¿DÓNDE APARCA EL PREMIO NÓBEL? (José Manuel Cansino en La Razón el 18/7/2016)

Acaba de publicarse el ranking de las 1.000 mejores universidades del mundo que elabora el Center for World University Rankings (CWUR). Se estima que a lo largo del mundo existen unas 17.000 universidades. Los rankings se utilizan para comparar el prestigio de las universidades a nivel nacional e internacional. El ranking del CWUR no es el único ni el más conocido de este tipo (el más conocido en el de Shangai) pero, como los demás, siempre logra un cierto recorrido mediático. Sólo una universidad española, la Universidad de Barcelona, figura entre las 200 mejores del mundo. De entre las diez primeras universidades españolas que aparecen, sólo la de Granada y la Universidad de Sevilla –por este orden- son andaluzas.

La metodología que sigue el CWUR incluye entre sus criterios el número de premios internacionales (por ejemplo, el Nobel) obtenidos tanto por sus profesores como por sus licenciados; la cantidad de antiguos alumnos que han llegado a ser consejeros delegados (CEO) de las principales empresas del mundo puestos en relación con el tamaño de la universidad; el volumen de trabajos de investigación de alto impacto y aparecidos en publicaciones influyentes y de prestigio; las citas, y las patentes.

De las diez universidades mejor posicionadas, ocho son estadounidenses y dos británicas. Si Vd tiene curiosidad, este es el orden: Harvard, Stanford y Massachusetts Institute of Technology, Oxford, Cambridge (estas dos, británicas), Columbia, Berkeley, Chicago, Princeton y Yale.

Resumir la explicación de este éxito en unas pocas palabras es siempre temerario pero no me equivocaría mucho si coincido con quienes sostienes que la clave está en el trabajo de estas universidades orientado a la “captación del talento” venga de donde venga. Sin duda es este un modelo que poco se parece a la preocupación de la universidad española principalmente orientada a la “consolidación” del talento local.

A pesar de que el sistema universitario español ahora contempla explícitamente un sistema de incorporación de talentos externos a través de un proceso tan regulado como los habituales de promoción interna, en las universidades españolas estamos lejos de reservar una plaza de garaje con el nombre de cada uno de los premios Nobel que forman parte de nuestros claustros. Es sólo un ejemplo de lo que hace la Universidad estadounidense de Berkeley. Allí, los premios Nobel tienen plaza de aparcamiento gratis. Me atrevo a sostener que en cualquier universidad española esta iniciativa sería abiertamente rechazada y, si alguna se atreviese a establecer esta distinción automovilística, no sería yo quien recomendase a la eminencia tal dejar su coche en el sitio reservado. La universidad española es –como no puede ser de otra forma- reflejo de su sociedad. Una sociedad abiertamente hostil a promoción meritocrática y, en cambio, muy apegada a un igualitaristo letal. Entre la “colleja” al empollón y el ninguneo al académico premiado sólo hay una diferencia de edad y contacto físico. Pero regresemos a la cuestión de los rankings.

Los rankings universitarios tienen un enorme impacto en la sociedad. Su interpretación es sencilla y resultan accesibles al gran público por lo que influyen en las decisiones trascendentales como la elección de la universidad en la que se desea cursar los estudios. Aunque no son perfectos son la única herramienta para dar visibilidad a una universidad en un mundo donde “no existe lo que no se ve”. Esta fue una de las conclusiones compartidas por los participantes en un reciente seminario organizado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en el Centro Asociado de Madrid-Escuelas Pías de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED.

Entre los mejores conocedores de cómo se elaboran estos rankings está el profesor Domingo Docampo de la Universidad de Vigo. Por ejemplo, en el Ranking de Shanghai, que valora fundamentalmente la investigación, se tienen en cuenta los alumnos y profesores que han recibido premios Nobel o medallas Fields. De nuevo aparece la importancia de la captación de talento y el sentido de las plazas de garaje que la Universidad de Berkeley reserva a “sus” premios Nobel. El mismo ranking también valora especialmente los artículos científicos incluidos en las revistas de mayor reputación que son las incluidas en el “Science Citation Index – Expanded” y en el “Social Science Citation Index”. Esto último es una importante barrera para universidades como las españolas por lo siguiente.

Las universidades con un peso importante de titulaciones de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y Humanidades se sitúan, ya de partida, en una posición de desventaja respecto a las que cuentan con mayor número de titulaciones de Ciencias Experimentales y de Ciencias de la Salud. La razón estriba en que resulta más probable que los profesores-investigadores (aquellos que imparten docencia e investigan) o los investigadores que trabajan en Ciencias Experimentales y de Ciencias de la Salud tienen una mayor tradición de investigación orientada a este tipo de publicaciones y también un mayor número de revistas en las que publicar. Adicionalmente, los experimentos son más fácilmente repetibles, suelen disponer de mayores fondos y, como consecuencia, resultados más abundantes susceptibles de ser publicados.

