Exportaciones andaluzas ¿De fuera vendrá? (José Manuel cansino en La Razón el 14/1/2013)

(Fotografía: La Razón)

La actual crisis económica es mundial en cuanto que aplasta simultáneamente a muchas economías pero convive con la solvencia y el fuerte crecimiento de otros países hasta el punto de desplazar el mayor tráfico comercial al eje asiático. Allí radican los principales países emergentes (China, India, Malasia, Hong Kong o Indonesia). Junto a ellos hay que señalar a otras economías que o mantienen su ritmo de crecimiento o lo aceleran como es el caso de Oriente Medio o parte de Centro y Sudamérica en torno a Brasil, Méjico o Chile.

En esas áreas están depositadas las esperanzas de reactivar economías como la española y la andaluza y así se preña el discurso político económico y los esfuerzos diplomáticos.

La realidad no es tan sencilla como pudiera desprenderse de noticias que hablan con feliz frecuencia de concursos de ingeniería civil que ganan empresas españolas o nuevas plantas de energías renovables que también construirán empresas nacionales.

Lo primero que hay que decir es que las exportaciones andaluzas no llegan al 16 % del PIB regional, por tanto, la mayor parte de nuestra producción está orientada al mercado interior, cuya demanda sigue cayendo en picado desde 2008. El volumen de exportación de las empresas radicadas en Andalucía no llegó a los 23.000 millones de euros en 2011.

El problema no acaba ahí sino que más bien empieza. Los principales clientes son países cuyas economías están o estancadas o en recesión con la única salvedad de Alemania y es que las exportaciones andaluzas tuvieron como destino en 2011 Francia (2.105 millones de euros), Portugal (1.852), Alemania (1.791) e Italia (1.708). En definitiva, la mayor parte de las exportaciones tienen como destino un mercado maduro como es el que representan los países socios de la Unión Europea. Alguna excepción naturalmente hay como en los casos de Bulgaria (924 millones) o Bélgica (745). Todo ello junto al humillante destino de Gibraltar que, por razones fiscales, tuvo unas ventas de 850 millones de euros.

La gran esperanza asiática está por debutar. China sólo compró a las empresas radicadas en Andalucía por valor de 527 millones y de lejos le siguieron Malasia (75 millones), India (73), Hong Kong (53) e Indonesia (41).

La zona de Oriente Medio –hoy llena de albañiles españoles que levantan rascacielos que luego permanecen vacíos (sic)– se situó por detrás de la asiática con 129 millones facturados a los Emiratos Árabes Unidos y 100 millones a Arabia Saudí.

La ventaja del idioma y la cercanía cultural hizo de Hispanoamérica un mejor destino pero siempre muy por detrás de la Unión Europea. Por orden, los principales clientes fueron Méjico (374 millones), Brasil (252) y Chile (110).

Pero si el discurso de la necesidad de orientar nuestra economía y empresas al sector exterior no se corresponde con las cifras reales, mucho menos el tipo de negocios que frecuentemente aparecen vinculados a la marca Andalucía y es que lo que vendemos es «poco verde». En otros términos, bastante impopular a excepción de los productos agroalimentarios.

Nuestras principales exportaciones proceden de las refinerías de petróleo de Cádiz y Huelva. En conjunto, el sector vendió por valor de 3.781 millones de euros y tuvo como principal cliente a Estados Unidos. Esto es, nuestra principal industria exportadora por cifra de negocio es de las más contaminantes por volumen de emisiones de dióxido de carbono y, además, lo hace refinando una materia prima –el petróleo– que no es autóctona sino que se importa en su casi totalidad.

La imagen amable la ofrece el sector agroalimentario, que facturó por valor de 1.877 millones de euros siendo las principales provincias exportadoras Almería, Granada y Cádiz. El problema es que se trata de un sector que genera muy poco valor añadido. Por su propia naturaleza no tiene –a Dios gracias– componente tecnológico esencial.

Y volviendo a lo políticamente incorrecto, acabamos en tercer lugar con las exportaciones de minerales de Huelva por valor de 1.502 millones de euros que tuvieron como primer cliente a Bulgaria.

