He participado en el programa de la TV Finlandesa sobre burbuja española

Cifras Lúgubres (José Manuel Cansino en La Razón 24/12/2012)

De entre las maldades que dicen de los economistas sobresale aquella que afirma que nos dedicamos a explicar por qué no sucedió ayer lo que habíamos previsto antes de ayer. Aceptando lo que de razón hay, me gustaría también oír de vez en cuando por qué la Epidemiología nos hizo gastar miles de millones en vacunas contra la gripe A o por qué la Meteorología no evita millones de muertos previendo oportunamente las catástrofes naturales.

La Economía tiene una aparataje matemático como la Física o la Química pero un objeto de estudio –el ser humano- de comportamiento mucho menos predecible que el del metal cuando se le aplica calor y se dilata.

A pesar de ello seguimos haciendo previsiones porque es la única forma de minimizar los errores cuando se toman decisiones en ambientes de incertidumbre, lo que hacemos casi a diario aunque no seamos del todo conscientes.

En estos días, la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) ha publicado el denominado ‘consenso’ de previsiones económicas para 2013. En definitiva, un conjunto de estimaciones para las principales magnitudes macroeconómicas y que resultan de calcular la media aritmética de 18 previsiones realizadas por otros tantos centros de prospectiva.

De acertar estas previsiones en 2013 tendremos una caída del PIB del -1,5% lo que nos sitúa 3 puntos por debajo del ritmo que se necesita para generar empleo neto, y es que después de la última reforma laboral, se necesita crecer al 1,5 % para que los empleos que se creen sean más que los que se destruyen. Naturalmente esta es otra estimación que, además, no ha podido ser contrastada. En cualquier caso se estima que el desempleo siga cayendo en un -2,9 %. Durante 2012, Andalucía ha mostrado caída del PIB menos acusadas que, en tasa interanual y según BBVA research, estarían en el -1,1%.

La caída de la producción industrial es especialmente acentuada y preocupante (-2,9 %) porque nos sigue recordando que tenemos en buena medida una ‘Economía fingida’, sin sectores económicos sólidos en la denominada ‘economía real’.

El dato más positivo sigue siendo el de nuestro sector exterior ya que se espera alcanzar el equilibrio en la Balanza de Pagos por cuenta corriente el próximo año. Varios factores explican este favorable comportamiento de nuestro sector exterior pero también se consolida una amenaza de la que ya se venía hablando.

La caída de la renta nacional explica buena parte de la disminución de nuestras importaciones y, consecuentemente, el reequilibrio de la Balanza comercial (la primera de las balanzas que integran la Balanza por cuenta corriente). Importamos menos bienes de consumo pero también importamos menos bienes de inversión en detrimento de nuestra capacidad productiva.

El otro factor que explica la mejora de nuestro saldo exterior es la devaluación interna que sufre la economía española. Ante la imposibilidad de devaluar la propia moneda, los salarios españoles continúan disminuyendo, con ellos los costes de producción y aumentando la productividad. En concreto, los costes laborales unitarios se prevé que disminuyan un 0,9% y que la productividad aumente un 1,5%. La tendencia anterior se verá subrayada porque, en términos de poder adquisitivo, muchos salarios disminuirán al no compensarse por la inflación con la que se prevé cerrar 2012; un 2,4%.

Con respecto a la amenaza que se cierne sobre nuestro sector exterior, el consenso publicado por FUNCAS confirma el estancamiento de la Unión Europea –principal destino de nuestros productos y origen de nuestro turismo- y, esto es más novedoso, la ralentización del crecimiento de muchos países emergentes algunos de ellos amenazados por burbujas inmobiliarias.

Con todo, el caso particular de Andalucía muestra un muy buen comportamiento del sector exterior (con un crecimiento del 2,9 % en el segundo trimestre de 2012) que, sin embargo, no llega a compensar la fuerte caída de la demanda interna (-4% en el mismo periodo).

Por último, el déficit público de 2012 rebasará el objetivo del 6,3 %, puede que hasta el -7,2 % pero justo ocurre esto cuando la Comisión Europea parece dispuesta a ampliar el plazo para que la España vuelva a situarse en el -3%. A pesar de ello, los ajustes presupuestarios seguirán siendo duros y esto es especialmente duro para Andalucía si se tiene en cuenta una de las principales debilidades de su economía; la extraordinaria dependencia del sector público.

