En agosto de 2010 aterrizaban
sanos y salvos en el aeropuerto barcelonés del Prat los cooperantes españoles Albert
Vilalta y Roque Pascual secuestrados durante largos meses en Mali. Para
conseguir su liberación, tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores español como
los servicios de inteligencia tuvieron que emplearse a fondo.
Para la Generalidad de Cataluña, sin
embargo, todas las gestiones del Estado español se hicieron a coste cero. En
otros términos, en sus estudios anuales titulados ‘Resultats de la balança
fiscal de Catalunya amb el sector públic central’ no se valoran monetariamente
los servicios que la Administración General del Estado presta a residentes en
Cataluña desde fuera de ese territorio; por ejemplo si se hacen desde la sede
del Ministerio en Madrid o desde la Embajada española en París.
(Albert Vilalta y Roque Pascual con el presidente José Montilla)
De valorarse
territorializadamente estos servicios públicos los resultados de las balanzas
fiscales que tanto agitan los secesionistas catalanes serían muy diferentes.
Naturalmente esto ocurre porque
para abordar un estudio como el de la comparación entre lo que se recauda en
Cataluña vía impuestos y lo que los ciudadanos catalanes reciben en forma de
servicios públicos, hay que hacen una serie de supuestos y la ‘inteligentsia’
separatista sabe bien cuáles elegir.
Particularmente querido es el ‘método
del flujo monetario’. Este método se sostiene en la idea de que el gasto
público debe imputarse en aquel territorio donde mayor impacto económico
genera. Esto significa que el gasto público que absorbe la Embajada española en
París que pudo ser clave en la liberación de los cooperantes catalanes, debería
imputarse a Francia pues es allí donde los diplomáticos españoles realizan
mayoritariamente sus compras cotidianas, escolarizan a sus hijos o la embajada
contrata los suministros de agua, luz, mantenimiento y canapés de las
recepciones.
La alternativa a este manoseado
criterio del flujo monetario es el ‘flujo del beneficio’ que razonaría en los
siguientes términos; si el servicio diplomático español está a disposición de
todos los españoles, su beneficio se debería imputar según la distribución de
la población en todo el territorio nacional.
Pues con todo y con ello, el
‘flujo monetario’ aplicado sin mayor cosmética arroja a los expertos en
finanzas públicas al servicio de los intereses separatistas un saldo a su favor
de 792 millones de euros para 2009; una cantidad muy diferente de los 16.409
millones aireados en los medios de comunicación. Lo explicaban con meridiana
claridad hace unos días Josep Borrell y Joan Llorach en un muy recomendable
artículo.
Estos mismos analistas señalaban
que además de no computarse como servicios prestados a los ciudadanos catalanes
los del Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta llegar a la cifra de 16.409 que
‘España robaba a Cataluña’ se utilizaba el criterio del ‘flujo monetario neutralizado’. Un nombre que ya de por sí no
suena nada bien. Pero veamos en qué consiste.
Resulta que los responsables de
este cálculo de balanzas fiscales imputan como ingresos a recibir por Cataluña
la parte del endeudamiento del Estado que no tendrían que asumir de ser un
Estado independiente. Esta cantidad la estiman a partir de su contribución en
los ingresos de Estado que estarían próximos al 20 %. Por tanto, se trataría de
un dinero virtual del que no dispondría la caja de un hipotético Estado catalán
salvo que se endeudase. Esto –el endeudamiento de un estado catalán soberano-
es algo que sólo puede sostenerse desde el desconocimiento de cómo funcionan
los mercados de capital internacionales; verdaderos gobiernos del mundo.
El argumento tramposo del
nacionalismo catalán en palabras del economista Ángel de la Fuente es que “los
impuestos vuelvan a quien los paga en forma de un volumen equivalente de
servicios, sin dejar espacio alguno para la redistribución”. Tras de esta
afirmación del economista español que más cara ha plantado a la falacia del
cálculo nacionalista hay que buscar un argumento muy importante agitado por los
ideólogos del ‘España nos roba’.
El argumento es que la
solidaridad ‘tendría un pase’ si los contribuyentes y receptores netos no
fuesen siempre los mismos. En otras palabras, que las transferencias de
solidaridad no fuesen siempre de los mismos pagadores a los mismo receptores.
Este argumento no exento de razón se sostenía muy bien en el mal uso del dinero
por parte de las regiones beneficiarias. Los tribunales andaluces que ventilan
los casos de corrupción son un buen bastidor para este argumento o al menos lo
eran hasta que la corrupción también ha acabado ocupando buena parte de la
agenda judicial catalana.
Quienes creen que la cuestión
catalana se resuelve con un nuevo modelo de financiación se equivocan. No es un
nuevo marco legal de financiación el que resolverá esta situación. En este
punto, mi opinión coincide mucho con la del historiador Fernando García de
Cortázar, así que dejemos que sea él quien cierre esta tribuna: “En los vanos esfuerzos por atender los
requerimientos de quienes nunca han creído en España, hemos llegado a deponer
nuestras emociones y a pensar que al nacionalismo separatista se le podía
regalar el monopolio de la pasión por vivir en comunidad, el sentimiento de
pertenencia, la fe en un destino colectivo, la confianza en una tradición de
siglos. Asustados por los fantasmas retóricos de nuestro pasado, hemos creído
que a los españoles debía bastarnos con levantar un muro de argumentos
constitucionales, una masa de preceptos, un túmulo de normativas.”
José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
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