principales indicadores y fuentes utilizados para territorializar el gasto público

Sobre lo anterior, el saldo de cada región se ha calculado en primera instancia como la diferencia entre el gasto público total en cada región y la carga tributaria soportada por los residentes de la misma región y la población de la misma. Si sumáramos los saldos fiscales regionales así definidos, su suma no seria necesariamente cero sino igual al déficit total del sector público. Este déficit a para el año al que están referidos los cálculos -2011- fue de unos 50.000 millones de euros.

Los autores del estudio argumentan que debe neutralizarse el efecto del déficit del Estado y aplican un criterio para repartirlo entre regiones. Así llegan a lo que denominan saldo fiscales relativo que origina las cifras que más han trascendido mediaticamente.

De entré ellas espigamos el saldo fiscal positivo para Andalucía (7.421 millones de euros), muy negativo para Madrid (-16.723) y no tan negativo como han venido exhibiendo los nacionalistas para Cataluña (-8.455). 

Hasta aquí la transparencia de los criterios y algunos de los resultados que este importante estudio ofrece. A partir de aquí planteamos tres reflexiones que están fuera del objetivo del estudio.

La primera es la visión de la solidaridad interterritorial vista en perspectiva temporal. Con excepciones, las mismas regiones que eran beneficiarias del sistema de financiación autonómico hace décadas siguen siéndolo ahora ¿Cómo se ve esto por parte de las regiones permanentemente 'donantes'? Ha de aceptarse una España asimétrica en términos de renta per secula seculorum. En el caso de Andalucía, ¿se puede seguir culpando al maltrato franquista de la situación económica? ¿Sigue siendo el señoritismo el responsable de esta situación?; un señoritismo que tan duramente retrataba el escritor Manuel Halcón en su novela 'Manuela' hoy casi proscrita por la filiación falangista de su autor ¿O hay que buscar a los nuevos señoritos en los 'staffs' de mangantes asentados en partidos, sindicatos y organizaciones empresariales?

(Los actores Charo López y Máximo Valverde en la versión cinematográfica de 'Manuela')

La segunda es que las balanzas fiscales ayudan pero no del todo a resolver la cuestión de las finanzas públicas. Por ejemplo, aquí hay que poner en negro sobre blanco que competencias revierten al Estado, cuales van ex Novo a los ayuntamientos y cuales mantienes las regiones. Por ejemplo, hasta cuando la Educación va a seguir en manos de Comunidades Autónomas para uso y disfrute de los adoctrinadores en el odio al resto de España.

La tercera es la lección del Grupo 1 de los programas de gasto incluidos en el estudio. Son los gastos que incluyen a la Administración general del Estado y a los bienes y servicios públicos de ámbito nacional e interés general. Aquí están, por ejemplo, las Relaciones internacionales. El criterio de imputación de este gasto ha sido el de la población porque 'Benefician por igual a todos los ciudadanos'. Nada de esto han aceptado jamás los nacionalistas.

Sin embargo es lo que va a permitir la repatriación de los tres madrileños, dos mallorquines y un vasco que formaban la tripulación del avión de Swiftair que se estrelló en Malí camino de Argelia. Ellos representaban la vida misma. La normalidad de las cosas. Aquello que te permite decir a la peor clase dirigente, lo que Vd hace es política con minúsculas y la vida es lo que nos ocurre a los demás.

Estos compatriotas que no computan en las balanzas fiscales de los excluyentes vivieron la vida de casi todos. Sufrieron el despido, vieron como una empresa española se internacionalizaba, buscaron sus lentejas en el extranjero y -cada cual con sus raíces- todos se entendían en castellano entre sí y en inglés y francés con sus clientes. 

Arcadi Espada ha señalado que en el origen de toda esta deriva separatista está el haberse roto los afectos. Yo creo que es el fruto de un adroctrinamiento sistemático, en no más de una generación, bien diseñado y mejor pagado por todos los demás. De nada sirven los cálculos razonables cuando en frente hay algo tan irracional como el odio.

¿Estamos dispuestos a seguir financiando la educación en la inmersión, en el autismo lingüístico y en el desprecio al resto de los españoles? ¿O queremos seguir viviendo nuestra vida con la misma normalidad con la que lo hicieron estos compatriotas que encontraron su muerte en ese largo camino de supervivencia a esta crisis?