Desintoxicación petroaclcohólica. Camino de las ciudades inteligentes (José Manuel Cansino en boletín inspira de la Fundación Roger Torné. 18/12/2012)

En 2007 por primera vez la población urbana mundial superó a la rural. Esto ha supuesto un cambio en la residencia de la población mundial hacia emplazamientos más energéticamente dependientes y, por tanto, emisores de gases de efecto invernadero y generadores de residuos convencionales.

Foto: Smart Cities (via Flickr)

La sostenibilidad del planeta pasa necesariamente por introducir cambios significativos en el planeamiento urbano y en el parque de viviendas –tanto existente como nuevo-. Las ciudades inteligentes o smart citiesacentúan de esta forma su carácter estratégico para garantizar un desarrollo medioambientalmente saludable y sostenible.

Aunque la idea de ciudad inteligente no es nueva y podemos encontrar iniciativas serias en la segunda mitad del siglo XX en Alemania, posiblemente el proyecto más avanzado sea el de la ciudad de Masdar en pleno desierto de Abu Dhabi. Resumidamente se trata de una ciudad diseñada para acoger 50.000 habitantes en 640 hectáreas, con una inversión de 15 billones (americanos) de dólares y cero emisiones de CO₂ y de residuos. Las nulas emisiones de CO₂ se logran gracias a que las únicas fuentes de energía a utilizar son la eólica y la fotovoltaica. Hay quien ha señalado que el desarrollo de las energías renovables en Oriente Medio se financia con el combustible fósil que compra Occidente; una sociedad petroalcohólica.

Sea como fuere, el camino hacia ciudades de este tipo es incierto. Lo que no es impensable es una sociedad occidental con pasos sensatos hacia un uso eficiente de la energía y un uso creciente y económicamente asumible de las energías renovables.

En el primer caso, en el de la eficiencia energética, la obligatoriedad de la certificación de eficiencia energética de los edificios nuevos que ha introducido el Código Técnico de Edificación y la obligatoriedad de la misma para los edificios ya existentes que entrará en vigor en breve, hace que las mejoras en el consumo eficiente de la energía dentro de los edificios sea un logro tangible. Valga de muestra un botón, el consumo energético de una vivienda con certificación A (la más eficiente) es un 86,4 % menor que el de una vivienda G (la menos eficiente).

Nótese que, para una nación como España, el déficit energético representa el 4 % de nuestro PIB con datos de 2011, por tanto, cualquier ganancia en eficiencia energética sería bienvenida si además de lograrse en los hogares se alcanza en la industria.

El segundo camino hacia ciudades más inteligentes es la regulación del autoconsumo energético, concepto éste íntimamente ligado al del balance neto.

Foto: Quenergia.com

A partir del 31 de diciembre de 2018 para los edificios públicos y del 31 de diciembre de 2020 para todos los edificios de nueva construcción en España, deberá acreditarse su condición de edificios de consumo de energía casi nulo.

Se trata de un importante cambio en el sector energético pues el consumidor de energía se convierte también en productor de la misma al verse obligado a instalar sistemas de generación de energía a partir de fuentes renovables (miniaerogeneradores, calderas alimentadas esencialmente por biomasa, etc.).

En el caso de la energía eléctrica, la cantidad generada por la instalación de cada edificio se vierte a la red y en caso de que la generación sea inferior al consumo, el diferencial se suministraría procedente de otras fuentes a través de la empresa distribuidora.

Mediante un contador, el balance neto permite consumir la prioritariamente la energía producida y sólo cuando éste resulte insuficiente, comprar la energía restante al distribuidor. La energía generada por cada edificio y vertida a la red se pagaría a precios sin las primas de las que se benefician las tecnologías acogidas al régimen especial de tarifas.

En definitiva, el camino hacia ciudades más inteligentes desde el punto de vista del consumo energético sostenible se ha comenzado a recorrer.

Muchas de estas cuestiones están ya en la agenda investigadora de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medioambiente nacida de un acuerdo entre la Universidad de Sevilla y la Fundació Roger Torné. Así, acaba de finalizarse un estudio comprehensivo de las medidas de eficiencia energética desarrolladas en los países de la Unión Europea. Los primeros resultados de la valoración económica del daño de las emisiones de CO₂ en la salud se presentarán en marzo de 2013 y el planeamiento urbano inteligente forma ya parte de nuestros proyectos de investigación. En definitiva una agenda investigadora ambiciosa para responder a unos grandes desafíos.

