Rompiendo la pizarra para cocinar (José Manuel Cansino en La Razón el 21/4/2013)

(Fotografía: La Razón)

El sur de la provincia de Cádiz, parte de la frontera entre Córdoba y Jaén y el Valle del Guadiato podrían albergar yacimientos importantes de gas no convencional cuya extracción podría reducir considerablemente la dependencia energética española. Así se desprende de un informe para el Colegio de Ingenieros de Minas realizado por los investigadores Ángel Cámara y Fernando Pendás. Tras de este «gas no convencional» aparece un nuevo término, «fracking», que viene a sumarse a los «rating», «default» o «hedge funds» que los españoles llevamos deglutiendo desde el inicio de la crisis financiera en 2007.

La fracturación hidráulica o «fracking» consiste en la inyección de agua a alta presión en rocas de pizarra situadas a más de 3.000 metros de profundidad. La inyección de agua provoca en las rocas pequeñas fracturas y libera el gas (el shale gas) que encierran desde hace miles de años.

Lo maduro de esta técnica y los sondeos de los que disponen muchas empresas prospectivas y extractivas hacen que el panorama energético mundial pueda verse alterado en breve. De hecho, a finales del año pasado, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sorprendía en su informe «World Energy Outlook» otorgando un papel determinante a la producción futura de gas de EEUU. Se refería no a la producción de gas natural convencional extraído de bolsas del subsuelo sino de gas obtenido mediante procedimientos de extracción no convencionales. De entre todas las nuevas tecnologías extractivas en avanzado estado de desarrollo sobresale esta del «fracking».

Las posibilidades del gas no convencional emergen en un escenario de economías mundiales que siguen siendo «fósil alcohólicas». Para 2035, la AIE estima que todavía el 71% de la energía primaria utilizada en el mundo será de origen fósil.

Estas predicciones acostumbran a provocar angustias «malthusianas» entre los lectores que han crecido tras las crisis energéticas de los años 70 del siglo pasado y, por tanto, son sensibles a la sensación permanente de vivir bajo la amenaza del agotamiento de los recursos energéticos de origen fósil.

En este sentido, el analista Pedro Prieto señalaba recientemente que hace 50 años se descubrían 30.000 millones de barriles de crudo al año y se consumían 4.000 millones. En la actualidad se consumen 30.000 millones y se descubren 4.000 millones.

Prieto es un convencido de que se ha llegado al «peak oil» o nivel de producción máximo de crudo. Para ello toma como referencia el dato de que entre 2002-2010, la volatilidad máxima del precio del barril de Brent ha sido del 285 % y, sin embargo, la variación máxima de barriles de petróleo producidos al día ha sido de no más del 8%. Para tener una referencia apuntemos el dato de que la producción de crudo en el cuarto trimestre de 2011 estaba en unos 89.000 miles de barriles diarios.

Frente a este «malthusianismo» fósil-energético el desarrollo tecnológico permite ahora acceder a yacimientos hasta hace poco inaccesibles como el presal brasileño o yacimientos no convencionales (de shale gas o de shale oil) como los de Barnett en EE UU y Vaca Muerta en Argentina. A estos hay que añadir nuevos yacimientos convencionales como el de las Islas Diaoyus en el Estrecho de Malaca.

Sin duda, no puede haber crecimiento económico sin crecimiento energético, pero crecimiento energético barato. Las sociedades ahora exigen también que ese crecimiento sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Esta exigencia es esencialmente incompatible con la extracción de combustibles fósiles que necesariamente implica una agresión física al medio y, con frecuencia, el uso de materias primas como el agua, escasas en determinadas zonas del mundo. Por ejemplo, habitualmente en Andalucía.

La contestación a este tipo de explotaciones –de momento sólo en proyecto– no se ha hecho esperar y no hará más que acentuarse. Con independencia de que sea posible caminar hacia un modelo económico y energético «bajo en carbono» o bajo en el uso de combustibles fósiles, la sociedad española tendrá que decidir en qué medida prefiere seguir siendo «fósil alcohólica» importando la vitualla o ver las posibilidades de estos yacimientos con las garantías medioambientales suficientes.

