La indolencia es uno de los grandes males
que azotan a la sociedad andaluza secularmente. Es un argumento sumamente
impopular cuando se esgrime como explicación del 36 % de desempleo que exhibe
esta región y también cuando se recurre a ella para explicar la tolerancia con
la corrupción pública.
No
es difícil entender la impopularidad del argumento. Su cuantificación es
imposible y, por tanto, lo que tenemos es una 'percepción' de que la indolencia
esta muy asentada en la sociedad pero no una cuantificación científica de la
misma. Esto es un problema pues la 'percepción' como escribía Coddington no es
'conocimiento' sino sucedáneo de conocimiento. De manera que frente a quien
esgrime la indolencia como factor explicativo de nuestra persistente posición
en la cola del empleo y de la renta per capita en España, siempre se pueden
espigar datos cuantificados sobre, por ejemplo, el número de elevado horas que
-en promedio- se trabaja en Andalucía . Naturalmente este es un dato más
robusto aunque tramposo pues no analiza el rendimiento del tiempo que se esta
en el puesto de trabajo.
Sobre
este y otros asuntos hemos tenido la oportunidad de reflexionar recientemente
convocados por el colectivo 'Andaluces Regeneraos'. Lo hemos hecho en una
sesión de trabajo moderada por el flamante doctor en Administración de Empresa,
Antonio Leal, recién llegado de la Universidad británica de Lancaster y junto
al presidente del Observatorio Económico de Andalucía, Francisco Ferraro.
Además
de intercambiar opiniones sobre la necesidad de revisar el modelo de la
Administración del Estado recuperando para la Administración General del Estado
las competencias en derechos fundamentales como la Educación y la Sanidad, tuve
oportunidad de debatir sobre dos cuestiones concretas relacionadas con la
indolencia.
La
primera está directamente relacionada con la propuesta, lanzada desde estas
mismas páginas, de recuperar las convocatorias de plazas de Catedrático de
Instituto.
La
propuesta hecha desde aquí ha sido una de las que mayor eco ha tenido aunque no
sin matizaciones. La primera la hizo el profesor Luis Rull, catedrático de la
Universidad de Sevilla y persona no solo implicada en la Academia sino también
en la vida cultural andaluza. El profesor Rull, estando de acuerdo con la
propuesta y con su gestión a nivel de la Administración General, no estaba de
acuerdo en que fuese la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad la que
evaluase el curriculum de los candidatos. Bien, es una cuestión no de falta de
voluntad sino de selección del órgano que haga la evaluación.
Sin
embargo la mayor reticencia la encontré entre los propios profesores y los
representantes sindicales. Los profesores de Instituto con los que debatí
desconfiaban de los criterios de promoción profesional que fijaría la
Administración Autonómica que sospechaban serían arbitrarios. Los
representantes sindicales leían la propuesta sin entusiasmo. Probablemente
recelosos de no poder promocionar a Catedrático ellos mismos si no se valora a
su actividad sindical en el mismo plano que la calidad de la docencia sobre la
que bascularia la posible promoción profesional.
El
resultado es que una propuesta que sirve para mejorar la calidad del sistema
educativo de las enseñanzas medias, queda empantanada por una mezcla de
desconfianza (fundamentada) y de indolencia (imposible de cuantificar por su
propia naturaleza) de quienes más interesados deberían estar en promoverla.
La
segunda manifestación de este mal escurridizo de la indolencia lo situo en el
fenómeno del subempleo . Un problema gravísimo que va más allá del ya del por
sí terrible problema del desempleo.
La
Organización Internacional del Trabajo define el subempleo por insuficiencia de
horas de trabajo como la situación en la que se encuentra un empleado que
estaría dispuesto a trabajar más horas de las que trabaja si se le ofreciese la
posibilidad. No es este al subempleo al que me refiero sino aquella situación
en la que el trabajador ocupa un puesto de trabajo para el que se exige una
cualificación mucho menor de la que tiene. Puede aceptarse esta situación para
los primeros estadios de la actividad profesional de una persona cuando aun
falta experiencia. Pero es económicamente ineficiente que una persona se
acomode de por vida a un empleo para el que le sobran los años de Master y de
Universidad. Un Máster y una Universidad que, si son públicos como ocurre
mayoritariamente en España, han sido pagados por todos los contribuyentes. En
otros términos lo anterior significa que 'ricos y pobres' pagan con sus
impuestos una formación universitaria que luego no se utiliza en el desempeño
de muchos puestos de trabajo.
Con
frecuencia la indolencia explica que después de acceder a una (o varias)
titulación (e)s superiores pagadas por todos los contribuyentes, muchos se
acomoden en un puesto de trabajo poco remunerado y muy por debajo de la
cualificación profesional de quien lo ocupa.
El
reconocimiento del esfuerzo y la confianza en la capacidad de cada persona en
la autosuperación como valores centrales de la sociedad darían muy poco espacio
a la indolencia y abrirían las puertas a una sociedad más justa con una
economía más sólida.
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