Con todo y sin alharacas, sería interesante analizar los modelos de éxito relativo que han llevado a varias universidades españolas y andaluzas a estar entre las 500 primeras (tanto en este ranking del CWUR como en el de Shangai). Por ejemplo, en línea con el peso otorgado a los puestos obtenidos por los alumnos en las principales empresas, la Universidad de Sevilla elevó a rango de Vicerrectorado la actividad de transferencia tecnológica. En los últimos meses, el sistema nacional de promoción de los profesores atribuyó un mayor peso curricular (aún por aclarar) a este tipo de actividades. Otro ejemplo es el apoyo dado a la mejora de las publicaciones de sus miembros en revistas científicas y a la obtención de proyectos de I+D en convocatorias competitivas. Así, a través de su Plan Propio, la Universidad de Sevilla facilita que los investigadores responsables de proyectos de esta naturaleza podamos disponer de personal técnico que auxilie en las muchas obligaciones administrativas. Son sólo dos ejemplos a los que podría sumarse la labor del Vicerrectorado de Internacionalización, clave en la tarea de poner a esta Universidad en el mapa académico mundial.

Me temo que seguirá sin haber plaza de garaje reservada a los premios Nobel que trabajen en las universidades españolas, pero aquellas que estén decididas a mejorar su posición en estos rankings, tienen ejemplos donde mirarse por mucho que estos listados –como toda obra humana- sean perfectibles.

CRECER LIMPIAMENTE A LA AMERICANA (José Manuel Cansino en La Razón el 11/7/2016)

La atropellada visita del presidente estadounidense a España y particularmente a Andalucía, motiva este artículo que analiza el modelo de crecimiento de EEUU desde la perspectiva medioambiental. Hasta su relevo por China, EEUU ha liderado durante casi todo el siglo XX y lo que llevamos de XXI, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero -GEI-. Aunque ahora sea la segunda potencia en emisiones de GEI sigue siendo la primera economía mundial por lo que su comportamiento y su implicación en los acuerdos internacionales de lucha contra el Cambio Climático sigue siendo determinante.

Desde 2005 la economía estadounidense registra un llamativo y aparente patrón de desacoplamiento entre una tasa creciente de crecimiento económico y una reducción en el volumen de emisiones de GEI medidas en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Las emisiones de GEI en 2013 fueron inferiores a las de 2005 en 582,57 millones de toneladas mientras que su PIB había crecido en 1.357,79 billones de dólares americanos (el billón americano es 10 elevado a la 9). Parecen haber alcanzado la meta de cualquier modelo de crecimiento sostenible -seguir creciendo al tiempo que reducen las emisiones de gases contaminantes-. Este hecho ha motivado algunas investigaciones de los expertos en economía ambiental cuyo objetivo es determinar los factores que explican este aparente desacoplamiento bien para reforzarlos bien para replicarlos en otros países.

Los resultados arrojan que las ganancias en eficiencia energética (cantidad de energía necesaria para producir un dólar de PIB) explican principalmente este desacoplamiento. En 2000 se necesitaban 0.2 toneladas equivalentes de petróleo para producir 1000 dólares de PIB estadounidense; en 2013, la cantidad había bajado a 0.15 según la Agencia Internacional de la Energía. Dado que las emisiones de GEI se calculan a partir del consumo de energía multiplicando la cantidad de los diferentes combustibles fósiles consumidas por un "factor de emisión", resulta crucial reducir el consumo energético por unidad de producto. Sólo de esa forma es posible crecer y reducir las emisiones contaminantes a un mismo tiempo. Yo me incluyo entre los que que consideran que la contribución de la mejora de la eficiencia al desacoplamiento está sobre dimensionada pero así resulta de los análisis incluidos los que he tenido la oportunidad de realizar junto con los profesores Ordóñez, Román, Sánchez-Braza y Rodríguez-Arévalo.

La estructura del sistema productivo de EEUU también parece haber contribuido al desacoplamiento entre emisiones y crecimiento económico. En esto, sin embargo, el análisis debe afinarse hasta conocer en qué medida el resultado obedece a un proceso de deslocalización ("outsourcing") de la industria estadounidense a otros países con una legislación medio ambiental menos exigente. Para medir este efecto deslocalización en el denominado "comercio de emisiones" los economistas desarrollan modelos multi-regionales Input-Output. 

Por último y para sorpresa de quienes han alabado la política de Obama en favor de las energías renovables, el mix energético de ese país no parece haber favorecido el desacoplamiento sino más bien, todo lo contrario. Actualmente más del 83% del mix Energético de EEUU sigue estando basado en los combustibles fósiles.