Hagámoslo. En el resto de países, la revisión de competencias forma parte de la más absoluta normalidad democrática.

(*) José Manuel Cansino es Profesor Titular de Economía Aplicada.

Hacia una economía verde (José Manuel Cansino en La Razón el 21/7/2014)

España cerró 2012 con 260,5 Miles de Toneladas de CO2 emitidas. Ese volumen de emisiones fue un 26.1 % mayor de las que se registraron en 1990, año base en función del cual se fijaron los acuerdos obligatorios del Protocolo de Kioto en materia de reducción de emisiones. España fue uno de los firmantes al hacerlo la Unión Europea. En el reparto nacional de obligaciones, a España se le permitió aumentar sus emisiones un 15% respecto a 1990 aunque en cómputo global la UE tuviese que reducir las suyas en un 8%. El informe que el gobierno español remitió a la ONU en abril de este año reconocía que nuestras emisiones en 2012 superaban el techo español derivado de Kioto en más de 11 puntos.

La gobernanza internacional de la lucha contra el cambio climático está actualmente puesta en solfa. Aunque la mayor parte de los países firmantes del Protocolo de Kioto han prorrogado sus acuerdos y la propia UE ha definido su ambicioso Horizonte 2020, los principales países emisores de CO2 en particular y Gases de Efecto Invernadero en general, no han asumido compromisos obligatorios. Son los casos, por ejemplo, de China, Brasil o India.

Lo que sí es cierto es que España está decidida a conseguir el denominado desacoplamiento entre el crecimiento económico y las emisiones de CO2. En otros términos y en su versión más fuerte, el desacoplamiento exige ser capaces de crecer económicamente sin un consumo de energía que provocase un aumento en las emisiones de CO2. En definitiva, España está entre los países en transición hacia una 'Economía verde'.

Para conseguir eficazmente esa meta es necesario conocer primero para actuar después cuáles son los principales determinantes de las emisiones de CO2 de la economía española. Es precisamente lo que hemos analizado recientemente junto con la investigadora María Luisa Rodríguez Arévalo y el profesor Antonio Sánchez-Braza. En esta misma línea están trabajando los profesores Manuel Ordoñez y Rocío Román en el grupo de investigación de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla. Un grupo a cuyos trabajos apoya financieramente la Fundación Roger Torné centrada en mejorar la salud respiratoria infantil.

Analizando conjuntamente la carbonización del mix energético español, la intensidad energética, la estructura económica, la renta per capita y la población española, es posible que la economía española hubiese alcanzado el desacoplamiento en 2006. Este fue el último año en el que se registró un crecimiento económico positivo y, además, se redujeron las emisiones de CO2 a la atmósfera respecto al año anterior. En la explicación de este comportamiento está la disminución de la carbonización del mix energético (volumen de emisiones de CO2 en relación a la energía consumida) y la intensidad energética (energía consumida en relación al valor de la producción).

No obstante, hay que ser prudentes con la afirmación que hemos hecho. Los profesores Luis Mundaca, Anil Markandya y Jørgen Nørgaard han encontrado un posible efecto rebote en las emisiones de CO2 en las regiones desarrolladas una vez que los efectos de la crisis han comenzado a remitir. Así lo explican en un artículo que han publicado en la revista Energy Policy.

Habrá que estar pendiente de los datos que se publiquen para España referidos a 2014, año en el que parece que registráremos de nuevo un crecimiento positivo si me permiten la redundancia. Lo que sí podemos comentar ya son algunos resultados preliminares de nuestro trabajo. Por ejemplo que está por ver si la reducción de la intensidad energética de la economía española se debe principalmente a mejoras en la eficiencia o a la subida del precio del petróleo que comenzó en 2004. Habrá igualmente que poner atención al comportamiento de los sectores eléctrico y de refino del petróleo que son los determinantes a la hora de ver cómo se comporta la intensidad energética del conjunto de la economía. También habrá que tener en cuenta la recomendación que han hecho en la misma revista que hemos citado Alvaro López, Ignacio Pérez y Pedro Linares en el sentido de decir que la apuesta por las ganancias de eficiencia son más eficaces que las medidas de promoción públicas de las energías renovables si se compara el coste y los resultados de unas y otras. Naturalmente esta no es una cuestión pacífica en España pero es lo que se deriva de esta investigación que está bien fundamentada.