Tres años de tristes trimestres (por José Manuel Cansino en La Razón el 15/4/2013)

Con la previsión del Ministro de Economía de caída del PIB en el primer trimestre de 2013 en un -0.6%, España encadena ya doce trimestres consecutivos de recesión. Tres años de crecimiento negativo pero que admiten un análisis estilizado como todas las grandes cifras macroeconómicas.

El principal dato que merece ser espigado es que la caída real del PIB entre 2007 y 2012 ha sido sólo del 4.5 %, lo que siendo un resultado inequívocamente malo, es de mucha menor magnitud que el gravísimo aumento del paro que va camino de alcanzar el 26% de la Población activa en 2013 (más de 6 millones de desempleados).

Si hay quien ve en las crisis una oportunidad para desprenderse del tejido productivo ‘malo’, en España ocurre que la crisis se está llevando por delante también al ‘bueno’. En todo ello resulta determinante el estrangulamiento del crédito a las empresas y la caída del consumo interno.

Para resolver el primero hay que esperar al desapalancamiento de las familias y las empresas privadas (el sector privado ha sido –hasta ahora- el verdadero responsable del endeudamiento exterior de España). El desapalancamiento es un proceso lento pero hasta que no finalice los bancos difícilmente van a hacer otra cosa que seguir actuando de cajeros del Estado comprando deuda pública con el dinero prestado por el Banco Central Europeo. Es lo que técnicamente llaman los economistas ‘crowding out’ o expulsión del sector privado por el sector público. Hasta que los bancos no comiencen a captar recursos sin apelar al BCE, es difícil que estén dispuestos a financiar el capital circulante, el ‘working capital’ de las PYMEs y sin ello poca recuperación cabe esperar. La fecha para esa situación de retorno del crédito se parece mucho a una quimera pero yo me abono a la predicción de 2015 o 2016 como los años en los que comenzará a crearse empleo neto.

Si el estrangulamiento del crédito depende de la velocidad de desapalancamiento, la caída del consumo interno sigue necesitando la compensación del buen comportamiento del sector exterior español. Las empresas exportadoras españolas son unas 40.000 de un total de 3.200.000. Su facturación anualizada está en torno a 200.000 millones de euros y su crecimiento (3.4 % en 2010 y 13.5 % en 2011) es superior al crecimiento de las exportaciones chinas, un 2.7 %, bien es cierto que estas últimas tienen una cifra absoluta extraordinariamente mayor.

Aunque España suma una crisis institucional a las crisis económica y social que azotan a la mayor parte de los países de la OCDE, no hay razones para pensar que seamos incapaces de salir de esta situación. Posiblemente salir de las dos últimas sea más sencillo que resolver la primera.

Para ello es importante seguir recuperando la reputación exterior y recomponer la maltrecha conciencia nacional. A esto último ayudan poco las declaraciones del Comisario de Economía de la Comisión alentando nuevas reformas que apuntan a una nueva subida de impuestos y a afrontar una nueva reforma del sistema público de pensiones.

Hasta ahora las declaraciones de esta naturaleza han sido el preámbulo o la coartada para su implantación definitiva lo que no deja en buena posición a la soberanía nacional a la hora de resolver nuestros problemas aunque, bien es cierto que éstos repercuten en el bolsillo de nuestros socios europeos. Más parece que son los nuevos deberes que se exigen a un alumno perezoso que renquea en clase.

España cuenta con unos 16 millones de cotizantes a la Seguridad Social (3 de los cuales son empleados públicos) y cerca de unos 11 millones de jubilados en un país donde el sistema público de pensiones se diseñó cuando la esperanza de vida era de 70 años. En otros términos, el sistema se sostenía si, en promedio, ‘disfrutábamos’ cinco años de pensión de jubilación antes de pasar a mejor o peor vida (según la bondad del finado y la Misericordia de la Providencia). Ahora, antes del trance mortal, acostumbramos a pasar cómodamente los 80 calendarios en un país donde los jóvenes se van a trabajar (y a pagar impuestos) fuera y tampoco hay trabajo para los inmigrantes. La reforma de la Seguridad Social asoma su cabeza y desentumece sus músculos. Otra guinda para alegrar estos tres años de tristes trimestres a la espera de que vuelva a salir el sol en Breda o en las Islas Filipinas.

