DE LA PEQUEÑA A LA MEDIANA PYME (José Manuel Cansino en La Razón el 24/11/2014)

Una de las razones para entender por qué EEUU ha salido antes y con más intensidad de la crisis financiera hay que buscarla en la manera en la que los norteamericanos colocan su ahorro. Los ahorradores norteamericanos acostumbran a colocan una buena parte de su ahorro en acciones de empresas. Con esa decisión el ahorrador estadounidense elige directamente al inversor al que quiere financiar. Esto es, sobre la base de que quienes toman las decisiones privadas de inversión en una economía son las empresas, el ahorrador norteamericano decide a qué empresas va a financiar con su ahorro especialmente cuando la empresa decide captar los recursos mediante una ampliación de capital.

En España y en Europa, la mayoría de las empresas se financian a través del sistema financiero con préstamos o créditos. En otras palabras, el ahorrador europeo –a diferencia del estadounidense- deposita sus ahorros en el banco y éste los transforma en préstamos que ofrece a las empresas. El ahorrador español no conoce a los inversores a los que acaba financiando a través de su banco.

Consecuencia de lo anterior es que el papel central que el sistema financiero juega en Europa no lo tiene en EEUU y, por tanto, cuando entra en crisis como en 2007, las consecuencias son mucho menos graves en Norteamérica que en el viejo continente. Esto ha permitido a EEUU salir antes y mejor de la crisis financiera que su propia economía desató con las hipotecas ‘subprime’. Todo esto lo explicó hace unos días el profesor Serrano Sanz en la Universidad de Sevilla en la sesión inaugural de su reputado Máster en Economía Bancaria.

La lección aprendida debería ser que España y Europa necesitan mejorar la relación directa entre ahorradores y empresas inversoras lo que, conociendo el tejido empresarial español, se traduce en mejorar el conocimiento que los ahorradores tienen de las PYMES. Sólo cuando los primeros tienen una información suficiente de las segundas es posible que prefieran destinar sus ahorros a la compra de acciones que a depositarlo en el banco.

Lo anterior debe conjugarse con la necesidad que la PYME andaluza tiene de redimensionarse pasando de ser ‘pequeña’ a ‘mediana’ empresa. La razón es que la mayoría de los concursos privados y públicos para la contratación o subcontratación de tareas exigen un tamaño mínimo que no superan las empresas andaluzas que quedan así fuera de mercado. Si se facilitan las ampliaciones de capital, se abriría una vía hacia el aumento de tamaño empresarial.

Precisamente esta idea de acercar a ahorradores y a PYMES fue la que ha estado tras el desarrollo en España del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) inspirado, en buena medida, en el modelo británico. El MAB es una bolsa donde cotizan PYMEs que han superado unas exigencias de transparencia y solvencia similares a las que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) exige para cotizar en la bolsa convencional española.

Sin embargo y a pesar de las exigencias de la CNMV, el desarrollo del MAB se ha visto frenado por dos sonoros fracasos que han asustado a los pequeños ahorradores que debían jugar un papel principal. Así me lo señala el profesor Diego Barbadilla de la Universidad de Sevilla; uno de los principales expertos en marcado bursátil y financiero de Andalucía. El primero fue el protagonizado por la empresa barcelonesa Zinkia productora del famoso ‘Pocoyó’, cuyos capítulos se visionan una media de 15 millones de veces al mes en la plataforma ‘Youtube’. El segundo fracaso ha sido más reciente y mediáticamente más relevante. Se trata de la empresa española de wi-fi ‘Gowex’.

En el origen de estos dos sonoros fracasos está la calidad de las auditorías en las cuentas de ambas empresas. Cuando la veracidad de las cuentas se pone en solfa, los accionistas se deshacen de las acciones rápidamente provocando que su precio caiga a plomo. Sin el supervisor tanto de la Bolsa española como del MAB no resuelve este problema (que no es exclusivo de España sino mundial), millones de ahorradores seguirán siendo remisos a comprar directamente acciones, fundamentalmente de PYMEs.

