El presidente del Banco
Santander, Emilio Botín, ha fichado a Rodrigo Rato para el consejo asesor
internacional de la entidad cuando aún se encuentra imputado por la Audiencia
Nacional por su gestión al frente de Bankia.
La impresión para miles de
ciudadanos es la de que los responsables de la crisis bancaria española no sólo
escapan de cualquier responsabilidad legal sino que resultan premiados con
millonarias indemnizaciones. Además, como en este caso, no tardan en encontrar
un nuevo y jugoso empleo.
Este hecho junto con la también
sensación de que todo acabará saliendo de nuestro bolsillo, justifica un
comentario más detenido.
Cuando estalló la crisis
financiera en 2007, la mayor parte de los analistas opinábamos que la banca
española estaba en disposición de afrontarla en buenas condiciones. Esa
convicción se fundamentaba en dos hechos.
El primero era que los bancos
españoles no tenían hipotecas “subprime”. Además, el Banco de España había
prohibido la denominada “banca en la sombra”, es decir, si las entidades
bancarias españolas querían comprar activos –también los potencialmente
“tóxicos”- tenían que incluirlos en sus balances y bloquear las oportunas
reservas en función del riesgo asumido.
Esta medida tomada por España
evitó que la crisis se llevara por delante al 100 % del sistema bancario
español como sucedió en Irlanda. De hecho, los contribuyentes irlandeses ya han
aportado ayudas públicas a su sistema bancario por valor del 40 % de su PIB.
En España, incluso empleando el
total del préstamo de 100.000 millones de euros de nuestros socios comunitarios
para el rescate bancario, habríamos invertido unas tres veces menos que
Irlanda; un 15 % de nuestro PIB según sostiene José Carlos Díaz en su “Hay vida
después de la crisis”.
Pero la cuestión sigue siendo si
es o no el dinero de los contribuyentes el que financia esta obscenidad de
“enmillonar” a los causantes de la crisis. En otros términos ¿quién ha
soportado el colapso financiero y bancario y además paga jubilaciones doradas?
Desde luego lo han soportado los
accionistas copropietarios de los bancos en forma de una caída en picado del
valor de sus acciones en las que muchos de ellos habían depositado buena parte
de sus ahorros. Pero fueron los grandes accionistas de las entidades
financieras –no los pequeños sin representación significativa en las Juntas
Generales u órganos similares- los que refrendaron con sus votos estas extraordinarias
indemnizaciones en los años del “boom inmobiliario”.
También han pagado un coste muy
alto los ahorradores que compraron participaciones preferentes. Si miles de
ellos no hubieran sido engañados cuando se les ofrecieron como una inversión
segura y vitalicia, hubiesen seguido disfrutando de las rentabilidades más
altas y podría aceptarse que, con la crisis, también hubiesen soportado las
minusvalías más severas.
La cuestión es que también lo
vamos a soportar los contribuyentes actuales y futuros que con nuestros
impuestos devolveremos la deuda que se ha generado por las ayudas públicas y el
préstamo comunitario aunque; detengámonos un momento. Cuándo se inyectan miles
de millones de euros a la banca, ¿no se están protegiendo también los 600.000 millones
de euros que suman los ahorros de los españoles?
¿Qué hubiese pasado de aprobarse
una quita del x por ciento de los depósitos superiores a 100.000 euros como se
manejó en Chipre? Pues efectivamente hubiesen perdido buena parte de sus
ahorros parte de las familias españolas pero, sobre todo, se hubiese producido
una masiva salida de capitales al extranjero como la que sólo se comenzó a
frenar en Chipre cuando las televisiones del mundo emitieron las imágenes de
los camiones blindados repletos de euros (¿o de papel de periódico?)
desembarcando en la isla.
Nada de esto invalida que el
consumidor en su papel de usuario bancario ejerza su “soberanía” y decida dejar
de ser cliente de un banco cuando una decisión como la que comentamos, le
indigna. Recuérdese que importantes entidades financieras catalanas han perdido
una parte muy notable de su clientela
por su indisimulado apoyo económico al separatismo catalán.
Los consumidores rara vez
ejercemos en España este tipo de actuaciones soberanas contra las empresas
cuyos comportamientos juzgamos antiéticos. En otros países sí ocurre. Tomemos
nota.
-*- José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada. Universidad de Sevilla