Los jueces y la Economía (José Manuel Cansino en La Razón el 8/4/2013)

Los expertos en análisis económico del Derecho sostienen que, junto a la asignación de recursos económicos a través del mercado o del Estado, existe un tercer modelo de asignación a través de la Administración de justicia. Así, por ejemplo, la Administración de justicia puede modificar la asignación de recursos que hace el Estado a través de las leyes reguladoras de determinados mercados cuando declara nulas algunas de las partes de la ley. Esto, naturalmente, tiene consecuencias económicas que no deben ser ignoradas.

Efectivamente no deben ser ignoradas y además han de considerarse de manera conjunta con los que el profesor Francisco Cabrillo ha señalado como problemas de la Administración de justicia española. Lo ha hecho en una interesante intervención que ha tenido en la reunión del Observatorio Económico de Andalucía celebrado en Carmona bajo la dirección del profesor Francisco Ferraro.

Cabrillo defiende, en primer lugar, que la justicia debe ser objetiva, fiable y coherente. En términos económicos esto provocaría una disminución de los costes de transacción en el sentido de Ronald Coase. Es decir, el número de pleitos disminuiría si la jurisprudencia fuese coherente en el sentido de que la sentencia judicial no dependiese de que el caso cayese en manos de tal o cual juez, a veces con opiniones jurídicas muy dispares ante problemas similares.

En segundo lugar, la Administración de justicia debe ser rápida, de lo contrario deja de ser justa como ha recordado recientemente el jurista Miguel Ángel Loma. En otros términos, una justicia lenta es una justicia que favorece a los deudores, que son los que se benefician del alargamiento de los plazos. Con frecuencia y en procesos extraordinariamente largos, los litigantes tienen que soportar cambios en el juez titular, el fiscal o en la propia sala que entiende del caso.

Cabrillo se refiere a un tercer problema de la Administración de justicia que es el problema de su organización. En este sentido, entiende que la justicia admite una comparación con una empresa por cuanto maneja «imputs» y «outputs». Aquí nos encontramos con una muy llamativa situación. El juez depende del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal y el secretario judicial dependen del Ministerio de Justicia. Finalmente todo el personal que depende del secretario judicial depende de la Consejería de Justicia de la comunidad autónoma de turno. En definitiva, una misma institución como es la justicia depende de tres órganos diferentes.

Por último está el problema de la financiación del Poder Judicial. En España, los recursos que se destinan a la financiación de la justicia están en la media de la Unión Europea, sin embargo, su funcionamiento es mucho más lento.

Desde un punto de vista económico, la Teoría Económica aborda la cuestión de la financiación de la justicia considerando, que en parte es un bien privado y en parte, un bien público.

Como bien privado, tiene un interés directo para sus usuarios que son quienes han, por tanto, de financiarla a través del precio (o tasas). Como bien público, que genera beneficios indivisibles para la sociedad (por ejemplo, paz social o seguridad jurídica), debe ser financiada por el conjunto de los ciudadanos a través del pago de impuestos. El error grave es el de financiar la parte pública de la justicia con el precio o tasas que pagan sus usuarios por los beneficios privados que les reportan, en lugar de hacerlo con el conjunto de los impuestos.

En definitiva , un mal funcionamiento de la justicia, como es sabido, supone una traba muy importante para el desarrollo económico de una sociedad. Especialmente, una sociedad extraordinariamente judicializada como es la sociedad española.

¿Toma el dinero y corre? (José Manuel Cansino en La Razón el 1/4/13)

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha pasado en pocos años de ser una de las instituciones autonómicas más desconocidas a ocupar un espacio mediático e institucional creciente. Un camino que ha corrido parejo con la percepción creciente de un nivel de corrupción muy extendido de la clase política. Posiblemente la propia existencia de la Cámara sea cuestionable pues no en  balde es otro ejemplo más de cómo la deriva autonómica ha supuesto una clonación, diecisiete veces, del estado nacional. En otros términos, su labor puede ser perfectamente asumida por el Tribunal de Cuentas. De todas formas no es esto lo que hoy me gustaría compartir en esta página.

