EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA (José Manuel Cansino -*- en La Razón el 24/6/2013)

Mi amigo José Antonio Peralta ha cambiado su estado de ‘watshapp’ a modo ‘segando’ lo que inequívocamente significa no sólo que en Andalucía estamos en campaña de recolección de trigo sino que las NNTT de la comunicación obran prodigios.

Para acercarse con rigor al mercado del trigo hay que hacerlo partiendo de dos premisas elementales. La primera es que se trata de un mercado internacional y, por tanto, el precio se fija internacionalmente en los principales centros de contratación. El más importante es la Bolsa de Chicago y su precio o sus precios son los que se toman como referencia. La segunda premisa es que la producción de trigo española es muy pequeña vista desde la perspectiva mundial. En otros términos, la producción española puede reducirse a cero o multiplicarse por diez sin que el precio internacional varíe significativamente. José Eutropio Lara, experto en la materia, lo explicó no hace mucho en la Facultad de Economía de la Hispalense.

Tanto para los productores y la industria auxiliar, como para los consumidores, es interesante conocer la correlación de precios entre los mercados internacionales y los nacionales.

Hay que advertir que la unidad física de negociación en esa Bolsa de Chicago es el ‘bushel’ o fanega. De manera que para convertir el precio o cotización de Chicago a toneladas (Tm) hay que tener en cuenta que una Tm de trigo equivale a 36,7 ‘bushels’.

Así las cosas, según el Banco Mundial el precio internacional del trigo estaba en el pasado mes de mayo en torno a 245,79 euros la Tm, lo que suponía un considerable descenso desde los 281,6 alcanzados en el mes de noviembre de 2012.

Existe una diferencia no pequeña entre el precio internacional del trigo y el precio del mercado nacional. El sindicato de productores ASAJA ofrece en su web una información muy útil a partir del precio que se alcanza en las lonjas más importantes y el precio promedio que construye el Ministerio de Agricultura.

Por ejemplo, el precio promedio para el conjunto de España en la primera semana del mes de junio fue de 262,8 euros pero la semana pasada el precio en la lonja de Salamanca cerró a 236 euros/Tm, es decir, 17,01 euros menos respecto al precio que el Banco Mundial daba para el mes de mayo. No es la primera vez que se constata una bajada de precios al iniciarse la campaña.

Esto último apunta a una clara política de fijación de precios por parte de los compradores mayoristas que sólo es posible a partir de acuerdos colusorios que se ponen en marcha, precisamente, aprovechando la falta de liquidez de los productores que difícilmente pueden retrasar el momento de venta a uno posterior; por ejemplo, hasta el mes de noviembre cuando se alcanzó el precio máximo de 2012.

De todas formas, los acuerdos colusorios o de fijación de precios en el mercado nacional no pueden provocar grandes variaciones en el precio pues, como se afirmó al inicio, éste se determina internacionalmente.

El gran cambio que se ha operado en la última burbuja financiera visto desde la perspectiva de las materias primas en general y del trigo en particular, es su uso como activo financiero. Unas veces se utiliza como activo real y subyacente de títulos financieros que luego conforman fondos de inversión. Otras veces y como derivados del proceso anterior aparecen vinculados a los ‘Contratos por diferencia’ o CFD por sus siglas en inglés.

Naturalmente, para que una materia prima básica y alimentaria se convirtiese también en un producto financiero se necesitaba de la irrupción en las Bolsas tradicionales como la de Chicago de los grandes bancos mundiales.

De hecho, una década antes de que comenzase a gestarse la última burbuja financiera, en 1991, los banqueros del banco estadounidense “Goldman and Sachs” que entonces presidía Gary Cohn, crearon un nuevo tipo de productos de inversión. Son los que hemos denominado derivados. Fue el resultado de una investigación en la que rastrearon el comportamiento de los mercados de 24 materias primas, desde metales preciosos y energía al café, el cacao, el ganado, el grano, los cerdos, la soja y el trigo. Luego ponderaron el valor de la inversión de cada producto, mezclando y combinando las partes en el cálculo y posteriormente redujeron lo que había sido una complicada recopilación de bienes reales a una fórmula matemática que podía expresarse en un único enunciado, conocido en adelante como el “Índice de Materias Primas de Goldman Sachs (GSCI)”. Frederick Kaufman realizó un muy recomendable análisis que publicó la revista “Foreign policy”.

