¿LA NUEVA COLONIZACIÓN DE AMÉRICA? (José Manuel Cansino en La Razón el 20/7/2015)

La empresa española Gamesa, una de las líderes del sector de las energías renovables, acaba de anunciar unos muy valorables contratos en países asiáticos. Otras, como la sevillana Abengoa, ya cuenta con importantes proyectos empresariales en países hispanoamericanos y precisamente sobre éste continente me extenderé aquí.

Hace unos días tuve la oportunidad de impartir un seminario en una universidad chilena muy bien posicionada en el 'ranking' de calidad de este país hermano. El tema central analizaba el posible compromiso del Gobierno Chileno en la próxima Cumbre de las Partes a celebrar en Diciembre en París. Si las negociaciones de los países resultan exitosas, en esa cumbre se debe definir un acuerdo internacional que sustituya al Protocolo de Kioto y que entre en vigor en 2020. En mi opinión, Chile está en una buena posición para asumir compromisos obligatorios en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Como quiera que parte de la estrategia de cualquier país para reducir sus emisiones contaminantes pasa por aumentar el uso de energías renovables, parte de los asistentes al seminario me señalaron la notable proliferación de los parques eólicos, precisamente una tecnología en la que las citadas Gamesa o Abengoa son claves desde una perspectiva internacional.

Lo llamativo es que se me señalaba con fina ironía que "curiosamente todos eran propiedad de empresas españolas". Así las cosas y en un ambiente distendido, me preguntaban si no debía entenderse esto como una "nueva colonización".

Esta percepción del público no debe pasar por alto y no sólo por las empresas españolas, sino también por los implicados en las relaciones diplomáticas hispanoamericanas.

Hay dos cuestiones en el trasunto de esta percepción. La primera es que psico y sociológicamente, cualquier explotación de los recursos naturales de un país por empresas extranjeras suscita una extendida sensación de rechazo incluso cuando, como en este caso, se trata de un recurso libre como es el viento que mueve los aerogeneradores de los parques eólicos. Cuando la explotación de estos recursos no se asienta en un acuerdo empresarial socialmente aceptado o aparecen prácticas de robo (como ha ocurrido con la explotación de algunos yacimientos petrolíferos en Hispanoamérica), no es infrecuente que el resultado final sea el de la nacionalización de las empresas extractivas.

La otra cuestión en el trasunto de esta percepción de considerar a las empresas españolas como prueba de una "nueva colonización" es un reverdecer de un sentimiento indigenista que ha estado muy presente en los discursos del Papa Francisco en sus visitas -esos mismo días- a Bolivia, Perú y Ecuador. 

La inmensa mayoría de los procesos de expansión territorial han sido cruentos. También los españoles. Cruentos eran también los enfrentamientos entre los pobladores originarios con los que se encontraron los descubridores españoles hace cinco siglos. Y no menos cruentos -pero en esta ocasión ausentes del discurso del Santo Padre- fueron las campañas de exterminio indígena que emprendieron los mandatarios criollos recién alcanzada la independencia de España. Pocas fronteras políticas, sea cual sea el continente, se han trazado sin conllevar derramamientos de sangre.

Pero después de más de cinco siglos de encuentro y dos de relaciones entre potencias independientes, seguir mirando a España con el recelo de quien mira a la Metrópoli resulta un balance tramposo que sustrae del plato positivo de la balanza las aportaciones al desarrollo de los países hispanos que ha realizado España. También las vidas de los españoles que segaron las guerras independentistas. Cinco siglos de encuentro deben conducir a un balance mucho más equilibrado que el realizado desde una estrecha mirada indigenista que sólo fue alentada por la nobleza criolla a beneficio de inventario.

La empresa española en América, con todas las sombras que el Papa denuncia oportunamente, tuvo una dimensión evangelizadora que impidió que las relaciones comerciales carecieran de exigencias de dignidad humana tan vulneradas en otros imperios que jalonan la Historia. Compárese la condena del Papa Bergoglio de la labor española en América con las palabras de Juan Pablo II en 1982: “Vengo atraído por una historia admirable de fidelidad a la Iglesia y de servicio a la misma, escrita en empresas apostólicas y en tantas grandes figuras que renovaron esa Iglesia, fortalecieron su fe, la defendieron en momentos difíciles y le dieron nuevos hijos en enteros continentes” (31/10/1982).

EL NUEVO SISTEMA ELÉCTRICO (José Manuel Cansino en La Razón el 13/7/2015)

El pasado 24 de junio finalizó el plazo de alegaciones al borrador del Real Decreto de regulación del autoconsumo eléctrico; un texto que sólo su complejidad explicaría que no haya tenido un mayor protagonismo en el debate social.

La idea básica en esta cuestión es el cambio en el sistema eléctrico como consecuencia de la posibilidad de que los consumidores de electricidad instalen en sus hogares una pequeña central de generación eléctrica con la que se autoabastezcan en parte, viertan a la red lo que no necesiten y puedan tomar electricidad de la red cuando su propia producción sea insuficiente.

