La industria y el humo (José Manuel Cansino en La Razón 10/12/2012)

La publicación por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del Índice de Producción Industrial (IPI) de octubre es una buena ocasión para reflexionar sobre la magnitud de la economía real frente a la economía financiera.

Una vez que se elimina el «efecto calendario» (la diferencia en el número de días hábiles que presenta un mismo mes en los distintos años), la tasa anual española del IPI en octubre ha vuelto a ser negativa, aunque menor que la registrada en septiembre (-3,3% frente al -7,5%).

Andalucía ha mostrado una tímida tasa positiva del 1,6%, muy alejada del crecimiento del 6,6% catalán pero también lejos del -14,5% que ha registrado Asturias. Como siempre ocurre, los datos estilizados son más jugosos para el análisis económico que los grandes agregados.

Por ejemplo, de entre los sectores económicos que crecen está el de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, lo que tiene como causa explicativa algo tan sencillo como que hace más frío y que los hogares españoles están muy electrificados.

También crece, y mucho, la fabricación de productos químicos, muy vinculada a la industria farmacéutica, a los resfriados y gripes otoñales y al notable éxito exportador de grandes laboratorios españoles como la multinacional Grifols y, a escala más pequeña, el laboratorio cordobés Pérez Giménez. Repárese en que el crecimiento del sector farmacéutico obedece esencialmente a las exportaciones de medicamentos, pues el gasto sanitario interno después de la implantación del euro por receta ha caído ya en 803 millones de euros.

Si nos fijamos ahora en los sectores industriales con un crecimiento negativo nos topamos con el de la producción de bienes de equipo (-2,5%) y el de la producción de bienes intermedio (-1,1%). Esto nos indica que la demanda de bienes de inversión continúa disminuyendo. Una preocupante realidad que debe atribuirse al doble hecho de que las empresas siguen sin prever un aumento de sus ventas –por tanto, no necesitan aumentar su capacidad productiva– y también a la contracción del crédito («credit crunch»). Esto es, aunque hubiese empresas decididas a emprender inversiones con una tasa de retorno atractiva, no habría crédito para financiarlas.

Analicemos ahora la información del INE atendiendo al destino económico de los bienes industriales producidos. Las conclusiones no son muy distintas. Cae la producción de bienes de equipo (-10,9%), de bienes de consumo duradero (-10,8%) y la de bienes intermedios (-6,9%).

Los datos regionalizados para Andalucía son un poco mejores pues, como se ha señalado, la tasa de variación anual del IPI ha sido positiva aunque pequeña (1,6%). Por destino económico de los bienes industriales, creció un 10,8% la energía, un 2,5% los bienes de equipo y un 1,8% los bienes de consumo. El dato negativo lo ha aportado el decrecimiento en un -15% de la producción de bienes intermedios.

A partir de lo anterior, lo único que se puede decir es que seguimos cuesta abajo aunque, acaso, con menor velocidad de desplome. En cualquier caso, sin visos de iniciar la remontada.

La radiografía anterior lo es de la industria «real», adjetivo que toma su raíz del latín «res-rei»; cosa. En definitiva, nos hemos referido a la actividad industrial que consiste en producir bienes tangibles.

Analicemos ahora la economía financiera cuya relación con la economía real motiva este artículo. En 2007 el porcentaje de activos financieros sobre el PIB mundial superaba el 343% –una relación de 1 a 3– y ello sin tener en cuenta lo que se estaba generando en el mercado de activos financieros derivados (unos 600 millones de dólares según «The Economist»). A principios de 2009, la relación entre actividad productiva o economía real y riqueza financiera llegó a ser de 1 a 5 según los economistas José Carlos Arias y Antonio Costas. El resultado de esta «financierización» de la economía ya lo conocemos y sufrimos.

Los instrumentos financieros han permitido el flujo del crédito y la cobertura de riesgos; faltaríamos al rigor si no se reconociese. Pero el alejamiento galopante de la economía financiera de la economía real que mide –entre otros índices– el IPI ha provocado una crisis terrible que debe obligarnos a recuperar un sistema bancario dual donde coexista la banca de depósitos con la banca de inversión pero perfectamente diferenciadas. De lo contrario, volveremos a hacer del humo financiero un producto industrial.

#megustaEspaña

Me he sumado a la campaña #megustaEspaña del periódico La Razón y lo he hecho enviando este texto que comparto con los amables visitantes de este blog.