Efectivamente, la supervisión de la veracidad de las auditorías no está entre las competencias autonómicas. Afortunadamente, habida cuenta de lo carísimo que ya resulta un modelo regional que replica 17 veces la estructura estatal. Sin embargo, las autoridades regionales sí disponen de instrumentos de apoyo a las PYMEs que quieran entrar a cotizar en el MAB. Sería una buena forma de facilitar la captación de recursos directa de los ahorradores. Nuestra recomendación sería aperturar un servicio de apoyo a las empresas que quieran emprender este camino. Un servicio que siempre recomendamos que sea cofinanciado entre la Administración Pública y la empresa.

EL PETRÓLEO NO ENCUENTRA LA GASOLINERA (José Manuel Cansino en La Razón el 17/11/2014)

La caída del precio mundial del petróleo por debajo de los 80 dólares por barril está pasando de ser un tema que sólo concierne a los expertos a motivo de conversación de barra de bar. Pocos recursos nos afectan tanto como este combustible de origen fósil hasta el punto de tener que reconocer que el mundo occidental (en sentido económico y no geográfico) es un mundo ‘petroalcohólico’.

Hay tres derivas de esta bajada del precio del crudo; una económica, otra geopolítica y una última, medioambiental. Cada lector puede poner el orden de prioridad que desee pero todas ellas están directa pero también difusamente relacionadas.

Efectivamente el petróleo (el barril Brent de referencia en Europa) ha perdido en apenas cuatro meses una cuarta parte de su valor hasta marcar mínimos de los últimos cuatro años. La semana pasada ya perdió el nivel de 80 dólares el barril. Esto tiene dos efectos económicos directos; el primero es el de un abaratamiento en los costes de producción de las economías importadoras siempre que el menor precio del petróleo se traslade a los precios de la energía final (básicamente electricidad o combustibles derivados del petróleo). Según un cálculo del Financial Times, la bajada del precio del petróleo equivaldría a una inyección  en la economía global de 660.000 millones de dólares.

El segundo efecto económico permite enlazar con la deriva geopolítica del abaratamiento del petróleo. Con un precio por debajo de los 80 dólares el barril es posible que dejen de ser rentables los yacimientos de petróleo no convencional (‘shale oil’) y los situados en aguas ultraprofundas. Los primeros se explotan mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking) que supone inyectar en la tierra a alta presión agua con una mezcla química para romper la roca y liberar petróleo o gas atrapado en ella. La técnica requiere que la perforación sea continua. Aunque no son pocos los países con este tipo de yacimientos, EEUU es el que mayor uso ha hecho de ellos hasta el punto de cambiar su rol de importador a exportador de petróleo. Los yacimientos en aguas ultraprofundas más importantes hasta ahora están en Brasil.

¿Es rentable explotar estos yacimientos a precios por debajo de los 80 dólares? La extracción de un barril de petróleo convencional en Arabia Saudí (el mayor productor mundial de crudo) tiene un coste de entre cuatro y seis dólares, mientras que utilizando la fracturación hidráulica en EEUU cuesta de media entre 50 y 70 dólares. Hay analistas que sostienen que al precio actual, el 50% del petróleo no convencional estará fuera del mercado. Esto explicaría que Arabia Saudí estuviese dispuesta a mantener el precio del petróleo incluso por debajo de los 70 dólares durante los próximos dos años. Su posición dentro de la OPEP es radicalmente contraria a la de Venezuela, partidaria de reducir la producción de crudo para subir los precios. No obstante, el interés de los sauditas trasciende lo económico.

Un petróleo barato es un mal escenario para países como Irán, Irak y Siria, lo que es tanto como decir que es malo para los chiítas; un resultado muy valorado por el principal productor mundial de crudo.

La tercera deriva de la caída del precio del crudo es de índole medio ambiental. Hoy nadie discute que el sector energético tiene un papel protagonistas en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de origen antropogénico. Las preguntas serían ¿en cuánto puede aumentar la demanda de petróleo en respuesta a su abaratamiento y en cuánto aumentarían las emisiones de GEI?

