Los espíritus de Benedicto XVI (por José Manuel Cansino en forouniversitarioelescorial.com)

De la sociedad española parece haberse apoderado una inmensa aprensión dominada por dos tardíos y bruscos descubrimientos: que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” y que, “en realidad, nos gobiernan los mercados”. Estos fenómenos se han conformado como dos importantes “animal spirits” que lastran la recomposición del elemento inexcusable para una verdadera recuperación: la confianza en las propias fuerzas y capacidades. Son palabras de los profesores Arias y Costas en su interesante libro “La torre de la arrogancia” (Ed. Ariel).

John Maynard Keynes acuñó el término “animal spirits” para transmitir la idea de que las fluctuaciones en la inversión a menudo no están determinadas por variables exclusivamente económicas, como el tipo de interés, sino por factores intangibles, tales como la intuición acerca de una oportunidad de negocio. Así lo ha recordado el profesor Antonio Moreno.

El denominado “consenso Keynesiano”, esto es, la aceptación mayoritaria de las tesis del economista británico se extendió desde los últimos años treinta hasta las crisis del petróleo de la década de los setenta del siglo pasado. Incapaces de resolver una crisis económica inédita que sumaba al problema del desempleo el de la inflación y el estancamiento, el pensamiento keynesiano dio el relevo a un sistema de ideas económicas basado en dos supuestos; el de la ultraracionalidad de los agentes económicos y el del funcionamiento eficiente de los mercados financieros.

El colapso económico que ahora podemos fechar en 2008 con la caída del banco Lehman Brothers ha supuesto otro colapso no menor en el sistema de ideas económico, incapaz ahora de dar respuesta a esta “Gran recesión”.

Precisamente en mitad del desconcierto, tuvo una muy buena acogida la publicación en 2009 de “Animal spirits” de los norteamericanos George Akelof y Robert Schiller, libro en el que remarcan los límites a la motivación puramente económica en las decisiones humanas.

Pero también en 2009, vio la luz la Encíclica “Caritas in veritate” de Benedicto XVI y en ella ha de destacarse como uno de sus puntos más novedosos el siguiente razonamiento: si la economía es un campo de desarrollo profesional y personal, y el hombre se realiza dándose a los otros, la economía ha de concebirse como un don a los demás. Son los “Ethical Spirits” de la “Caritas in Veritate”; término de inequívoca reminiscencia keynesiana.

Dejemos para otros lugares el debate de la posición de la Doctrina Social de la Iglesia a favor o no de la intervención pública en el funcionamiento de los mercados.

Quedémonos con la importancia de recordar que no se puede explicar una parte considerable de las decisiones económicas de las personas sin atender a estas motivaciones que han pasado por alto las construcciones teórico-económicas de las últimas décadas. La afirmación es demasiado rotunda para no admitir matices pero es un buen resumen de lo ocurrido.

Los millones de cristianos del mundo realizan acciones redistributivas indispensables conmovidos por estas motivaciones pero su influencia en las relaciones económicas sería mucho mayor si, por ejemplo, las decisiones de consumo tuviesen muy en cuenta los códigos de conducta de las empresas de las que somos clientes. De esta forma, de poder elegir entre empresas que fomentan o consienten comportamientos contrarios a la ética directa o indirectamente (a través de sus proveedores) y empresas que acreditan unas prácticas de respeto efectivo a la dignidad humana, la influencia de la comunidad cristiana internacional trascendería de la tradicional de contribuir a la corrección de los desequilibrios en el reparto de la renta, a hacerlo a un desarrollo económico en el que se sancionen comportamientos reprobables.

El banco malo y Richard Gere (por José Manuel Cansino en La Razón 21/19/2010)

Cuando el precio de los activos que soportan la deuda se devalúa mientras que ésta se mantiene en su nivel inicial (o incluso aumenta si los intereses están ligados a la inflación), las probabilidades de saldar la deuda se reducen. Particularmente, una reducción significativa de los precios de los inmuebles puede obligar a los bancos a considerar como «arriesgados» créditos que hasta ahora se computaban como «sanos» en sus balances. Al mismo tiempo, los propietarios de inmuebles ven como su capacidad de endeudamiento se reduce y con ella, su consumo. Los economistas llaman a esto «efecto riqueza negativo». Por esa razón es tan importante fijar correctamente el precio de transferencia de los inmuebles en manos de la banca española al «banco malo».