“Necesitamos recuperar para nuestro vocabulario cotidiano el término Patria, sorprendentemente escueto en apariciones en la Constitución de 1978 pero habitual en cualquier texto constitucional homologable. Urge recuperarlo de forma desideologizada, transversal y valiente de manera que en la Patria nos reconozcamos todos los españoles en una España ancha y alegre. Una España que se proyecte hacia dentro e internacionalmente sobre la idea de nación-empresa orteguiana. Un sugestivo proyecto de vida en común que nos libere de un seguidismo de comparsa fuera y del yugo de los particularismos domésticos. Hagámoslo porque lo que queda de solidaridad está encerrado en la idea de España. La Patria común”.

José Manuel Cansino

Las divinas palabras del probo funcionario (por José Manuel Cansino en La Razón 3/12/2012)

(El exinterventor general de la Junta de Andalucía a la izquierda. Foto: La Razón)

Al día siguiente de uno de los centenares de crímenes de ETA hubo un humorista gráfico que, harto de la reacción política al uso, dedicó su viñeta a dibujar a dos personas. Una de ellas, indignada, reclamaba acciones duras contra los terroristas y la otra le contradecía haciéndole ver que «no había nada como un comunicado de enérgica condena».

Con las comisiones parlamentarias de investigación ocurre algo parecido. Pocas iniciativas más inútiles encuentro que su propia existencia. Primero, porque en ellas el Poder Legislativo se arroga unas atribuciones que lo son del Poder Judicial y segundo, porque si de exigir responsabilidades se trata, para ello ya está el criterio del ciudadano-votante que sabrá sancionar o premiar con su voto al culpable y al eficaz.

En la última semana ha circulado como la pólvora entre los departamentos universitarios de Economía Pública y también de los de Derecho Financiero, la carta que el ex interventor general de la Junta de Andalucía ha dirigido al Presidente del Parlamento andaluz en relación con el dictamen de conclusiones de la Comisión de los ERE.

La carta podría perfectamente haber circulado también por los departamentos de Literatura porque es una pieza de calidad literaria notable en la que el lenguaje técnico-jurídico se sostiene sobre el bastidor de la obra de teatro «Divinas Palabras» de Valle-Inclán.

El ex interventor golpea el argumento central del dictamen aprobado por la mayoría de la Comisión de los ERE cuando apunta al supuesto «Informe de actuación» que, según el dictamen, debería haber realizado la Intervención General de la Junta de Andalucía para impedir la tropelía de los ERE falsos. Tropelía que califica el ex interventor –con las cifras en la mente– del mayor caso de corrupción económica de España.

Efectivamente, el pretendido «Informe de actuación» no tiene ni causa legal (sin causa no puede haber efecto), ni destinatarios ni organismos que hubieran de tener en cuenta sus conclusiones. Y no sólo denuncia esto quien resulta señalado por el dedo acusador del dictamen, sino también el propio Gabinete Jurídico de la Cámara de Cuentas (órgano de control externo que depende del propio Parlamento que acoge la Comisión de Investigación) y los tres interventores generales que le han sucedido en el cargo.

Pero la carta es literalmente excepcional, no sólo en su interés académico para la Economía Pública, el Derecho Financiero y, acaso, la Literatura valleinclanesca, sino también para el procedimiento judicial abierto. Su autor auxilia la labor de la Fiscalía y de los magistrados al apuntar hacia los órganos de la Administración autonómica que podían haber detenido la corrupción «en sólo 24 horas». Y todo ello, con sólo haber tenido en cuenta los informes de auditoría que la Intervención General estuvo remitiendo durante diez años a la Consejería de Hacienda. Diez años de inacción y quince auditorías recibidas. Un hecho tan elocuente como groseramente eliminado del documento final como si hubiese sido redactado con tinta de broma, como oportunamente ha escrito Félix Machuca.

Lo peor de todo esto hubiera sido la impunidad. Tenemos un país donde detentar un cargo público es asumir la sombra de la sospecha. Y esto vale desde Urdangarín hasta quien tiene cuentas en Suiza y no recuerda cómo. Esto no es bueno para nadie, ni para los políticos ni para el resto de ciudadanos.

La impunidad es la que explica un nivel de fraude fiscal tan elevado. No pagar impuestos es un resorte social al que el ciudadano recurre como actitud compensatoria ante el mangazo impune de quienes administran su dinero. 