En este sentido, puede ser interesante introducir un esquema de bonificaciones fiscales a las empresas que, tras una auditoría rigurosa, demuestren haber logrado importantes ganancias en eficiencia. Me consta que esta es una de las líneas en las que trabaja la Agencia Andaluza de la Energía. Sería un buen camino en la transición hacia una “Economía verde” y competitiva.

REVISIONES AL ALZA (José Manuel Cansino en La Razón el 14/7/2014)

Hasta tres instituciones de primera importancia han coincidido en revisar al alza las previsiones de crecimiento económico para 2014. A ellas se ha unido el flamante informe de perspectivas económicas de la Universidad Loyola-Andalucía.

Para el conjunto de la Nación española, el pasado mes de febrero la Comisión Europea dobló su previsión de crecimiento para 2014 situándola en el 1 % del PIB español. Hace unos días, la Fundación de las Cajas de Ahorro (las que superviven) –FUNCAS- publicaba la denominada “previsión de consenso”. Esta previsión –más optimista- subía la predicción de crecimiento hasta el 1,2 %. Por último, y no menos importante, el influyente Fondo Monetario Internacional –FMI- también doblaba su última previsión hecha en el mes de enero esperando que el PIB español creciese también un 1,2 % en 2014.

Para la economía andaluza disponemos ahora de la predicción hecha por la Universidad Loyola Andalucía conjuntamente con la Confederación de Empresarios. El responsable de este informe, el catedrático de Economía Manuel A. Cardenete, cifra el crecimiento esperado del PIB andaluz para 2014 en una banda que se sitúa entre el 1.1 % y el 1.3 %.

Todas las previsiones para la economía española coinciden en señalar a la demanda interna como el motor del crecimiento económico relegando así a las exportaciones que, durante los años más duros de esta crisis, ha sido el principal factor positivo en mitad de un mar de tendencias negativas. La demanda interna es la verdaderamente determinante en una economía como la española.

La pregunta que nos hacemos es ¿cuál es la radiografía de esta economía española que sale de la crisis en comparación con la que teníamos en 2008? Para comparar una y otra radiografía resultan de especial ayuda los datos de la Contabilidad Nacional. Esto es así porque aunque los últimos datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística se refieren a 2012, el comportamiento de la economía española en 2013 fue de una tasa negativa del 1,2 % que vendría a compensarse con estas cifras que se manejan de crecimiento en un 1,2 % en 2014. Vaya una cosa por la otra.

Comparando las radiografías en términos de empleo, el sector de la construcción ha perdido más del 60 % de los empleos que había en 2008 y el sector de las actividades inmobiliarias el 5,7 %. Pero lo verdaderamente importante –porque es un sector muy demandante de empleo- es que el sector industrial español ha perdido más del 22 % de sus empleos medidos en lo que los economistas llamamos “empleo equivalente asalariado”. Sorprende que a pesar de las aireadas reformas administrativas, el único sector económico que ha aumentado su empleo entre 2008 y 2012 ha sido el de las Administraciones Públicas en más de un 2,1 %.

Si lo que comparamos ahora son las radiografías del peso económico de los sectores de la economía española, el análisis basado en la información de los índices de volumen encadenados nos dice lo siguiente. El valor de lo producido por la Construcción ha caído un 36 % (su empleo, recordemos, más de un 60 %). El valor de lo producido por la industria ha caído un 3 % (pero su empleo más de un 22 %). 

A nivel agregado, la comparación de las dos radiografías nos dice que el valor del PIB español entre 2008 y 2012 cayó un 6 % pero la destrucción de empleos ha sido 2,6 veces mayor. La economía española ha sido capaz de perder “sólo” un 6 % de su producción en términos reales pero ha sufrido un impacto brutal en su nivel de empleo hasta reducirlo en más del 15 %. Esto subrayaba un grupo de economistas en un encuentro reciente en el Centro Cultural “La Revuelta” de la capital andaluza. Un lugar donde hay codazos para exponer cuadros, presentar libros o dar conferencias.

Bien, ahora hagámonos otra reflexión ¿Persisten los desequilibrios de la economía española de 2008 ahora que parece comenzar la remontada? Hay un desequilibrio principal –el déficit exterior que llegó a representar el 10 % del PIB- que ha conseguido resolverse hasta ponerse en números negros. Cuando uno tiene un déficit exterior necesita financiarlo con endeudamiento externo. No poder acceder a los mercados exteriores de capital en las mismas condiciones en las que pudo hacerse en los años de gestación de la burbuja financiera es el mejor antídoto para evitarlo.