Si ponemos el foco en la parte de la energía eléctrica que se genera a partir de derivados del petróleo, los datos en España nos dicen que en el caso de abaratarse la factura eléctrica, la reacción de la demanda será muy limitada. Por cada euro que disminuya el recibo de la luz, la demanda de los hogares repuntaría en no más de 30 céntimos. Algo parecido ocurriría si la bajada del precio del petróleo se trasladase a los precios de los combustibles a pie de gasolinera –algo que aún no se ha producido ni los precedentes auguran bajadas significativas-.

Sin embargo, la demanda de energía sí es mucho más sensible a cambios en la renta disponible y ello porque la demanda de equipos electrónicos de los hogares responde mucho a cambios en la renta. Por tanto, si el menor precio del petróleo se trasladase a los precios finales de la electricidad, el repunte de las emisiones de GEI vendría no por un aumento directo de la demanda de electricidad vía bajada de precio sino por un aumento indirecto vía mayor equipamiento electrónico de los hogares. La lección es clara; hay que poner el foco en conseguir equipamientos energéticamente eficientes.

Pero todo pasa porque la bajada del precio del crudo nos dé un alivio en la cartera. 

CATEDRÁTICOS DE INSTITUTO (José Manuel Cansino en La Razón el 10/11/2014)

Lo que aquí se propone es una medida directa y factible que ayudará a mejorar nuestro sistema educativo y económico a medio plazo.

Pocos discuten que entre la calidad del sistema educativo y la fortaleza de un sistema económico y social (valga la redundancia) existe una relación directa. Esto, sin embargo, es más una percepción derivada del sentido común que de la evidencia empírica. Los análisis cuantitativos que miden la relación entre el crecimiento económico de las naciones y la calidad de su 'capital humano' no siempre capturan nítidamente esa relación. Pero eso sólo da pistas de las limitaciones de las herramientas de medida o de la calidad de los datos empíricos disponibles para la investigación.

Desde la década de los ochenta del siglo pasado son varias y muy diferentes las reformas de las administraciones públicas orientadas a mejorar la eficiencia y la calidad con la que los empleados públicos prestan sus servicios y atienden a los usuarios. El propio concepto de 'usuario' fue un logro de estas reformas.

Uno de los retos más difíciles que han intentado superar estas reformas ha sido el de vencer los comportamientos acomodaticios de los empleados públicos que se saben seguros en sus puestos de trabajo. Desde la pérdida de la propia condición de empleado 'de por vida' que impulsó la reforma canadiense hasta los mecanismos de incentivos vía complementos salariales, existe un amplio abanico de fórmulas que se han ensayado con diferente fortuna. Todas tuvieron que vencer la natural oposición de quienes han valorado mucho la comodidad de un puesto de trabajo inmune a los resultados que se presentan al final de cada año.

El Cuerpo de Catedráticos de Enseñanzas Secundarias es una excelente vía para incentivar al profesorado en el desarrollo de su carrera hacia la excelencia de su trabajo que es tanto como decir hacia una sociedad mejor formada. Aunque el 3 de enero de 2008 apareció la relación de profesores (jubilados y en activo) que tenían tal condición en Andalucía, parece que han dejado de convocarse estos concursos.

Desde luego no se puede achacar sólo a las restricciones presupuestarias la ausencia de tales convocatorias. Probablemente también y en no poca medida al imperio de una visión igualitarista entre la profesión docente que rechaza cualquier distingo de unos frente a los demás; una suerte de repudio a la aristocracia del saber por parte de quienes con esto buscan esconder su desmotivación.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA) ha demostrado una buena capacidad de trabajo en los procesos de selección y acreditación de muchas administraciones públicas y entidades privadas que han recurrido a sus servicios para que se ocupasen de evaluar la calidad de los aspirantes a una mejor plaza o vacante. Como toda institución humana es perfectible pero ha mostrado su inmunidad a presiones de parte, partidos y 'lobbies' varios. España podría encontrar aquí una vía factible y poco costosa de desbloquear las carreras de los profesores de enseñanzas secundarias concertando la evaluación de los aspirantes a la condición de ‘Catedrático’ por una misma agencia evaluadora a nivel nacional. La ANECA sería una buena elección.