Por eso la carta es también excepcional, porque contra pronóstico ha conseguido que Izquierda Unida se resista a la ignominia de respaldar semejante caso de corrupción. En este proceso me consta que ha jugado un papel importante el diputado comunista y profesor de Economía, Alberto Garzón. Pocos políticos se sobreponen al rédito cortoplacista de cambiar un voto con la nariz tapada por unos metros cuadrados más de moqueta; por eso deben ser reconocidos.

Al final el rechazo del dictamen debe ser celebrado no sólo por el PP y por el sector crítico de IU, sino también por aquella parte del PSOE que alertaba sobre tamaño error. Pero, sobre todo, debe ser celebrado por los ciudadanos.

 

Añoranza del ladrillo. Aunque sea viejo (José Manuel Cansino en La Razón 26/11/2012)

La eficiencia se ha convertido en una pieza clave de la política energética de la Unión Europea y, consecuentemente, de España. No en balde la Agencia Internacional de la Energía estima que en 2035 el ahorro total asociado a mejoras en la eficiencia energética equivaldría a la quinta parte de la demanda global de energía de 2010. Probablemente se trate de una estimación demasiado halagüeña pues no existe precedente hasta ahora de ninguna economía que, en un par de décadas, consiga ganancias de eficiencia similares.

España ha ido transponiendo a nuestro ordenamiento jurídico las Directivas Comunitarias en esta materia y así desde 2007 está en vigor la obligación para los edificios de nueva construcción de disponer de un certificado de eficiencia energética.

Tanto por el ahorro que supone el uso más eficiente de la energía como por las crecientes obligaciones legales en esta materia, han emergido las denominadas empresas de servicios energéticos (ENEs), que facturarán unos 900 millones de euros en 2012. En total son unas 540 empresas las que conforman actualmente el sector.

Sin embargo, las expectativas de negocio de las ENEs tras la entrada en vigor en 2007 de la certificación energética obligatoria de los nuevos edificios se vio pronto truncada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Ahora las expectativas vuelven a mejorar con la próxima entrada en vigor del Real Decreto que obligará a disponer de una certificación de eficiencia energética a los edificios ya existentes.

El Real Decreto –ahora en fase de información pública– obliga a los propietarios de edificios, viviendas o locales a disponer de este certificado llegado el momento de su venta o alquiler. Para ello necesitan de un certificado que extendería un técnico certificador –una nueva salida profesional que aparece– que basará sus cálculos en un programa informático de libre acceso (CALENER) confeccionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE).

Previsiblemente muchos de estos «técnicos certificadores» procedan del sector de las empresas de fontanería, climatización, etc. con cuya Confederación ya ha firmado un acuerdo la asociación nacional que agrupa a las ENEs. Es más que probable que en breve, los administradores de fincas comiencen a recibir ofertas para que las comunidades de vecinos dispongan de este certificado junto con un plan de ahorro que acredite cuánto se pueden ahorrar los vecinos con una serie de medidas de mejora de la eficiencia. Estas medidas pueden ser importantes pues hay estimaciones que cifran en un 86,4% el máximo ahorro energético que puede alcanzar un edificio medido como la diferencia entre el consumo energético de un edificio A (el más eficiente) y el de un edificio C (el más ineficiente).

Existe, por tanto, una «añoranza del ladrillo» aunque sea viejo, utilizando el título de la exitosa novela de Blanco Corredoria «Añoranza de guerra». Pero la añoranza por el ladrillo y el negocio que genera no queda en el terreno de la eficiencia energética. La verdadera revolución está por llegar.

Esa revolución podría comenzar el 31 de diciembre de 2018 para los nuevos edificios públicos y el 31 de diciembre de 2020 para todos los edificios nuevos construidos en España. A partir de esa fecha todos los edificios deben ser «edificios de consumo casi nulo», lo que convierte al consumidor de energía en productor al mismo tiempo.

En definitiva, los nuevos edificios tendrán que disponer de sistemas de generación de energía (eléctrica, térmica y/o de refrigeración) que utilicen energías renovables y que autoabastezcan el consumo de los propios vecinos. Sólo en caso de necesidad (por ejemplo cuando no sople el viento o no brille el sol), los vecinos consumirán energía procedente del resto de fuentes generadoras. 

Para esto último, sin embargo, habrá que esperar a la aparición del Decreto de balance neto de energía, pero eso es otra historia.

Lo que sí parece haber es añoranza por el ladrillo. Aunque sea viejo.

El Golfo ya no es tan Golfo (José Manuel cansino en La Razón 19/11/2012)

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) acaba de hacer público el panorama energético mundial con el horizonte puesto en 2035. Ofrece un panorama que anuncia grandes cambios en el papel de los países, las regiones y los combustibles.