Un aspecto que no debe pasarse por alto en este análisis es el fuerte desarrollo que en los mismos años en los que parece haberse alcanzado el desacoplamiento en EEUU se ha desarrollado intensamente la técnica del "fracking" para la obtención de petróleo y de gas de esquisto.  Las reservas de crudo extraíble en Estados Unidos ascienden a 264.000 millones de barriles. Así lo estima un estudio de la consultora especializada Rystad Energy. Rusia se queda con el segundo lugar, con 256.000 millones de barriles, y con el tercero, Arabia Saudí, que cuenta con 212.000 millones de barriles de reserva de crudo.

Los efectos medioambientales del "fracking" no se reflejan en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero estadounidense porque no implican, principalmente, mayores emisiones pero sí la contaminación de acuíferos subterráneos consecuencia de la filtración de disolventes químicos.

La visión superficial de que la legislación medioambiental norteamericana es muy laxa no se corresponde con la realidad. Incluso antes de la firma de tratados internacionales, un somero análisis de la Ley de Aire limpio de EEUU (Clean Air Act) bastaba para comprobar que había un importante compromiso de preservación medioambiental. Sin embargo, los resultados gruesos de que este país ha conseguido seguir creciendo económicamente y, al mismo tiempo, reducir sus emisiones de gases contaminantes, deben analizarse con prudencia pero también con interés. Con un interés desprejuiciado.

SI EUROPA ESCONDE LA CABEZA (José Manuel Cansino en La Razón el 4/7/2016)

Lo que se ve es sólo la espuma de un fuerte mar de fondo que se corresponde con el descontento de una generación que sabe que vivirá peor que sus padres. Esa generación está optando mayoritariamente por nuevos partidos políticos euroescépticos (gruesamente calificados de populistas de izquierdas o derechas) o independentistas. Parte de esta reflexión me dicen que corresponde al eurodiputado de Ciudadanos, Javier Nart. No lo he podido corroborar pero lo suscribo.

Los británicos mayoritariamente han elegido salirse de la Unión Europea aplicando lo dispuesto en el artículo 50 del Tratado de Lisboa y lo han hecho frente a las amenazas sobre las malas consecuencias económicas advertidas por los presidentes de los principales países europeos, el de EEUU y los líderes de las más influyentes empresas multinacionales. Lo han hecho no porque ignoren esas consecuencias sino porque valoran más otros aspectos de su relación con la Unión Europea y no son los únicos. Lo ha advertido Nick Farage líder del UKIP, partido impulsor del Brexit. El presidente del Verdaderos Finlandeses, Sebastian Tynkkynen que cuenta con representación en el Parlamento Europeo ya se ha adelantado a pedir un referéndum que también ha exigido la presidenta del Frente Nacional francés, Marie Le Pen, primer partido en intención de voto. En términos no muy diferentes parece posicionarse el líder del FPÖ austríaco, Norbert Höfer, incluso antes de la sentencia del Tribunal Constitucional de ese país obligando a repetir las elecciones presidenciales, sin duda el tipo de sentencia que peor puede calificar la calidad de un sistema democrático. Por último y sin ánimo de agotar una lista demasiado prolija, el ministro húngaro de Gobernación, János Lázáz, ha declarado que votaría por abandonar la UE si Hungría lo sometiese a consulta.

Si las instituciones europeas se empecinan en responder al euroescepticismo galopante con la miope estrategia de descalificar como ‘ultra’ a todo el que cuestione la estructura comunitaria, la británica puede ser sólo la primera pieza que caiga de un dominó que aún tiene veintisiete fichas en pie.

La cuestión es demasiado compleja para entenderla en una tribuna de análisis pero hay, al menos, cinco aspectos que merecen espigarse sobre todo porque suelen obviarse en el análisis agotado de quienes proponen resolver la crisis europea con la letanía de invocar ‘más Europa’.

El primero es el que explica el mapa electoral húngaro, país –no se olvide- netamente receptor de los fondos de cohesión europeos. Hasta 1718 parte de Hungría estuvo ocupada por el Imperio Otómano. En este país y en sus países fronterizos, la presión migratoria de la población desplazada por la guerra en Siria junto con la probabilidad de la entrada de Turquía en la Unión Europea, hace que su población no esté dispuesta ni a mantener la política migratoria dictada por Bruselas ni las exigencias del Tratado de Schengen en vigor en Hungría desde el 21 de diciembre de 2007. Cada vez que explota una bomba en Turquía, en estos países se oye muy cercana. La política migratoria de la Unión Europea es una fuente de euroescepticismo creciente. Decir lo contrario es mentirnos a nosotros mismos.