Muy relacionado con el desequilibrio exterior está el endeudamiento de la economía española. La deuda total de nuestra Nación, sumando pública y privada -excluyendo la perteneciente al sistema financiero-, ascendió a un total de 2,82 billones de euros al cierre de 2013, equivalente al 276,5% del PIB. Dicha cuantía supone 38.283 millones de euros menos que en 2012, y un descenso de 44.769 millones en los dos últimos años. Es la primera vez que sucede esto desde que existen registros históricos en el Banco de España (1995).

Desde luego que hay que no retornar al déficit exterior y sí hay que reducir el endeudamiento externo. Pero, como no podía ser de otra forma y a excepción del sector de la Construcción, el sistema productivo español en sólo siete años, no ha cambiado. Sólo quienes aún evocan la planificación económica pueden esperar otro resultado en tan corto periodo. Como consecuencia, afrontamos la recuperación económica con una fuerte devaluación interna (una bajada de salarios que llamativamente las encuestas no capturan), unas nuevas reglas de contratación laboral pero una misma estructura productiva en la que sigue faltando hoy como en 2008, un sector industrial mucho, pero mucho más potente.

LO URGENTE Y LO IMPORTANTE EN LA ECONOMÍA ANDALUZA (José Manuel Cansino en ABC especial suplemento Recuperación económica en Andalucía 6-7-2014)

Cuando a un académico se le pide opinión sobre lo que ha de hacerse para salir de una coyuntura económica gris y prolongada, hay un elevado riesgo de recibir un recetario amable de medidas ideales pero difusamente definidas. Por eso quizás convenga distinguir en este prontuario que se me pide entre lo urgente y lo importante. Lo urgente en Andalucía es reducir drásticamente el desempleo. Lo importante es hacerlo sobre una economía no fingida; una economía con pilares sólidos. En definitiva, medidas con efectos a muy corto plazo pueden no trazar la mejor hoja de ruta hacia una economía robusta.

Sea como fuere, doy mi particular decálogo que ni es exhaustivo –no puede serlo para una economía de estas dimensiones- ni por no mencionarlos menosprecia sectores tan importantes como el de la industria agroalimentaria, el turismo o el exportador. Se ha buscado la originalidad y se ha pretendido huir de los lugares comunes.

LO URGENTE

1.- Urge hacer un inventario de las obras civiles que han quedado inacabadas en los tres niveles de la administración territorial. Deberían priorizarse aquellas que, teniendo un porcentaje alto de ejecución, más directamente ayuden a los flujos comerciales y turísticos. Una vez con el inventario en el ordenador habría que movilizar los fondos disponibles de las tres administraciones para su activación. Estos fondos deberían incluir también las partidas que los ayuntamientos manejan del AEPSA (antiguo PER) en un marco de comisiones mixtas donde estén representados los municipios de la zona de influencia de la obra pública. Esta actividad tiene mucha capacidad tractora de la industria auxiliar y una alta empleabilidad de personas con escasa cualificación profesional.

2.- Las dos sociedades de garantía recíproca existentes en Andalucía (Avalunion y Suraval) deben jugar un papel central en facilitar el acceso al crédito de las PYMES. En este proceso, su estructura de gobierno –esencialmente en manos de instituciones privadas aunque “para-públicas” o públicas- no debe convertirse en una barrera infranqueable para cumplir su misión fundacional.

3.- El repunte del precio de recursos naturales abundantes en Andalucía como consecuencia de la presión de la demanda de países asiáticos hace de la industria extractiva un sector clave en la salida de la crisis. Con las debidas garantías medioambientales (las europeas son las más exigentes del mundo) la reactivación de la faja pirítica de Huelva debe jugar un papel clave en la recuperación de una industria que en entre 2009 y 2011 casi ha doblado su aportación al PIB regional.

4.- La reedición del conflicto de Rusia con Ucrania sitúa a Andalucía en una triple posición privilegiada en el ámbito del sector de la generación y distribución de la energía; un sector que representa más del 2 % del PIB andaluz. Esa triple posición se evidencia a) en el papel estratégico de las refineras andaluzas que no dependen esencialmente del petróleo ruso, b) en el protagonismo que puede jugar el suministro de gas licuado procedente de Argelia tanto vía gasoducto como en buques metaneros con destino a los puertos de Huelva o Almería y c) en la generación de electricidad verde apoyada en la mejora de la interconexión con Portugal y Francia. Esto último iría asociado a una importante inversión en redes de transporte.