Esto es lo que hay. La economía andaluza tiene un perfil exportador muy bajo y en lo que lo tiene, políticamente provoca más el silencio que el orgullo. Así que tenemos lo que tenemos, es decir, dos cosas. Una industria regalada por la Providencia –el turismo– que los más rancios economistas llevan décadas diciendo que está en declive a pesar de la tozudez de los datos que dicen lo contrario. Y también tenemos un proceso de descapitalización humana que ve cómo los mejor preparados cogen las maletas para buscar trabajo en aquellos países donde su formación universitaria es mejor valorada que en el propio país donde se les paga con los impuestos de todos y la excelencia profesional de algunos.

Deudores y pecheros (José Manuel Cansino en La Razón el 7/1/2013)

Los andaluces pagaremos en 2013 casi 1.050 millones de euros sólo por los intereses por la deuda pública que tenemos contraída. Aunque llamativa, la afirmación no es del todo correcta pues esos intereses los pagamos no sólo los andaluces sino todos los españoles a través de un sistema de financiación que incluye entre sus fuentes transferencias de dinero entre regiones.

Además, la Junta de Andalucía seguirá endeudándose y es que pese a haber recortado su presupuesto en unos 1.300 millones respecto a 2012, aún necesitará pedir prestados casi 5.000 millones para cubrir el déficit previsto.

No habrá problema en conseguir el dinero que a la Junta le falta para cuadrar sus cuentas. Efectivamente, no habrá problema gracias a la pertenencia a una Nación común que le permite acceder a fondos como el de liquidez autonómico o emitir deuda pública con la garantía del Estado Español que no sólo con la garantía regional. Si hubiese que conseguir que nos comprasen la deuda con sólo la garantía local, los intereses a pagar o serían prohibitivos (y ya son muy elevados) o directamente, nadie nos prestaría.

Esta es la gran fortaleza de pertenecer a una Nación sólida que unos se empeñan en desguazar, otros se avergüenzan de invocar y otros estamos decididos a fortalecer.

Pero el sistema de transferencias que nos permite colocar la deuda y atender servicios esenciales y mantener sueldazos a personajes perfectamente prescindibles insertados en una administración paralela, es un sistema de transferencias que sólo se sostiene si pervive la cohesión nacional.

Y hay que reconocer que también aquí es cierto el “no todo vale”. Por ejemplo, el discurso secesionista catalán cala bien en una sociedad que sufre como las demás la crisis económica y además está convencida de que estaría mejor atendida sin compartir su dinero público con el resto de España. Incluso aceptando la parte que se roba y se lleva a cuentas en Suiza, están convencidos de que ha terminado el tiempo de las actuales transferencias.

Impera un sentimiento nacionalista que emana de las cuentas corrientes y que para muchos podría acabar alumbrando un Estado que se gobernara con sólo las reglas de un sistema bancario.

Pero también se consolida una pregunta certera sobre si las transferencias, tres décadas después del engendro autonómico que ya sólo defienden con convicción quienes viven de él, deben ir siempre desde los mismos pecheros (los que apechugan con impuestos) a los mismos beneficiarios.

Tres décadas después de un mecanismo de transferencias tal, el ranking de renta per cápita de regiones españolas permanece casi inalterado en sus extremos superior e inferior. Y es aquí cuando los que pagan –o creen que pagan según resulta de unas balanzas fiscales viciadas en origen- se preguntan ¿para qué sirve la parte de sus impuestos que transfirieron por razón de solidaridad nacional?, es decir, la parte de los impuestos que no fueron a parar a Suiza o a las acaudaladas cuentas de la clase dirigente de izquierdas y de derechas.

Aún hay versiones más elaboradas de esta pregunta, por ejemplo, ¿por qué tengo yo que pagar peaje en autopistas cuando –digamos en el Sur- se jactan de tener autovías gratuitas que, además, se cofinancian con “mis” impuestos?

Una parte no pequeña del problema separatista que llevamos soportando durante décadas se fundamenta en el mal uso del dinero que emana de la solidaridad nacional. Decir otra cosa es mentirnos a nosotros mismos como también lo es para la élite separatista creerse que su apoyo social se arraiga en la desafección de sus votantes a la Nación española antes que en la necesidad económica provocada por la actual crisis.

No sólo hay que poner en solfa los resultados de unas balanzas fiscales amañadas –en esto las investigaciones de Ángel de la Fuente son indispensables- sino también el muy discutible uso que durante decenios se ha hecho del dinero recibido en el marco de un estado autonómico que es ya insoportable.