Me gustaría llamar la atención sobre la última irrupción técnico-mediática de la Cámara de Cuentas alertando sobre las subvenciones para empresas y emprendedores de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea). La Cámara advierte al Parlamento regional (de quien es un órgano auxiliar) que es incapaz de evaluar la eficacia con la que la agencia IDEA ha gestionado estas subvenciones lisa y llanamente porque carece de información.

Ha costado décadas pasar de una fiscalización de la gestión pública que de limitarse a verificar si la ejecución del gasto se ajustaba o no a la norma y de si los apuntes contables eran correctos, a una verificación algo más sofisticada que además informase a los ciudadanos de la eficacia con la que las administraciones han gestionado el dinero que nos detraen con impuestos.

Escribo ‘algo más sofisticada’ porque ni siquiera la evaluación de eficacia que la Cámara denuncia no haber podido realizar permite conocer de la eficiencia de la gestión pública. En otros términos, sólo nos dice si el ‘emprendedor’ que recibió una determinada subvención para montar un negocio que suponía la creación de ‘X’ puestos de trabajo, finalmente, levantó la persiana y contrató a alguien. No nos dice nada de si la medida ‘más eficiente’ para crear ese negocio y ese puesto de trabajo era la subvención o, por ejemplo, una bonificación en las cuotas a la Seguridad Social.

Pues bien, ni lo uno, ni lo otro. La Cámara no puede verificar ni siquiera la eficacia con la que las subvenciones que gestionó IDEA se aplicaron a aquello para lo que fueron concedidas. Esto que suena más al título de la película de Woody Allen ‘Toma el dinero y corre’, no es para nada una cuestión menor ya que no aplicar una subvención a los fines para los que fue concedida puede derivar en un delito contable en nuestro ordenamiento jurídico.

Por si todo esto fuera poco, la denuncia de la Cámara de Cuentas vuelve a poner en el foco de la atención a la Agencia IDEA, ya directamente mencionada en el macrocaso de los ERES fraudulentos.

La cultura de la subvención es un ejemplo paradigmático de la ingeniería social que ha hecho de la nuestra una sociedad ‘desresponsabilizada’. Hace años que desapareció del imaginario colectivo algo tan razonable como que ‘si quieres montar un club o una caseta de feria, busca los socios y ajusta la cuota de cada cual’, y lo sustituimos por si quieres hacer tal cosa, pide una subvención que seguro que habrá partidas que lo financien inspirándose en el pretendido interés social de la caseta de feria del grupo de amiguetes de turno.

La vuelta de tuerca vino después cuando, ya en plena cultura de la subvención, se extendió la práctica de desvincular el objeto de la misma y su efectiva aplicación. Así hay ya todo un elenco de asociaciones ‘amigas’ de partidos, sindicatos y organizaciones profesionales que han recibido millonarias subvenciones –puro clientelismo- incluso cuando algunas de ellas estaban contablemente más quebradas que Lehman Brothers en 2008.

Lo que la Cámara denuncia no es más –pero tampoco menos- que otro ejemplo de una forma de gestión pública que lo más lejos que ha llegado (y es evidente que no siempre) ha sido a verificar que el expediente de gasto se ejecutaba conforme a la normativa, pero mucho menos se preocupaba de que el resultado del gasto se ajustara a su finalidad y así pudiera verificarse, al menos, la eficacia del dinero entregado.

Financiar lo que falta. ¡Cómo hemos cambiado! (José Manuel Cansino. Artículo en el Anuario 2013 del Grupo Joly)

La reforma de la Administración del Estado continúa siendo la gran reforma pendiente en España. Una reforma que en nuestra opinión debería estar inspirada en dos principios esenciales. El primero garantizar que todos los españoles seamos ciudadanos iguales en derechos y obligaciones con independencia del territorio de residencia. El segundo el de "una administración, una competencia" con un único mecanismo de cierre que resuelva los posibles conflictos competenciales.

Artículo completo en http://www.anuariojolyandalucia.com/article/andalucia/1474748/financiar/lo/falta/como/hemos/cambiado.html

El corralito (José Manuel Cansino en La Razón el 25/3/13)

Podría haber titulado mi columna semanal utilizando un término menos alarmante, pero sería poco honesto edulcorando un riesgo en que el que creo fundada y no aisladamente.