Hay un claro conflicto en la fijación del precio de los inmuebles que son actualmente propiedad de los bancos y que van a ser transferidos o vendidos a este «banco malo». 

Por una parte, un valor muy reducido arrastraría el precio medio de la vivienda a la baja y con él la riqueza financiera de las familias (el principal activo financiero de las familias españolas es su vivienda). Finalmente, esto tendría un efecto negativo sobre el consumo de los hogares ya que reduce su capacidad de endeudamiento. También obligaría a los bancos, como decimos, a poner el foco sobre la calidad de los préstamos que tienen como garantía un activo cuyo precio se devalúa. Nada impediría que en breve plazo, «nuestros socios comunitarios» volviesen a pedir más auditorías sobre el sistema financiero español. Y vuelta a empezar.

 

Por otra parte, la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) que se ha comprometido a prestar los 100.000 millones de euros para sanear la banca española, está interesada en maximizar el descuento al que se adquieran los inmuebles y demás activos tóxicos que deberá gestionar la SAREB (la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria). 

 

De esta forma nuestros prestamistas pretenden facilitar que aparezcan inversores privados que compren estos activos a precios de derribo ante la expectativa de revalorización futura. Si recuerdan el papel que interpretaba Richard Gere en «Pretty woman» era el de un tipo que compraba empresas en números rojos a precio de saldo, las dividía en partes y las vendía (las buenas) por separado a un precio conjunto superior al que las compró.

 

¿Quién gana interpretando a Richard Gere? 

Al cobrar los intereses ganan los países que prestan el dinero a los bancos con la garantía del Estado español. Ganan los inversores que compran a precios muy bajos pues si luego se recupera el mercado inmobiliario, los suelos e inmuebles se revalorizarán. En fin, deberíamos ganar todos si la confianza en la economía española se restablece y la prima de riesgo se reduce en, por lo menos, los 200 puntos básicos que parece que le sobran y obedecen más a los intereses del oligopolio mundial de las agencias de rating que a las cifras fundamentales de nuestra economía.

 

Naturalmente nada hay seguro pero, analicemos por ejemplo, el precio al que la auditoría de Oliver Wyman recomienda valorar algunos activos tóxicos que van a ir al «banco malo». En la zona de Levante, donde el boom de la construcción tuvo uno de sus mayores nichos, las promociones que se les han quedado «colgadas» a los bancos –buena parte de ellas a Bankia a través del Banco de Valencia– sufrirían una rebaja de entre el 40% y el 75% y los suelos ,de entre el 58% y el 88%.

 

Por tanto, es cuestión de encontrar a inversores que paguen ahora el suelo a precio de erial y aguanten hasta su revalorización.

 

La contrapartida para que «Richard Gere» venda sus trozos de empresa, (esto es, los activos que acabará comprando la SAREB), es que una caída considerable de la riqueza financiera de las familias españolas arrastre el consumo aún más hacia abajo. Reparemos en que llueve sobre mojado. El Banco de España acaba de hacer público que los activos financieros de familias cayeron el 7,6% en el segundo trimestre de 2012, lo que equivale a una reducción de 138.237 millones en términos interanuales (de junio de 2011 a junio de 2012).

Ya veremos cómo acaba esta película. 

 

 

José Manuel Cansino 

Profesor titular de Economía en la Universidad de Sevilla

Las cuentas del gran Tribunal (por José Manuel Cansino en La Razón 14/10/2012)

El Tribunal de Cuentas,  que hasta hace poco se llamaba del Reino y no hace mucho perdió su apellido para no molestar a los amantes de la tricolor, acaba de publicar su informe de fiscalización del sector público local de 2009. Por tanto, la auditoría ve la luz con dos años de retraso respecto al último ejercicio cerrado, lo que es todo un logro que no debe pasarse por alto.

A diferencia de las naderías que se desprenden de los ríos de tinta que se vierten sobre el tópico de «la necesaria reforma del sector público español», las recomendaciones que contiene este informe (disponible en www.tcu.es) son harto precisas y nada quiméricas. Aún así, el que se repitan una y otra vez evidencia que si son tan repetidas es porque son frecuentemente ignoradas.

Aunque lo que más ha trascendido de este informe han sido sus críticas a una parte significativa de los proyectos financiados con cargo al famoso Plan E –unos 9.000 millones de euros–, merece la pena detenerse en su análisis del sector empresarial local.