El segundo argumento es que el largo periodo de paz que la cooperación comercial europea ha favorecido desde su impulso por la corriente demócrata-cristiana de los años cincuenta del pasado siglo, es minusvalorado por una sociedad europea y occidental, mayoritariamente ‘presentista’ y hedónica. Hay un casi desinterés por el pasado, por la Historia. Esto conlleva minusvalorar la idea tan arraigada de que los lazos comerciales entre naciones espantan las guerras por mor del beneficio y la ganancia mutua –¡hay si en España se pusiese en valor las aportaciones de la Escuela de Salamanca!-.

El tercer argumento es el de las imperceptibles ventajas del Mercado Único en vigor desde 1991 y pieza central de la Unión Europea. Su fundamento teórico está en ‘La Riqueza de las Naciones’ de Adam Smith (1776) y en el famoso ejemplo de la fábrica de alfileres. La amplitud del mercado favorece la especialización de los países en aquellas tareas en las que muestran más destreza y de todo se benefician, en último término, consumidores y empresarios. Naturalmente, los beneficios esperados de ese gran mercado único europeo exigían la libertad de circulación de mercancías –desaparición de las aduanas comerciales-, personas –Acuerdo de Schengen- y de capitales –la liberalización que más rápidamente se logró-. Pues bien, como se argumentaba al inicio de este artículo, los más jóvenes no perciben esa ganancia derivada del Mercado Único sino –después de la crisis de 2007- un tipo de empleo cada vez peor pagado (en España lo hemos llamado devaluación externa), con menos garantías laborales y más lejos de casa. Una parte no pequeña de la población ve en el flujo migratorio una explicación directa de la devaluación salarial e invocan el principio del derecho preferente efectivo para ocupar un empleo en su país.

El cuarto argumento es muy líquido por su carácter eminentemente técnico. Se deriva de la naturaleza esencialmente monetaria del Tratado de Lisboa y, más específicamente, de las reglas de juego que imperan en los dieciocho países que integran la zona euro. El Tratado de Maastricht en vigor desde el 1 de noviembre de 1993 era técnicamente una ‘Constitución monetaria’ esto es una ‘Ley fundamental’ basada en el objetivo de garantizar el control de la inflación mediante el uso de la política monetaria. Efectivamente, la inflación es un grave problema económico que ha conseguido conjurar la Unión Europea pero frente al problema del desempleo o de los salarios bajos –a los que todos ponemos fácilmente rostro humano- las bondades de la inflación son líquidas, complejas de entender y consecuentemente de valorar por la mayor parte de la población. Por ejemplo, el Tratado de Maastricht imponía la limitación del déficit público por encima del 3 % del PIB junto con la posterior prohibición de que los bancos centrales comprasen directamente la deuda emitida por los países con déficit. La única medicina de Maastricht era la reducción del gasto público para los países deficitarios. En definitiva lo que los euroescépticos han definido como las políticas ‘austericidas’ a aplicar a una población educada en la convicción de que el Estado del Bienestar se financia sin esfuerzo. Desde luego frente a una reducción de las pensiones a cambio de algo tan ‘líquido’ como garantizar el control de la inflación, el rechazo de la población es inmediato.

El quinto y último elemento ha sido el error de minusvalorar el sentimiento nacional y la evolución demográfica. Los hacedores de la actual Unión Europea han minusvalorado la identidad nacional de sus miembros. Se ha llegado a la convicción de que ceder la capacidad legislativa del 80 % de las principales leyes a Bruselas, era algo aplaudido por la sociedad europea instruida en el discurso de que cualquier incidencia se resolvía con ‘más Europa’ y el correlativo menos capacidad de decisión de los estados miembros. Una parte determinante de la sociedad europea no está dispuesta a seguir así y la Unión debe aprender la lección de que una cosa es la estrecha cooperación internacional y otra la suplantación de la identidad nacional de los estados miembros.

Si la Unión Europea no toma nota del resultado británico y del marcado cambio en el mapa político europeo, se corre el riesgo de volver a un proteccionismo empobrecedor y decimonónico como consecuencia de unas virtudes de la libre circulación que no se perciben mayoritariamente. Desde luego no por aquellos que ya saben que les espera un futuro peor del que han disfrutado sus padres.

NIEBLA EN DESPEÑAPERROS. GRAN BRETAÑA AISLADA (José Manuel Cansino en La Razón el 20/6/2016)

 ¿Cuál sería el impacto de la salida del Reino Unido –Brexit- en la economía andaluza? Veamos algunas cifras. Andalucía exportó a este país en 2015 por valor de 1.707 millones de euros; lo que supuso tan sólo el 6,8 % del total de las exportaciones regionales. A esta cifra hay que añadir los 266 millones exportados a Gibraltar, colonia que como nos advierte Mercedes Valdivia, experta en el sector y profesora del Máster de Comercio Internacional de la Universidad de Sevilla, tiene categoría de “tercer país” desde el punto de vista aduanero. Pero incluso sumadas ambas cifras, sigue resultando una cifra verdaderamente pírrica que apenas alcanza el 7 % del total de las exportaciones. De hecho, y este es un dato que se suele omitir, Andalucía vende al resto de España más que a todos los países del extranjero juntos. En 2013 (último dato ofrecido por el Centro de Predicción Económica –CEPREDE-) las empresas andaluzas vendieron al resto de España por valor de 28.454 millones de euros frente a los 24.967 que sumaron el total de las exportaciones andaluzas al extranjero en 2015.

