Andalucía cumplió en 2013 con el
objetivo de déficit público y contribuyó así a casi lograr el objetivo nacional
del 6,5 % de déficit sobre el PIB. Una cifra que en euros supuso un exceso de
los gastos públicos sobre los ingresos de 67.755 millones de euros y así fue
comunicada por el gobierno español a la Comisión Europea el pasado 31 de Marzo
siguiendo el Protocolo en vigor.
La cifra de déficit nacional
hubiese sido un 0,46 % mayor de haberse computado las ayudas a las entidades de
crédito pero según los acuerdos contables en el seno de la Unión, estas ayudas
no se computan bien porque la mayoría tienen el carácter de préstamos
reembolsables bien porque el maquillaje contable no es desconocido en Europa.
Con todo, el denominado
“austericidio” por sus detractores y las reformas del gobierno ha permitido
rebajar la prima de riesgo española a 159,6 puntos básicos y con ello los intereses
que en España se pagan por los nuevos préstamos tanto públicos como privados.
Un par de datos sirven para ilustrar la importancia de la reducción de los
intereses que ahora se pagan por la deuda. Mientras en 2012 el déficit
estructural descontando los intereses fue del 2,5 % del PIB, en 2013 se redujo
al 1,9 % del PIB. El déficit estructural es la parte del déficit total que
queda una vez que se excluye el efecto de la crisis económica. En otros
términos es la respuesta a la pregunta de ¿cuál sería el saldo de nuestras
cuentas una vez que la economía creciese a su tasa de crecimiento potencial?
Naturalmente es una respuesta nada pacífica porque traslada la “carga de la
prueba” a determinar la tasa de crecimiento potencial. En cualquier caso es la
piedra angular de la reciente reforma express de la Constitución que consistió
en cambiar su artículo 185.
Importante resulta también la
cifra de nuestro saldo primario en las cuentas públicas. El saldo
presupuestario primario es simplemente del saldo público de siempre (déficit o
superávit resultante de la diferencia entre los ingresos y los gastos del
estado), pero descontando de los gastos todo lo relacionado con la deuda
pública (no sólo los intereses sino también los pagos anuales por amortización).
Este saldo fue en 2013 superavitario y alcanzó el 1,13 % del PIB aunque,
naturalmente, no deja de ser un cierto ejercicio de autocomplacencia derivado
del supuesto de “imaginemos un mundo en el que no tenemos que pagar por nuestra
deuda”.
El resultado final del déficit de
2013 admite muchos otros comentarios de los que el más frecuente es su reparto
por administraciones. Nosotros añadiremos alguno más.
El primero es que la mayoría de
los detractores del “austericidio” lo son no porque no fuese necesario sino por
la rapidez con la que se ha realizado el ajuste. Aunque las propuestas no son
unánimes, no pocos economistas recomendaron un periodo de ajuste de entre cinco
o seis años que hubiera suavizado el impacto negativo sobre la economía de
reducir el gasto y elevar los impuestos. Es posible y se lo dice uno al que le
tienen congelado y recortado la mayor parte de su sueldo desde hace años. Pero
también hubiera retrasado la velocidad de reducción de la prima de riesgo.
El segundo es que las dos
administraciones públicas descentralizadas (las regionales y las locales), han
mostrado una clara lealtad institucional con el conjunto de la Nación. Las
administraciones locales mostraron un superávit conjunto del 0,41 % del PIB.
Las administraciones regionales no sobrepasaron el 1,54 de déficit sobre el PIB
frente al 1,86 % de 2012. De todas formas, lo de la “lealtad” institucional
debe reservarse más para las administraciones regionales que para las locales.
Estas han perdido casi toda capacidad de decisión discrecional sobre el
presupuesto al acogerse mayoritariamente al plan de pago a proveedores. Las
regiones aún conservan una muy importante capacidad de decisión sobre sus
cuentas aunque también limitada como veremos.
La principal limitación afecta a
las que han sido rescatadas a través de Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Un
rescate que, de solicitarse, impone fuertes compromisos de ajuste
presupuestario.
En 2014, Andalucía junto con las
Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y
Valencia han vuelto a solicitar el auxilio financiero del resto de España a
través del FLA. Este auxilio se hace a través de un préstamo a 10 años, con
vencimiento el 31 de julio de 2024 y con dos años de carencia durante los
cuales no se pagan amortizaciones de capital; sólo se pagan intereses. Unos
intereses que son los de la deuda pública española a 10 años más un diferencial
del 0,1 %. Intente Vd pedir un préstamo a ese tipo de interés, a ver lo que le
dice su banco.
(*) José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Pública de la Universidad de Sevilla.
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