Promotores de empleo al paro (José Manuel Cansino en La Razón 17/12/2012)

Las Administraciones Públicas, como las familias –que son quienes las financian–, deben jerarquizar sus recortes aunque cuando de despedir a alguien se refiere, todas las personas merezcan el mismo respeto.

Similar obviedad deja de serlo tanto cuando de lo que se trata es de elegir entre los servicios que se dejan de prestar, los que se reducen y los que se mantienen. Entonces, aunque todos los que pierden su empleo opinen que su labor es socialmente imprescindible, acaba resultando que –como en los gastos familiares– unos son más imprescindibles que otros.

Recortar linealmente, suprimiendo la paga extra o imponiendo una tasa de reposición casi nula, no es gestionar bien porque no todos los servicios satisfacen necesidades igualmente urgentes.

En los últimos días, la Junta de Andalucía ha decidido no sólo prescindir de los denominados «promotores de empleo» sino también de los «asesores de empleo» que trabajaban para el SAE. Personas cuya tarea principal era agilizar la conexión entre los demandantes de empleo y los oferentes del mismo.

Cualquier ex empleado público de la Sanidad o de la Educación puede pensar que su labor era menos prescindible que la de estos nuevos desempleados. Es posible que sea así pero en el caso de los inminentes ex trabajadores del SAE concurren dos agravantes que desde el punto de vista económico no son menores.

Hace pocas fechas y desde estas mismas páginas traíamos a colación dos recientes estudios científicos que analizaban la efectividad de las diferentes «políticas activas de empleo». Los estudios a los que me refiero son el de Jochen Kluve, publicado por la reputada revista «Labour Economics», y el publicado por este mismo autor junto con David Card y Andrea Weber, en el no menos reputado «Economic Journal».

Los estudios eran inconcluyentes en los efectos de algunas políticas de empleo. Por ejemplo, y a pesar de lo que habitualmente se piensa, las políticas de formación de desempleados no tienen unos efectos inequívocamente positivos. Es posible que a ello contribuyan los escandalosos e impunes «mangazos» presupuestarios de las más variopintas asociaciones «amigas del poder» que recibían subvenciones para desarrollar cursos de formación aunque semejante tarea les fuese extraña. En lo que sí coincidían los estudios publicados era en que los servicios públicos de empleo suponían la política activa más eficaz para reducir el desempleo. Un desempleo que en el caso de Andalucía asfixia al 35,4% de la población activa y además lo hace de una manera pertinaz.

Éste es el primer agravante que concurre en el despido del personal del SAE, es decir, debilita al más eficaz mecanismo de lucha contra el desempleo que, además, es el principal problema de la economía española y andaluza.

En el fondo trasluce un grueso desinterés de los representantes políticos por conocer el efecto de las políticas que desarrollan. Y es que no tiene sentido persistir en emplear recursos en políticas cuya eficacia se desconoce y que perviven en el presupuesto sólo porque tienen una gran repercusión mediática o porque a través de ellas se paniaguan a los amigos mediante subvenciones obscenas.

La evaluación de políticas públicas es la que permite gestionar lo más eficazmente posible el dinero de todos, precisamente, porque permite reforzar presupuestariamente las más eficaces, prescindir de las inútiles y corregir aquellas que deban mejorarse. Un papel más central de la evaluación de las políticas públicas no sólo sumaría transparencia a la gestión sino que, además, reforzaría la calidad del Gobierno.

Pero hay un segundo agravante en el despido de estas personas y es que alguno de sus portavoces ha denunciado que el trabajo que realizaban no se ajustaba al cometido para el que fueron contratados y que, esencialmente, consistía en entrevistarse con las empresas y particulares que necesitaban contratar a personas, definir el perfil de los puestos de trabajo a cubrir, inventariarlos y favorecer que las personas desempleadas encontrasen un empleo y las empresas, buenos candidatos.

De ser esto cierto la Administración hubiera repetido el mal ejemplo de emplear recursos para fines diferentes para los que fueron contratados; una cuestión que habría de resolverse judicialmente pero que redundaría en la ineficacia en la lucha contra el desempleo. En definitiva, el primer problema de la nación y de la región andaluza, que va camino de sumar los 2,7 millones de desempleados.

Aunque el igualitarismo imperante en la actualidad no lo soporte y cada persona despedida de su trabajo vive su propio drama, las administraciones, como sucede con las familias, no pueden aplicar un criterio de recorte lineal porque no todos los servicios públicos atienden necesidades igualmente acuciantes.

