En mitad de la crisis institucional que azota a España desde
la Jefatura del Estado hasta muchos pequeños municipios, el Presidente de la
Junta de Andalucía ha propuesto un ‘Pacto por Andalucía’ que, a falta de mayor
presupuesto, se ha concretado en una página web donde los ciudadanos pueden
hacer llegar sus propuestas.
De los diez temas a los que se circunscribe el debate, el que
mayor número de propuestas ha recibido es el de ‘Crecimiento y empleo’. En
total se habían registrado a pocas horas de publicar este artículo, ochenta y
ocho propuestas que son verdaderamente pocas si las comparamos con los 8.371.270 de ciudadanos que residen en
Andalucía según el Instituto Nacional de Estadística.
Más llamativo resulta el hecho de
que de aplicarse la mayoría de las propuestas que se registran en el apartado
de ‘Modelo territorial’ (treinta y tres propuestas), la estructura
institucional autonómica o desaparecería o quedaría muy reducida.
En definitiva o los andaluces
tenemos muy pocas propuestas o somos indiferentes a este tipo de llamamientos
hechos por unas instituciones muy desacreditadas.
Los sectores institucionales que
hasta ahora han conformado la ‘gobernanza’ del Estado y de la economía:
Monarquía, grandes partidos políticos (incluidos los ahora secesionistas),
sindicatos mayoritarios y organizaciones empresariales, tienen a significados
representantes en la cárcel o a punto de entrar en ella. Sólo un uso obsceno de
la política de indultos ha permitido una población reclusa menor.
Todas estas instituciones han “coincidido
en el presupuesto” como bien apunta el sociólogo Víctor Pérez-Díaz; un lugar –el
presupuesto- en el que se reconcilian izquierdas y derechas, sindicatos y
empresarios, monárquicos y republicanos. Se trata de ‘la paz social’ o
‘concertación’ de la que hablaba recientemente el Catedrático de Economía de la
UPO, Alejandro Cardenete en una valiente entrevista periodística.
La consecuencia lógica de un
sistema de concertación basado no el alcanzar acuerdos entre las demandas de
cada sector sino en la manera de saciar una voracidad presupuestaria creciente,
ha tenido como consecuencia lógica la aparición de una casta social transversal
cuya única actividad es la ‘búsqueda de rentas’ presupuestarias.
Hablamos de transversal en el
sentido de que está presente en el entorno de la Jefatura del Estado, partidos
políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que, cada vez más lejos de
sus cartas de naturaleza –participar en la vida pública desde una determinada
ideología o defender los intereses de los trabajadores y empresarios- pastorean
en el presupuesto y se reparten concesiones burlando la más elemental
transparencia.
Escribía Lakof que quien acuñaba
los conceptos fijaba los límites del debate. Parece que este ‘pacto’ sólo busca
distraer a los ‘indignados’ andaluces de su drama cotidiano promoviendo
acuerdos de cartón piedra que sólo garantizarán el mantenimiento de privilegios
institucionales.
Es difícil saber si esta gobernanza
que recuerda mucho al sagasta-canovismo o a la ‘Monarquía de izquierdas’ de la
que habla Javier Castro-Villacañas, supervivirá a los procesos judiciales
abiertos o se perpetrará en el poder estigmatizando a quien protesta diciendo
que sólo buscan la impugnación parlamentaria.
Lo que sí es fácil deducir es que
ninguna economía fuerte puede derivarse de semejante gobernanza y que el escaso
uso de la web del Pacto por Andalucía en plena efervescencia de las redes
sociales y nuevas tecnologías, es más fruto de la indiferencia ciudadana que de
la ausencia de propuestas alternativas al ‘statu quo’ vigente.
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