Todo esto tuvo como contexto la expansión de los mercados de futuros. Mercados en los que se puede comprar hoy una Tm de trigo de la campiña sevillana para ser entregado dentro de dos años. Cualquier de los amables lectores puede comprobar “on line”, los precios del trigo para diferentes plazos de entrega.

Y es que el precio del pan nuestro de cada día, tiene un componente financiero que sólo el estallido de la crisis ha atemperado pero que amenaza con volver en cualquier momento.

-*- José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla invitado en la Universidad de Lund.

Deme Vd. su nombre (José Manuel Cansino en La Razón el 17/6/2013 -*-)

El apuñalamiento del maestro ha sido la frecuente y abrupta manera en la que un discípulo sobrepasaba los conocimientos de sus profesores y comenzaba a despuntar en solitario no sin desaprovechar las ocasiones para apuntar a sus mentores como antiguallas científicas.

Isaac Newton le dio la vuelta a lo anterior en aquel ejercicio memorable de reconocimiento a sus maestros cuando afirmo que todo cuanto llegó a ver sólo fue porque se subió a hombros de gigantes.

Fuera de la Academia o Universidad, el apuñalamiento ha sido tradicionalmente la emancipación del aprendiz cuando abandonaba el taller para montar el suyo propio. Esa ambición ha movido al mundo y cuando se ha hecho con buenas artes, ha conseguido mantener el vínculo y el reconocimiento de las nuevas generaciones hacia sus precursoras.

La Junta de Andalucía adeuda al sistema universitario andaluz una cantidad superlativa. En concreto y a la Universidad de Sevilla, 190 millones de euros de los que 74 son deudas ya reconocidas con proveedores.

Entre ellos están quienes hace unas décadas abandonaron el taller de imprenta para montar un negocio de fotocopias. Venían del ramo de las artes gráficas por tradición familiar. Arriesgaron sus ahorros y abrieron su primera tienda.

A ese tipo de personas nos dicen que hay que llamarlas emprendedoras solo porque en España se estigmatizó el término universal de empresario. Un asunto demasiado grave del que se acostumbra a pasar de puntillas.

Fueron pioneros en la edición digital. Supieron reconvertir el negocio de las fotocopias al de la impresión digital. Editaron libros de texto buenos y malos. Encuadernaban tesis doctorales magníficas y pésimas. Era su trabajo y esto último fue lo único que cogieron de la época del ladrillo. “Tochos” de tesis de imposible publicación . Ni una sola muestra de ostentación ni lujo les he visto pero si todas las horas de trabajo del mundo incluso cuando llegaron a tener en plantilla a unas veinticinco personas.

Con la crisis llegaron los impagos, la refinanciación de las deudas, los créditos ICO para ganar unos meses, las hipotecas y las rehipotecas de locales y viviendas propias. Los recargos y sanciones que les han llegado a exigir alcanzaron el 40% por el retraso en el pago de la Seguridad Social y el IVA. Sin embargo no podían reclamar a la misma Administración que les impagaba más que un 8% de intereses de demora. Técnicamente es como si estuviesen prestando el 32% de su deuda neta a la Administración a un tipo de interés cero.

Cuando los bancos les cerraron el grifo sabiendo que la Junta de Andalucía no iba a pagar a la Universidad y esta tampoco a ellos, les llamaban por teléfono y les hablaban como si fuesen delincuentes. En una ocasión, con una dignidad que nunca han perdido le dijo el ‘emprendedor’ a la empleada del Departamento de cobros, por favor, deme Vd su nombre. No le consiento que me trate como a un delincuente.

Han perdido la casa pero son gente con redaños y ahora pelean de nuevo. Probablemente ningún juzgado de lo Mercantil los rehabilite como "emprendedores". Aspiran a poder pagar un alquiler y comer. El otro día les hablé de que la nueva Ley de emprendedores iba a aplicar el criterio de facturas cobradas para la liquidación del IVA. Me oían con escepticismo.