De llevarse a cabo este cambio, el sistema de generación eléctrico español registraría un importante cambio. El propio borrador presentado por el Ministerio de Industria define al sistema actual como “un esquema de generación centralizada, unidireccional y complementado con medidas de incentivo y control sobre la actuación de la demanda”.

Las razones que pueden llevar a un pequeño o mediano consumidor a instalar un sistema de generación eléctrica son de dos tipos; una marcada convicción de las bondades de las energías limpias (las tecnologías más plausibles en este asunto son la solar fotovoltáica y la minieólica) y/o una razón de tipo estrictamente económico.

En este segundo caso –la motivación económica- la persona interesada valora por una parte el ahorro en su factura eléctrica frente al coste de comprar su generador eléctrico, pero también la posibilidad de obtener un ingreso vinculado a la venta de la electricidad excedentaria.

En una Nación donde tres grandes compañías generadoras se reparten la mayor parte del mercado y donde está extendida una percepción social desfavorable hacia las mismas, no es difícil adivinar que este cambio en el sistema eléctrico despierta simpatías. Unas simpatías que no deben hacer pasar por alto los riesgos y complejidades del tránsito de un modelo centralizado a otro descentralizado.

Hay dos tipos de riesgos a subrayar. El primero es de naturaleza técnica y el otro económico. Desde un punto de vista técnico, el borrador advierte de que “el Gobierno debe compatibilizar el desarrollo de la generación a pequeña escala, vinculada al consumo eléctrico, minimizando el impacto para el conjunto del sistema eléctrico (garantizando) un desarrollo ordenado de la actividad, compatible con la necesidad de garantizar la sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico en su conjunto”.

Efectivamente, un sistema de generación distribuido, difuso, es mucho más difícil de gestionar. Sólo desde el punto de vista de minimizar el riesgo de disrupción del suministro (apagones masivos de luz), el sistema distribuido es más complejo; hay que supervisar permanentemente las pequeñas centrales de generación y planificar la garantía del suministro. Imaginemos un parque de pequeños generadores que hace innecesaria la inversión en redes pero que, su envejecimiento acaba llevando a un funcionamiento inadecuado. Llegado el momento, los titulares de las pequeñas instalaciones ya fuera de uso pueden exigir una garantía de suministro imposible porque se dejó de invertir hace tiempo.

El otro tipo de riesgo asociado al tránsito entre modelos (centralizado a descentralizado) es de tipo económico. Un volumen masivo de consumidores que dejen de ser consumidores convencionales y se nieguen a pagar por un sistema que ya no utilizan con la misma intensidad que antes, supondría una quiebra para un sistema eléctrico deficitario durante muchos años. Por esa razón, el borrador del Ministerio deja bien claro que deben seguir contribuyendo a los costes generales del sistema que se ocupa de definir con una claridad que luego se echa en falta en el resto del texto. Así, aunque se apueste por el sistema de autoconsumo, se habrá de seguir pagando por el uso de las redes eléctricas (peajes de acceso), por la retribución a las energías renovables, por cogeneración de alta eficiencia y residuos, por el extracoste de los compatriotas canarios y baleares, por los mecanismos de capacidad y por las anualidades correspondientes a los déficit del sistema eléctrico que se había ido generando desde hacía años. A todo esto, se añadirá otro pago en concepto de peaje de respaldo que fijaría el Ministerio y que vendría a ser un pago para contribuir a garantizar que el ‘Plan B’ funciona si tu aerogenerador deja de moverse.

Con lo anterior, el Ministerio pretende minimizar los riesgos técnico y económico de cambiar de un sistema a otro.

Sin embargo, el borrador incluye una falla en la lógica económica que está detrás de la decisión de un consumidor de cambiarse de sistema, y es que si como dice el propio Gobierno “Se trata pues de avanzar hacia un sistema de generación distribuida mediante mecanismos de venta de excedentes (y) autoconsumo instantáneo”, el texto resulta luego o abiertamente contradictorio o desconcertante.

Efectivamente, el artículo 10 es taxativo cuando afirma que “La energía eléctrica excedentaria (…) no podrá llevar aparejada contraprestación económica”.  Una afirmación contradictoria no sólo con el preámbulo del texto sino también con su artículo 17 que afirma que “El productor percibirá por el vertido (…) las contraprestaciones económicas correspondientes”.

Así pues, si se prohíbe cobrar por vender la electricidad excedentaria el único interés económico de un posible interesado estaría en hacer números y ver si puede amortizar razonablemente pronto la inversión con el ahorro de consumo eléctrico externo y sabiendo que, de cualquier forma, tendría que seguir pagando una serie de cargas generales.

Desaparece así el incentivo de algo tan razonable de cobrar por una energía eléctrica que no se necesita, que se vierte a la red y que, muy probablemente, será vendida –por una empresa comercializadora- a otro consumidor.

La complejidad de este cambio no debe ir en contra de la lógica económica; ni de quien garantiza el funcionamiento del sistema ni de quien considera convertirse en un autoconsumidor-productor.

