EL HECHO DIFERENCIAL (José Manuel Cansino en La Razón el 27/10/2014)

11,5 puntos son el diferencial existente entre las cifras de desempleo para el conjunto de España y para la región andaluza. Este y no otro es el resultado de comparar los números de la Encuesta de Población Activa correspondiente al trimestre que va de julio a septiembre de 2014.

El paro ha aumentado en Andalucía en 18.800 personas durante ese trimestre de 2014 (creciendo un 1,34 % respecto al trimestre anterior). Con esto son ya 1.419.100 los parados que residen en el sur de España lo que, en términos de tasa de paro, la cifra escala hasta  el 35,21 % frente al 23,67 % del conjunto de la Nación. Este y no otro es el hecho diferencial andaluz con el rostro y número de DNI de cada una de las personas que quieren trabajar y no pueden.

Cada vez que se publica este u otro dato similar (por ejemplo el dato mensual de paro registrado), urgen las valoraciones a beneficio de inventario de políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Pocos momentos como estos nos regalan los informativos para ver cómo de manera impúdica cada cual espiga el dato que respalda su discurso –ora como gobierno, ora como oposición, ora como sindicato, como empresario-. Datos espigados que se exhiben al tiempo que se ocultan los incómodos.

Y como muestra adicional de la sempiterna visión paternalista que tenemos en Andalucía y en buena parte del resto de España, cada vez que el paro sube (lo que ahora ha ocurrido en Andalucía pero no en media nacional), las miradas de vuelven hacia los gobiernos. En el trasunto está el supuesto asumido mayoritariamente de que corresponde a la Administración pública la creación de empleo y no a la sociedad civil –léase empresarios- que sigue sin enarbolar la bandera de la inversión y la creación de empleo.

En esta ocasión se ha pedido al gobierno de la Junta de Andalucía que se evalúen los planes autonómicos puestos en marcha contra el paro, la mayoría de ellos ligados a los Ayuntamientos. Unos planes que pueden manejar unos 900 millones de euros. Esto es, que se demanda algo tan razonable como evaluar el impacto en la empleabilidad de los beneficiarios de los programas pagados con dinero del contribuyente. Es algo que muchos economistas llevamos haciendo y reivindicando desde hace años sin gran éxito. Es posible que esto se deba a que buena parte de los programas de formación profesional, cuando se someten a evaluación rigurosa y anónima, no ofrecen unos resultados inequívocamente positivos. Reconocer esto sería tanto como poner en solfa todo un modus vivendi de sindicatos y organizaciones empresariales que ahora está en manos de los tribunales.

Corresponde a la Administración Pública el diseño de las reglas que favorezcan la creación de empleo pero no la creación directa del mismo más allá de lo que demande la cobertura de los servicios públicos y no las aspiraciones de colocación de los amigos de unos y otros.

Si seguimos atrapados en el paternalismo que nos hace mirar a la Autoridad cuando corresponde a la sociedad generar su propia prosperidad, estaremos como cuando en clase preguntamos a los universitarios andaluces en qué quieren trabajar en el futuro respondiendo la mayoría que “para la Junta de Andalucía”. Si continuamos equiparando la legítima ambición por un futuro mejor a comportamientos egoístas e insolidarios, estaremos perpetuando nuestro hecho diferencial por décadas enteras.

Hacer un inventario de las obras civiles que han quedado inacabadas en los tres niveles de la administración territorial y favorecer esquemas de cofinanciación, dar un papel central en facilitar el acceso al crédito de las PYMES a las dos sociedades de garantía recíproca existentes en Andalucía (Avalunion y Suraval), ayudar a evolucionar la estructura empresarial andaluza desde la microPYME a la PYME de mayor tamaño (si no es así, la reducida dimensión de las empresas las deja fuera de participar como empresas auxiliares en sectores tan importantes como el aeroespacial, la ingeniería civil o parte de la industria agroalimentaria); todas estas son propuestas que podrían ayudar a reducir el desempleo en Andalucía.