5.- El sector público andaluz (que emplea al 26.7 % del total de empleados) no puede aplazar por más tiempo la incorporación de las técnicas de gestión orientadas a resultados en aquellas unidades donde sea posible. Instrumentos como los contratos programa o las técnicas tipo “torneos” deben generalizarse de manera que permitan impactar significativamente en la remuneración y disponibilidades presupuestarias de los profesionales y centros que muestren resultados excelentes. Esto contribuirá a una mejora relevante de la productividad del capital público.

LO IMPORTANTE

1.- La estructura empresarial andaluza debe evolucionar desde la microPYME a la PYME de mayor tamaño. En otro caso, la reducida dimensión de las empresas las deja fuera de participar como empresas auxiliares en sectores tan importantes como el aeroespacial, la ingeniería civil o parte de la industria agroalimentaria (la política de pequeñas almazaras ha sido un buen aliado para el aceite envasado en Italia y otros países mediterráneos).

2.- La educación reglada a corto plazo debe jugar un rol determinante en dos aspectos. En primer lugar sustituyendo la actual política de formación orientada al empleo basada en centros propiedad de sindicatos y organizaciones empresariales. Estos fondos deben pasar a estar gestionados por centros de formación profesional adscritos al sistema de enseñanza público, privado-concertado y privado. Esta estrategia será coherente con una de las pocas partidas de los fondos europeos que aumentará en los próximos años –el dinero para la formación profesional-. Además debe hacerse sin la cicatería presupuestaria con la que se viene tratando al sistema de educación concertado andaluz. No puede minusvalorarse el capital humano que hoy trabaja en el sistema de enseñanza sea cual sea la titularidad de los centros.

3.- La educación reglada a medio plazo debe dar cabida a la inversión privada asociada a los proyectos universitarios que lideran universidades como la Loyola o la San Pablo CEU. Estas iniciativas contribuirán a acabar con la precariedad del empleo de excelentes profesionales que ahora tienen posibilidades cerradas en las universidades públicas andaluzas. Para el futuro mediato, los campus universitarios andaluces –privados y públicos- deberían incorporar como ámbitos de expansión los países del Magreb y los de la costa occidental de África hasta Guinea. Todos ellos países necesitados de un nuevo diseño institucional y muchos cada vez más distantes de la tradicional influencia francesa.

4.- Por duro que resulte, el fuerte desempleo que padece Andalucía no puede seguir esperando otro “boom inmobiliario” para reducirse drásticamente. En un mundo en el que países en expansión conviven con regiones como la nuestra azotadas por el paro, el empleo hay que buscarlo fuera. Las administraciones deben ayudar a eso y a pesar de las reticencias que las autoridades pongan a este tipo de acciones, los ciudadanos deben exigir de los servicios de empleo que aumenten la información que aportan de las posibilidades de empleo en otras regiones españolas y en el extranjero. Todo ello sin dejar de evidenciar que la mayor parte de empleos no se consiguen a través de estos servicios sino de las relaciones personales.

5.- Andalucía debe huir de toda tentación de programas de renta básica. Sería el golpe definitivo a la desmovilización de esa juventud que responde “quiero trabajar en la Junta de Andalucía” cuando en una Facultad de “Empresa” preguntas en clase “¿cómo te ves en el futuro?”. Una cosa es que la sociedad auxilie eficazmente y a través del sistema público a quien esté en una situación de necesidad involuntaria y otra emular al flautista de Hamelin para alejar a la sociedad de la prosperidad con una mínima asignación mensual. Cuando se roba la sana ambición de prosperar, se garantiza la necesidad y escasez futuras.

Mientras tanto, ¿por qué no incluir en el TV pública dibujos animados y películas en inglés y en ‘prime time’? Muchos no saben lo barato que sale y lo eficaz que resulta.

José Manuel Cansino. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Director de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente.

ENTENDIENDO EL NUEVO RECIBO DE LA LUZ (José Manuel Cansino en La Razón el 7/7/2014)

Acaba de entrar en vigor el nuevo sistema de facturación de la electricidad. Un sistema de facturación instaura el denominado ‘Previo Voluntario del Pequeño Consumidor’ que sustituye a la ‘Tarifa de Último Recurso’. A pesar de los esfuerzos del gobierno y de las compañías eléctricas por clarificar cómo se calcula el precio que acabamos pagando por la misma, la cuestión sigue sin ser fácil cuando queremos descender al detalle.

