11,5 puntos son el diferencial
existente entre las cifras de desempleo para el conjunto de España y para la
región andaluza. Este y no otro es el resultado de comparar los números de la
Encuesta de Población Activa correspondiente al trimestre que va de julio a
septiembre de 2014.
El paro ha aumentado en Andalucía
en 18.800 personas durante ese trimestre de 2014 (creciendo un 1,34 % respecto
al trimestre anterior). Con esto son ya 1.419.100 los parados que residen en el
sur de España lo que, en términos de tasa de paro, la cifra escala hasta el 35,21 % frente al 23,67 % del conjunto de
la Nación. Este y no otro es el hecho diferencial andaluz con el rostro y
número de DNI de cada una de las personas que quieren trabajar y no pueden.
Cada vez que se publica este u
otro dato similar (por ejemplo el dato mensual de paro registrado), urgen las
valoraciones a beneficio de inventario de políticos, sindicatos y
organizaciones empresariales. Pocos momentos como estos nos regalan los
informativos para ver cómo de manera impúdica cada cual espiga el dato que
respalda su discurso –ora como gobierno, ora como oposición, ora como
sindicato, como empresario-. Datos espigados que se exhiben al tiempo que se
ocultan los incómodos.
Y como muestra adicional de la
sempiterna visión paternalista que tenemos en Andalucía y en buena parte del
resto de España, cada vez que el paro sube (lo que ahora ha ocurrido en
Andalucía pero no en media nacional), las miradas de vuelven hacia los
gobiernos. En el trasunto está el supuesto asumido mayoritariamente de que
corresponde a la Administración pública la creación de empleo y no a la
sociedad civil –léase empresarios- que sigue sin enarbolar la bandera de la
inversión y la creación de empleo.
En esta ocasión se ha pedido al
gobierno de la Junta de Andalucía que se evalúen los planes autonómicos puestos
en marcha contra el paro, la mayoría de ellos ligados a los Ayuntamientos. Unos
planes que pueden manejar unos 900 millones de euros. Esto es, que se demanda
algo tan razonable como evaluar el impacto en la empleabilidad de los
beneficiarios de los programas pagados con dinero del contribuyente. Es algo
que muchos economistas llevamos haciendo y reivindicando desde hace años sin
gran éxito. Es posible que esto se deba a que buena parte de los programas de
formación profesional, cuando se someten a evaluación rigurosa y anónima, no
ofrecen unos resultados inequívocamente positivos. Reconocer esto sería tanto
como poner en solfa todo un modus vivendi
de sindicatos y organizaciones empresariales que ahora está en manos de los
tribunales.
Corresponde a la Administración
Pública el diseño de las reglas que favorezcan la creación de empleo pero no la
creación directa del mismo más allá de lo que demande la cobertura de los
servicios públicos y no las aspiraciones de colocación de los amigos de unos y
otros.
Si seguimos atrapados en el
paternalismo que nos hace mirar a la Autoridad cuando corresponde a la sociedad
generar su propia prosperidad, estaremos como cuando en clase preguntamos a los
universitarios andaluces en qué quieren trabajar en el futuro respondiendo la
mayoría que “para la Junta de Andalucía”. Si continuamos equiparando la legítima
ambición por un futuro mejor a comportamientos egoístas e insolidarios,
estaremos perpetuando nuestro hecho diferencial por décadas enteras.
Hacer un inventario de las obras
civiles que han quedado inacabadas en los tres niveles de la administración
territorial y favorecer esquemas de cofinanciación, dar un papel central en
facilitar el acceso al crédito de las PYMES a las dos sociedades de garantía
recíproca existentes en Andalucía (Avalunion y Suraval), ayudar a evolucionar la
estructura empresarial andaluza desde la microPYME a la PYME de mayor tamaño (si
no es así, la reducida dimensión de las empresas las deja fuera de participar
como empresas auxiliares en sectores tan importantes como el aeroespacial, la
ingeniería civil o parte de la industria agroalimentaria); todas estas son propuestas
que podrían ayudar a reducir el desempleo en Andalucía.
El fuerte desempleo andaluz no
puede seguir esperando otro “boom inmobiliario” que lo elimine. En un mundo en
el que países en expansión conviven con regiones azotadas por el paro, el
empleo hay que buscarlo fuera. Las administraciones lo saben y deben ayudar a
eso a pesar de que es impopular. Naturalmente que esto debe hacerse
conjuntamente con el fomento de la creación de empleo, pero una y otra fórmula de
encontrar trabajo exigen tiempo distintos. Muy distintos.
Cansino tiene, naturalmente, toda la razón que otorga el conocimiento de las ·"leyes del mercado". Yo recuerfdo otra solución, la que tenían los regçomenes totalitarios: enun autobús o tranvia trabajaban el conductor, el cobrador y el revisor...aunque el sueldo se lo tenian que repartir, si se quiere mantener la productividad ¿No?.
ResponderEliminar