Poco después Adrián Pliego -uno de los mejores fiscalistas de Sevilla- me advertía de que el criterio sería aplicable para los pagos de más de 2500 euros, que no pueden hacerse en metálico y el 'no cobro' puede acreditarse. Pero para negocios donde el cobro es en metálico y en pequeñas cantidades, la aplicabilidad del nuevo sistema de IVA sería difícil.

Y todo esto ocurrió en los mismos días en los que en Sevilla intentaron incendiar una tienda en pleno barrio del Arenal por dedicarse a vender banderas de España -también republicanas-. Un centenar de comerciantes y la asociación Foro Sevilla Nuestra mostraron su apoyo a este otro 'emprendedor' en un acto público. Del resto de instituciones de la ciudad apenas hubo silencio y alguna valiente excepción. Es posible que de dedicase a vender juguetes eróticos no hubieran faltado voces, plumas y micrófonos para convocar a una movilización masiva contra un intolerable acto contra la libertad sexual. Pero vendía banderas de España y fuera de las competiciones deportivas, ondear una bandera nacional sigue siendo –dicen- un gesto inapropiado.

Las administraciones públicas han asfixiado ya, irremediablemente, a miles de PYMES. Han estigmatizado judicialmente a otros tantos empresarios -llamémosles por su nombre- enfrentados a una misma Administración que por una puerta les exige una multa del 40% y por otra solo le admite unos intereses de demora del 8%.

La ejemplariedad pública es una buena palanca para el rearme moral de una sociedad que necesita urgentemente crecer sobre sectores productivos competitivos. Basta ya de tratar como delincuentes a los ciudadanos que cometieron el delito de tener como cliente a alguna Administración Pública. Mayor ejemplariedad, si cabe, debe esperarse de una administración educativa como la Universidad.

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José Manuel Cansino. Profesor Titular de Economía de la Universidad de Sevilla invitado en la Universidad de Lund (Suecia)

El futuro de las pensiones en números (José Manuel Cansino en La Razon el 3/6/2013)

Decía el economista británico Alfred Marshall que la economía es la ciencia que se ocupa de los negocios ordinarios de la vida. Como quiera que el sustento, tanto de hoy como del mañana, es cuestión ordinaria y principal, las pensiones son motivo recurrente de discusión y, sobre todo, en torno al fundado temor sobre su sostenimiento.

Algunos números que permiten hablar con rigor de este asunto son éstos. En España hay actualmente 9 millones de pensionistas sumando los jubilados, los que reciben una pensión por incapacidad permanente, por viudedad, por orfandad o por razón de parentesco. Sin embargo, el interés principal se centra en los jubilados, unos 5,4 millones, en el conjunto de España y 781.685 en Andalucía a fecha de mayo de 2013. La pensión media que recibe un jubilado español es de 978 euros. En Andalucía es casi 100 euros menos en promedio –891 euros–, por los menores salarios que se pagan en la comunidad.

Una cuenta sencilla nos dice que la mensualidad que el Sistema de la Seguridad Social española debe pagar a los jubilados es de unos 5.313 millones de euros que financian, también mensualmente con sus cotizaciones, los 16,6 millones de trabajadores ocupados –según la EPA del primer trimestre de 2013– y los empresarios que los emplean. Del total de ocupados españoles, 2,5 millones son andaluces.

Las cuentas son inmediatas. Cada español con trabajo contribuye a financiar «medio pensionista», en otros términos cada dos trabajadores ocupados «tienen a su cargo a un pensionista». Pero como coincidimos en poner el foco entre la relación entre trabajadores ocupados y jubilados (excluimos a los pensionistas que reciben una pensión por otra causa), la relación es tal que, aproximadamente, cada tres ocupados «tienen a su cargo» a un jubilado.

Igual a muchos no les parece lo anterior una situación angustiosa, habida cuenta de que el salario medio de un ocupado español es de 1.633 euros y una pensión de jubilación promedio, según se ha dicho, asciende a 978 euros –insistimos, 100 euros menos en Andalucía–.