La industria y el humo (José Manuel Cansino en La Razón 10/12/2012)

La publicación por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del Índice de Producción Industrial (IPI) de octubre es una buena ocasión para reflexionar sobre la magnitud de la economía real frente a la economía financiera.

Una vez que se elimina el «efecto calendario» (la diferencia en el número de días hábiles que presenta un mismo mes en los distintos años), la tasa anual española del IPI en octubre ha vuelto a ser negativa, aunque menor que la registrada en septiembre (-3,3% frente al -7,5%).

Andalucía ha mostrado una tímida tasa positiva del 1,6%, muy alejada del crecimiento del 6,6% catalán pero también lejos del -14,5% que ha registrado Asturias. Como siempre ocurre, los datos estilizados son más jugosos para el análisis económico que los grandes agregados.

Por ejemplo, de entre los sectores económicos que crecen está el de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, lo que tiene como causa explicativa algo tan sencillo como que hace más frío y que los hogares españoles están muy electrificados.

También crece, y mucho, la fabricación de productos químicos, muy vinculada a la industria farmacéutica, a los resfriados y gripes otoñales y al notable éxito exportador de grandes laboratorios españoles como la multinacional Grifols y, a escala más pequeña, el laboratorio cordobés Pérez Giménez. Repárese en que el crecimiento del sector farmacéutico obedece esencialmente a las exportaciones de medicamentos, pues el gasto sanitario interno después de la implantación del euro por receta ha caído ya en 803 millones de euros.

Si nos fijamos ahora en los sectores industriales con un crecimiento negativo nos topamos con el de la producción de bienes de equipo (-2,5%) y el de la producción de bienes intermedio (-1,1%). Esto nos indica que la demanda de bienes de inversión continúa disminuyendo. Una preocupante realidad que debe atribuirse al doble hecho de que las empresas siguen sin prever un aumento de sus ventas –por tanto, no necesitan aumentar su capacidad productiva– y también a la contracción del crédito («credit crunch»). Esto es, aunque hubiese empresas decididas a emprender inversiones con una tasa de retorno atractiva, no habría crédito para financiarlas.

Analicemos ahora la información del INE atendiendo al destino económico de los bienes industriales producidos. Las conclusiones no son muy distintas. Cae la producción de bienes de equipo (-10,9%), de bienes de consumo duradero (-10,8%) y la de bienes intermedios (-6,9%).

Los datos regionalizados para Andalucía son un poco mejores pues, como se ha señalado, la tasa de variación anual del IPI ha sido positiva aunque pequeña (1,6%). Por destino económico de los bienes industriales, creció un 10,8% la energía, un 2,5% los bienes de equipo y un 1,8% los bienes de consumo. El dato negativo lo ha aportado el decrecimiento en un -15% de la producción de bienes intermedios.

A partir de lo anterior, lo único que se puede decir es que seguimos cuesta abajo aunque, acaso, con menor velocidad de desplome. En cualquier caso, sin visos de iniciar la remontada.

La radiografía anterior lo es de la industria «real», adjetivo que toma su raíz del latín «res-rei»; cosa. En definitiva, nos hemos referido a la actividad industrial que consiste en producir bienes tangibles.

Analicemos ahora la economía financiera cuya relación con la economía real motiva este artículo. En 2007 el porcentaje de activos financieros sobre el PIB mundial superaba el 343% –una relación de 1 a 3– y ello sin tener en cuenta lo que se estaba generando en el mercado de activos financieros derivados (unos 600 millones de dólares según «The Economist»). A principios de 2009, la relación entre actividad productiva o economía real y riqueza financiera llegó a ser de 1 a 5 según los economistas José Carlos Arias y Antonio Costas. El resultado de esta «financierización» de la economía ya lo conocemos y sufrimos.

Los instrumentos financieros han permitido el flujo del crédito y la cobertura de riesgos; faltaríamos al rigor si no se reconociese. Pero el alejamiento galopante de la economía financiera de la economía real que mide –entre otros índices– el IPI ha provocado una crisis terrible que debe obligarnos a recuperar un sistema bancario dual donde coexista la banca de depósitos con la banca de inversión pero perfectamente diferenciadas. De lo contrario, volveremos a hacer del humo financiero un producto industrial.

#megustaEspaña

Me he sumado a la campaña #megustaEspaña del periódico La Razón y lo he hecho enviando este texto que comparto con los amables visitantes de este blog.