No solo se lograría incentivar eficazmente el trabajo de miles de profesiones sino también, lo que es socialmente más relevante, mejorar las competencias y formación de los estudiantes. Para mayor abundamiento sería esta una vía si no de recentralizar las competencias educativas en la Administración General del Estado, sí desde luego de unificar los criterios de calidad y con ello contribuir con éxito a reducir la desigualdad según regiones de resultados académicos tan sangrante que hoy soporta España.

Esto que proponemos podría muy bien extenderse al cuerpo de maestros, al que la sociedad española debe mucho más que dedicarle un día al año del calendario escolar. La creación de una figura análoga a la del Catedrático de Enseñanzas Secundarias es fácil de trasladar a este cuerpo. El sistema de evaluación debería ser similar en aras de garantizar que los españoles -igualados por la Nación en libertad y derechos- tengamos más cerca el acceso a una educación de calidad con independencia del lugar de residencia pues no los territorios sino las personas somos los que ostentamos derechos.

En una última vuelta de tuerca a este razonamiento, caben para el resto de cuerpos de las Administraciones Públicas -incluso de todos los empleados públicos- sistemas parecidos. Pocas veces de manera tan sencilla y con relativamente pocos recursos, se podrían conseguir muy buenos resultados. El imperio de dos 'ismos' serían las dos grandes barreras a vencer: el igualitarismo y los particularismos regionales. Merece la pena en aras de una mejor educación blindada de los vaivenes políticos.

YACIMIENTOS DE MANGAZOS (José Manuel Cansino en La Razón el 2/11/2014)

En 1993 el conocido como el Libro Blanco de Delors acuñó el concepto de “Nuevos Yacimientos de Empleo”. Lo hizo con tanta fortuna que llegaron a formar parte de las políticas y programas de empleo de todos los países de la Unión Europea. Posteriormente fueron transformándose según evolucionó la sociedad hasta llegar a perder su sentido con el crecimiento económico de finales de los 90 asociado a la burbuja financiera que estalló entre 2007 y 2008.

Aunque no fue catalogada como un yacimiento de empleo, la formación ocupacional y la formación para los colectivos con mayor dificultad de acceso al empleo fortaleció su papel como política activa de empleo en la Unión Europea. Ocurrió en los mismos años en los que hicieron fortuna los “Yacimientos de empleo” como piedra angular de la estrategia europea para reducir el desempleo. Las políticas de formación ya existían pero en aquellos años tomaron una dimensión desconocida gracias a los fondos comunitarios que las nutrieron. De esta forma, dedicarse a la “formación” fue en sí mismo otro “Yacimiento de empleo”.

En España, desde los ochenta y noventa del siglo pasado se asumió que era necesario mejorar la intermediación entre oferta y demanda de puestos de trabajo. Siempre hemos tenido entorno a diez puntos porcentuales de desempleo por encima de la media europea y Andalucía unos veinte puntos. En la práctica esto supuso que la formación se realizara de forma descentralizada en centros de formación que podían ser de titularidad privada y financiados con fondos públicos a través de centros propiedad de asociaciones empresariales o sindicales. Nunca se puso en marcha un sistema de evaluación de estas políticas que condicionase mantener la subvención pública a un centro de formación a que éste acreditase que la empleabilidad de sus alumnos hubiese mejorado de manera significativa. El resultado de todo esto se ventila ahora en los tribunales. Lo que fue una ‘Yacimiento de empleo’ se convirtió en un ‘Yacimiento de mangazo’.

En 2008, la Comisión Europea puso en marcha el paquete de medidas que definió el famoso Horizonte 2020 y que para ese año fijaba como objetivos la reducción del 20 % de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y del consumo de energía así como el aumento hasta el 20 % de las energías renovables en el mix energético de cada país. El logro del segundo de los objetivos (la reducción del consumo energético) obligaba a un gran esfuerzo en materia de eficiencia energética hasta el punto de que las empresas de servicios energéticos que asesoraban a otras empresas, particulares y administraciones públicas sobre la mejor forma de ahorrar consumo energético se convirtieron en un negocio emergente. Un nuevo yacimiento de empleo en plena situación de recesión económica.