El dato que más ha trascendido es el papel emergente de EEUU que se convertirá en exportador neto de gas natural a partir de 2020 y también en exportador de petróleo. Este último hecho debilita la posición predominante que hasta ahora mantenía el Golfo Pérsico como punto de salida del crudo del Mar Caspio y avispero de conflictos internacionales. El reciente conflicto provocado por Irán y el papel jugado por Rusia y China es sólo el último ejemplo de una crisis latente cuya raíz es el control del crudo que fluye a través del Golfo y que, en 2035, la AIE estima que en un 90% tendrá como destino Asia y no Occidente. Con la irrupción de EEUU el Golfo parece que no seguirá siendo tan Golfo.

La influencia de Rusia se verá también atenuada al ser desbancada por Iraq como segunda potencia exportadora de petróleo que quedará tan sólo por detrás de la Liga Árabe al cubrir el 45% del crecimiento de la producción mundial de crudo. 

Lo anterior es crucial porque los combustibles fósiles seguirán dominando en los próximos años el «mix» energético global con una demanda de petróleo que alcanzará los 99 mb/d y empujará el precio del barril de crudo hasta los 215 dólares en el mismo año que la AIE considera en su informe.

También la demanda de gas natural se prevé que aumente hasta un 50% en 2035 y será abastecida principalmente por la mayor producción de, nuevamente, EEUU junto a Australia y China. 

El comportamiento del otro combustible fósil por excelencia, el carbón, no es tan previsible. Aunque la AIE maneja una previsión en la que la demanda mundial aumentará en un 21% (principalmente debido al mayor consumo de China e India), la evolución efectiva de la demanda dependerá de los acuerdos internacionales sobre emisiones de gases de efecto invernadero y del comportamiento del precio del gas natural. Sobre el primer punto las perspectivas no parecen ser muy halagüeñas habida cuenta de que, en este momento, los países que son responsables del mayor volumen de emisiones están fuera de los acuerdos de Kyoto.

Hay otros dos cambios relevantes que señala la AIE. Ambos afectan a España. 

El primero es el protagonismo creciente que se atribuye a las energías renovables en la generación de energía eléctrica pues ya desde 2015 se estima que se convertirán en la segunda fuente generadora y podrían desbancar al carbón en 2035. 

España tiene empresas que son líderes mundiales en algunas de las tecnologías renovables y, por tanto, la previsión de la AIE es buena. No obstante, esta trayectoria de las renovables depende del mantenimiento de los subsidios a estas energías; unos subsidios que absorberían en 2035 y en todo el mundo hasta 4.8 billones de dólares (atención porque el dato de la AIE aparece en trillones que equivalen a billones españoles). 

La prometedora trayectoria de las renovables también estará limitada por la disponibilidad de agua, ya que resulta un recurso esencial para algunas de las tecnologías y no todos los países disponen de ella en abundancia. Téngase en cuenta que el sector energético es responsable del 15% del consumo mundial de agua, consumo que tendería a aumentar si, por ejemplo, los biocombustibles de primera generación ganan protagonismo.

El último cambio relevante subrayado por la AIE en su informe es la importancia que va a jugar la mejora en la eficiencia energética. 

Una cifra resulta suficientemente ilustrativa: en 2035 el ahorro total asociado a mejoras en la eficiencia energética equivaldría a la quinta parte de la demanda global de energía de 2010.

Un estudio reciente de la mejora de eficiencia energética que España necesita para cumplir los compromisos para 2020 ha sido realizado por investigadores de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla.

La promoción pública de medidas de eficiencia energética es más barata que la promoción de energías renovables a través de subsidios. Además representa extraordinarias oportunidades de negocio para las empresas especializadas en aislamiento de edificios o en el diseño y construcción de ciudades inteligentes. He aquí otro camino para ir saliendo de esta crisis.

 

El misterioso bono a 20 años (José Manuel Cansino en La Razón, 12/11/2012)

Con la subasta del pasado jueves el Tesoro español ha colocado ya en el mercado deuda suficiente para afrontar los pagos en lo que queda de 2012. La cantidad total de deuda colocada ha sido de más de 4.760 millones de euros.

Hay tres hechos relevantes en esta última subasta que merecen ser espigados.