“Necesitamos recuperar para nuestro vocabulario cotidiano el término Patria, sorprendentemente escueto en apariciones en la Constitución de 1978 pero habitual en cualquier texto constitucional homologable. Urge recuperarlo de forma desideologizada, transversal y valiente de manera que en la Patria nos reconozcamos todos los españoles en una España ancha y alegre. Una España que se proyecte hacia dentro e internacionalmente sobre la idea de nación-empresa orteguiana. Un sugestivo proyecto de vida en común que nos libere de un seguidismo de comparsa fuera y del yugo de los particularismos domésticos. Hagámoslo porque lo que queda de solidaridad está encerrado en la idea de España. La Patria común”.

José Manuel Cansino

Las divinas palabras del probo funcionario (por José Manuel Cansino en La Razón 3/12/2012)

(El exinterventor general de la Junta de Andalucía a la izquierda. Foto: La Razón)

Al día siguiente de uno de los centenares de crímenes de ETA hubo un humorista gráfico que, harto de la reacción política al uso, dedicó su viñeta a dibujar a dos personas. Una de ellas, indignada, reclamaba acciones duras contra los terroristas y la otra le contradecía haciéndole ver que «no había nada como un comunicado de enérgica condena».

Con las comisiones parlamentarias de investigación ocurre algo parecido. Pocas iniciativas más inútiles encuentro que su propia existencia. Primero, porque en ellas el Poder Legislativo se arroga unas atribuciones que lo son del Poder Judicial y segundo, porque si de exigir responsabilidades se trata, para ello ya está el criterio del ciudadano-votante que sabrá sancionar o premiar con su voto al culpable y al eficaz.

En la última semana ha circulado como la pólvora entre los departamentos universitarios de Economía Pública y también de los de Derecho Financiero, la carta que el ex interventor general de la Junta de Andalucía ha dirigido al Presidente del Parlamento andaluz en relación con el dictamen de conclusiones de la Comisión de los ERE.

La carta podría perfectamente haber circulado también por los departamentos de Literatura porque es una pieza de calidad literaria notable en la que el lenguaje técnico-jurídico se sostiene sobre el bastidor de la obra de teatro «Divinas Palabras» de Valle-Inclán.

El ex interventor golpea el argumento central del dictamen aprobado por la mayoría de la Comisión de los ERE cuando apunta al supuesto «Informe de actuación» que, según el dictamen, debería haber realizado la Intervención General de la Junta de Andalucía para impedir la tropelía de los ERE falsos. Tropelía que califica el ex interventor –con las cifras en la mente– del mayor caso de corrupción económica de España.

Efectivamente, el pretendido «Informe de actuación» no tiene ni causa legal (sin causa no puede haber efecto), ni destinatarios ni organismos que hubieran de tener en cuenta sus conclusiones. Y no sólo denuncia esto quien resulta señalado por el dedo acusador del dictamen, sino también el propio Gabinete Jurídico de la Cámara de Cuentas (órgano de control externo que depende del propio Parlamento que acoge la Comisión de Investigación) y los tres interventores generales que le han sucedido en el cargo.

Pero la carta es literalmente excepcional, no sólo en su interés académico para la Economía Pública, el Derecho Financiero y, acaso, la Literatura valleinclanesca, sino también para el procedimiento judicial abierto. Su autor auxilia la labor de la Fiscalía y de los magistrados al apuntar hacia los órganos de la Administración autonómica que podían haber detenido la corrupción «en sólo 24 horas». Y todo ello, con sólo haber tenido en cuenta los informes de auditoría que la Intervención General estuvo remitiendo durante diez años a la Consejería de Hacienda. Diez años de inacción y quince auditorías recibidas. Un hecho tan elocuente como groseramente eliminado del documento final como si hubiese sido redactado con tinta de broma, como oportunamente ha escrito Félix Machuca.

Lo peor de todo esto hubiera sido la impunidad. Tenemos un país donde detentar un cargo público es asumir la sombra de la sospecha. Y esto vale desde Urdangarín hasta quien tiene cuentas en Suiza y no recuerda cómo. Esto no es bueno para nadie, ni para los políticos ni para el resto de ciudadanos.

La impunidad es la que explica un nivel de fraude fiscal tan elevado. No pagar impuestos es un resorte social al que el ciudadano recurre como actitud compensatoria ante el mangazo impune de quienes administran su dinero. 

