¿Qué pueden enseñar acerca del funcionamiento de las empresas profesores a los que la legislación les dificulta poner una mano en la gestión empresarial durante toda su vida académica? Éste fue uno de los desafíos que puso encima de la mesa el profesor José T. Raga con el rigor provocador que le caracteriza. Lo hizo con motivo de su intervención en la presentación del Programa de doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales de la Universidad de Sevilla. Efectivamente, el estatus de trabajar «a tiempo completo» hace muy difícil compartir la actividad docente y la profesional; algo que no ocurre, por ejemplo, con los profesores de las ciencias de la salud.
Y es que el equilibrio entre la oferta y la demanda tiene poco que ver con el acuerdo que se ha cerrado a finales de noviembre entre Repsol y el Gobierno argentino. Un acuerdo con implicaciones directas para la industria naval gallega que merece un análisis detenido por las varias implicaciones que conlleva.
Como es sabido, en abril de 2012 el Gobierno argentino expropió el 51 % de YPF, filial de la compañía española Repsol. Pocas certezas hay en economía pero una de ellas es que sin seguridad jurídica no puede desarrollarse el comercio. Por tanto, antes o después, el Gobierno argentino tenía que acordar un pago indemnizatorio por la expropiación. Recuperar la confianza de los inversores extranjeros en Argentina va a tardar en restablecerse pero mucho más si el acuerdo con Repsol no se hubiera cerrado.
Y es aquí que entró en juego –poco limpio– uno de los accionistas de Repsol: la empresa semipública Petróleos de México –Pemex–. Esta empresa es propietaria desde los años 90 del siglo pasado del 9,4 % del accionariado de Repsol y ha mostrado repetidamente su interés por ampliar su presencia bien comprando el 20% en manos de Sacyr o el 12% en poder de La Caixa. El interés de la compañía Repsol está no en sus yacimientos (expropiados) sino en su negocio de exploración.
Paralelamente, Pemex firmó en mayo de 2012 (justo después de la expropiación argentina) un contrato con la Junta de Galicia que implicaba el desarrollo de una inversión de 250 millones de euros y la generación de unos 2.500 empleos en el sector naval. Repárese en que lo que Pemex firma con la Junta de Galicia es un contrato y no un documento político. Así lo ha puesto de manifiesto un informe de la Abogacía del Estado.
Cualquier incumplimiento de un contrato por parte de una empresa semipública de la entidad de Pemex no sólo compromete la credibilidad de la empresa, también la del Gobierno copropietario.
El contrato de Pemex consistía en la construcción de 14 remolcadores, dos barcos-hotel y una gran plataforma logística en Punta Langosteira (La Coruña) para todo el suministro a Europa. Tengamos en cuenta que el petróleo que España importa del Golfo de México es una parte estratégica de nuestro mix de abastecimiento. Los contratos con la industria naval incumbían a las empresas Hijos de Barreras (Vigo) y Navantia (Ferrol).
¿Y qué tiene que ver la industria naval con la indemnización de Argentina a Repsol? Pues algo que desde luego no está en un gráfico de curvas de demanda y oferta.
La indemnización que el Gobierno argentino ha ofrecido es de 5.000 millones de dólares. En un primer momento, 1.500 millones en efectivo y 3.500 en activos petrolíferos en empresas de las que Repsol sería socio minoritario. Un acuerdo que fue rechazado por el Consejo de Administración de Repsol.
A partir de aquí, las informaciones que han trascendido evidencian que el Gobierno argentino ha utilizado el interés de Pemex de expandirse en el país austral a cambio de que presione para que Repsol aceptase el acuerdo.
La presión más visible pero no la única fue su anuncio de no cumplir sus compromisos con la industria naval gallega.
Las presiones menos visibles han podido ser las de intentar convencer tanto a Sacyr como a La Caixa para que votasen a favor de la propuesta argentina. De hecho, se llegaron a ofrecer a Sacyr suculentos contratos para la construcción de infraestructuras en Argentina. Finalmente, ni Sacyr ni La Caixa (que desarrolla el 76% de su negocio fuera de Cataluña) se plegaron a los intereses de Pemex.
La otra maniobra que ha trascendido de Pemex ha sido pedir la influencia del magnate mexicano Carlos Slim en favor de la oferta argentina a cambio del desarrollo de su empresa América Móvil en ese país.
El Gobierno español ha desplegado una intensa y eficaz labor diplomática (lleva haciéndolo desde la expropiación de YPF) que ha cambiado, por ejemplo, el futuro inmediato de la industria gallega.
Finalmente la oferta del Gobierno argentino aceptada por Repsol ha sido cambiar los 3.500 millones de euros en activos de valoración muy discutible por 3.700 millones en títulos de deuda pública (que, no obstante, tienen una alta calificación de riesgo). Además, Pemex ha desbloqueado sus compromisos con la industria naval gallega.
Hay varias lecciones que deben extraerse de este sórdido episodio de intereses.
La primera es que si la seguridad jurídica argentina ya había quedado en evidencia con la expropiación de YPF, la mexicana no ha salido, precisamente, bien parada.
La segunda es que los astilleros españoles deben seguir ganando en competitividad, por ejemplo como la que ya tienen en la construcción de buques metaneros, pero el resto del desarrollo del negocio nada tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda sino con el ejercicio de lobby y un eficaz servicio de inteligencia.
La tercera es que no puede ser práctica habitual de una industria salir a manifestarse para que sea el Estado quien le garantice la supervivencia. ¿Por qué los mineros o los trabajadores del sector naval pueden salir a exigir que el Gobierno reflote su industria y no lo hacen con el mismo eco los albañiles, periodistas o camareros?
Muchas de estas lecciones faltan en las facultades de Economía de nuestra Nación por esa obsesión por dificultar que quienes enseñan Economía tengan un contacto directo con las empresas; al menos como los docentes sanitarios tienen con los pacientes.
José Manuel Cansino
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