Si suponemos que tenemos en casa instalado un contador inteligente (antes de 2020 el 80 de los consumidores deben tenerlo), podemos hacer el siguiente ejercicio con una advertencia previa.

La advertencia consiste en que aunque el Gobierno repita que el precio de la luz tiene dos componentes (el término de potencia y el término de energía), los relevantes para un consumidor final doméstico serán cinco elementos en su factura.

La nueva factura de la luz nos especificará en primer lugar cuál ha sido nuestra facturación por la potencia que tenemos contratada (es el término de potencia del que hemos oído hablar). Esta parte no será la más gruesa de la factura y estará alrededor del 18 % del precio final si tenemos contratada una potencia igual o inferior a 10 kW (es lo habitual). Esta parte incluye un pago por acceder a la red eléctrica con independencia de nuestro consumo (es un pago por peaje fijado por el Gobierno) y un margen de beneficio a quienes comercializan la energía eléctrica. El margen también está regulado. Los costes regulados en España son un 40 % superiores a los de países de nuestro entorno.

El segundo lugar nuestra factura nos detalla lo que nos van a cobrar por la electricidad que verdaderamente hemos consumido. Aquí está la parte más importante de lo que pagamos; aproximadamente un 61 %. También aquí hay dos conceptos. En primer lugar tenemos que volver a pagar un peaje por acceder a la red aunque en este caso pagamos según el número de kilovatios/hora que hemos consumido. El segundo elemento, ¡por fin!, es el pago por el coste de la electricidad. Reparemos en que hasta ahora no se ha pagado un solo céntimo por el producto principal ¡la energía eléctrica!

El cálculo del coste de la electricidad no es en absoluto inmediato y en él intervienen tanto componentes de mercado como regulados. El primer componente que entra en el cálculo del coste de la electricidad es el precio que alcanza en el ‘pool’ español. Es un precio que varía muy significativamente a lo largo de las 24 horas del día y aquí radica el interés en modificar los hábitos de los clientes desplazando su demanda desde las horas pico (mediodía y entre 20’00 y 21’00 horas) hasta las horas valle. En promedio este precio fue de 46.2 euros por Megavatio/hora –MWh- en 2013 (un 5.3 % menos que el año anterior).

Para calcular el coste de la electricidad, ese precio del ‘pool’ se incrementa en los denominados ‘servicios de ajuste’ (unos 2.8 euros por MWh en 2013) y en otro concepto denominado ‘otros costes de la demanda’ (unos 6.7 euros/MWh para el año anterior). Aunque parezca otra cosa todavía este resultado aún no es el que se incluye en nuestra factura. Hay que incrementarlo para incorporar las pérdidas de electricidad que se producen en su transporte desde que se generan en las plantas eléctricas hasta que llega al enchufe de nuestra casa. Las pérdidas estándar son del orden del 14 %. Ahora sí podemos entender el apunte que aparece en nuestra factura con el nombre de ‘importe por el coste de la energía’ y que es el resultado de multiplicar el coste así calculado por el número de kWh que hemos consumido.

Hasta aquí los dos elementos en los que se ha puesto el foco en la estrategia de comunicación del Gobierno y de las compañías eléctricas. Pero faltan otros tres elementos hasta completar nuestra factura.

El siguiente es el impuesto sobre la electricidad. En todos los países se ha utilizado el consumo eléctrico para recaudar impuestos. En España es una cantidad pequeña –un 4.8 %- que se calcula sobre el valor sumado de los términos de potencia y de energía previamente aumentados al multiplicarlos por un factor de, aproximadamente,  1.05.

Ahora hay que añadir el alquiler que pagamos por el uso de los equipos de medida inteligentes que tenemos instalados en casa.

Por fin sumamos todo lo anterior y le añadimos el 21 % de IVA. Aquí está la cifra de nuestra factura. Así las cosas, España es el sexto país más caro de la Unión Europea en precio de la electricidad para los hogares con un precio de unos 22.5 céntimos de euro por kWh frente a los casi 30 de Dinamarca (el más caro) y los 9 céntimos de Bulgaria (el más barato).