En una economía globalizada pero de peso económico asimétrico (sólo los países miembros del G-20 representan el 80% del PIB mundial) es difícil entender cómo la situación económica de la isla de Chipre puede generar tanta tensión. Sobre todo porque lo que pasa en muchos de los países excluidos del G-20 importa más bien poco salvo que sus materias primas resulten estratégicas o la sangre de sus carnicerías humanas y periódicas, salpique a los demás.

La importancia de Chipre radica esencialmente en que comparte moneda (el euro) con otros dieciséis países que, esos sí, frecuentan las reuniones del G-20. Su banco central –como el Banco de España– funciona como una agencia del Banco Central Europeo y este –a veces– ejerce como prestamista de última instancia de todo un sistema bancario. Un sistema bancario basado en un mecanismo de reserva fraccionaria de los depósitos. Si buscaban a la madre del cordero, aquí la tienen.

En definitiva no hay mucha diferencia entre las guerras civiles de los países olvidados y lo que pasa en Chipre. Lo de la isla mediterránea, en un mundo donde para muchos la vida humana (nacida o no nata) vale menos que la estabilidad financiera, es como una guerra lejana en la que la sangre salpica o puede salpicar. Chipre comparte moneda; por esa razón importa.

También por esa razón existe riesgo de contagio en forma de provocar «corridas bancarias» en toda la zona que comparte su moneda o sus billetes.

Porque un billete en un sistema monetario de reserva fraccionada no es más que un papel impreso sobre el que todos (los «euroresidentes» y los residentes en cualquier país del mundo) aceptamos que vale lo que dice que vale. Técnicamente es un medio de pago generalmente aceptado.

Un medio de pago que a través del sistema bancario se multiplica gracias al sistema de reserva fraccionaria que permite a los bancos gozar del privilegio de endeudarse a la vista. En definitiva, un mecanismo que permite separar la economía real (la economía de las cosas) de la financiera mediante la creación de deuda.

Precisamente y por esa razón, se trata de un sistema en el que cuando –como ahora en Chipre– los ahorradores acuden masivamente a retirar sus depósitos, el sistema entra en riesgo de colapso lisa y llanamente porque nuestro dinero no está guardado en el banco. El banco lo prestó en la confianza de que sus clientes no acudirían en masa a retirar sus depósitos.

Una vez desatado el pánico es habitual que las autoridades monetarias reaccionen con una doble vía. La primera es la del corralito bancario (limitar o impedir la retirada de efectivo hasta que los ciudadanos se tranquilicen). La segunda es exhibiendo el músculo del banco central a lo primo de Zumosol afirmando que está dispuesto a actuar como prestamista de última instancia de todo banco que lo necesite. El problema es que el primo de Zumosol tiene una gobernanza compleja porque opera rindiendo cuentas a otros dieciséis parientes que son el resto de socios que comparten moneda y banco central.

Lo que está puesto verdaderamente en solfa desde el estallido de la burbuja financiera en 2007 y el inicio de la Gran Recesión en 2008 es el propio sistema bancario de reserva fraccionaria.

Sobre el particular he leído y oído recientemente tres opiniones fundadas que por orden cronológico son las siguientes.

La primera es la de los economistas del FMI (sic) Jaromir Benes y Michael Kumhoh recogida en un documento de trabajo de 2012 titulado «The Chicago Plan Revisited». El documento de trabajo cuenta con el marchamo del FMI pero no significa que sea la opinión oficial de la institución. En cualquier caso estos economistas reivindican la necesidad de recuperar el Plan Chicago impulsado por F. D. Roosevelt en los años treinta del siglo pasado en el que se postulaba una banca estrictamente de depósitos; es decir, nada de reserva fraccionada.

La segunda es la de los también economistas Juan Torres y Vincén Navarro en «Los amos del mundo». Libro en el que se explica con meridiana claridad el poder del sistema financiero basado en el privilegio de emitir deuda.

La última y no menos importante es la del profesor de la Universidad de Alcalá de Henares Rubén Manso, que a su condición de doctor en finanzas une la de inspector en excedencia del Banco de España. He tenido la oportunidad de oírle en su intervención magistral en el Seminario sobre Ética y Economía celebrado hace unos días en la Universidad de Sevilla.