Otra cuestión deferente es el turismo británico que, junto con el alemán, siguen suponiendo los principales clientes que eligen las costas andaluzas como destino para sus vacaciones. Pero, que nadie se llame a engaño, si las encuestas se confirman y Gran Bretaña decide abandonar la Unión Europea (UE), el impacto sobre nuestras exportaciones no tiene que ser muy alto pues no habría cambio de moneda ni mayor incertidumbre asociada al pago a crédito de las operaciones en divisa británica. El riesgo sería el mismo que el existente ahora. Entre 2008 y 2016, la variación promedio del tipo de cambio de la libra esterlina frente al euro ha sido del 0,28 % pero la prima del seguro que garantiza un tipo de cambio para una operación con pago aplazado se determina por la varianza del tipo de cambio y no por la media. En este caso hay que tener en cuenta que al inicio del periodo de crisis, la libra llegó a devaluarse hasta más del 20 % entre noviembre y diciembre de 2008.

El impacto sobre la economía andaluza de la salida del Reino Unido sería pequeño pero no despreciable. Esto exige un análisis más fino. Veámoslo. Al Reino Unido fuera de la UE le sería más interesante tomar el puerto de la colonia de Gibraltar como punto de entrada de sus mercancías al resto de países de la Unión frente a puertos alternativos y más próximos como el de Rotterdam ¿Por qué?

Para productos británicos como las bebidas alcohólicas (por ejemplo el güisqui –sic-) o el tabaco que entran en la categoría de “mercancías sensibles”, las empresas exportadoras británicas que decidieran introducirlos por el puerto de Rotterdam tendrían que aportar una garantía bancaria individual para el tránsito por carretera en el territorio UE que encarecen considerablemente los productos. En cambio, si decidiesen entrar por Gibraltar (que tiene el mencionado estatus aduanero de ‘tercer país’) sería más cómodo y barato al evitar los aranceles y garantías bancarias que tendrían que pagar si tocaran suelo de otros países europeos. Sorprendentemente, el efecto del Brexit sería beneficioso para Andalucía debido a la ignominia de mantener una colonia extranjera en territorio español que está siempre rayando la frontera de actuar como paraíso fiscal.

A diferencia de otros territorios como Cataluña, cuya viabilidad económica fuera de España es inimaginable salvo en situación de penuria severa, Gran Bretaña puede prescindir cómodamente del paraguas económico de la Unión Europea. La ‘city londinense’ sigue siendo el principal puerto de entrada de capitales procedentes de las excolonias británicas y de las relaciones comerciales –con frecuencia ilegales- que mantienen con los países que antes conformaban la ruta de la seda y luego la del opio. A esto hay que añadir el colchón multimillonario que le permiten a Gran Bretaña el movimiento de dinero a través de los paraísos fiscales ubicados en las islas del Canal de la Mancha que siguen operando con total y grosera impunidad.

Económicamente, Gran Bretaña puede seguir riéndose de su famoso chiste “Niebla en el canal; el continente aislado” como tituló el periódico The Daily Mail. Andalucía –de no ser por el turismo- podría adaptar su versión al caso de Despeñaperros o en el Estrecho.

Las consecuencias del Brexit son más de naturaleza política que económica aunque su salida de la Unión también lo sería del Sistema Europeo de Banco Centrales y de la liquidez que le aporta en caso de futuros pánicos bancarios. La Unión Europea ha conllevado un largo periodo de paz de más de setenta años tras los dos cruentos episodios de guerras mundiales del siglo XX. Los fundadores tenían en la cabeza lo mismo que los escolásticos de la Escuela de Salamanca y otros; el interés comercial entre las partes es un bálsamo frente al riesgo de conflicto. Pero Europa debe reconocer que no ha conseguido imponer una identidad propia por encima y diferente de las identidades nacionales que la integran. Aunque es innegable que todas las etapas de crisis son caldo de cultivo para las reivindicaciones nacionalistas en lo político y proteccionistas en lo económico, Europa no debe vivir de espaldas al deseo mayoritario de sus socios de mantener una clara identidad nacional. Una identidad nacional que no es incompatible con la cooperación internacional. Estructuras como la OTAN o la ONU lo recuerdan diariamente. 

