"Habremus" pugna autonómica (José Manuel Cansino en La Razón el 18/3/13)

Para el año que viene debe estar listo un sistema de financiación autonómico nuevo que vendrá marcado por la crisis económica y la deriva independentista catalana.

Soy de los que sostienen que antes de garantizar la financiación autonómica o de cualquier otra Administración, hay que repensar el modelo de Estado. En otros términos, hay primero que saber cuánto dinero verdaderamente necesitamos para atender los servicios públicos, una vez eliminadas las duplicidades y triplicidades de competencias. Luego veremos de qué forma se financian cada una de las administraciones en el ejercicio de sus respectivas competencias.

El razonamiento es tan sencillo como el que puede hacerse cualquier familia que antes de pensar en cómo conseguir el dinero, tiene que ventilar la cuestión de qué necesita verdaderamente.

Aquí parece que no. Se va a poner de nuevo en marcha la pugna autonómica por resolver de dónde vienen los dineros sin cuestionarse democráticamente dónde nos ha llevado replicar la estructura estatal diecisiete veces, amén de en miles de ayuntamientos.

Sea como fuere hay dos cuestiones a abordar. La primera es la improrrogable permanencia de un sistema de financiación privilegiado para los cuatro territorios forales (las cuatro provincias vascas y Navarra). La desigualdad que este sistema introduce es tan grande que los españoles que residen en Navarra disponen de en torno a un 160% de recursos respecto al resto de compatriotas. Por ejemplo, y con datos de 2010, los residentes en la región valenciana tendrían un 93%.

En la cuestión foral debe tenerse en cuenta que una cosa son las peculiaridades institucionales del territorio (por ejemplo la posibilidad de tener una agencia tributaria propia) y otra cosa es tener un sistema de financiación claramente ventajoso. Nada hay, ni en la Constitución de 1978 ni en ninguna norma, que otorgue a los ciudadanos vascos y navarros el privilegio de disfrutar de muchos más recursos que los demás para financiar servicios esenciales como la sanidad o la educación.

La segunda cuestión a abordar es la de resolver el importante problema de inequidad que tiene el sistema actual de régimen común (el que rige para el resto de regiones).

En este punto la debilidad del sistema radica en la forma en la que están articuladas las denominadas transferencias verticales a las comunidades autónomas y que proceden del Fondo de Suficiencia y Convergencia.

La realidad es tan estridente que este tipo de transferencias en la práctica están manteniendo el «statu quo» de las regiones, es decir, no sirven para reducir las diferencias en disponibilidades de recursos entre quienes tienen más y quienes tienen menos, sino precisamente para garantizar que quienes tienen copiosos recursos no bajen posiciones en el «ranking».

A mayor abundamiento de lo anterior reaparece aquí la cuestión foral ya que los territorios forales no contribuyen a la nivelación de recursos del resto de regiones españolas. Su aportación a la hacienda general se limita a una valoración «sui generis» de los servicios que la Administración General del Estado sigue prestando en las provincias vascas y en Navarra. Valoración que apenas alcanza al 50% del coste real de estos servicios.

Agravando lo anterior, puede afirmarse sin matiz alguno que los sistemas de financiación vigentes emanan de unas normas legales tan complejas que todo viso de transparencia les resulta extraño. Quizá por eso es un terreno abonado para la recurrente pugna político-territorial y para los acuerdos propios de trastienda.

De todo esto ha hablado el doctor Ángel de la Fuente en la Universidad Pablo de Olavide invitado por el director de la cátedra BBVA, el profesor José Ignacio García Pérez, uno de los economistas andaluces más reputados. También uno de los más implicados en el estudio de los problemas que asfixian a la economía andaluza.

No en todo hemos coincidido con Ángel de la Fuente. Principalmente disentimos en la necesidad de reformar la Administración del Estado primero y la financiación de las necesidades de gasto, después. Yo opino que es necesario y él no está de acuerdo. En cualquier caso, siempre es interesante leer y oír a De la Fuente.