El primero y más evidente es que la necesidad de acudir a un rescate sigue desvaneciéndose aunque persistan voces que le atribuyen unas propiedades salvíficas que no han tenido para ninguno de los países rescatados. Ni Grecia, ni Irlanda ni Portugal han podido volver a financiarse en los mercados.

El segundo hecho relevante es menos inmediato pero igualmente importante. Me refiero a la estructura de vencimientos de la deuda que se acaba de colocar. Se trata en buena medida de deuda pública a medio y largo plazo (3,5 y 20 años), esto es, la más difícil de colocar porque los compradores son más reticentes ante el posible riesgo de impago cuanto más largo es el plazo de amortización. Lo contrario, es decir, emitir deuda a corto plazo (letras del Tesoro) para pagar los vencimientos de la deuda a medio y largo plazo, es verdaderamente peligroso y debe encender las alarmas de rescate inminente. No es así para el caso español. Hemos recuperado bastante confianza internacional a pesar de que nuestra economía sigue decreciendo y conseguimos que nos presten dinero a más de tres años.

El tercer hecho es verdaderamente inquietante y no debe pasar por alto. Me refiero a la emisión de bonos a veinte años que incluía la subasta del pasado jueves. En concreto 731 millones de euros del total de 4.760 millones que emitió el Tesoro, tienen un vencimiento a veinte años. Un plazo de amortización inusual y extraordinariamente largo que, aún así, ha conseguido colocarse aunque, naturalmente, a una rentabilidad más alta. Concretamente el Tesoro ha tenido que pagar una rentabilidad promedio del 6,4% por estos bonos.

La lectura trivial del asunto es que la confianza de los mercados en la solvencia de la economía española es muy buena porque está dispuesta a confiar en que dentro de veinte años estaremos en condiciones de devolver los 731 millones de euros que nos acaban de prestar.

Pero, un comentario anónimo aparecido en un medio de comunicación especializado nos ponía sobre la pista de la siguiente hipótesis.

Como es sabido, en los últimos años, la estructura de tenedores de la deuda pública española (las entidades que nos compran la deuda) ha cambiado. Ahora no son mayoritariamente bancos extranjeros los que la compran, sino bancos nacionales que primero le piden prestado el dinero al Banco Central Europeo a un tipo de interés bajísimo y luego compran la deuda obteniendo una rentabilidad mayor.

Imaginemos que un gran  banco diseña el siguiente negocio. Se trataría de un banco de estos que están al quite y dispuestos a comprar deuda en cada subasta con tal de no dejar la reputación española por los suelos (una emisión sin cubrir sería letal para nuestra credibilidad).

Entre sus clientes está una gran empresa aseguradora (o varias) con una cantidad importante de dinero procedente de las primas pagadas por sus asegurados al que le quiere sacar una rentabilidad alta. La necesidad de liquidez del dinero de la aseguradora es mínima. Sólo tienen que pagar a sus asegurados cuando se produzca la contingencia, por ejemplo, cuando alcancen una determinada edad. De manera que están interesadas en obtener una buena rentabilidad para una cantidad importante de dinero de la que no tienen necesidad de disponer a corto ni medio plazo.

Entonces el banco, sabedor de la intención de su cliente –la empresa aseguradora– decide ofertar un fondo de inversión de rentabilidad fija pero muy alta, lo que en principio no suele ser fácil.

Así que el banco, que siempre está al quite para echar una mano al Tesoro cuando hace falta, pero con dinero del Banco central Europeo, influye para que el Tesoro emita una importante cantidad de bonos con un vencimiento a veinte años que serán el cautivo subyacente del Fondo de Inversión que ofrecerá el banco a su cliente. Sigamos imaginando que el Tesoro acepta (porque sabe que la emisión va a cubrirse) y emite el bono.

En este caso, el banco ha conseguido una rentabilidad muy alta comprando con dinero que ha pedido prestado a bajo interés. Compartirá esta rentabilidad con la empresa aseguradora pero los intereses los tendremos que pagar con nuestros impuestos y con los impuestos de nuestros hijos.

¿Suena muy extraño, verdad? Pues pregúntense cuántos bonos a 20 años se han emitido últimamente.

Contra el paro (José Manuel Cansino en La Razón. 29/10/2012)

Ni aeropuertos sin aviones ni trenes sin pasajeros ni tranvías almacenados en cocheras tendríamos si tales vergonzantes y millonarias decisiones hubiesen dependido de una evaluación rigurosa y previa de su intensidad de uso. 