Inmediatamente entonces aparece el argumento demográfico que plantea, al menos, dos cuestiones derivadas de una pregunta central: ¿Qué ocurre si la población envejece de manera que cada vez haya más jubilados a cargo de menos ocupados?

La primera cuestión derivada es, ¿cuál es la edad promedio de los trabajadores ocupados para saber cuánto les queda hasta jubilarse? La mayor parte de los empleados tienen entre 25 y 54 años –13,5 millones en España, de los que 2 están en Andalucía–. Sin embargo, entre los 16 y los 24 años hay 2 millones de desempleados en España que, de encontrar empleo, rejuvenecerían la población ocupada y darían mayor garantía de sostenibilidad al sistema de pensiones.

La segunda cuestión derivada es otra vuelta de tuerca a la pregunta central cuando se tiene en cuenta que cada vez las personas tenemos una mayor esperanza de vida. Por tanto, no sólo tendríamos más jubilados a cargo de menos empleados, sino que además viven más años cobrado la pensión.

Por ejemplo, a comienzos de los 60 del siglo XX la esperanza de vida al nacer en España era de 70 años. En 2011 la esperanza de vida era de 82 años. Por esa razón, expertos como José Antonio Herce afirman que el sistema de pensiones de jubilación en España estaba diseñado para jubilarse a los 65 años, cobrar una pensión durante los cinco años siguientes y ajustar cuentas con Dios a los 70.

En mi opinión, hay varias premisas esenciales desde las que abordar el sistema de las pensiones de jubilación. La primera es asumir como principio básico el respeto que la sociedad debe tributar a las personas mayores. Lo anterior conllevaría estar dispuestos a transferir ingresos procedentes de otros distintos de las cotizaciones a la Seguridad Social al sostenimiento del sistema de pensiones cuando sea necesario.

La segunda es no seguir eludiendo la cuestión de si el sistema de pensiones debe seguir siendo un instrumento para la redistribución de la renta según el cual, quienes han contribuido más, reciben proporcionalmente una pensión menor a favor de quienes han contribuido menos y acaban percibiendo una pensión mayor en relación a lo que han contribuido. ¿No sería mejor que el necesario mecanismo de distribución se hiciese al margen del sistema de pensiones? Por ejemplo, con un sistema mixto de capitalización y de reparto de la pensión donde el segundo asumiese el componente redistributivo.

La tercera es considerar el sistema de pensiones como una conquista social y nacional a mantener, pues ha gozado de un consenso ideológico tan amplio que va desde la falangista Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 a las reformas de los gobiernos socialistas y del PP. La última, sin ánimo de ser exhaustivo, sería una decidida política de apoyo a las familias despojada del miedo «malthusiano» a tener hijos para criarlos en el desempleo y que permitiese frenar el envejecimiento progresivo de la sociedad española.

DE PECHEROS Y PIRATAS (José Manuel Cansino (*) en La Razón, 3/6/2013)

(Logo de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria)

El 90% de los aproximadamente 16 millones de contribuyentes españoles por IRPF no superaban los 39.000 euros anuales en 2009 (último año del que existen datos definitivos). Son las clases medias y sobre ellas recae el peso principal de este impuesto principal. Son los pecheros en la terminología antigua de la ciencia de la Hacienda Pública, un término mucho más duro que el actual 'contribuyentes' pero también más descriptivo por cuanto subraya el hecho cierto de que son los que apechugan con las cargas públicas; con el sostenimiento de los gastos de los servicios fundamentales y también de los superfluos; con la carga de la deuda pública y con el sueldo de asesores y enchufados de todo partido que gobierna -o ha gobernado-.

Pero además sobre los pecheros se ha operado en los últimos años una silenciosa aunque profunda reforma tributaria sobre el consenso del PP y del PSOE, los mismos que gobiernan en coalición con el Partido Comunista-Izquierda Unida, unos en Extremadura y otro en Andalucía y cada vez que se tercia.