¿Para cuando la rebelión? (José Manuel Cansino en La Razón 31/12/12)

Sobre la relación entre Ética y Economía se ha escrito mucho y con frecuencia con muy escaso rigor. Hay una obsesión o ingenua pero legítima convicción de que si se subordina la Economía a la Ética, todas las necesidades humanas quedarán resueltas en sus niveles básicos.

Políticos, religiosos o «maestros» en Ética (con título o autointitulados) proclaman la necesidad de someter unas leyes económicas «injustas» a una Ética –cada cual la suya– que determina lo que es bueno y lo que es reprobable. Entre esto último está el hambre y hasta ahí vamos bien, las desigualdades en la distribución de la renta y riqueza –aquí ya comienza a haber disenso por las posibles derivas igualitaristas– o la especulación. En esto último tampoco hay consenso una vez que salimos de la tertulia y nos revestimos de cientifismo.

Por ejemplo, a estas alturas del desastre pocas dudas caben acerca de la responsabilidad del sistema financiero internacional en la titulización de activos financieros tóxicos y en su reparto internacional en grandes fondos o «hedge funds» inicialmente muy rentables y luego, una vez explotada la burbuja inmobiliaria, absolutamente desastrosos.

Ahora miramos con ojos inquisitoriales a los promotores inmobiliarios y a los bancos que azuzaban promociones a diestro y siniestro con tipos de interés muy bajos. Podemos también mirar reprobatoriamente a los gestores de fondos de inversión en materias primas agrarias como los responsables de elevar con sus movimientos especulativos el precio de los alimentos condenando a muerte a todos los que no puedan pagarlos. Muy bien, la especulación es contraria a la Ética y también habría que prohibirla en ese proceso de subordinación de la Economía a la Ética. Bien, pero un momento.

¿Es especulación o legítima ganancia lo que cualquier agricultor del mundo hace cuando guarda su cosecha a la espera de venderla cuando suban los precios fruto de una mayor necesidad? Es probable que con el precio final de venta, el alimento quede también lejos de las manos de los hambrientos.

La actividad económica está siempre asociada a la búsqueda de una mejora. Trabajamos a cambio de un salario, invertimos y arriesgamos buscando un beneficio o ahorramos depositando nuestro dinero en activos que nos procuran rentabilidad futura. ¿Es esto contrario a la Ética? ¿Es posible determinar un precio justo para las cosechas o para las acciones por encima del cual la ganancia es especulación?

La cuestión se resuelve en cada momento de manera difusa a través de mecanismos sociales. Ni más, ni menos.

Cuando una sociedad considera mayoritariamente inaceptable –contrario a su Ética– el nivel de necesidad que se padece, se rebela demandando acciones redistributivas que quiten recursos a unos para repartirlos entre otros. En definitiva, se pide al Estado que exija impuestos a los poderosos que financien servicios o transferencias para los necesitados.

¿Y qué ocurre si los que más tienen acaban llevándose el dinero a los paraísos fiscales –vale decir Gibraltar– o constituyen una SICAV porque consideran excesivo el esfuerzo tributario que se les pide? Pues entonces, hay que buscar la solución fuera del Estado. Hay que buscarla en la sociedad civil.

Sin la sociedad civil es inexplicable la supervivencia de una Nación que va camino de los seis millones de parados y en la que desde parte de la Corona, la clase política hasta cada uno de nosotros es sospechoso de sacudirse de encima cualquier obligación fiscal.

Es entonces cuando la Ética de cada cual nos lleva a compartir lo que tenemos con los que sabemos que lo necesitan. Lo hacemos a través de las instituciones que no ponemos bajo sospecha de mangazo; fundamentalmente de la Iglesia Católica y de ONG's no confesionales pero solventes. Sorprende que no haya colas de familias necesitadas en las puertas de los sindicatos, de las organizaciones patronales o de los partidos políticos. Y es que en la práctica –cuando de comer se trata– las personas saben bien a quien atribuir un comportamiento ético más sólido. El riesgo de equivocarse de puerta es muy alto; el hambre o el frío.

Cuando los contribuyentes toman copas en las Islas Caimán y el Estado, aplastado por la prima de riesgo y los pufos heredados, recorta y recorta, sólo la sociedad civil evita el colapso. Si llega el día en que ni siquiera la acción caritativa y la solidaria resulten suficientes, sólo quedará la revuelta.