El fuerte desempleo andaluz no puede seguir esperando otro “boom inmobiliario” que lo elimine. En un mundo en el que países en expansión conviven con regiones azotadas por el paro, el empleo hay que buscarlo fuera. Las administraciones lo saben y deben ayudar a eso a pesar de que es impopular. Naturalmente que esto debe hacerse conjuntamente con el fomento de la creación de empleo, pero una y otra fórmula de encontrar trabajo exigen tiempo distintos. Muy distintos.

LOS SOCIOS Y EL MIEDO (José Manuel Cansino en La Razón el 20/10/2014)

En plena tormenta bursátil por el miedo a una nueva recesión en Europa y con millones de personas pendientes de cómo España gestiona la crisis del ébola, el Banco de España acaba de publicar los siempre jugosos datos de la Balanza de Pagos Española. Son jugosos per se para cualquier economía abierta –la nuestra lo es- pero lo son aún más por las esperanzas depositadas en el sector exterior como hoja de ruta para salir de la crisis.

Los datos no son alentadores. De esto ya hemos venido hablando pero ahora le daremos otra vuelta de tuerca. El superávit por cuenta corriente en julio de 2014 se situó en 1,4 miles de millones (mm) de euros, frente a 2,2 mm en el mismo mes de 2013. Esta evolución se explica por el menor superávit de la balanza de bienes y de servicios. Las estimaciones muestran un incremento de las importaciones de bienes y servicios superior al de las exportaciones (12,6 % y 6,5 %, respectivamente).

La balanza de bienes contabilizó en el segundo trimestre un déficit de 4,6 mm, frente a 0,7 mm en el mismo periodo del año anterior. Esta evolución se explica por el incremento de las importaciones (4,6 %) y el descenso de las exportaciones (del 1,6 %). El Banco de España señala de acuerdo con los datos de Aduanas, que la ampliación del déficit de bienes se explica por el descenso del superávit de bienes no energéticos, ya que el déficit energético se redujo. Este último dato nos va a ayudar bastante pues el precio del petróleo sigue bajando (los nuevos yacimientos superan las necesidades) y España es fuertemente dependiente del petróleo.

Pero el estancamiento de nuestras exportaciones es lo que verdaderamente preocupa. La razón es que el 58 % de nuestras exportaciones se destinan, además de a EE.UU., a países europeos con riesgo de entrar en una nueva recesión. Estos países son Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, Países Bajos y Bélgica. De ellos, Alemania e Italia registraron un crecimiento económico negativo en el último trimestre del -0.2 % mientras que Francia mostró un estancamiento total.

España sabe bien que debe orientar sus exportaciones a mercados menos maduros que el europeo y con más capacidad de crecimiento. Pero eso ni es fácil ni es tarea de unos pocos años.

Retomemos los datos del Banco de España y analicemos el otro componente que, junto con la balanza de bienes integra la balanza por cuenta corriente, esto es, la balanza de servicios. Esta balanza servicios generó en el segundo trimestre de 2014 un superávit de 11,9 mm, ligeramente inferior al registrado hace un año (12,5 mm). Parte fundamental de este apartado es el turismo cuyo superávit se amplió en 0,2 mm, hasta los 9,1 mm y el saldo positivo de otros servicios se redujo en 0,8 mm, hasta los 2,8 mm, con respecto al mismo período del año anterior. En definitiva, los ingresos por turismo siguen siendo un balón de oxígeno vital para la economía española y aquí es donde España se la juega en cómo se ve desde fuera la capacidad de gestión de la crisis de ébola. No sólo los medios de comunicación sino también la clase política tiene aquí una responsabilidad determinante. Si, como es habitual, el cainismo se impone en esta cuestión de salud pública, las consecuencias para el turismo no sólo serán fatales sino difíciles de superar a medio plazo. A nadie se le escapa que, como destino turístico, España se ha beneficiado de la crisis de los Balcanes de finales del siglo pasado y de la “primavera árabe” de estos últimos años. Un cambio en la imagen internacional de España como consecuencia del riesgo de contagio de ébola sería fatal además de injusta.