El informe señala que en 2009 se contabilizaban 1.316 empresas municipales de titularidad plena (retengamos el dato de la titularidad). En el segundo trimestre de 2012, las empresas municipales acumulaban una deuda de 9.114 millones que, sumados a los 12.358 de las empresas autonómicas y a los 34.048 de las estatales, arrojaban la cifra total de la deuda de las empresas públicas en España: 55.520 millones.

La proliferación de las empresas públicas locales ha sido fruto de la huída del Derecho Administrativo hacia un Derecho Mercantil mucho más ágil para las decisiones de gestión pero, al mismo tiempo, mucho más alejado de los controles de fiscalización. Esto ha redundado en una administración pública paralela en la que junto a profesionales competentes, conviven ex políticos de todo signo con sueldos incoherentes con sus funciones y currículum, pero que les permiten vivir en un retiro dorado.

Con unos mecanismos de fiscalización sin tantos obstáculos, los ciudadanos podríamos disponer de información más accesible para enjuiciar el buen o mal uso de estas empresas. Si, con los datos en la mano, luego preferimos pedir otra caña en lugar de sancionar con nuestro voto los abusos, entonces ya la responsabilidad es del contribuyente y de su indolencia.

Pero veamos si es tan sencilla la fiscalización. El Tribunal de Cuentas (ex del Reino) viene señalando desde 2003 que la diversidad de la regulación de los plazos de rendición de cuentas de las entidades locales entre la normativa autonómica y estatal supone unos niveles de exigencia diferentes entre entidades locales, lo que origina posibles incumplimientos según el caso.

Señala además la necesidad de que los plazos de rendición de cuentas –fijados hace 25 años– se adapten a una realidad tan palmaria como es que la contabilidad se realiza con tratamientos informáticos que permiten adelantar muy significativamente los plazos de rendición y así, que los ciudadanos dispongamos de la información mucho antes. A veces, incluso, en el transcurso de la misma legislatura.

Pero además y centrándonos exclusivamente en las empresas en las que tan buen acomodo encuentran los «elefantes» de cada partido, el Tribunal pide modificar la rendición de la cuenta general de las administraciones locales, para incluir en ella información sobre las sociedades mercantiles participadas por más de una entidad local si ninguna de las cuales posee una participación superior al 50%. Cuando esto ocurre, es decir, cuando la titularidad pública no es plena, las empresas se sitúan fuera del control de órganos de control como el propio Tribunal de Cuentas. Esto es, cualquier consorcio empresarial en cuyo accionariado figure más de un ayuntamiento pero con menos del 50%, escapará de este tipo de controles y, lo que es más preocupante, de cualquier otro control público salvo el judicial. Y ello a pesar de que la Intervención General de la Administración del Estado dejó claro que si sumadas las participaciones de las administraciones públicas superan el 50%, cualquier empresa debe considerarse parte del sector público empresarial atribuyéndose la titularidad a la administración que tenga mayor participación.

Las recomendaciones incluidas en los informes del Tribunal de Cuentas son un magnífico manual para inspirar de una manera pragmática la reforma de la Administración del Estado, tanto para acabar con las duplicidades y triplicidades de competencias que nos ahogan con impuestos como para orientar la gestión del dinero público –el dinero de todo– a la eficacia y la eficiencia. Lástima que las recomendaciones de este Tribunal pasen tan desapercibidas a la clase política y a la ciudadanía. Luego cada cual que elija entre la indolencia y el cheque en blanco o en remover con el voto al que abusa de nuestro dinero.

Patriotas en el Paraíso (por José Manuel Cansino en La Razón 7/10/2012)

Casi 40.000 millones de euros (M) dedicaremos los españoles el año próximo a pagar los intereses de la deuda pública; prácticamente un 4% de nuestro PIB. 

La cifra no debería alarmarnos habida cuenta de que las necesidades de endeudamiento han seguido creciendo con el agravante de hacerlo a unos tipos de interés disparados por la prima de riesgo. Sin embargo, a los ciudadanos nos sigue llamando la atención la cifra a pagar por los intereses de la deuda. Es algo parecido a la sensación que te merodea por pagar un alquiler alto por un piso que nunca será tuyo. 

