La reciente crisis del pacto de legislatura entre el PSOE y la coalición comunista en Andalucia es una buena ocasión para analizar la capacidad alcanzar grandes acuerdos políticos en España que vayan más allá estos pactos de legislatura.
Las pensiones, la educación, las relaciones exteriores y la organización del Estado representan cuestiones centrales para las que los ciudadanos frecuentemente demandamos pactos de Estado que garanticen su estabilidad. Todas tienen importantes implicaciones económicas; unas inmediatas y otras mediatas.
Sin embargo apenas se alcanza este consenso en cuestión de pensiones y de relaciones internacionales y por razones diferentes.
En el primer caso -el sistema de pensiones- el consenso se facilita por la contundencia de las cifras y la inmediatez del pago mensual que el Estado ha de hacer principalmente a los jubilados. Cada mes tiene que haber dinero suficiente en la caja de la Tesorería General de la Seguridad Social y esa necesidad perentoria acentúa la necesidad de acuerdos estables. También van en el mismo sentido el progresivo envejecimiento de la población española, la mayor esperanza de vida y el pertinaz desempleo juvenil que empuja más allá de nuestras fronteras a los jóvenes más decididos a labrarse un porvenir en países más prósperos.
En el caso de las relaciones exteriores la estabilidad de las alianzas españolas viene impuesta por la importancia de nuestros socios internacionales a través de la Unión Europea y la OTAN. Unos socios que no permiten devaneos a cambio de un compromiso de garantizar en apoyo a España en caso de conflicto con Marruecos y los países del Sahel africano, pero también de un apoyo decidido frente a las presiones separatistas. En este sentido dice poco de España como Nación el hecho de que, presa de injustificados complejos históricos, dependa más de la negativa de la Unión Europea a aceptar como nuevo socio a una Cataluña independiente que de su propia capacidad para resolver el problema separatista.
Pero si en materia de pensiones y relaciones internacionales tenemos una política de Estado sólida, esta resulta inexistente en otros dos ámbitos extraordinariamente importantes: la educación y la organización del Estado.
Los ciudadanos tenemos asumido que cada cambio de gobierno entre los dos grandes partidos lleva parejo el cambio en la legislación educativa. En esta cuestión no hay urgencia por los resultados. Nada que ver con lo que ocurre con la caja de las pensiones que cada mes debe contar con el dinero suficiente para pagar a los jubilados. Cada cambio en la ley educativa básica tendrá que esperar, como mínimo 16 años para ver cuales son los conocimientos, competencias y empleabilidad de cada estudiante. Para entonces no estarán en sus mismas responsabilidades los políticos que impulsaron la reforma y, por tanto, no se les podrá pedir responsabilidades o premiar con el voto.
Por ultimo, el modelo de Estado sigue pendiente de una reforma en su organización que acabe con la elefantiasica Administración en la que ha derivado el Estado de las Autonomías. A diferencia de reformas como las que acaban de acometer dos de nuestros socios europeos -Italia y Francia- nadie espera en España una reforma que adelgace el tamaño de la Administración. Un adelgazamiento que de hacerse correctamente no lesionara la calidad de los servicios públicos sino, por la vía de acabar con competencias duplicadas y triplicadas, permitirá a los ciudadanos disponer de buena parte de sus ingresos que ahora hay que pagar como impuestos.
Tanto la estabilidad del sistema educativo como la reforma del Estado podrá salir de décadas de cambios continuos o aplazamientos inaceptables si las nuevas opciones políticas emergentes coinciden encontrar espacios de acuerdo ente sus programas electorales. Propuestas como las de UPyD, Ciudadanos o Vox deberían contribuir a conseguir este necesario acuerdo.
No obstante, hay dos requisitos indispensables. Las opciones políticas que ahora irrumpen deben demostrar una capacidad de llegar a acuerdos que hasta ahora no han logrado. Los intentos fallidos de alcanzar acuerdos electorales en Cataluña entre UPyD y Ciudadanos o la incapacidad de encontrar sinergías ante los comicios europeos, son malos resultados. Pero, sin duda, el otro requisito indispensable es que los ciudadanos valoremos o sancionemos con nuestros votos a quienes son capaces y a quienes no de contribuir eficazmente a estos acuerdos de Estado que a todos nos incumben. Al fin y al cabo, la soberanía reside en la Nación española.
(*) Jose Manuel Cansino es Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
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