(*) Profesor Titular de Economía Aplicada y Director de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla.

ARNAU EN LA CASA DEL PATO DONALD (José Manuel Cansino en La Razón el 3076/2014)

El informe para 2014 del Instituto Cervantes cifra en 500 millones las personas que hablan español. También señala que es la segunda lengua del mundo en comunicación internacional y la tercera más usada en las redes sociales.

Lo anterior, que son cifras sin trampa ni cartón, tiene una dimensión económica incontrovertible que, no obstante, no siempre se ha plasmado en lógicas decisiones empresariales. Por ejemplo, hace unos días visité un conocido parque de atracciones cercano a París. Como la mayor parte del tiempo se invierte en guardar largas colas hasta gozar de unos efímeros minutos montado en “cacharritos” que ya van necesitando una mano de pintura, me dediqué a estimar el porcentaje de españoles que visitaban el parque.

No menos del 40 % de los allí presentes eran españoles. A ellos había que sumar otro 3 % de hispanohablantes que habían cruzado el charco y que, ojo, tenían previsiblemente, una capacidad de gasto mayor de los que habíamos subido desde el sur de los Pirineos.

Hace seis años visité por primera vez esa casa del Pato Donald, Mickey Mouse y compañía. En aquel entonces los hispanoparlantes nos teníamos que hacer entender ante el personal en cargo en inglés o francés. Seis años más tarde la situación es muy diferente.

Por una razón de lógica empresarial de acercarse al cliente, todos los puntos de atención al público tenían personas españolas –mayoritariamente jóvenes-. Además, raro era el empleado que no se manejaba en español como segunda o tercera lengua. Algo parecido tuve la oportunidad de comprobar el año pasado en Suecia, país donde pasé parte del año por razones profesionales. En el país escandinavo, donde no se empieza a aprender inglés hasta los siete años pero en el que se maneja en perfecto inglés hasta el apuntador, había un ‘boom’ tremendo de estudiantes de español de todas las edades. La razón era estrictamente estadística. Una razón del tipo de la que apunta el Instituto Cervantes en su Informe.

Frente a esa lógica de las cifras que convierte a nuestra lengua en casi una lengua franca –sueño de todos los lingüistas- y una potentísima herramienta para el desarrollo profesional de esos jóvenes que tienen que ir a Francia a por un trabajo que no encuentran en España, los españoles nos empeñamos en despreciarla en no pocos lugares y por razones ideológicas.

Tanto es así que pude contemplar como una pareja de padres jóvenes insistía en la oficina de turismo en conseguir una guía de París en catalán. Ofendidos ostensiblemente por su inexistencia –tampoco la había en japonés, y mira que había nipones allí-, la tomaron en inglés negándose a coger la editada en español. Todo ello debidamente explicado a Arnau, su hijo que debió nacer con el ‘boom’ del magnífico libro ‘La Catedral del mar’ de Ildefonso Falcones cuyo protagonista -Arnau Estanyol- llevaba el mismo nombre. Arnau, entre atónito y condescendiente, atendía a las explicaciones de sus padres que le hacían ver la represión contra su lengua ejercida por los mercenarios del Pato Donald.

Las lenguas españolas diferentes al castellano se han convertido para millones de personas en un instrumento de confrontación hasta el punto de negar a sus hijos el uso del castellano aunque esto les prive de un futuro profesional mejor. Curiosamente los principales ideólogos de este “apartheid” lingüístico libran a sus hijos del mismo en colegios exclusivos.

Frente a estas posiciones ideológicas y temperamentales, las llamadas al respeto de las lenguas –la última la del flamante Rey Felipe VI- son perfectamente inocuas.

En 2030 el mismo Instituto Cervantes al que aludíamos al principio estima que el 7.5% de la población mundial hablará español y en 2050, Estados Unidos será el primer país hispanohablante. Estos son los datos que no van en contra de ninguna lengua. Sólo evidencian la fortaleza del castellano o español.

Al cabo del día coincidí con Arnau y sus indignados padres en la cola de un restaurante en el que la ubicación de los clientes las asignaban dos chicas. Angie llevaba dos “Mickeys” en su uniforme, uno con la bandera de Francia y otro con la británica indicando los dos idiomas en los que se manejaba. La otra chica –Nekane- lucía un Mickey “español” y otro británico. Amablemente atendió a la familia de Arnau en la lengua de Cervantes.