TARDE O TEMPRANO SON LAS IDEAS (José Manuel Cansino en La Razón el 13/6/2016)

En mitad de un calor sólo combatido por la comodidad de la climatización del Salón de Grados de la Facultad de Económicas de la Universidad de Sevilla, acaba de ser recibido con gran dignidad el economista don Juan Velarde Fuertes en la Academia Andaluza de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente que preside el catedrático de matemáticas, Antonio Pascual. Lo ha hecho como académico de honor, máxima distinción sólo compartida hasta ahora con el cardenal Amigo Vallejo.

Aunque Sevilla es ciudad rica en tradiciones, principalmente anudadas a la liturgia de la Semana Santa, no es una de ellas la de ver a señores académicos vestidos de frac en una facultad donde buena parte de los alumnos se examinan en bermudas y chanclas. Siempre es oportuno recordar la aportación a la Ciencia de alguien y no darla por conocida, primero por mor de las generaciones más jóvenes, pero también para todos aquéllos que están convencidos de que Ramón y Cajal fueron dos inventores muy importantes, o por aquellos profesores de Historia que no saben explicar a sus alumnos quién fue Blas de Lezo porque no lo conocen.

(De izqda a derecha, Lagares, Carmen Núñez -Decana de Económicas, Pascual, Velarde y Fdez-Arufe)

En un acto presidido por el Consejero de Empleo y Catedrático de Universidad, José Sánchez Maldonado, el memorial de méritos o «Laudatio» que avalaban al profesor Velarde para recibir la distinción correspondió al académico don Manuel Lagares Calvo, hacedor de las últimas y más importantes reformas fiscales en nuestra Nación. Una «Laudatio» en la que no sólo se centró en sus aportaciones científicas, responsabilidades profesionales y académicas, sino también en su prolífica labor de divulgador que inició de manera sistemática en la sección de Economía del diario «Arriba» y luego continuó en muchos otros medios. Precisamente fue una profesora de Economía de la Universidad de Sevilla, la profesora Palma Gómez-Calero quien, a propuesta del profesor Camilo Lebón, dedicó su tesis doctoral a la obra periodística de Velarde.

Velarde habló de los economistas no andaluces que se habían afanado en intentar resolver los problemas económicos de Andalucía desde el limeño Pablo de Olavide, Jovellanos y su contribución a la incorporación laboral de las mujeres andaluzas, hasta el momento sujetas a unas limitaciones férreas, Ramón Carande o Marjorie Grice-Hutchinson, usando como hilo conductor la lucha contra la pobreza. Precisamente hablando de este problema y en una economía que durante siglos fue esencialmente agrícola, se refirió a las trabajos de Ramón Carande en el Instituto de Estudios Políticos cuando el célebre economista era consejero nacional de Falange en 1941 y estudiaba la reforma agraria sobre la base de los trabajos de Pascual Carrión y el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera. Era en esa economía agraria regada por la pobreza en 1956 cuando todavía se pagaba a 15 pesetas el jornal en los campos de algodón. Los braceros habían de estar en el tajo al ser de día, salían de noche y para regresar a casa tenían que poner señales, pues no reconocían el camino de otra forma. A los más pequeños, incapaces de llevar tres surcos de algodón hacia delante, les pagaban tres pesetas menos de manera que entre la familia suplían el resto para que también pudiese recibir el jornal completo de las quince pesetas. Con frecuencia la cena era un trozo de pan y una sardina.

Para sacar a Andalucía y al resto del agro español de esa situación de necesidad de pusieron en marcha medidas muy importantes como el Instituto Nacional de Colonización que, sólo en Andalucía, creó unos cien pueblos en el Valle del Guadalquivir. Una reforma agraria de la que está prohibido hablar por el estigma ideológico de quienes la impulsaron tomando como referencia la experiencia fascista en el Agro Pontino y los «kibutz» israelíes por aquel entonces muy exhibidos por la social democracia. Al frente de la arquitectura de los pueblos de colonización estuvo José Tamés, destacando también el arquitecto José Luis Fernández del Amo.

Como decía Ismael Medina, el profesor Velarde, nacido en 1927 y pese al fuerte torrente de voz sobre el que descansan sus intervenciones, está en primera línea de la generación que se despide en mitad de una cultura –la Occidental– que sólo venera la juventud. 

Velarde volvió a hacer un alegato contra el proteccionismo económico precisamente ahora que vuelven a alzarse voces que lo reivindican argumentando que los beneficios económicos del libre comercio van parejos con la concentración de riqueza.

Finalizó con un mensaje de esperanza usando las palabras de Keynes con las que cierra su «Teoría General», tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados los que determinan el futuro.

