Lo que aquí se propone es una medida directa y factible que
ayudará a mejorar nuestro sistema educativo y económico a medio plazo.
Pocos discuten que entre la calidad del sistema educativo y
la fortaleza de un sistema económico y social (valga la redundancia) existe una
relación directa. Esto, sin embargo, es más una percepción derivada del sentido
común que de la evidencia empírica. Los análisis cuantitativos que miden la
relación entre el crecimiento económico de las naciones y la calidad de su
'capital humano' no siempre capturan nítidamente esa relación. Pero eso sólo da
pistas de las limitaciones de las herramientas de medida o de la calidad de los
datos empíricos disponibles para la investigación.
Desde la década de los ochenta del siglo pasado son varias y
muy diferentes las reformas de las administraciones públicas orientadas a
mejorar la eficiencia y la calidad con la que los empleados públicos prestan
sus servicios y atienden a los usuarios. El propio concepto de 'usuario' fue un
logro de estas reformas.
Uno de los retos más difíciles que han intentado superar
estas reformas ha sido el de vencer los comportamientos acomodaticios de los
empleados públicos que se saben seguros en sus puestos de trabajo. Desde la
pérdida de la propia condición de empleado 'de por vida' que impulsó la reforma
canadiense hasta los mecanismos de incentivos vía complementos salariales,
existe un amplio abanico de fórmulas que se han ensayado con diferente fortuna.
Todas tuvieron que vencer la natural oposición de quienes han valorado mucho la
comodidad de un puesto de trabajo inmune a los resultados que se presentan al
final de cada año.
El Cuerpo de Catedráticos de Enseñanzas Secundarias es una
excelente vía para incentivar al profesorado en el desarrollo de su carrera
hacia la excelencia de su trabajo que es tanto como decir hacia una sociedad
mejor formada. Aunque el 3 de enero de 2008 apareció la relación de profesores
(jubilados y en activo) que tenían tal condición en Andalucía, parece que han
dejado de convocarse estos concursos.
Desde luego no se puede achacar sólo a las restricciones
presupuestarias la ausencia de tales convocatorias. Probablemente también y en
no poca medida al imperio de una visión igualitarista entre la profesión
docente que rechaza cualquier distingo de unos frente a los demás; una suerte
de repudio a la aristocracia del saber por parte de quienes con esto buscan
esconder su desmotivación.
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA) ha
demostrado una buena capacidad de trabajo en los procesos de selección y
acreditación de muchas administraciones públicas y entidades privadas que han
recurrido a sus servicios para que se ocupasen de evaluar la calidad de los
aspirantes a una mejor plaza o vacante. Como toda institución humana es
perfectible pero ha mostrado su inmunidad a presiones de parte, partidos y
'lobbies' varios. España podría encontrar aquí una vía factible y poco costosa
de desbloquear las carreras de los profesores de enseñanzas secundarias
concertando la evaluación de los aspirantes a la condición de ‘Catedrático’ por
una misma agencia evaluadora a nivel nacional. La ANECA sería una buena
elección.
No solo se lograría incentivar eficazmente el trabajo de
miles de profesiones sino también, lo que es socialmente más relevante, mejorar
las competencias y formación de los estudiantes. Para mayor abundamiento sería
esta una vía si no de recentralizar las competencias educativas en la
Administración General del Estado, sí desde luego de unificar los criterios de
calidad y con ello contribuir con éxito a reducir la desigualdad según regiones
de resultados académicos tan sangrante que hoy soporta España.
Esto que proponemos podría muy bien extenderse al cuerpo de
maestros, al que la sociedad española debe mucho más que dedicarle un día al
año del calendario escolar. La creación de una figura análoga a la del
Catedrático de Enseñanzas Secundarias es fácil de trasladar a este cuerpo. El
sistema de evaluación debería ser similar en aras de garantizar que los
españoles -igualados por la Nación en libertad y derechos- tengamos más cerca
el acceso a una educación de calidad con independencia del lugar de residencia
pues no los territorios sino las personas somos los que ostentamos derechos.
En una última vuelta de tuerca a este razonamiento, caben
para el resto de cuerpos de las Administraciones Públicas -incluso de todos los
empleados públicos- sistemas parecidos. Pocas veces de manera tan sencilla y
con relativamente pocos recursos, se podrían conseguir muy buenos resultados.
El imperio de dos 'ismos' serían las dos grandes barreras a vencer: el
igualitarismo y los particularismos regionales. Merece la pena en aras de una
mejor educación blindada de los vaivenes políticos.
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