Los andaluces pagaremos en 2013 casi 1.050 millones de euros
sólo por los intereses por la deuda pública que tenemos contraída. Aunque
llamativa, la afirmación no es del todo correcta pues esos intereses los
pagamos no sólo los andaluces sino todos los españoles a través de un sistema
de financiación que incluye entre sus fuentes transferencias de dinero entre
regiones.
Además, la Junta de Andalucía seguirá endeudándose y es que
pese a haber recortado su presupuesto en unos 1.300 millones respecto a 2012,
aún necesitará pedir prestados casi 5.000 millones para cubrir el déficit
previsto.
No habrá problema en conseguir el dinero que a la Junta le
falta para cuadrar sus cuentas. Efectivamente, no habrá problema gracias a la
pertenencia a una Nación común que le permite acceder a fondos como el de
liquidez autonómico o emitir deuda pública con la garantía del Estado Español
que no sólo con la garantía regional. Si hubiese que conseguir que nos
comprasen la deuda con sólo la garantía local, los intereses a pagar o serían
prohibitivos (y ya son muy elevados) o directamente, nadie nos prestaría.
Esta es la gran fortaleza de pertenecer a una Nación sólida
que unos se empeñan en desguazar, otros se avergüenzan de invocar y otros
estamos decididos a fortalecer.
Pero el sistema de transferencias que nos permite colocar la
deuda y atender servicios esenciales y mantener sueldazos a personajes perfectamente
prescindibles insertados en una administración paralela, es un sistema de
transferencias que sólo se sostiene si pervive la cohesión nacional.
Y hay que reconocer que también aquí es cierto el “no todo
vale”. Por ejemplo, el discurso secesionista catalán cala bien en una sociedad
que sufre como las demás la crisis económica y además está convencida de que
estaría mejor atendida sin compartir su dinero público con el resto de España.
Incluso aceptando la parte que se roba y se lleva a cuentas en Suiza, están
convencidos de que ha terminado el tiempo de las actuales transferencias.
Impera un sentimiento nacionalista que emana de las cuentas
corrientes y que para muchos podría acabar alumbrando un Estado que se
gobernara con sólo las reglas de un sistema bancario.
Pero también se consolida una pregunta certera sobre si las
transferencias, tres décadas después del engendro autonómico que ya sólo
defienden con convicción quienes viven de él, deben ir siempre desde los mismos
pecheros (los que apechugan con impuestos) a los mismos beneficiarios.
Tres décadas después de un mecanismo de transferencias tal,
el ranking de renta per cápita de regiones españolas permanece casi inalterado
en sus extremos superior e inferior. Y es aquí cuando los que pagan –o creen
que pagan según resulta de unas balanzas fiscales viciadas en origen- se
preguntan ¿para qué sirve la parte de sus impuestos que transfirieron por razón
de solidaridad nacional?, es decir, la parte de los impuestos que no fueron a
parar a Suiza o a las acaudaladas cuentas de la clase dirigente de izquierdas y
de derechas.
Aún hay versiones más elaboradas de esta pregunta, por
ejemplo, ¿por qué tengo yo que pagar peaje en autopistas cuando –digamos en el
Sur- se jactan de tener autovías gratuitas que, además, se cofinancian con
“mis” impuestos?
Una parte no pequeña del problema separatista que llevamos
soportando durante décadas se fundamenta en el mal uso del dinero que emana de
la solidaridad nacional. Decir otra cosa es mentirnos a nosotros mismos como
también lo es para la élite separatista creerse que su apoyo social se arraiga
en la desafección de sus votantes a la Nación española antes que en la
necesidad económica provocada por la actual crisis.
No sólo hay que poner en solfa los resultados de unas
balanzas fiscales amañadas –en esto las investigaciones de Ángel de la Fuente
son indispensables- sino también el muy discutible uso que durante decenios se
ha hecho del dinero recibido en el marco de un estado autonómico que es ya
insoportable.
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