El Ministerio de Industria español aprobó en 2011 el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética para promover el logro del mencionado objetivo en España. De entre las medidas de apoyo al logro de tan importante objetivo estaban los sempiternos subsidios pero también se mantenía la pertinaz ausencia de sistemas eficaces de auditoría que sancionasen a los beneficiarios de subsidios que, finalmente, no los lograsen porque, en puridad, sólo buscaban pegar un ‘mangazo’ de la subvención pública.

La denominada ‘Operación púnica’ que ha supuesto la detención de una parte muy destacada de los cuadros dirigentes del Partido Popular ha revelado que parte de los 250 millones de euros presuntamente adjudicados irregularmente, lo fueron a una empresa que asesoraba a los ayuntamientos salpicados en planes de eficiencia y ahorro energético. La eficiencia, en estos casos, como la formación en muchos otros, ha pasado de convertirse en una legítima oportunidad de negocio en un nuevo ‘Yacimiento de mangazo’.

Pero como en la formación, España se juega mucho en la reducción de su consumo energético. Somos uno de los seis primeros países europeos con la electricidad más cara. Esto debilita nuestra competitividad al aumentar en términos relativos los costes de producción. Particularmente en los sectores económicos intensivos en consumo de energía. Pero también afecta a los hogares y a su renta disponible después de tener que pagar facturas de la luz que no dejan de subir a pesar de las recientes y profundas reformas.

Aún podemos añadir un argumento adicional a la necesidad que España tiene de mejorar su eficiencia energética. El argumento tal es nuestra elevada dependencia externa en la energía primaria que se utiliza para generar energía eléctrica destinada al uso final por empresas y hogares.

Hay una impresión bastante extendida de que España ha hecho un uso poco eficaz de buena parte de los ingentes fondos estructurales y de cohesión que hemos recibido durante años de la Unión Europea. Esto ha sido una gran oportunidad perdida y un resultado muy diferente al de otros países como Irlanda, que sí utilizaron estos fondos más eficazmente.

La ‘operación púnica’ además de subrayar esta impresión de corrupción generalizada que tenemos en España, golpea el logro de un objetivo como el ahorro en el consumo energético que debe ser estratégico para nuestra Nación. No sólo porque estamos obligados a alcanzarlo por nuestros compromisos internacionales sino también porque es clave para la robustez de nuestra economía.

DE LAS ENCÍCLICAS AL SUPERMERCADO ¿UNA ECONOMÍA CRISTIANA? (José Manuel Cansino Muñoz-Repiso Boletín de la Hermandad de Los Estudiantes nº 51, Octubre 2014)

Millones de personas están convencidas de que la solución a los problemas de necesidad que aquejan a buena parte de la Humanidad, se resolverían con un tipo de organización económica “cristiana”. Esa organización económica se consideraría intrínsecamente justa y la única explicación para no alcanzar tal estadio habría que buscarla en la falta de voluntad humana ¿Es esto así?

Hay una parte de la Ciencia Económica de carácter descriptivo y carente de juicios de valor. De ella no cabe esperar Leyes justas o injustas sino meramente leyes económicas amorales. De esta forma no tendría sentido hablar de una ciencia económica cristiana como tampoco lo tendría hablar de una ciencia matemática cristiana.