Es muy probable que el corralito chipriota no se extienda al resto de socios de la eurozona. Pero no lo es menos que el sistema de reserva fraccionario no se soportará, en los términos actuales, por mucho tiempo.

"Habremus" pugna autonómica (José Manuel Cansino en La Razón el 18/3/13)

Para el año que viene debe estar listo un sistema de financiación autonómico nuevo que vendrá marcado por la crisis económica y la deriva independentista catalana.

Soy de los que sostienen que antes de garantizar la financiación autonómica o de cualquier otra Administración, hay que repensar el modelo de Estado. En otros términos, hay primero que saber cuánto dinero verdaderamente necesitamos para atender los servicios públicos, una vez eliminadas las duplicidades y triplicidades de competencias. Luego veremos de qué forma se financian cada una de las administraciones en el ejercicio de sus respectivas competencias.

El razonamiento es tan sencillo como el que puede hacerse cualquier familia que antes de pensar en cómo conseguir el dinero, tiene que ventilar la cuestión de qué necesita verdaderamente.

Aquí parece que no. Se va a poner de nuevo en marcha la pugna autonómica por resolver de dónde vienen los dineros sin cuestionarse democráticamente dónde nos ha llevado replicar la estructura estatal diecisiete veces, amén de en miles de ayuntamientos.

Sea como fuere hay dos cuestiones a abordar. La primera es la improrrogable permanencia de un sistema de financiación privilegiado para los cuatro territorios forales (las cuatro provincias vascas y Navarra). La desigualdad que este sistema introduce es tan grande que los españoles que residen en Navarra disponen de en torno a un 160% de recursos respecto al resto de compatriotas. Por ejemplo, y con datos de 2010, los residentes en la región valenciana tendrían un 93%.

En la cuestión foral debe tenerse en cuenta que una cosa son las peculiaridades institucionales del territorio (por ejemplo la posibilidad de tener una agencia tributaria propia) y otra cosa es tener un sistema de financiación claramente ventajoso. Nada hay, ni en la Constitución de 1978 ni en ninguna norma, que otorgue a los ciudadanos vascos y navarros el privilegio de disfrutar de muchos más recursos que los demás para financiar servicios esenciales como la sanidad o la educación.

La segunda cuestión a abordar es la de resolver el importante problema de inequidad que tiene el sistema actual de régimen común (el que rige para el resto de regiones).

En este punto la debilidad del sistema radica en la forma en la que están articuladas las denominadas transferencias verticales a las comunidades autónomas y que proceden del Fondo de Suficiencia y Convergencia.

La realidad es tan estridente que este tipo de transferencias en la práctica están manteniendo el «statu quo» de las regiones, es decir, no sirven para reducir las diferencias en disponibilidades de recursos entre quienes tienen más y quienes tienen menos, sino precisamente para garantizar que quienes tienen copiosos recursos no bajen posiciones en el «ranking».

A mayor abundamiento de lo anterior reaparece aquí la cuestión foral ya que los territorios forales no contribuyen a la nivelación de recursos del resto de regiones españolas. Su aportación a la hacienda general se limita a una valoración «sui generis» de los servicios que la Administración General del Estado sigue prestando en las provincias vascas y en Navarra. Valoración que apenas alcanza al 50% del coste real de estos servicios.

Agravando lo anterior, puede afirmarse sin matiz alguno que los sistemas de financiación vigentes emanan de unas normas legales tan complejas que todo viso de transparencia les resulta extraño. Quizá por eso es un terreno abonado para la recurrente pugna político-territorial y para los acuerdos propios de trastienda.

De todo esto ha hablado el doctor Ángel de la Fuente en la Universidad Pablo de Olavide invitado por el director de la cátedra BBVA, el profesor José Ignacio García Pérez, uno de los economistas andaluces más reputados. También uno de los más implicados en el estudio de los problemas que asfixian a la economía andaluza.

No en todo hemos coincidido con Ángel de la Fuente. Principalmente disentimos en la necesidad de reformar la Administración del Estado primero y la financiación de las necesidades de gasto, después. Yo opino que es necesario y él no está de acuerdo. En cualquier caso, siempre es interesante leer y oír a De la Fuente.

* Profesor titular de Economía en la Universidad de Sevilla