* Profesor titular de Economía en la Universidad de Sevilla

Los chalés de Sotogrande (José Manuel Cansino en La Razón el 11/3/13)

El fraude fiscal estimado en España –unos 70.000 millones de euros– equivale casi a los intereses que los españoles pagaremos en 2013 por la deuda pública pendiente de amortizar. Pero, con ser importante la cifra, es sólo la punta del iceberg.

Existe una gran masa de capitales que elude el pago de impuestos en España por estar residenciados en paraísos fiscales o en sociedades colectivas de inversión en valores (SICAV). Técnicamente y salvo que este patrimonio haya salido de España incurriendo en la práctica de evasión de capitales, no entra en el fenómeno del fraude sino en el de la elusión fiscal.

El fenómeno está tan extendido que todas las empresas que se incluyen en el IBEX35 tienen sociedades constituidas en paraísos fiscales o que buena parte de los chalés de la zona de Sotogrande y Costa del Sol son propiedad de empresas constituidas por españoles en Gibraltar. Esta última es una situación particularmente lacerante no sólo por la cuestión fiscal sino por la falta de reciprocidad, es decir, ningún español puede comprar una vivienda en Gibraltar.

La situación de las SICAV entra también de lleno en las prácticas de elusión fiscal. El rendimiento de estas sociedades tributa a sólo el 1 por ciento frente al tipo de gravamen habitual del impuesto de sociedades que es el 30 por ciento. Formalmente es un instrumento fiscal que permite diferir el pago de los impuestos al momento en el que se realizan las plusvalías pero hay dos hechos muy llamativos en torno a ellas.

El primero es que aunque se trata legalmente de sociedades que deben regentarse por las decisiones de la Junta de Accionistas cuyo miembro no puede ser inferior a cien, en la práctica suele existir un único socio de referencia y en no pocas ocasiones el resto de socios son testaferros puestos por la entidad gestora sin conocimiento de los propios implicados.

El segundo hecho llamativo en torno a las SICAV es la proliferación de políticos, profesionales de los medios de comunicación y deportistas que son los socios de referencia de estas sociedades. A muchos de ellos es habitual verles en manifestaciones o apoyando a partidos políticos que abanderan el «subir los impuestos a los más ricos».

Precisamente el trato de favor de las SICAV sólo parece cuestionarse tibiamente en épocas de campaña electoral para inmediatamente olvidarse cuando unos u otros ganan las elecciones. Además y a diferencia de lo que ocurre en países próximos como Francia en los que la normativa obliga a las SICAV a invertir en activos franceses, las SICAV españolas pueden tener hasta su último euro invertido en activos financieros extranjeros sin contribuir para nada al desarrollo de la economía nacional.

Las SICAV funcionan de manera muy parecida a paraísos fiscales nacionales, escapando su control directo de la Agencia Tributaria pues están bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un hecho verdaderamente chirriante en un país en el que no hay ninguna, repito ninguna, sentencia firme de condena a nadie por uso de información privilegiada.

En definitiva, si sumamos a los que directamente no pagan impuestos porque defraudan (los 70.000 millones de los que hablamos al principio), los que tampoco lo hacen porque tienen su patrimonio en paraísos fiscales y los que hacen otro tanto porque viven en el refugio de las SICAV, el grueso de los impuestos en España recae sobre quienes cobramos un sueldo y antes de que nos llegue al bolsillo, nos retienen el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social. Una situación lacerante.

De todo ello se ha hablado en el Seminario sobre Ética y Economía realizado en la Universidad de Sevilla con el patrocinio de la Fundación San Pablo Andalucía, el Servicio de Asistencia Religiosa y el Departamento de Análisis Económico de esta Universidad.

Profesionales como José Luis García Molina, vicepresidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Adrián Pliego, socio de Ceballos & Pliego, Guillermo Rocafort y Rubén Manso, ambos profesores y doctores en Economía, han defendido la necesidad de que la Agencia Tributaria cuente con más medios, la necesidad de acabar con el inaceptable comportamiento predatorio en lo fiscal de Gibraltar o la obligación de que las SICAV españolas inviertan su patrimonio en empresas españolas.