SETENTA VECES SIETE GRECIA (José Manuel Cansino en La Razón el 6/7/2015)

La cosa pudo ser parecida a esta. Vd se reunió con su familia a la sombra del frigorífico vacío, una montaña de cartas de reclamación y un historial de paro que se remontaba a 2008. En aquel año Vd y su esposa trabajaban y ser un mileurista era ser un ‘pringadillo laboral’. De manera que su familia y Vd acuerdan por mayoría comunicar al banco que no van a pagar ni el préstamo hipotecario (que ya le refinanciaron) ni el préstamo personal (que también le habían refinanciado).

Cuando Vd se sienta con la directora de la sucursal le propone un plan para que su situación se resuelva y el banco no resulte perjudicado. La propuesta consiste en dividir sus préstamos entre los miles de clientes del banco que así, entre todos, harán frente con un pequeño esfuerzo a sus deudas impagadas. La directora se echa las manos a la cabeza, comienza a hacerle señas al vigilante de seguridad de la sucursal mientras le advierte que eso es imposible. Pero Vd, sin perder la calma, le explica que lo que le está pidiendo al banco –es una sucursal de Bankia- es lo mismo que el Estado español ha hecho con la propia entidad, esto es, nacionalizarla mediante una inyección de millones de euros que, en una buena parte, tendrán que pagar los españoles de ahora y los españoles de mañana. La directora, en ese momento, se sienta reposadamente y no sabe qué decirle.

Y como muchos directores de sucursal, la información de esta ejecutiva bancaria se transmite “hacia arriba” hasta que en la mesa del Ministro de Economía se amontonan los informes de bancos que piden lo mismo; dinero a cambio de dispersar la deuda entre millones de españoles. De manera que el Ministro de Economía, con la conformidad del Gobierno, llama al Eurogrupo y le dice que necesita un préstamo milmillonario pero que lo quiere a un tipo de interés cero porque si lo pide en el mercado de capitales, la prima de riesgo le obligará a pagar unos intereses muy altos. Naturalmente el representante del Eurogrupo le dice que ni hablar al Ministro, pero este, con la misma serenidad de Vd cuando le habló a la directora de la sucursal, le dice que lo que pide es lo mismo que el Banco Central Europeo viene haciendo desde que empezó la crisis, esto es, prestar a los bancos dinero a mansalva a tipo de interés casi cero para que puedan refinanciarse y comprar deuda pública que el gobierno peticionario y muchos más necesitan colocar.

Ante la negativa del Eurogrupo, el Ministro le dice que entonces convocará un referéndum para ver si pagan o no lo que ya debían. Nótese que el referéndum va con todos los avíos, esto es, se plantea a un electorado que ha asumido que de todo esto tienen la culpa los bancos, que hay que ir a una economía con rostro humano, que la economía no puede imponerse sobre la voluntad del Pueblo soberano y que esto es lo que hay.

Naturalmente este relato es una respetuosa caricatura de lo que está pasando con Grecia, pero no pocos de sus elementos son muy ciertos. El gobierno griego del momento mintió en sus cuentas para entrar en el euro. Pero entonces era tan improbable una situación como la actual que a las cuentas se les prestó una atención limitada y a los bancos que colaboraron en el maquillaje contable, tampoco. Sea como fuere, el Estado griego es responsable de su mentira.

Es cierto que Irlanda, Portugal, otros países rescatados por préstamos del BCE, la Comisión Europea y el FMI, han salido de la situación de rescate y ambos han pagado tipos de interés muy elevados. Hasta Chipre parece estar logrando una notable reactivación económica. De esta forma, permitir a Grecia lo que no se ha permitido a los demás sería un mal precedente, un agravio comparativo y lo que en Economía se llama una incitación al ‘riesgo moral’.

Pero también es cierto que en estos países, las recetas de ajuste fiscal han servido para pagar la deuda a costa de un notable esfuerzo de sus sociedades, y en Grecia, no. También es cierto que visto lo que ha prestado el Banco Central Europeo a un tipo de interés casi nulo gracias a una desinflación, probablemente los intereses pagados en los rescates podían haber sido mucho menores. Por último, es muy cierto que las reglas de decisión financieras no son equivalentes a la regla de “una persona, un voto”, y esto es lo que se ventila a partir del resultado de ayer; dos lenguajes muy diferentes fruto de un reparto del poder de decisión muy distinto.

El mundo moderno no es la primera vez que se enfrenta al cuestionamiento masivo del sistema financiero. De sobra conocido es que no pocos de los lamentables periodos de antisemitismo extendido tienen en su origen un ánimo de no pagar a los acreedores mayoritarios. Las sociedades europeas están muy próximas a la convicción del ‘Sí se puede’, evitar los desahucios y renovar los rescates tantas veces como el bíblico ‘hasta setenta veces siete’. Nadie sabe cómo va a terminar esta partida. El que diga lo contrario, miente.