La
desaprobación social de la desigual distribución de la renta está bien
extendida en España. Esto explica el fuerte respaldo electoral de los partidos
instalados en el denominado "consenso social demócrata" y que, en la
práctica y bajo siglas muy dispares, son todos. Esto es, todos son partidarios
de un sistema redistributivo basado en impuestos progresivos y programas de
transferencia de renta.
Sobre
este lugar común en el que se encuentran todos los partidos con apenas
diferencias de unos pocos puntos de alza o rebaja en los tipos impositivos,
suelen faltar los datos que nos digan cuánto de redistributivo es el sistema
público español en comparación con el contexto internacional.
Estos
datos los ponen Janet Gornick y Branco Milanovic, ambos profesores de la
Universidad de Nueva York.
Aunque
su análisis se centra en el caso de EEUU, nos aporta los datos que permiten
replicarlo para España. Para entenderlo sólo necesitamos manejar un concepto
estadístico elemental; el Índice de Gini. También aquí viene la Wikipedia en
nuestro auxilio para decirnos que el Índice de Gini es un número que toma
valores entre 0 y 1, el valor 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos
tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta
desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).
Con
esto en la mano, los profesores citados han calculado el Índice para 19 países
-entre ellos España-. Lo calculan para el conjunto de los hogares y diferencian
entre el valor que toma cuando se consideran directamente los ingresos
procedentes del mercado (principalmente salarios y rendimientos del ahorro) y
el que toma una vez que se expone a los hogares al pago de impuestos y a la
posible recepción de transferencias del Estado.
La
diferencia entre el valor que toma el Índice de Gini con los ingresos del
mercado y el valor que toma después de "pasar" a los hogares por los
impuestos y los subsidios, da una imagen cercana de la magnitud de la
redistribución de la renta en cada país. Así, una fuerte reducción desde el
valor de mercado al valor del Índice después de impuestos y transferencias nos
dirá que en el país en cuestión el sector público es fuertemente redistributivo
y, por tanto, reduce considerablemente la desigualdad entre los hogares más
ricos y los más pobres.
Vista
en términos absolutos, la desigualdad de los ingresos del mercado es alta en
España (su valor es de 0,51 siendo 0 el valor de la equidistribución). Sin
embargo, en términos comparados con el resto de países, el nivel de desigualdad
en España no se distancia mucho de los demás. Varios países tienen niveles
similares o superiores de la desigualdad en los ingresos directos de mercado.
En términos de esta desigualdad, España se sitúa en el quinto lugar junto a
Francia y a no mucha distancia del resto de países ricos del mundo.
No obstante, cuando se considera la desigualdad de la renta
disponible (una vez pagados los impuestos y recibidos los subsidios por
aquellos hogares que tienen derecho legal), España sube a la tercera posición
(0.33) ex equo con Australia, Italia y Grecia, pero casi al mismo nivel que
Estonia, Canadá y Polonia. El menor nivel de desigualdad lo exhibe Dinamarca
(0.25) y Noruega (0.24). En definitiva, la intensidad redistributiva del
sistema español está muy homologada internacionalmente pero a una distancia
notable de dos claros ejemplos de países con un fuerte Estado del Bienestar.
Es
posible ser aún más preciso en esta cuestión sobre la que se suele pasar
argumentando muchos lugares comunes y pocas cifras. Por ejemplo, repárese en
que el grado de redistribución se puede calcular por la diferencia entre los
dos valores del índice de Gini. Así las cosas, España y Francia tienen el mismo
grado de desigualdad en la renta de mercado pero la redistribución en Francia
es de 22 puntos y en España de 18. El país con mayor intensidad redistributiva
es Irlanda 29.
Las
posibilidades de mantener o modificar el sistema público de redistribución de
la renta depende de varios factores, dos son especialmente determinantes; el
demográfico y el funcionamiento del sistema impositivo. Sobre este último se
cierne una amenaza que erosiona gravemente su capacidad recaudatoria y, por
tanto, la posterior capacidad redistributiva del sistema.
La
amenaza es el impacto de la percepción del nivel de corrupción en el fraude
fiscal de un país. Es un resultado conocido que cuando la primera aumenta lo
hace también el segundo. Este es un desafío no menor ante el que España se
enfrenta.
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