Desde 2006, con el gobierno del PSOE, se comenzó a gravar de forma radicalmente distinta a los salarios y a las rentas del capital (por ejemplo, a los dividendos de las acciones).  La ley 35/2006 (Ley del IRPF) estableció que el tipo de gravamen sobre los rendimientos del ahorro o capital seria de carácter proporcional a un tipo impositivo único del 18%, fuese cual fuese la renta del contribuyente. Esto es, el salario (que es la principal fuente de ingresos de los pecheros españoles) pagaba progresivamente más según la cuantía pero el rendimiento del ahorro tributaba al 18% tanto si el pechero ganaba 20.000 € como si ganaba cien veces más.

La ley de Presupuestos para 2010 (Ley 26/2009), sólo modifico parcialmente la anterior estableciendo dos tramos: 19% para bases inferiores a 6.000 euros y 21% para bases superiores a 6.000 euros.

De nuevo con el PP en el gobierno la ley 2/2012, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, volvió a modificar lo anterior estableciendo tres tramos: hasta 6000 el 21%; entre 6.000 y 24.000 el 25%; más de 24.000 el 27%. El profesor David Ferrer de la Universidad de Sevilla conoce bien esta cadena de reformas.

El discurso tradicional de la izquierda de que había que gravar con mayor dureza el rendimiento del ahorro porque sólo las rentas altas tienen capacidad de ahorrar se ha caído de nuestro sistema tributario sin las algaradas mitineras de otros tiempos.

Apenas supervive en tiempos electorales la demoscópica petición de subir los impuestos a las rentas más altas aunque sólo 3.208 personas declararon en 2009 una renta entre 480.000 y 600.000 euros.

La explicación para este consenso en el que se encuentran desde los conservadores hasta los comunistas en el poder hay que buscarla en los paraísos fiscales.

Cualquier 'compatriota' que pueda cambiar la forma en la que recibe su sueldo constituyendo una sociedad interpuesta con residencia en Gibraltar, puede lograr lo siguiente. De entrada no paga más que un 10 % en impuesto sobre sociedades, muchísimo menos que en España. Luego, con un representante legal en Gibraltar a modo de hombre de paja, tampoco tributara un sólo céntimo por los dividendos que percibe de su propia empresa. Manuel Fernández Luna es un analista económico y también profesor universitario que conoce bien este terreno.

Los pecheros de clase media que aún conservan su puesto de trabajo soportan este país todavía llamado España. Son los principales pagadores del impuesto sobre la renta. Si nos apuramos, también son los que soportan fundamentalmente los impuestos indirectos sobre el consumo. Diariamente soportamos la mofa de quienes tienen su patrimonio en paraísos fiscales que ni siquiera son ya ni los tradicionales exóticos de islas caribeñas o mini estados europeos, ni los cada vez más frecuentes paraísos fiscales africanos. El paraíso fiscal más próximo está en la Roca Gibraltareña. En los paraísos fiscales encuentra coartada el haber hecho del IRPF un impuesto progresivo sólo sobre los salarios. En los paraísos fiscales se esconde también buena parte del dinero que ahora hace más falta que nunca para hospitales, colegios, comedores pero también para mantener la voracidad de las administraciones en las que permanecen duplicidades y triplicidades.

A modo de ejemplo, las principales empresas del Ibex 35 tienen filiales en paraísos fiscales. Las grandes fortunas también o tienen una SICAV a su medida. El resto a apechugar.

(*) José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor invitado en la Universidad de Lund (Suecia)

NÚMEROS INCÓMODOS (José Manuel Cansino en La Razón el 27/5/2013)

Todas las decisiones políticas acaban teniendo una dimensión económica directa o indirecta, aunque repugna pensar que el argumento economicista sea el que se imponga frente a otros. Por ejemplo, siempre es más agradable oír de mejoras en el bienestar que de lo que esas mejoras nos van a costar en términos de mayores impuestos.

Para algunos pensadores, se asiste en la sociedad española a una progresiva ocupación de la sociedad civil por parte de la clase política. Yo también participo de esa idea.

Esa «política de ocupación» conlleva una cierta perversión del gobierno de la «res publica» en virtud de la cual, el poder fomenta necesidades entre la población para que luego el político otorgue el derecho a satisfacerlas con dinero público.