Concluyamos echando un vistazo a los datos de la balanza de capitales. El Banco de España señala que el saldo de la cuenta de capital mostró en julio un superávit de 0,1 mm, frente a los 0,4 mm de julio de 2013. Como resultado, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital fue positivo (1,5 mm), pero inferior al del mismo mes del año anterior (2,7 mm). En el conjunto de los siete primeros meses del año, la economía española experimentó una necesidad de financiación de 2,6 mm de euros, frente a una capacidad de financiación de 9,7 mm en el mismo período de 2013.

Con los datos de julio, en el acumulado de los siete primeros meses del año 2014 se estima una salida neta de capital de 15,1 mm. Por tanto, parece que no han cuajado aún las inversiones extranjeras en valores españoles como se intentó exhibirse, por ejemplo, con las inversiones de Bill Gates y otros en empresas españolas.

El resumen de lo anterior es que la incipiente recuperación de la economía española se enfrenta ahora a dos importantes problemas externos. El primero es el riesgo de nueva recesión de parte de nuestros principales socios comerciales y la consecuente caída de las exportaciones. El segundo y más importante es el posible impacto negativo que la crisis del ébola pueda tener en nuestro turismo. Nadie dijo que esto fuese fácil.

¿CUANTO CUESTA LA RENTA BÁSICA? (José Manuel Cansino en La Razón el 13/10/2014)

La renta básica es una asignación monetaria pública incondicionada y universal, sin contrapartida ni compromiso alguno. Hay quienes la defienden con una herramienta eficaz de lucha contra la pobreza; una pobreza agravada en países como España (con especial impacto en la población infantil) pero que se reduce a nivel mundial. Esto se debe a que la recesión europea coincide en el tiempo con el crecimiento galopante en países con grandes bolsas de pobreza. También los hay que la defienden como una manera eficaz de garantizar el derecho a la vida de todo ser humano por razón de serlo. Finalmente, es fácil encontrar defensores de la misma por razones indisimuladas de populismo electoral.

Para hablar de pobreza hay que hacerlo con gran esfuerzo de rigor. Así que esta cuestión, también lo merece. 

Hay dos formas de abordar económicamente el análisis de la renta básica universal. La primera es valorar su coste y su viabilidad financiera. La segunda es anticipar sus posibles efectos económicos.

El profesor Juan Gimeno, acaba de publicar un cálculo de su coste en la revista Presupuesto Gasto Público. Ese coste ascendería a 75.477 millones (M) de euros de 2010. Para expresarlos en euros de 2014 habría que añadirles, simplificadamente, la inflación. Pero esa cifra implicaría un aumento del gasto público total mucho menor y que se quedaría en 24.000 M de euros ¿Como es esto posible?

Para este economista especializado en finanzas públicas, la renta básica incluiría buena parte de las prestaciones de renta mínima que ahora existen. En definitiva, ya habría un conjunto de españoles que la están recibiendo.  Por ejemplo, las pensiones no contributivas. También considera que la renta básica estaría incluida en las pensiones contributivas aunque estas fuesen de mayor cuantía. Así, la prestación contributiva -por ejemplo una pensión de jubilación- estaría compuesta por una parte fija (la renta básica) y otra variable en función del volumen de cotización que el jubilado hubiese hecho a lo largo de su vida laboral. 

Lo anterior significa que habría que considerar que los españoles que cobran una pensión no contributiva y los que cobran los complementos a mínimos de una pensión contribuitva, ya estarían incluidos en el cálculo de coste y no habría que contabilizar esta cantidad como 'nuevo gasto público'  porque ya existe. Cuando se repite este calculo incluyendo todas las prestaciones que ya funcionan como renta básica, el autor sostiene que se cuenta de partida con unos 21.000 M y sólo habría que financiar el resto hasta 75.477 M. 

Esta cantidad adicional propone financiarla con un ahorro de costes administrativos de 2.500 M de euros. La explicación estaría en que este mecanismo es mucho más sencillo que la actual complejidad de normas autonómicas y estatales relacionadas con el conjunto de programas de garantías de rentas en vigor. Añade a esto 26.150 M de euros que provendrían de 'ajustes fiscales' o subida de impuestos que se les practicarían a las rentas más altas cuyo esfuerzo fiscal, por esta razón, aumentaría. El resultado serían los aproximadamente 24.000 M de euros 'nuevos' que habría que añadir al gasto público. Por tanto, la viabilidad financiera de la renta básica dependería de si existe esta capacidad de gasto adicional.

