El 28 de Diciembre del año
pasado, el mismo día en el que las organizaciones pro vida recuerdan a las
víctimas del aborto, publiqué en esta página que uno de los tres grandes retos
que el nuevo gobierno tendría que afrontar sería cuadrar las cuentas. Así se lo
exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo y así se ha demostrado
incluso superando las estimaciones de la propia Comisión Europea. Finalmente el
Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el déficit público español
en 2015 fue del 5.16 %, casi un punto por encima de lo permitido por Europa y
peor que la estimación de incumplimiento que esperaba Bruselas y que sólo
alcanzaba al 4.5 % del PIB.
En resumen más de 50.000 millones
de euros de gasto por encima de los ingresos y eso que no se cuentan las ayudas
a la banca que alcanzaron los 547 millones en 2015; una trampa contable como
otra cualquiera y que, de haberse incluido hubiera elevado el déficit del
conjunto de las administraciones públicas hasta el 5,23% del PIB equivalente a
56.608 millones de euros. Poco de esto parece importar en un país donde se
puede ser doctora en Derecho Constitucional, Ministra y sostener que el dinero
público no es de nadie; un prólogo perfecto para concluir que el déficit público
importa poco o es del todo inocuo. Naturalmente ni Vd ni yo podemos hacer lo
mismo pero esa es otra historia.
Parte de esa sensación social de
que el déficit importa poco obedece a las muy tibias o inexistentes
consecuencias para quienes incurren en él junto con la ausencia de
compensaciones para las administraciones públicas cumplidoras.
Por una parte la Comisión Europea
jamás ha sancionado a ningún país por incumplir sus compromisos de techo de
déficit. La Administración Europea se limita a poner en marcha el denominado
“protocolo de déficit excesivo” cuando algún país incumple pero todo acaba en
el envío de un plan financiero trianual en el que el gobierno del país
advertido se compromete a cumplir una batería de medidas hasta enjugar su
déficit hasta una cuantía aceptada. Prueba de que esto es de una tibieza enorme
es que España lleva ocho años consecutivos incumpliendo el techo de déficit
pactado con Bruselas.
La otra explicación de esa
limitada preocupación con la que se recibe la cifra de déficit hay que buscarla
en las consecuencias que se derivan en España para las administraciones
incumplidoras. España decidió por iniciativa del presidente Aznar llevar a
rango de Ley el compromiso de Estabilidad Presupuestaria. No tenía por qué
haberlo hecho; bastaría el compromiso del gobierno de turno pero así se decidió
para mandar un mensaje de rigor presupuestario a nuestros socios en la Unión
Europea.
La norma relevante en este asunto
es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Esta ley establece que cuando alguna de las administraciones que tenemos en
España presentan déficit (la General, la Autonómica, la Local y la de Seguridad Social), se ponen
en marcha una serie de mecanismos de corrección que pueden acabar en la
imposición de multas severas. Por ejemplo, para las administraciones
territoriales (general, autonómica y local) se debe poner en marcha la
denominada regla de gasto que impide que éste aumente más que el crecimiento
potencial de la economía, esto es, el 1.8 % actualmente. Pero si las
administraciones no acaban ajustando sus gastos a sus ingresos, la Ley de
Estabilidad Española incluye mecanismos sancionadores como la exigencia de
realizar un depósito del 0,2% del PIB o la intervención por parte de la
Administración General del Estado. Como pueden imaginar, jamás se ha multado a
ninguna administración pública a pesar de que en algunos casos como Cataluña o
Valencia, las desviaciones presupuestarias han sido sistemáticas y tan
abultadas que entre estas dos regiones explican la mitad del exceso de déficit
del que son responsables las Comunidades Autónomas. En el caso particular de
Andalucía cerró 2015 con un déficit del 1,13 por ciento, medio punto (0,53) por
debajo de lo alcanzado por la media de las regiones (1,66).
Todo apunta a que el Ministro de
Hacienda en funciones va a limitarse a instar a las incumplidoras a que hagan
un acuerdo de no disponibilidad para garantizar que los nuevos recursos que van
a recibir este año (10.000 millones de euros) no vayan a incrementar el gasto,
sino a financiar el que ya tenían en 2015 y a corregir el déficit.
En resumen, el déficit público
preocupa socialmente muy poco y las sanciones que reciben los incumplidores son
tan suaves que en nada se parecen a las que cualquier ciudadano podría esperar
cuando no equilibra sus cuentas. Recientemente un reputado profesor de Economía
Pública reflexionaba sobre la posibilidad de llevar a las administraciones
públicas incumplidoras ante los tribunales ordinarios de justicia. Una
propuesta, sin duda, a estudiar.
Pero quedémonos con un dato
esperanzador. El dato es el de la evolución del déficit primario, esto es, el
déficit que queda una vez que descontamos los intereses pagados por la deuda. El
déficit primario es mejor reflejo de la política presupuestaria actual ya que
el déficit público global (que incluye el pago por la deuda) arrastra la
inercia de déficit anteriores que se tuvieron que financiar emitiendo deuda
pública incluso cuando, en un alto riesgo de pedir el rescate, España tenía que
pagar una prima de riesgo altísima. El déficit primario se ha reducido del 2.4
% del PIB en 2014 al 2.1 % en 2015; algo es algo, y a ello han contribuido
favorablemente las administraciones locales. Pero no nos engañemos. La
disciplina presupuestaria exhibida por las administraciones locales
(esencialmente ayuntamiento, cabildos y diputaciones) responde a que se
acogieron al Plan de Pago a Proveedores y ello limita extraordinariamente su
capacidad discrecional de gasto.
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