Existe una curiosa coincidencia con la cifra a pagar por estos intereses y la recaudación adicional que se obtendría si el nivel de fraude fiscal en España se redujera en un 10%. Junto con el de Grecia e Italia, el fraude fiscal español es de los más elevados de la Unión Europea. Así lo señala el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda –GESTHA–. Esta reducción en un 10% del fraude nos situaría en niveles homologables a la media europea y se traduciría en un aumento de los ingresos de unos 38.500 M. Por tanto, si consiguiéramos reducir el fraude en esta cuantía, podríamos pagar la casi totalidad de los intereses de la deuda y, de paso, garantizar de largo el cumplimiento del objetivo de déficit para 2013 fijado en un 4,5% del PIB.

Pero reducir el fraude fiscal no es tarea sencilla. Depende esencialmente de superar exitosamente tres obstáculos. 

En primer lugar depende de los medios materiales y humanos con los que cuente la Agencia Tributaria. Desde el punto de vista del ingreso y de la reducción del déficit, la mejor inversión que hace el Estado es crear una plaza para un nuevo inspector de Hacienda. Me consta el desbordamiento de las delegaciones provinciales de la Agencia Tributaria en las que se amontonan los expedientes y sólo se investigan los de mayor fraude previsible. Si se avanzase en la movilidad del funcionariado, bastaría convertir a los inspectores de tributos locales y regionales en inspectores de la Agencia Tributaria. Para aquellos sería un incentivo elevadísimo en su carrera profesional y para el Estado un mayor coste pero, a la postre, muy rentable. Téngase en cuenta que, sobre todo en el ámbito local, la recaudación de los impuestos asociados al sector de la construcción ha caído en picado y con ella las necesidades de inspección.

En segundo lugar el fraude depende de la conciencia ciudadana. El fraude fiscal y la economía sumergida en la que habitualmente anida son mecanismos de compensación social que los ciudadanos activan como respuesta a unas exigencias que consideran excesivas o imposibles. También es una forma de responder a una clase política a la que consideran mayoritariamente propensa a la corrupción y al enriquecimiento ilícito. Este segundo obstáculo es de solución nada fácil ni inmediata por cuanto se enraíza en comportamientos psicosociales muy difíciles de remover. 

El tercero de los obstáculos radica en la libertad de movimientos de capitales no sólo pero sí principalmente en la Unión Europea. Unas pocas cifras bastarán para avalar lo que escribo. El tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades español (una vez aplicados los beneficios fiscales), es de un 12,5 % para las grandes empresas y de un 16,5 % para las PYMES (sic). El primer caso se sitúa en un nivel similar al de Irlanda –el más bajo de la Unión Europea–. Sin embargo, el mismo tipo en Gibraltar es del 10% y además, allí no hay doble imposición sobre los dividendos. Esto es, a poco que se apriete a las empresas, cambian su sede al paraíso fiscal de la colonia británica.

Naturalmente la cuestión de los paraísos fiscales como la de la libertad de movimientos de capitales, sólo puede abordarse globalmente. Técnicamente es posible. Internacionalmente se ha avanzado mucho en la lucha contra el blanqueo de capitales, así que nada impide avanzar en esta misma dirección, salvo que quienes han de promover estos tratados internacionales merodeen habitualmente con territorios fiscales similares a Gibraltar.

A la espera de esto, lo que sí cabría es una respuesta ciudadana similar a la que castiga a la clase política por vía de incurrir en economía sumergida. Me explico. Hasta el día de hoy, nada impide que las grandes casas de apuestas «on line» operen desde Gibraltar y luego patrocinen equipos de fútbol nacionales. Todo ello sin pagar un solo céntimo con el que ayudar a sufragar cualesquiera de los servicios públicos que hoy están colapsados por falta de pago de las administraciones. Colegios, centros de asistencia a la dependencia y hospitales son los casos más sangrantes pero no los únicos.

Yo no digo que no sean patriotas quienes, pandereta en mano, limitan ese sentimiento al marcador de su equipo de fútbol, que para mayor escarnio está patrocinado por una empresa que no paga un solo céntimo de impuestos. Sólo digo que su patriotismo no es el mío. Y que si hasta podría entenderse que parte de la economía sumergida responda a la reacción social que busca una compensación frente a una clase política de muy mala reputación, no debería permitirse que tanto «patriota» encontrara en el paraíso fiscal la forma de no pagar impuestos. Al menos no debería quedar sin el mismo repudio social que quienes se lucran ilícitamente con el esfuerzo de todos los españoles.