Naturalmente ninguna evaluación previa es infalible pero, si es rigurosa, reduce acentuadamente el riesgo de dilapidar el dinero de todos y con ello mejora la valoración que los ciudadanos hacemos de nuestra Administración pública. Esto último es clave para que el fraude fiscal no se dispare.

Con las políticas activas de empleo orientadas a reducir el paro ocurre lo mismo. Absorben muchos recursos –en España un 0,86% del PIB en 2009 según la OCDE–, pero no abundan las evaluaciones que nos digan qué tipo de política es la más adecuada para afrontar un problema tan crucial como el tener a 5.778.100 españoles parados.

Dos estudios relativamente recientes para el conjunto de la Unión Europea arrojan resultados interesantes de los que España ha tomado nota pero sólo parcialmente.

Los estudios a los que me refiero son el de Jochen Kluve publicado por la reputada revista «Labour Economics» y el publicado por este mismo autor junto con David Card y Andrea Weber, en el no menos reputado «Economic Journal».

El conjunto de políticas activas de empleo analizado es muy comprehensivo e incluye a los tradicionales programas de formación –tanto en centros como en el propio puesto de trabajo–, los programas de incentivos para la contratación por las empresas privadas –a través de subsidios a los costes salariales o ayudas al autoempleo–, los programas de contratación directa por la Administración pública y los programas que financian las actividades de ayuda a la búsqueda de empleo –mediante servicios de empleo tanto privados como públicos–, que además incluyen mecanismos de sanción. Estas sanciones se aplican cuando, por ejemplo, el desempleado no acude a las entrevistas de trabajo o rechaza ofertas de empleo sin causa sustantiva.

Ambos estudios no siempre llegan a conclusiones similares, lo que pudiendo parecer desconcertarte no es científicamente novedoso en ciencias sociales como la Economía. Otra cosa es que socialmente se le siga atribuyendo a esta ciencia una infalibilidad que es palpable que no tiene.

Vayamos por partes.

A pesar de ser la política activa de empleo de más larga tradición y gozar de una buena acogida ciudadana, ambos estudios señalan que las políticas de formación no son, precisamente, las que mejores resultados arrojan a corto plazo para las personas que se benefician de ellas. Particularmente esos resultados son aún más débiles cuanto más recientes son las investigaciones. Esta cuestión no debe pasar por alto pues son las que se soportan en bases de datos más completas y utilizan las técnicas de evaluación más depuradas. Sin embargo, los resultados a más largo plazo, más de dos años después de terminar la formación, no son tan negativos.

Es importante ser riguroso aquí pues las investigaciones a las que nos referimos no afirman que los resultados de las políticas de formación sean malos a corto plazo y en términos de la empleabilidad post-programa del beneficiario, sino que la probabilidad de que esa empleabilidad mejore es mucho menor que en otros casos.

La cuestión clave es, por tanto, conocer cuáles son las políticas activas de empleo que mejores resultados arrojan. Naturalmente la cuestión es crucial no sólo porque contribuye a reducir la dramática cifra de parados sino también porque orienta al «decisor» político hacia dónde debe invertir la mayor parte de los dineros que todos ponemos en sus manos. Ambos estudios coinciden en señalar que el dinero invertido en los servicios de ayuda en la búsqueda de empleo está asociado a los mejores resultados. Esto ocurre tanto si los servicios son privados como si son públicos. Sin embargo, estas políticas activas de empleo resultan ser eficaces sólo si van acompañadas de mecanismos de sanción en forma, por ejemplo, de pérdida de la prestación por desempleo para las personas que no acudan a las entrevistas de trabajo que se les concierten a través de los servicios de empleo o rechacen inmotivadamente ofertas de trabajo. 

Es en este sentido en el que han avanzado las últimas reformas laborales realizadas en España, lo que falta ahora es aumentar el presupuesto de los servicios de colocación; unos servicios de colocación que también han sucumbido a los excesos descentralizadores siendo ahora 17 los que coexisten en España.

Los estudios son claros a la hora de responder a la pregunta de cuáles son las políticas activas de empleo más eficaces y las que deben recibir, por tanto, los mayores recursos públicos: los servicios de colocación que incorporan mecanismos de sanción.

Por cierto que las políticas que peor efecto provocan sobre la empleabilidad de los beneficiarios son las que consisten en la contratación temporal de desempleados directamente por las administraciones públicas.

Lo que sí es claro es que la evaluación de políticas públicas es necesaria tanto para evitar construir aeropuertos sin aviones como para facilitar un empleo a quien quiere trabajar y no puede.