A pesar de esta denuncia, unos recursos presupuestarios limitados obligan a que, también en esa versión degenerada del paternalismo estatal, el coste económico de cualquier decisión política se incluya en la ecuación decisoria.

Con las políticas que han acabado regulando el derecho a la vida (tanto en su inicio, como para dar fin a la misma) ocurre algo parecido.

Incluso cuando se cree firmemente que la decisión sobre la vida de los demás es un derecho que reside en la madre (en el caso del no nacido) o sobre un comité ético (en algunas regulaciones eutanásicas), los números también se manejan en la ecuación decisoria.

Por ejemplo, se argumenta sin que haya micrófonos por delante que la eutanasia abarata el gasto sanitario y en las prestaciones por dependencia. Es posible pues «reduce» parte de la población que más medicamentos consume en términos relativos, que más asistencia sanitaria demanda y que más necesita de los cuidados de quienes reciben –recientemente– una prestación económica por razón de su atención. Argumentos similares hay cuando se estima el ahorro que las prácticas abortivas suponen para las cuentas públicas.

Quienes hacen estos «números incómodos» afirman que así se ahorran las prestaciones a los padres sin recursos, se ahorran plazas en los centros de acogida y, especialmente, se ahorra gasto sanitario pues, no en balde, la población infantil y la de mayor edad son las más demandantes de asistencia sanitaria.

El razonamiento economicista repugna pero no por ello deja de manejarse aunque cuidando de que no trascienda mediáticamente.

Para reparar en cómo de determinante es el razonamiento economicista en la decisión de la vida baste recordar el feminicidio hondamente enraizado en sociedades como la china, en las que la práctica de matar a niñas recién nacidas por su menor productividad en las labores agrícolas y por la política de planificación familiar, ha estado muy extendida en una sociedad condenada a la miseria como ha sido la China interior. Tan repugnante puede ser el ejemplo como multitud son los cadáveres de niñas recién nacidas que se encuentran esparcidos por aquellas zonas. Las prácticas eugenésicas sólo han sido una versión más sofisticada de lo anterior.

La industria privada no permanece al margen de la cuestión y actúa buscando nuevos nichos de mercado y haciendo «lobby» en pro del beneficio propio. Por ejemplo, habida cuenta de que el tejido de los niños abortados se usa en la fabricación de muchos cosméticos, aparece una colusión o coincidencia de intereses entre la industria abortista y la de «la belleza». También la hay entre la proliferación de prácticas eutanásicas en centroeuropa y los hospitales propiedad de órdenes religiosas cristianas que ven cómo la demanda de camas para personas mayores, aumenta buscando los pacientes blindarse ante eventuales «comités éticos» que dictaminen expeditivamente sobre la duración de su última etapa vital.

Con todo, las estimaciones económicas son necesariamente incompletas. Así, aceptado que nacer y no nacer son sucesos contrafactuales –ambos no pueden suceder a la vez– quedaría conocer el ahorro en gasto sanitario –valga como ilustración– que habría procurado un ser humano abortado que, de haber nacido, hubiera contribuido de manera determinante al progreso de la medicina. Efectivamente este tipo de cálculos quedarían fuera de la ecuación.

No son los números los únicos ni los principales determinantes de cómo avanza –o retrocede– la legislación, aunque, no por ello, dejan de pesar en la decisión final. De ella depende, en ocasiones, no sólo la vida y la muerte, sino también el lucro y la prosperidad de la industria que las facilita.

Una de ellas, la industria abortista nacional e internacional, está muy interesada en que la reforma de la Ley del Aborto prometida por el Gobierno del PP quede tan en agua de borrajas como otras partes de su programa electoral. Parece que va camino de conseguirlo.

La cuestión es demasiado seria como para abordarla frívolamente. Con todo, no hay que ignorar que son muchos los números incómodos que no trascienden mediáticamente pero que están en la mesa de quien con una vida por venir echa cuentas de las ayudas con las que puede contar para salir adelante en una situación muy difícil, en el ordenador de la industria cosmética o en las hojas de cálculo de la industria abortista. Ignorarlo es pura hipocresía.

* Profesor titular de Economía en la Universidad de Sevilla