En mi opinión, una manera eficaz de reforzar los medios de la Agencia Tributaria es transfiriendo inspectores de tributos locales y regionales a la Agencia Tributaria. Prueba de que la transferencia es posible es lo señalado por el profesor Jaime López-Melendo; en Andalucía se ha pasado de recaudar 1.500 millones a sólo 400 en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Es evidente que parte de los inspectores autonómicos pueden transferirse a la Agencia Estatal Tributaria.

Frente a la estrategia del caracol (José Manuel Cansino en La Razón 4/3/13)

Si primero han sido las casas de los abuelos a la hora de reagrupar familias sin recursos para pagar el alquiler o directamente desahuciadas, ahora parece que son los polígonos industriales –hinchados de metros cuadrados abandonados– los que se llenan de familias que viven en naves industriales.

Dentro de poco habremos desandado dos siglos y volveremos a ver a los aprendices durmiendo bajo el mostrador y guardando sus escasas pertenencias en un rincón de la trastienda.

Parte de la sociedad ha adoptado frente a la crisis, la estrategia del Caracol. Sobrevive atrincherándose cada vez más encogida, en el último hueco habitable y en los céntimos de la pensión del abuelo. Unos abuelos que hasta hace poco las familias llevaban a las residencias y ahora urgen a su rescate llamados por el amor filial a la pensión.

Pero hay otra parte de la sociedad que no se resigna a vivir de los sueños malbaratados. Sueños que comenzaron a construirse cuando cientos de miles de jóvenes españoles obtenían un título universitario y que comenzaban a derrumbarse cuando, al cabo de los años, se levantaba acta verificando que jamás se había trabajado ni en aquello para lo que se estudió ni con el sueldo de titulados superiores.

Los ingenieros sociales se inventaron aquello de la «generación más preparada» y así acabamos teniendo carteros con doctorados en historia del arte, cajeros de supermercados licenciados en administración y dirección de empresas y auxiliares administrativos licenciados en psicopedagogía con un master en técnicas avanzadas en solución de conflictos familiares.

Sin embargo, la crisis también ha puesto de manifiesto a esa otra parte de la sociedad que espabilada por el hambre y sin dejarse adormecer por subsidios populistas, ha hecho las maletas y tomado un vuelo «low cost» para la Noruega que demanda ingenieros españoles, para la Alemania que necesita también de ellos, para la Gran Bretaña que conserva su sistema sanitario, pero que necesita de nuestros profesionales; para los Emiratos Arabes que necesitan albañiles o para el Méjico que quiere que luego nosotros le sigamos comprando barriles de Brent.

Y aprovechando la percha del crecimiento económico mejicano, todos nuestros emigrantes han hecho como la hazaña atribuida a Hernán Cortés; han quemado sus naves para vencer la tentación de volver a casa hasta no haber resuelto su vida y levantado una hacienda.

A ninguno de ellos se les enseñó la gesta del capitán extremeño. Ni en las clases de historia, porque aquello del imperio sonaba a facha; ni en literatura, porque leer «Cuando los dioses nacían en Extremadura» estaba también proscrito por la filiación ideológica del genio Rafael García Serrano. Si los millones de jóvenes españoles hubieran sido formados para enfrentarse a un mundo duro en lugar de prepararlos para un mundo desresponsabilizado, imperio de políticos y un centenar de familias, ahora serían muchos más los emuladores de Hernán Cortés que los apresados en la estrategia del Caracol.

Dentro de unas décadas en las facultades de economía se explicará la forma en la que las remesas de los emigrantes de comienzos del siglo XXI sirvieron para superar la gran recesión. Se dirá que los parados se convirtieron en emigrantes y con sus remesas se reactivó en buena medida el consumo interno y se equilibró el saldo de la balanza de rentas.

Para explicar eso no habrá que hacer un gran esfuerzo intelectual, más bien desempolvar los manuales de estructura económica en los que se explicaba cómo las remesas de los emigrantes de los años cincuenta fueron clave para el posterior desarrollo económico.

En mitad de todo esto quedará el dolor del desarraigo y, si somos agudos, la desaprobación de los que se inventaron lo de la «generación más preparada», pero les faltó añadir «para una economía en la que no encontrará empleo».