He participado en el programa de la TV Finlandesa sobre burbuja española

Cifras Lúgubres (José Manuel Cansino en La Razón 24/12/2012)

De entre las maldades que dicen de los economistas sobresale aquella que afirma que nos dedicamos a explicar por qué no sucedió ayer lo que habíamos previsto antes de ayer. Aceptando lo que de razón hay, me gustaría también oír de vez en cuando por qué la Epidemiología nos hizo gastar miles de millones en vacunas contra la gripe A o por qué la Meteorología no evita millones de muertos previendo oportunamente las catástrofes naturales.

La Economía tiene una aparataje matemático como la Física o la Química pero un objeto de estudio –el ser humano- de comportamiento mucho menos predecible que el del metal cuando se le aplica calor y se dilata.

A pesar de ello seguimos haciendo previsiones porque es la única forma de minimizar los errores cuando se toman decisiones en ambientes de incertidumbre, lo que hacemos casi a diario aunque no seamos del todo conscientes.

En estos días, la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) ha publicado el denominado ‘consenso’ de previsiones económicas para 2013. En definitiva, un conjunto de estimaciones para las principales magnitudes macroeconómicas y que resultan de calcular la media aritmética de 18 previsiones realizadas por otros tantos centros de prospectiva.

De acertar estas previsiones en 2013 tendremos una caída del PIB del -1,5% lo que nos sitúa 3 puntos por debajo del ritmo que se necesita para generar empleo neto, y es que después de la última reforma laboral, se necesita crecer al 1,5 % para que los empleos que se creen sean más que los que se destruyen. Naturalmente esta es otra estimación que, además, no ha podido ser contrastada. En cualquier caso se estima que el desempleo siga cayendo en un -2,9 %. Durante 2012, Andalucía ha mostrado caída del PIB menos acusadas que, en tasa interanual y según BBVA research, estarían en el -1,1%.

La caída de la producción industrial es especialmente acentuada y preocupante (-2,9 %) porque nos sigue recordando que tenemos en buena medida una ‘Economía fingida’, sin sectores económicos sólidos en la denominada ‘economía real’.

El dato más positivo sigue siendo el de nuestro sector exterior ya que se espera alcanzar el equilibrio en la Balanza de Pagos por cuenta corriente el próximo año. Varios factores explican este favorable comportamiento de nuestro sector exterior pero también se consolida una amenaza de la que ya se venía hablando.

La caída de la renta nacional explica buena parte de la disminución de nuestras importaciones y, consecuentemente, el reequilibrio de la Balanza comercial (la primera de las balanzas que integran la Balanza por cuenta corriente). Importamos menos bienes de consumo pero también importamos menos bienes de inversión en detrimento de nuestra capacidad productiva.

El otro factor que explica la mejora de nuestro saldo exterior es la devaluación interna que sufre la economía española. Ante la imposibilidad de devaluar la propia moneda, los salarios españoles continúan disminuyendo, con ellos los costes de producción y aumentando la productividad. En concreto, los costes laborales unitarios se prevé que disminuyan un 0,9% y que la productividad aumente un 1,5%. La tendencia anterior se verá subrayada porque, en términos de poder adquisitivo, muchos salarios disminuirán al no compensarse por la inflación con la que se prevé cerrar 2012; un 2,4%.

Con respecto a la amenaza que se cierne sobre nuestro sector exterior, el consenso publicado por FUNCAS confirma el estancamiento de la Unión Europea –principal destino de nuestros productos y origen de nuestro turismo- y, esto es más novedoso, la ralentización del crecimiento de muchos países emergentes algunos de ellos amenazados por burbujas inmobiliarias.

Con todo, el caso particular de Andalucía muestra un muy buen comportamiento del sector exterior (con un crecimiento del 2,9 % en el segundo trimestre de 2012) que, sin embargo, no llega a compensar la fuerte caída de la demanda interna (-4% en el mismo periodo).

Por último, el déficit público de 2012 rebasará el objetivo del 6,3 %, puede que hasta el -7,2 % pero justo ocurre esto cuando la Comisión Europea parece dispuesta a ampliar el plazo para que la España vuelva a situarse en el -3%. A pesar de ello, los ajustes presupuestarios seguirán siendo duros y esto es especialmente duro para Andalucía si se tiene en cuenta una de las principales debilidades de su economía; la extraordinaria dependencia del sector público.