Sin embargo, hay otra parte de la Ciencia Económica de carácter normativo y de frontera difusa con la anterior, en la que sí caben los juicios de valor y, a través de ellos, las consideraciones éticas. Pero, incluso en esta parte de la Ciencia Económica, si las recomendaciones normativas –la forma en la que organizar esta economía “cristiana”- están basadas en las conclusiones del análisis positivo (que estrictamente técnico), las recomendaciones decimos, serán de tipo técnico y no moral. Se trataría, en definitiva, de recomendaciones del tipo “dado que los recursos presupuestarios disponibles son limitados, el mayor nivel de bienestar social se logra empleándolos en A en lugar de B”, pero esa recomendación normativa no nace de la concepción de justicia de quien decide sino de los resultados del análisis económico descriptivo o técnico que mostrarían que gastando en A en nivel de bienestar es de C M euros mientras que gastando en B es de D Millones euros, siendo C > D.

En la práctica, sin embargo, los resultados científicos incontrovertibles que arroja la economía descriptiva son muy limitados. Como consecuencia, la discrecionalidad en la decisión muy amplia y, a través de ella, la influencia de consideraciones éticas.

La mayor parte de economistas aceptan que la elección entre Estados y Mercados es entre estados y mercados imperfectos. Más exactamente, la elección que en cada sociedad tenemos es una particular combinación de ambos; un porcentaje de intervención estatal y un porcentaje de mercado que varía de país a país y a lo largo del tiempo Las encíclicas papales también lo entienden así.

No obstante, desde San Juan Pablo II, hay en las encíclicas una reivindicación mayor de la sociedad civil para corregir tanto la distribución primaria de la renta como el resto de males que resumimos bajo las ideas de “necesidad” o “pobreza”. Frente a encíclicas anteriores más proclives a la intervención estatal hay, desde San Juan Pablo II, una llamada a la libertad.

La crisis actual de la que parece verse el final ha agudizado la incertidumbre y, si hoy se promulgase una nueva encíclica de contenido marcadamente económico, cabría esperar a la luz de las encíclicas previas, un retorno a posiciones críticas con la economía de mercado. Particularmente, con el funcionamiento de los mercados financieros. Sin embargo, es dudoso que tal crítica venga acompañada de la reivindicación de un mayor papel del Estado y ello, posiblemente, no sólo por una razón de ineficacia demostrada en la gestión económica sino por la prevención de la Iglesia Católica ante la deriva anticristiana en muchos estados.

Pero bajemos de las encíclicas al Supermercado. La Agencia Fides arrojaba como última estadística del número de católicos en el mundo, la correspondiente a 2002. Para ese año, la agencia vaticana contabilizaba a 1.070 millones de personas, lo que equivalía al 17,2 % de la población mundial.

¿Cuál sería la influencia de más de 1000 millones de consumidores si decidieran invertir sus ahorro sólo en aquellos fondos de inversión que tuviesen la certificación de ‘fondos éticos’ por incluir activos financieros sólo de empresas que acrediten tratar dignamente a sus trabajadores? ¿Cuál sería la influencia de más de 1000 millones de consumidores que decidieran premiar con su fidelidad a aquellas empresas que garanticen como parte de su programa de Responsabilidad Social Corporativa que jamás despiden a una empleada cuando se queda embarazada? ¿Qué poder tendrían 1000 millones de contribuyentes que deciden no llevarse su dinero a paraísos fiscales, sin ir más lejos, Gibraltar, porque quieren que con su dinero el estado financie programas de redistribución de renta? O en otros términos ¿pueden las sociedades permitirse prescindir de la acción redistributiva libre y voluntaria que al margen del estado, realizan estos más de 1000 millones de católicos en el mundo?

La Humanidad ya conoce las consecuencias nefastas de la planificación económica. También conoce que las virtudes de la economía de mercado se ajustan mucho más a los manuales teóricos que a las relaciones económicas cotidianas.

No hay sistemas económicos alternativos a aquellos que se sustentan en un juego de contrapesos entre el Estado y el Mercado. Las sociedades más convencidas de la capacidad de autosuperación de la persona, limitarán más el papel del Estado, y las más refractarias a la incertidumbre, buscarán la protección paternalista del Estado o de sus propias instituciones privadas. En cualquier caso, la Economía Cristiana no puede entenderse como una determinada versión confesional de la Economía sino como una forma de toma de decisiones económicas inspirada por nuestra Religión. Muchas personas lo hacen cotidianamente.

Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.