Ojalá esa generación que ahora se va regrese con ganas de subvertir con su experiencia un orden de las cosas en las que se ha desresponsabilizado a cada español de la principal tarea que es buscarse su propia vida.

José Manuel Cansino

Profesor titular de Economía en la Universidad de Sevilla

Palabras que terminan en «on» y el 28F (José Manuel Cansino en La Razón el 24/2/13)

En los últimos días han visto la luz importantes cifras económicas referidas al pasado reciente y al futuro inmediato. Todas ellas, como decía la canción de «Los burros» son palabras que terminan en «on» pero no son parar morirse de risa.

Recesión. La agencia de estadística de la Comisión Europea –Eurostat– acaba de confirmar que la zona euro vuelve a entrar en recesión al encadenar dos trimestres consecutivos con crecimiento económico negativo. El último dato, correspondiente al cuarto trimestre de 2012, es de una disminución del PIB de la eurozona del 0,6%. En el extremo de este promedio volvemos a encontrarnos los españoles, que encadenamos ya seis trimestres económicos con crecimiento negativo y más agudo que el promedio; un -0,7% para el mismo trimestre. La novedad es que también Alemania registra un crecimiento económico negativo (-0,5%), aunque es pronto para afirmar que están en recesión. Lo que sí se confirma es que la tendencia de la Eurozona marca la de los treinta y cuatro países miembros de la OCDE, que en los últimos tres meses de 2012 decrecieron un 0,2%.

Exportación. El sector exportador español sigue dándonos alegrías. El saldo comercial de España quedó reducido en diciembre de 2012 a 1.294 millones de euros, lo que sitúa en el 93% la tasa de cobertura española (las importaciones que se pueden pagar con el valor de las exportaciones). En cualquier caso, que nadie se equivoque. El equilibrio del saldo exterior también se explica, y en gran medida, por un descenso de nuestras importaciones arrastrado por la grave caída de nuestra demanda.

Depreciación y apreciación. La guerra de divisas persiste y tiene visos de agudizarse. El euro continúa con una suave pero mantenida apreciación. Desde junio del año pasado hasta ahora, la moneda de los diecisiete se ha apreciado un 10%, dificultando con ello la salida de la crisis vía exportaciones a los países emergentes. Frente a la apreciación del euro, Japón y China siguen bajo sospecha de promover la devaluación de sus monedas (el yen y el yuang, respectivamente), mediante el uso expansivo de la política monetaria. Unas prácticas estas, la japonesa y la china, a las que se intentará poner freno en la nueva cumbre del G20 pero, posiblemente, con el mismo escaso éxito que en las reuniones previas. Esta es una mala noticia para el sector turístico español y, particularmente, para el andaluz. Y es que, aunque nuestros principales clientes siguen siendo alemanes y británicos (cuya moneda o es la misma o, en el caso de la libra esterlina, tiene un tipo de cambio fijo con el euro), los turistas asiáticos se encuentran, al cambio, con menos euros en sus bolsillos cuando cambian su moneda o sus dólares.

Previsión. La Comisión Europea ha mantenido intacta la previsión de caída del PIB español en un -1,4% para 2013 y de crecimiento positivo del 0,8% el año siguiente. Sin embargo, las nuevas previsiones de la Comisión para la zona euro empeoran hasta esperar un crecimiento promedio del -0,5% para el año corriente. La confianza puesta en la recuperación de la economía española es extraordinaria pues, de cumplirse, supondría un crecimiento del 2,2% en tan sólo dos años para pasar de los números rojos a los negros. Lo que sí da por hecho la Comisión es el incumplimiento del objetivo de déficit público español para 2013 y una tasa de paro del 26,6%. Francia también quiere apuntarse al carro de los países que van a aumentar la cifra de déficit público.

Como se ve, y a diferencia de lo que dice la canción de «Los Burros», las palabras que terminan en «on» no son para morirse de risa.

Permítaseme ahora un breve apunte de fecha a propósito de la semana.