Desintoxicación petroaclcohólica. Camino de las ciudades inteligentes (José Manuel Cansino en boletín inspira de la Fundación Roger Torné. 18/12/2012)

En 2007 por primera vez la población urbana mundial superó a la rural. Esto ha supuesto un cambio en la residencia de la población mundial hacia emplazamientos más energéticamente dependientes y, por tanto, emisores de gases de efecto invernadero y generadores de residuos convencionales.

Foto: Smart Cities (via Flickr)

La sostenibilidad del planeta pasa necesariamente por introducir cambios significativos en el planeamiento urbano y en el parque de viviendas –tanto existente como nuevo-. Las ciudades inteligentes o smart citiesacentúan de esta forma su carácter estratégico para garantizar un desarrollo medioambientalmente saludable y sostenible.

Aunque la idea de ciudad inteligente no es nueva y podemos encontrar iniciativas serias en la segunda mitad del siglo XX en Alemania, posiblemente el proyecto más avanzado sea el de la ciudad de Masdar en pleno desierto de Abu Dhabi. Resumidamente se trata de una ciudad diseñada para acoger 50.000 habitantes en 640 hectáreas, con una inversión de 15 billones (americanos) de dólares y cero emisiones de CO₂ y de residuos. Las nulas emisiones de CO₂ se logran gracias a que las únicas fuentes de energía a utilizar son la eólica y la fotovoltaica. Hay quien ha señalado que el desarrollo de las energías renovables en Oriente Medio se financia con el combustible fósil que compra Occidente; una sociedad petroalcohólica.

Sea como fuere, el camino hacia ciudades de este tipo es incierto. Lo que no es impensable es una sociedad occidental con pasos sensatos hacia un uso eficiente de la energía y un uso creciente y económicamente asumible de las energías renovables.

En el primer caso, en el de la eficiencia energética, la obligatoriedad de la certificación de eficiencia energética de los edificios nuevos que ha introducido el Código Técnico de Edificación y la obligatoriedad de la misma para los edificios ya existentes que entrará en vigor en breve, hace que las mejoras en el consumo eficiente de la energía dentro de los edificios sea un logro tangible. Valga de muestra un botón, el consumo energético de una vivienda con certificación A (la más eficiente) es un 86,4 % menor que el de una vivienda G (la menos eficiente).

Nótese que, para una nación como España, el déficit energético representa el 4 % de nuestro PIB con datos de 2011, por tanto, cualquier ganancia en eficiencia energética sería bienvenida si además de lograrse en los hogares se alcanza en la industria.

El segundo camino hacia ciudades más inteligentes es la regulación del autoconsumo energético, concepto éste íntimamente ligado al del balance neto.

Foto: Quenergia.com

A partir del 31 de diciembre de 2018 para los edificios públicos y del 31 de diciembre de 2020 para todos los edificios de nueva construcción en España, deberá acreditarse su condición de edificios de consumo de energía casi nulo.

Se trata de un importante cambio en el sector energético pues el consumidor de energía se convierte también en productor de la misma al verse obligado a instalar sistemas de generación de energía a partir de fuentes renovables (miniaerogeneradores, calderas alimentadas esencialmente por biomasa, etc.).

En el caso de la energía eléctrica, la cantidad generada por la instalación de cada edificio se vierte a la red y en caso de que la generación sea inferior al consumo, el diferencial se suministraría procedente de otras fuentes a través de la empresa distribuidora.

Mediante un contador, el balance neto permite consumir la prioritariamente la energía producida y sólo cuando éste resulte insuficiente, comprar la energía restante al distribuidor. La energía generada por cada edificio y vertida a la red se pagaría a precios sin las primas de las que se benefician las tecnologías acogidas al régimen especial de tarifas.

En definitiva, el camino hacia ciudades más inteligentes desde el punto de vista del consumo energético sostenible se ha comenzado a recorrer.

Muchas de estas cuestiones están ya en la agenda investigadora de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medioambiente nacida de un acuerdo entre la Universidad de Sevilla y la Fundació Roger Torné. Así, acaba de finalizarse un estudio comprehensivo de las medidas de eficiencia energética desarrolladas en los países de la Unión Europea. Los primeros resultados de la valoración económica del daño de las emisiones de CO₂ en la salud se presentarán en marzo de 2013 y el planeamiento urbano inteligente forma ya parte de nuestros proyectos de investigación. En definitiva una agenda investigadora ambiciosa para responder a unos grandes desafíos.