LOS LÍMITES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (José Manuel Cansino en La Razón el 6/6/2016)

Hay quien sostiene que el paso de una economía excesivamente centrada en la construcción a una economía intensiva en el conocimiento y la formación exige un nivel educativo mínimo que consiste en la educación secundaria postobligatoria. Para la profesora Marta Rahona, este nivel de estudios se corresponde con la enseñanza de bachillerato y los ciclos formativos de grado medio. Así lo expone en el número 67 de la revista Presupuesto y Gasto Público. Su convicción se apoya, además, en el hecho de que en los países en los que la formación profesional tiene un peso importante en la oferta de estudios secundarios postobligatorios, las tasas de abandono escolar temprano son menores y el nivel de desempleo también. No está de más precisar que por tasa de abandono escolar temprano se entiende el porcentaje de jóvenes que abandona el sistema educativo tras la etapa obligatoria.

Si a partir de lo anterior se realiza una comparativa entre la situación en España y la Unión Europea, los resultados ayudan mucho a explicar por qué nuestro nivel de desempleo es un 10 % superior a la media europea. Así, en 2009 sólo un 22 % de los españoles había superado estudios secundarios postobligatorios frente al 48 % del promedio europeo.

Para mayor abundamiento, con datos de 2009, el 81 % de la población de la Unión Europea con edades comprendidas entre los 25 y los 34 años había cursado estos estudios frente al 64 % de la población española a la que con jactancia llamamos la generación mejor preparada. Naturalmente, una de las causas que mejor explican estos 17 puntos de diferencia es nuestra mayor tasa de abandono escolar que en 2010 y para Andalucía, alcanzaba el 34.7 % de los jóvenes entre 18 y 24 años. La tasa de abandono en Andalucía superaba en más de 6 puntos la media nacional y ayuda mucho a explicar no sólo por qué la tasa de paro regional está 10 puntos por encima de la media nacional sino también por qué la renta per capita andaluza está a la cola de España frente a las regiones ricas como las provincias vascas que exhiben la menor tasa de abandono del conjunto español con un 12.6 %.

Lo anterior ha servido para que en los últimos años haya existido un “boom” en las políticas de apoyo a los ciclos formativos de grado medio. En 2010, el porcentaje de alumnos que cursaban estos estudios en relación a los de bachillerato era del 29.5 % cuando en 2001 representaba el 22.5 %.

Sin embargo, existe una limitación muy importante al desarrollo de este tipo de estudios. La limitación tal es que si se atiende a los ciclos formativos más demandados y se toma como referencia el exitoso modelo alemán, es necesario que incluya un eficaz sistema de prácticas en empresas y éstas no están uniformemente distribuidas en el territorio sino concentradas en los polos industriales de determinadas ciudades. Esto, sin duda, casa muy mal con los que entienden la vertebración territorial con prestar servicios públicos similares en todos los lugares. Naturalmente nadie puede obligar a las empresas a elegir una ubicación tal que resulten repartidas uniformemente en el territorio de manera que así pueda desarrollarse un sistema educativo que permita a la población realizar buenas prácticas en empresas sea cual sea su lugar de residencia.

La única posibilidad para desarrollar el sistema anterior es a través de un fuerte programas de becas de estudio que permita a los estudiantes financiar estudios y estancia en los lugares donde radican las empresas que se ajustan a la formación que quieren recibir. Por supuesto, y no es cuestión menor, esto necesita como pre requisito que los jóvenes estén dispuestos a marcharse de casa.

Pero con todo, en la formación profesional hay que poner las expectativas justas. En la misma revista en la que publica su análisis la profesora Marta Rahona se incluye otro estudio de José María Arranz y Carlos García-Serrano (hijo del afamado literato). En él, estos profesores de la Universidad de Alcalá de Henares ratifican para España que las personas con niveles educativos mayores obtienen salarios más altos, sufren menos desempleo y trabajan en ocupaciones más valoradas socialmente.

En definitiva, la apuesta por los ciclos formativos es correcta en la lucha contra el abandono escolar temprano y contra el desempleo –lo que no es poco- pero no lo es tanto para cambiar sustancialmente el nivel de renta per capita de una sociedad. Para ello se necesita, además, que buena parte de su población concluya exitosamente una adecuada educación superior.

FONDOS BUITRES Y CLÁUSULAS SUELO (José Manuel Cansino en La Razón el 30/5/2016)

Si los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resultaron cruciales en el largo proceso hacia la abolición de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios, es posible que no esté lejos el final de las operaciones de los denominados “fondos buitres”. Unas operaciones que consisten en adquirir a precio de saldo los créditos fallidos de los bancos y los inmuebles ofrecidos en garantía de pago. La razón está en el libro publicado por el profesor del prestigioso ICADE, Guillermo Rocafort; “Fondos buitres. Manual de autodefensa” (Ed. Barbarroja).