28-F. Es la fecha en la que quedará vacante la Sede de Pedro. Benedicto XVI abandona un papado breve pero sólido y valiente. Se marcha tomando entre sus últimas decisiones la del nombramiento del alemán Ernst Von Freyberg al frente del Instituto para las Obras de Religión (IOR); el mal denominado «Banco Vaticano». Von Freyberg debe culminar el proceso de inclusión de El Vaticano en la lista blanca de Moneyval que agrupa a los países comprometidos eficazmente en la lucha contra el blanqueo de capitales. Para quienes buscamos la Luz de Cristo, la opacidad en las finanzas vaticanas no tiene justificación. El evangélico anonimato de la caridad es una cosa y las cuentas cifradas son otra.

IV Seminario sobre Ética y Economía. Sevilla 6 de Marzo

El próximo 6 de Marzo se celebrará en la Facultad de Económicas de la Universidad de Sevilla, el IV Seminario sobre Ética y que tendrá como tema central "Ética y Fraude Fiscal".
Más información en iveticayeconomia@gmail.com

PACTO POR LOS PRIVILEGIOS INSTITUCIONALES (José Manuel Cansino en La Razón el 18/2/2013)

En mitad de la crisis institucional que azota a España desde la Jefatura del Estado hasta muchos pequeños municipios, el Presidente de la Junta de Andalucía ha propuesto un ‘Pacto por Andalucía’ que, a falta de mayor presupuesto, se ha concretado en una página web donde los ciudadanos pueden hacer llegar sus propuestas.

De los diez temas a los que se circunscribe el debate, el que mayor número de propuestas ha recibido es el de ‘Crecimiento y empleo’. En total se habían registrado a pocas horas de publicar este artículo, ochenta y ocho propuestas que son verdaderamente pocas si las comparamos con los 8.371.270 de ciudadanos que residen en Andalucía según el Instituto Nacional de Estadística.

Más llamativo resulta el hecho de que de aplicarse la mayoría de las propuestas que se registran en el apartado de ‘Modelo territorial’ (treinta y tres propuestas), la estructura institucional autonómica o desaparecería o quedaría muy reducida.

En definitiva o los andaluces tenemos muy pocas propuestas o somos indiferentes a este tipo de llamamientos hechos por unas instituciones muy desacreditadas.

Los sectores institucionales que hasta ahora han conformado la ‘gobernanza’ del Estado y de la economía: Monarquía, grandes partidos políticos (incluidos los ahora secesionistas), sindicatos mayoritarios y organizaciones empresariales, tienen a significados representantes en la cárcel o a punto de entrar en ella. Sólo un uso obsceno de la política de indultos ha permitido una población reclusa menor.

Todas estas instituciones han “coincidido en el presupuesto” como bien apunta el sociólogo Víctor Pérez-Díaz; un lugar –el presupuesto- en el que se reconcilian izquierdas y derechas, sindicatos y empresarios, monárquicos y republicanos. Se trata de ‘la paz social’ o ‘concertación’ de la que hablaba recientemente el Catedrático de Economía de la UPO, Alejandro Cardenete en una valiente entrevista periodística.

La consecuencia lógica de un sistema de concertación basado no el alcanzar acuerdos entre las demandas de cada sector sino en la manera de saciar una voracidad presupuestaria creciente, ha tenido como consecuencia lógica la aparición de una casta social transversal cuya única actividad es la ‘búsqueda de rentas’ presupuestarias.

Hablamos de transversal en el sentido de que está presente en el entorno de la Jefatura del Estado, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que, cada vez más lejos de sus cartas de naturaleza –participar en la vida pública desde una determinada ideología o defender los intereses de los trabajadores y empresarios- pastorean en el presupuesto y se reparten concesiones burlando la más elemental transparencia.

Escribía Lakof que quien acuñaba los conceptos fijaba los límites del debate. Parece que este ‘pacto’ sólo busca distraer a los ‘indignados’ andaluces de su drama cotidiano promoviendo acuerdos de cartón piedra que sólo garantizarán el mantenimiento de privilegios institucionales.

Es difícil saber si esta gobernanza que recuerda mucho al sagasta-canovismo o a la ‘Monarquía de izquierdas’ de la que habla Javier Castro-Villacañas, supervivirá a los procesos judiciales abiertos o se perpetrará en el poder estigmatizando a quien protesta diciendo que sólo buscan la impugnación parlamentaria.