Con estos números se garantizaría una renta mínima de 396,32 € al mes y 4.755,8 € al año, equivalente a la actual pensión mínima no contributiva. A ella -propone- tendrían derecho todos los residentes legales en España adultos y emancipados. Cada hijo recibiría el 30% de la renta básica de forma que un hogar con el padre, la madre y dos hijos tendría garantizada una renta anual de 12.365,08 € euros con cargo al Estado.

Ahora viene la otra parte del análisis de esta cuestión; los efectos económicos. Los cálculos de Gimeno están hechos sobre el supuesto de que nadie varia su oferta de trabajo, la recaudación impositiva permanece constante y no se produce efecto llamada de población extranjera ¿Es posible tener en cuenta esto en el cálculo? La respuesta es sí y no. Lo que es posible es hacer unos cálculos simulados. Esto es, tomar una importante muestra de la población, realizar una encuesta fiable sobre si, por ejemplo, a) estaría dispuesta toda la unidad familiar a trabajar lo mismo antes y después de percibir la renta básica y, particularmente, b) estaría dispuesta la 'segunda renta del hogar' (la menos cuantiosa) a seguir trabajando incluso teniendo garantizados unos ingresos básicos. A partir de esta encuesta se podría hacer una estimación del comportamiento de la oferta de trabajo española en el sentido de ver si la renta básica desincentivaria el esfuerzo (la principal crítica de muchos economistas), con efectos fatales para la economía. Los resultados tendrían que ser robustos, lo que técnicamente significa que idealmente tendrían que tener alrededor de un 90 o 95 % de confianza.

Pero a la propuesta de la renta básica hay que añadirle otras valoraciones. Por ejemplo, la Sociología nos dice en boca de algunos de sus representantes que en la visión de las cosas conviven dos maneras de contemplar a nuestros semejantes. Para unos los seres humanos son esencialmente iguales y para otros son esencialmente desiguales. El esfuerzo compensador de las desigualdades económicas es mucho mayor dependiendo de las perspectiva que se adopte. Quizás en la segunda forma de verlo hay una secular desconfianza en la capacidad del ser humano de autosuperarse y una vindicación de alguna fórmula de paternalismo sin el que la Humanidad no puede convivir. 

Otra valoración es que la renta básica deja en manos del Estado la acción compensatoria hacia los desiguales. Algo que en el último siglo se ha hecho conjuntamente con los mecanismos de solidaridad privada que las sociedades han desarrollado siempre por razones morales y/o religiosas. Supondria otorgar al Estado la posibilidad de ocupar un espacio más en detrimento de la sociedad civil.

Por ultimo, esta propuesta de renta básica conllevaría la integración de todas las 'rentas de inserción' que ahora desarrollan varias Comunidades Autónomas en una única renta estatal de común acceso a todos los residentes legales en nuestra Nación. Habría que ver si están dispuestas.

Sea como fuere, cualquier propuesta que intente paliar el problema de la pobreza merece una consideración detenida y en absoluto ser despachada con lugares comunes. Yo mismo no soy partidario de ella pero estoy dispuesto a oír a todos los que la defienden con rigor. 

Pornografia financiera (José Manuel Cansino en La Razón el 6/10/2014)

La difunta canciller de hierro Margaret Thatcher acuñó la expresión de "capitalismo popular" para describir el cambio operado en la propiedad de las grandes corporaciones británicas. La ex primera ministra del Reino Unido se refería así a que, a diferencia del capitalismo de los grandes telares de Manchester al inicio de la Revolución Industrial, las empresas británicas ya no estaban en manos de solo unas pocas familias. Ahora -década de los 80 del siglo pasado- cualquier familia británica media podía convertirse en copropietaria de, por ejemplo, la British Petroleum, invirtiendo sus ahorros en la compra de un pequeño paquete de acciones de la petrolera.