Por eso la carta es también excepcional, porque contra pronóstico ha conseguido que Izquierda Unida se resista a la ignominia de respaldar semejante caso de corrupción. En este proceso me consta que ha jugado un papel importante el diputado comunista y profesor de Economía, Alberto Garzón. Pocos políticos se sobreponen al rédito cortoplacista de cambiar un voto con la nariz tapada por unos metros cuadrados más de moqueta; por eso deben ser reconocidos.

Al final el rechazo del dictamen debe ser celebrado no sólo por el PP y por el sector crítico de IU, sino también por aquella parte del PSOE que alertaba sobre tamaño error. Pero, sobre todo, debe ser celebrado por los ciudadanos.

 

Añoranza del ladrillo. Aunque sea viejo (José Manuel Cansino en La Razón 26/11/2012)

La eficiencia se ha convertido en una pieza clave de la política energética de la Unión Europea y, consecuentemente, de España. No en balde la Agencia Internacional de la Energía estima que en 2035 el ahorro total asociado a mejoras en la eficiencia energética equivaldría a la quinta parte de la demanda global de energía de 2010. Probablemente se trate de una estimación demasiado halagüeña pues no existe precedente hasta ahora de ninguna economía que, en un par de décadas, consiga ganancias de eficiencia similares.

España ha ido transponiendo a nuestro ordenamiento jurídico las Directivas Comunitarias en esta materia y así desde 2007 está en vigor la obligación para los edificios de nueva construcción de disponer de un certificado de eficiencia energética.

Tanto por el ahorro que supone el uso más eficiente de la energía como por las crecientes obligaciones legales en esta materia, han emergido las denominadas empresas de servicios energéticos (ENEs), que facturarán unos 900 millones de euros en 2012. En total son unas 540 empresas las que conforman actualmente el sector.

Sin embargo, las expectativas de negocio de las ENEs tras la entrada en vigor en 2007 de la certificación energética obligatoria de los nuevos edificios se vio pronto truncada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Ahora las expectativas vuelven a mejorar con la próxima entrada en vigor del Real Decreto que obligará a disponer de una certificación de eficiencia energética a los edificios ya existentes.

El Real Decreto –ahora en fase de información pública– obliga a los propietarios de edificios, viviendas o locales a disponer de este certificado llegado el momento de su venta o alquiler. Para ello necesitan de un certificado que extendería un técnico certificador –una nueva salida profesional que aparece– que basará sus cálculos en un programa informático de libre acceso (CALENER) confeccionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE).

Previsiblemente muchos de estos «técnicos certificadores» procedan del sector de las empresas de fontanería, climatización, etc. con cuya Confederación ya ha firmado un acuerdo la asociación nacional que agrupa a las ENEs. Es más que probable que en breve, los administradores de fincas comiencen a recibir ofertas para que las comunidades de vecinos dispongan de este certificado junto con un plan de ahorro que acredite cuánto se pueden ahorrar los vecinos con una serie de medidas de mejora de la eficiencia. Estas medidas pueden ser importantes pues hay estimaciones que cifran en un 86,4% el máximo ahorro energético que puede alcanzar un edificio medido como la diferencia entre el consumo energético de un edificio A (el más eficiente) y el de un edificio C (el más ineficiente).

Existe, por tanto, una «añoranza del ladrillo» aunque sea viejo, utilizando el título de la exitosa novela de Blanco Corredoria «Añoranza de guerra». Pero la añoranza por el ladrillo y el negocio que genera no queda en el terreno de la eficiencia energética. La verdadera revolución está por llegar.

Esa revolución podría comenzar el 31 de diciembre de 2018 para los nuevos edificios públicos y el 31 de diciembre de 2020 para todos los edificios nuevos construidos en España. A partir de esa fecha todos los edificios deben ser «edificios de consumo casi nulo», lo que convierte al consumidor de energía en productor al mismo tiempo.

En definitiva, los nuevos edificios tendrán que disponer de sistemas de generación de energía (eléctrica, térmica y/o de refrigeración) que utilicen energías renovables y que autoabastezcan el consumo de los propios vecinos. Sólo en caso de necesidad (por ejemplo cuando no sople el viento o no brille el sol), los vecinos consumirán energía procedente del resto de fuentes generadoras. 

Para esto último, sin embargo, habrá que esperar a la aparición del Decreto de balance neto de energía, pero eso es otra historia.

Lo que sí parece haber es añoranza por el ladrillo. Aunque sea viejo.