El pasado 24
de junio finalizó el plazo de alegaciones al borrador del Real Decreto de
regulación del autoconsumo eléctrico; un texto que sólo su complejidad explicaría
que no haya tenido un mayor protagonismo en el debate social.
La idea básica
en esta cuestión es el cambio en el sistema eléctrico como consecuencia de la
posibilidad de que los consumidores de electricidad instalen en sus hogares una
pequeña central de generación eléctrica con la que se autoabastezcan en parte, viertan
a la red lo que no necesiten y puedan tomar electricidad de la red cuando su
propia producción sea insuficiente.
De llevarse a
cabo este cambio, el sistema de generación eléctrico español registraría un
importante cambio. El propio borrador presentado por el Ministerio de Industria
define al sistema actual como “un esquema de generación centralizada,
unidireccional y complementado con medidas de incentivo y control sobre la
actuación de la demanda”.
Las razones
que pueden llevar a un pequeño o mediano consumidor a instalar un sistema de
generación eléctrica son de dos tipos; una marcada convicción de las bondades
de las energías limpias (las tecnologías más plausibles en este asunto son la
solar fotovoltáica y la minieólica) y/o una razón de tipo estrictamente
económico.
En este
segundo caso –la motivación económica- la persona interesada valora por una
parte el ahorro en su factura eléctrica frente al coste de comprar su generador
eléctrico, pero también la posibilidad de obtener un ingreso vinculado a la
venta de la electricidad excedentaria.
En una Nación
donde tres grandes compañías generadoras se reparten la mayor parte del mercado
y donde está extendida una percepción social desfavorable hacia las mismas, no
es difícil adivinar que este cambio en el sistema eléctrico despierta
simpatías. Unas simpatías que no deben hacer pasar por alto los riesgos y
complejidades del tránsito de un modelo centralizado a otro descentralizado.
Hay dos tipos
de riesgos a subrayar. El primero es de naturaleza técnica y el otro económico.
Desde un punto de vista técnico, el borrador advierte de que “el Gobierno debe
compatibilizar el desarrollo de la generación a pequeña escala, vinculada al
consumo eléctrico, minimizando el impacto para el conjunto del sistema eléctrico
(garantizando) un desarrollo ordenado de la actividad, compatible con la
necesidad de garantizar la sostenibilidad técnica y económica del sistema
eléctrico en su conjunto”.
Efectivamente,
un sistema de generación distribuido, difuso, es mucho más difícil de
gestionar. Sólo desde el punto de vista de minimizar el riesgo de disrupción
del suministro (apagones masivos de luz), el sistema distribuido es más
complejo; hay que supervisar permanentemente las pequeñas centrales de
generación y planificar la garantía del suministro. Imaginemos un parque de
pequeños generadores que hace innecesaria la inversión en redes pero que, su
envejecimiento acaba llevando a un funcionamiento inadecuado. Llegado el
momento, los titulares de las pequeñas instalaciones ya fuera de uso pueden
exigir una garantía de suministro imposible porque se dejó de invertir hace
tiempo.
El otro tipo
de riesgo asociado al tránsito entre modelos (centralizado a descentralizado)
es de tipo económico. Un volumen masivo de consumidores que dejen de ser
consumidores convencionales y se nieguen a pagar por un sistema que ya no
utilizan con la misma intensidad que antes, supondría una quiebra para un
sistema eléctrico deficitario durante muchos años. Por esa razón, el borrador
del Ministerio deja bien claro que deben seguir contribuyendo a los costes
generales del sistema que se ocupa de definir con una claridad que luego se
echa en falta en el resto del texto. Así, aunque se apueste por el sistema de
autoconsumo, se habrá de seguir pagando por el uso de las redes eléctricas
(peajes de acceso), por la retribución a las energías renovables, por
cogeneración de alta eficiencia y residuos, por el extracoste de los
compatriotas canarios y baleares, por los mecanismos de capacidad y por las
anualidades correspondientes a los déficit del sistema eléctrico que se había
ido generando desde hacía años. A todo esto, se añadirá otro pago en concepto
de peaje de respaldo que fijaría el Ministerio y que vendría a ser un pago para
contribuir a garantizar que el ‘Plan B’ funciona si tu aerogenerador deja de
moverse.
Con lo
anterior, el Ministerio pretende minimizar los riesgos técnico y económico de
cambiar de un sistema a otro.
Sin embargo,
el borrador incluye una falla en la lógica económica que está detrás de la
decisión de un consumidor de cambiarse de sistema, y es que si como dice el
propio Gobierno “Se trata pues de avanzar hacia un sistema de generación
distribuida mediante mecanismos de venta de excedentes (y) autoconsumo
instantáneo”, el texto resulta luego o abiertamente contradictorio o
desconcertante.
Efectivamente,
el artículo 10 es taxativo cuando afirma que “La energía eléctrica excedentaria
(…) no podrá llevar aparejada contraprestación económica”. Una afirmación contradictoria no sólo con el
preámbulo del texto sino también con su artículo 17 que afirma que “El
productor percibirá por el vertido (…) las contraprestaciones económicas
correspondientes”.
Así pues, si
se prohíbe cobrar por vender la electricidad excedentaria el único interés
económico de un posible interesado estaría en hacer números y ver si puede
amortizar razonablemente pronto la inversión con el ahorro de consumo eléctrico
externo y sabiendo que, de cualquier forma, tendría que seguir pagando una
serie de cargas generales.
Desaparece así
el incentivo de algo tan razonable de cobrar por una energía eléctrica que no
se necesita, que se vierte a la red y que, muy probablemente, será vendida –por
una empresa comercializadora- a otro consumidor.
La complejidad
de este cambio no debe ir en contra de la lógica económica; ni de quien
garantiza el funcionamiento del sistema ni de quien considera convertirse en un
autoconsumidor-productor.
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