Naturalmente la ex premier británica pasaba por alto que el control de las grandes compañías seguía en las mismas manos solo que el capital social estaba tan atomizado que únicamente un pequeño porcentaje del mismo, bien organizado, servia para seguir controlando la compañía. Sea como fuere, la idealización thatcheriana tuvo su predicamento.

Varias veces me he referido a este episodio para contraponerlo al de la "socialización de la especulación". Operaciones especulativas las ha habido siempre en las economías donde se hicieron un hueco los mercados o bolsas de valores financieros. La burbuja de los tulipanes holandesa es solo el episodio más sonado pero no el único. 

Lo nuevo en esta última crisis que nos azota fue la popularización de este tipo de actuaciones en países como España. La expansión del crédito hasta límites insospechados se ejemplificaba en multitud de oficinas bancarias españolas cuando un promotor inmobiliario que hasta hacia poco era un digno albañil con "espíritu emprendedor", entraba en el despacho de direccion y conseguía un "crédito promotor" para comprar un terreno al que había echado el ojo, promover las oportunas viviendas y, de paso, comprar un cuatro por cuatro y un deportivo de alta gama para la pareja. Las únicas garantías eran un terreno "que había visto" y unas viviendas "que aparecían en un plano".

La socializacion especulativa seguía cuando un gran anuncio sobre un modulo prefabricado era argumento suficiente para que muchas familias se lanzaran a comprar viviendas "sobre plano". Lo hacían con la fundada expectativa de "dar el pase" a un nuevo comprador antes de tener que escriturar la vivienda logrando una plusvalía de un 15 o 17% en apenas doce meses. Y así, se sumaba y se seguía.

Pero como en la granja de Orwell, en la socialización especulativa todos éramos iguales, pero unos mas iguales que otros. Las cajas de ahorro habían servido a comienzos de los mismos 80 de Margaret Thatcher, para dotar a España de un sistema financiero moderno. Fue la denominada reforma de Fuentes Quintana-Fernández Ordóñez. Esa reforma permitió a las cajas de ahorro, nacidas con esa filosofía del microcrédito que ahora vale un Nobel en Economía, operar prácticamente como bancos comerciales. Ya teníamos bancos hasta en el último y entrañable pueblo de España.

Pero a partir de 1985 se opero un cambio legal que ninguno de nosotros admitiríamos para un quirófano, ni siquiera un taller. Nadie se deja rajar ni pone su coche en manos inexpertas. Pero si aceptamos -la sociedad lo consintió- que parte fundamental de nuestro sistema financiero se pusiera en manos de administraciones públicas (en último término partidos) y organizaciones sindicales y empresariales. 

Para acceder a los cargos de responsabilidad no se exigió nunca ningun conocimiento profesional de las finanzas. Lo que se exigía era el respaldo de la clase dirigente ; de partido, de sindicato o de organización empresarial. Ese mérito fue bastante para gestionar billones de pesetas primero y miles de millones de euros, después.

Ahora los abusos que se van conociendo eclipsan los casos de buena gestión como si no los hubiese habido. Solo por probabilidad estadística hay que aceptar que los hubiese. 

El caso de las tarjetas B de Cajamadrid ha sido el último ejemplo de abuso de estas instituciones financieras. Un caso que sin exagerar se puede calificar de pornografía financiera.

De su nacimiento como institución de inspiración eclesial para conceder microcréditos a quienes no podían pagar, ni intereses usurarios, ni ser recibidos en un banco, Cajamadrid ha pasado a exhibir el fenómeno de la transversalidad político-sindical del mangazo. Izquierdas y derechas llegaron al "pacto de la tarjeta B". Un espacio político donde toda diferencia se depone en aras del gran consenso del plástico.

Que nadie se sorprenda del ascenso de los que ahora llaman populistas. Los impuestos de todos se han destinado en parte a tapar los agujeros que dejaron los tarjetazos. Agujeros bendecidos por un Banco de España que, si bien tenía un sistema de supervisión, no quiso ejercer el poder de sanción. Un poder de sanción que también lo tuvo pero era discrecional -en manos del gobernador- y nunca fue puesto en marcha. Casi nuca, diría Mario Conde.