Para este joven abogado y doctor en Economía, un fondo buitre encarna a un especulador que se dedica sistemáticamente a comprar a precios de saldo activos (los mencionados préstamos fallidos o inmuebles) aprovechándose de las necesidades financieras y legales que tienen las entidades financieras para sanear sus balances y mejorar las cuentas de resultados.

Efectivamente se trata de un Manual para la eficaz asistencia jurídica a todos aquellos que se han visto obligados por los efectos de la crisis económica a impagar sus préstamos; un Manual nucleado en la aplicación del artículo 1.535 de nuestro veterano Código Civil que data de 1.889. Este artículo regula el derecho de retracto que tiene el deudor que impagó el préstamo para cancelarlo al mismo precio al que el banco acreedor lo va a ceder a un tercero, esto es, al fondo buitre. El precio de cesión o venta de este préstamo fallido suele estar –en promedio- en torno al 5 % de la deuda de forma que pagando sólo esa cantidad del valor, la deuda quedaría cancelada y el desahucio –de haberlo- detenido. Naturalmente el proceso no es tan sencillo y a cómo abordarlo de forma exitosa para el deudor está orientado este Manual.

 Varias son las trabas que se interponen en la posibilidad de que el deudor pueda ejercer el derecho de retracto y saldar la deuda por el mismo precio que el banco va a venderla al fondo. Por supuesto, la principal es la ausencia de comunicación eficaz de su intención de vender la deuda y del precio. De hecho, una vez vendido el préstamo al fondo, el banco se comporta aplicando el denominado “fronting” por el que aparentemente sigue siendo el titular del crédito (cobra los intereses, etc) aunque quien verdaderamente ha pasado a ser el titular del préstamo es el fondo buitre. Para atacar este flanco, Guillermo Rocafort recomienda utilizar la Ley Orgánica de Tratamiento Automatizado de Datos.

Otro impedimento no menor es el que afecta a todos los inmuebles “tóxicos” adquiridos por el banco malo o la SAREB. El artículo 12 de la Ley 9/2012 establece explícitamente que en la venta a la SAREB de activos inmobiliarios “tóxicos” por parte de las entidades financieras “enfermas” no será de aplicación el artículo 1.535 del Código Civil que regula el derecho de retracto del deudor y resulta la pieza angular de la lucha en favor del derecho del deudor. El autor considera que esta Ley es injusta y propone su modificación hasta el punto de obligar a la SAREB a informar a todos los ayuntamientos españoles de los pisos transferidos en sus respectivos términos municipales. De hecho anima a los ayuntamientos a pedir a la SAREB esta información.

Pero ¿qué ocurre con aquellas otras deudas o inmuebles que no vende el banco a la SAREB sino que son directamente vendidas a un fondo buitre? Aquí es donde el libro ofrece ordenadamente una batería de medidas y estrategias de defensa jurídica que el interesado podrá conocer en profundidad. De entre las situaciones abordadas merece destacarse aquellas operaciones en las que el fondo buitre adquiere los inmuebles a través de las denominadas cesiones de remate. En estos casos el banco se adjudica el inmueble que servía de garantía en la subasta. Lo hace bien porque haya sido el mejor postor o porque nadie haya concurrido a la subasta. Una vez adjudicado el inmueble el banco procede a cederlo a un tercero (fondo buitre) y a un precio que acabará siendo inferior al de la subasta. La práctica habitual es que la cesión de remate se justifique judicialmente mediante la presentación de una carta de pago por la que el vendedor (habitualmente el banco) manifiesta que ha recibido dicho pago sin especificar el importe. Para el profesor Rocafort, esta situación se resolvería si los secretarios judiciales convocasen a los deudores a la cesión de remate y el precio de la cesión fuese público de forma que pudiera ejercerse el derecho de retracto.

Una advertencia previa antes de finalizar este comentario debe hacerse en el sentido de subrayar que para ejercer el derecho de retracto del repetido artículo 1.535 del Código Civil es necesario que el crédito cedido sea litigioso, esto es, debe haber por el demandado o ejecutado al menos una contestación a la demanda interpuesta. Además debe ejercerse en un plazo de nueve días, plazo que considera que es posible ampliar si se aplican las normas en defensa de los consumidores.

El libro aborda otros aspectos del funcionamiento de los fondos buitres y que tienen que ver con sus obligaciones fiscales mínimas amparadas en tramas internacionales a lo “Luxleaks” de las que ya nos hemos ocupado en otros momentos.

Permítanme finalizar citando un párrafo del autor que sirve perfectamente para entender lo que le ha movido a escribir este Manual: “Imposibilitar el ejercicio de retracto crediticio contemplado en el artículo 1.535 del Código Civil, cuando además lo que está en juego es la vivienda habitual de una familia que hace las funciones de garantía real de una deuda hipotecaria, es un acto especialmente ignominioso”.