Promotores de empleo al paro (José Manuel Cansino en La Razón 17/12/2012)

Las Administraciones Públicas, como las familias –que son quienes las financian–, deben jerarquizar sus recortes aunque cuando de despedir a alguien se refiere, todas las personas merezcan el mismo respeto.

Similar obviedad deja de serlo tanto cuando de lo que se trata es de elegir entre los servicios que se dejan de prestar, los que se reducen y los que se mantienen. Entonces, aunque todos los que pierden su empleo opinen que su labor es socialmente imprescindible, acaba resultando que –como en los gastos familiares– unos son más imprescindibles que otros.

Recortar linealmente, suprimiendo la paga extra o imponiendo una tasa de reposición casi nula, no es gestionar bien porque no todos los servicios satisfacen necesidades igualmente urgentes.

En los últimos días, la Junta de Andalucía ha decidido no sólo prescindir de los denominados «promotores de empleo» sino también de los «asesores de empleo» que trabajaban para el SAE. Personas cuya tarea principal era agilizar la conexión entre los demandantes de empleo y los oferentes del mismo.

Cualquier ex empleado público de la Sanidad o de la Educación puede pensar que su labor era menos prescindible que la de estos nuevos desempleados. Es posible que sea así pero en el caso de los inminentes ex trabajadores del SAE concurren dos agravantes que desde el punto de vista económico no son menores.

Hace pocas fechas y desde estas mismas páginas traíamos a colación dos recientes estudios científicos que analizaban la efectividad de las diferentes «políticas activas de empleo». Los estudios a los que me refiero son el de Jochen Kluve, publicado por la reputada revista «Labour Economics», y el publicado por este mismo autor junto con David Card y Andrea Weber, en el no menos reputado «Economic Journal».

Los estudios eran inconcluyentes en los efectos de algunas políticas de empleo. Por ejemplo, y a pesar de lo que habitualmente se piensa, las políticas de formación de desempleados no tienen unos efectos inequívocamente positivos. Es posible que a ello contribuyan los escandalosos e impunes «mangazos» presupuestarios de las más variopintas asociaciones «amigas del poder» que recibían subvenciones para desarrollar cursos de formación aunque semejante tarea les fuese extraña. En lo que sí coincidían los estudios publicados era en que los servicios públicos de empleo suponían la política activa más eficaz para reducir el desempleo. Un desempleo que en el caso de Andalucía asfixia al 35,4% de la población activa y además lo hace de una manera pertinaz.

Éste es el primer agravante que concurre en el despido del personal del SAE, es decir, debilita al más eficaz mecanismo de lucha contra el desempleo que, además, es el principal problema de la economía española y andaluza.

En el fondo trasluce un grueso desinterés de los representantes políticos por conocer el efecto de las políticas que desarrollan. Y es que no tiene sentido persistir en emplear recursos en políticas cuya eficacia se desconoce y que perviven en el presupuesto sólo porque tienen una gran repercusión mediática o porque a través de ellas se paniaguan a los amigos mediante subvenciones obscenas.

La evaluación de políticas públicas es la que permite gestionar lo más eficazmente posible el dinero de todos, precisamente, porque permite reforzar presupuestariamente las más eficaces, prescindir de las inútiles y corregir aquellas que deban mejorarse. Un papel más central de la evaluación de las políticas públicas no sólo sumaría transparencia a la gestión sino que, además, reforzaría la calidad del Gobierno.

Pero hay un segundo agravante en el despido de estas personas y es que alguno de sus portavoces ha denunciado que el trabajo que realizaban no se ajustaba al cometido para el que fueron contratados y que, esencialmente, consistía en entrevistarse con las empresas y particulares que necesitaban contratar a personas, definir el perfil de los puestos de trabajo a cubrir, inventariarlos y favorecer que las personas desempleadas encontrasen un empleo y las empresas, buenos candidatos.

De ser esto cierto la Administración hubiera repetido el mal ejemplo de emplear recursos para fines diferentes para los que fueron contratados; una cuestión que habría de resolverse judicialmente pero que redundaría en la ineficacia en la lucha contra el desempleo. En definitiva, el primer problema de la nación y de la región andaluza, que va camino de sumar los 2,7 millones de desempleados.

Aunque el igualitarismo imperante en la actualidad no lo soporte y cada persona despedida de su trabajo vive su propio drama, las administraciones, como sucede con las familias, no pueden aplicar un criterio de recorte lineal porque no todos los servicios públicos atienden necesidades igualmente acuciantes.