 

Jamás me rendí (por José Manuel Cansino en La Razón 30/9/2012)

Lo oí por primera vez en la sede de la Dirección Territorial del Andalucía del BBVA en un seminario que había organizado la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra). Durante unos años Centra aunó a los mejores economistas aplicados de Andalucía bajo la dirección del profesor Joaquín Aurioles. Luego el PSOE se ocupó de acabar con este área y cada cual volvió a su centro de investigación (Banco Central Europeo, Banco de España, Universidades como la de Oxford o, el resto, a su universidad local de procedencia). Demasiados políticos creen que los investigadores deben escribir sus conclusiones al dictado y con criterio demoscópico. 

En aquel momento, la división de Economía de Centra estaba en sus últimos estertores y, en manos ya de políticos profesionales, participaba del mensaje de la «intelillegntsia» socialista que, con el sector inmobiliario ya por los suelos, anunciaba que había que cambiar de modelo económico. Era como si del código genético de esta «intelillegntsia» jamás hubiese desaparecido su añoranza de planificación económica. Como si se siguiera depositando la esperanza de la salvación económica en la sapiencia de un «politburó» omniscente que, de hoy para mañana, planificase un nuevo modelo económico que abandonase la obscenidad del ladrillo para abrazar la sostenibilidad de los brotes verdes. 

Hace unos días volvió a hablar de su experiencia profesional a un auditorio especializado. Lo hizo el mismo día en el que el ministro de Hacienda presentaba el Anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado. Unos Presupuestos para una «gran recesión». 

Habló dos días antes de que la auditora externa impuesta por la canciller Merkel, Oliver Wyman, cifrase en 53.745 millones de euros las necesidades del sistema financiero español por lo que España tenía más de 41.000 millones de euros de margen del «rescate suave» que pidió a Europa (100.000 millones de euros). Una buena noticia que, conjugada con una prima de riesgo estabilizada en valores asumibles, da un regate corto a la necesidad de un rescate convencional. 

Francisco Martínez Cosentino es un maestro de escuela almeriense que sentó plaza en Cataluña y que, llamado por su propia genética empresarial ,cambió la seguridad del puesto fijo por el riesgo de dirigir la empresa familiar que hoy lleva su nombre ¿Cuántos hay con esa predisposición a cambiar lo fijo y mal pagado por el riesgo y la posibilidad de ganancia? 

Tanto en la sede del BBVA como ahora en la escuela de negocios que le había invitado, habló en los mismos términos: «No importa fracasar. Yo me he arruinado tres veces, me han cortado el teléfono, la luz, el agua, la Visa... y no me rendí jamás. Hay que ser valientes, levantarse y no dejarse vencer por los obstáculos». Cuando yo lo oí también habló de la «Economía de la honradez» y lo hizo afirmando que cada vez que se arruinaba, iba en busca de sus acreedores, les miraba a la cara y les tranquilizaba diciendo que les pagaría. No sabía cómo pero tenía la determinación de hacerlo y lo hizo. 

Cosentino en otros tiempos y en otras naciones hubiese sido un «capitán de la industria», uno de aquellos referentes en los que la sociedad se miraba para emularlo y así, las ganas de comerse el mundo y hacerlo honradamente –sin fullerías ni atajos de «pelotazo»–, hacía de la prosperidad la vida cotidiana de la nación. Qué necesario es esto hoy en una España o en una Andalucía donde la «intelillegntsia» ha estigmatizado el término «empresario».

Sus palabras animando a las empresas, pequeñas y grandes, y a los profesionales a echarse el país a la espalda recordaban la arenga del político catalán Rafael Casanova cuando decía: «Se confia de tots, com verdaders fills de la Patria, amants de la llibertat, acudiran als llocs senyalats, a fi de derramar gloriosament sa sang i sa vida, per son Rei, per son honor, per la Patria, i per la llibertat de tota Espanya». Igualito que algunos de sus paisanos actuales que reivindican a Casanova con la misma ignorancia que otros añoran íntimamente los tiempos del «politburó» omniscente. 

Francisco Martínez Cosentino, el almeriense que fundó una pequeña empresa de siete trabajadores, hoy capitanea la marca «Silestone», una multinacional española líder en superficies de cuarzo que emplea a 2.300 profesionales y tiene presencia en más de 20 países. Nunca se ha rendido.