Lo que sí es fácil deducir es que ninguna economía fuerte puede derivarse de semejante gobernanza y que el escaso uso de la web del Pacto por Andalucía en plena efervescencia de las redes sociales y nuevas tecnologías, es más fruto de la indiferencia ciudadana que de la ausencia de propuestas alternativas al ‘statu quo’ vigente.

ABOCADOS A UN SEGUNDO RESCATE AUTONÓMICO (José Manuel Cansino en La Razón el 11/2/2013)

(Viñeta publicada en La Vanguardia)

En apenas un lustro la estructura de la deuda pública autonómica ha cambiado radicalmente. Si hasta 2007 la deuda viva (la no devuelta) estaba en un 70% constituida por títulos de deuda pública emitidos por la Junta de Andalucía y comprados por los ahorradores y el 30% restante de lo que se debía eran préstamos y créditos adeudados a las entidades bancarias, 2013 terminará muy probablemente con una estructura bien diferente. Cuando (Dios mediante) nos comamos las uvas o las pipas si el bolsillo no da para más, de los 19.249 millones de euros que deberá la Junta de Andalucía, sólo la tercera parte serán títulos valores y los otros dos tercios, préstamos aunque no sólo –ni principalmente- a las entidades financieras. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?

Cada año una Administración Pública deficitaria debe conseguir el dinero suficiente no sólo para cubrir su déficit sino también para atender a los vencimientos de deuda. Uno puede pensar que esto de atender los vencimientos de deuda se puede tomar con calma como por ejemplo evidencia el lacerante retraso en el pago a los proveedores del Servicio Andaluz de Salud. No me refiero a esa deuda, sino a la deuda pública que se emite en los mercados financieros y que cuando llega el momento de devolverla, si no se hace, la reputación del emisor –en este caso la Junta de Andalucía- se vería tan dañada que probablemente nadie vuelva a comprar un céntimo de deuda autonómica andaluza.

La información es tan sensible que las Administraciones Públicas publican sin tapujos el calendario de vencimientos de los valores que han emitido en los mercados. Lamentablemente esa información no la ofrece la Junta de Andalucía a pesar de su interés evidente para los inversores y para los ciudadanos. Un déficit de transparencia que técnicamente es fácil de subsanar.

Bien pues hasta 2012 la Administración regional conseguía el dinero que le faltaba bien emitiendo títulos valores bien recurriendo a créditos o préstamos de las entidades financieras.

El primer mecanismo –la emisión de valores- era el cuantitativamente más importante y se basaba en tres programas, dos de carácter regular en el tiempo y otro sin calendario definido. El primer programa consistía en la emisión de bonos y obligaciones de la Junta de Andalucía en forma de subastas bimensuales dirigidas a captar el ahorro nacional. El segundo programa lo era de emisión de pagarés, por tanto, un sistema de financiación a corto plazo que cada quince días emitía pagarés con vencimientos que oscilaban entre los tres y los dieciocho meses. En 2009 entró en funcionamiento otro programa de emisión de deuda pública autonómica que en esta ocasión se orientaba a captar el ahorro extranjero. El programa –denominado Euro MTN- operaba a través de la Bolsa de Luxemburgo bajo legislación inglesa pero no se emitían títulos de manera periódica sino cuando las condiciones del mercado lo permitían.

Con la recesión en pleno apogeo en 2012 y la calificación de la deuda autonómica –no sólo la andaluza- al nivel de ‘bono basura’, las condiciones de emisión de más deuda pública resultaban completamente prohibitivas.

Efectivamente en 2012 Andalucía recibe dos grandes préstamos. El primero acogiéndose al Plan de pago a proveedores por el que recibe 2.700 millones de euros. El segundo acudiendo al rescate en forma de petición de préstamo a Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) con una operación final de 2.800 millones de euros.

Nada parece que vaya a cambiar en 2013 ni en la calificación del riesgo del ‘bono autonómico’ ni, consecuentemente, en las condiciones de acceso a los mercados de deuda por lo tanto Andalucía estaría abocada a pedir un nuevo rescate. Muy probablemente acogiéndose a una reedición del FLA.