La Junta de Andalucía se
comprometió a adelgazar el sector público andaluz dentro del paquete de medidas
para hacer frente a la crisis financiera y económica desatada en 2007. La
medida más importante para acometer ese objetivo fue la denominada
“Reordenación del sector público de la Junta de Andalucía”. La medida se tradujo en una aparente decisión
de suprimir hasta 95 consorcios mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno de
27 de julio de 2010. Así lo tiene publicitado la propia Junta en la web
destinada a inventariar los entes de la Comunidad Autónoma. En esa comunicación
especifica que la información está actualizada a día 3 de Febrero de 2015.
El calificativo de “aparente” que
se le puede aplicar a esta decisión se justifica de la siguiente manera. Basta
con recorrer la información en la pantalla del ordenador hasta el final para
encontrarse con un enlace que dice llevar al “Inventario de Entes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la web del Ministerio de Economía y Hacienda”.
Ya veremos que donde verdaderamente lleva es al Ministerio de Hacienda.
La sorpresa es que cuando se
consulta esta información aparecen formando parte del listado los 95 consorcios
que la Junta de Andalucía exhibe como suprimidos en aplicación de la decisión
de “Reordenación del sector público”. La información aclara que está
actualizada a fecha de 1 de julio de 2014. Es decir, cuatro años después de la
decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de suprimir estos 95 consorcios,
siguen figurando como parte de los Entes de la Junta de Andalucía en la
información oficial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por
cierto hay un error en la información institucional pues la Junta dice enlazar
con el Ministerio de Economía aunque con quien se enlaza es con el Ministerio
de Hacienda.
Que nadie haya advertido de esta
llamativa situación probablemente evidencia un desinterés no sólo social sino también
en los partidos de la oposición y aún del propio gobierno regional, por
verificar el cumplimiento de algo tan importante como es la reforma de la
Administración Pública. La explicación no es difícil de encontrar en la falta
de visibilidad del coste fiscal de estos y otros entes públicos. Sólo si los
ciudadanos perciben el coste fiscal de la Administración (la convencional y la
paralela) con la misma insistencia con la que se asiste a una campaña mediática
institucional, se podrán ver los beneficios de esta reforma y se prestará
también atención al efectivo adelgazamiento del sector público. Un
adelgazamiento que debe reducir finalmente el nivel de endeudamiento y/o la
presión fiscal.
Pero si esto se puede decir de la
Administración Regional, sin duda es la reforma del Estado una de las tareas
pendientes que ha dejado sin acometer eficazmente el gobierno de la Nación. Recientemente,
el Observatorio Económico de Andalucía promovió un Manifiesto que explicaba de
manera meridianamente clara el proceso de “inflación administrativa” que
soportamos. El Manifiesto denunciaba que el proceso había sido "consistente
con los intereses corporativos de los partidos políticos, ya que el desarrollo
autonómico les permitió aumentar sus posibilidades de reproducción con mayores
competencias, financiación y empleo público (...)". Es evidente que la
solución no puede venir de la mano de los mismos partidos que nos han llevado
hasta aquí.
Para los próximos días el mismo
Observatorio ha promovido actos en los que los partidos con opciones
“demoscópicas” a entrar en el Parlamento de Andalucía van a exponer sus
programas económicos. En esta cuestión del adelgazamiento de la Administración
resultan interesantes las propuestas de VOX, Ciudadanos y UPyD, sin bien en
este último caso su apuesta por el federalismo resulta desconcertante si se
quiere conjugar con el adelgazamiento de la Administración.
Parte del éxito de la reforma
administrativa que ya han realizado países como Alemania, Italia o Francia,
consiste en dejar claro que los derechos fundamentales corresponden a las
personas y no a los territorios ni a los grupos de interés. Derechos que deben
ser accesibles –en igualdad de condiciones- a todos los españoles residamos
donde residamos.
Esta no es una demanda radical
aunque con frecuencia los dirigentes acostumbren a llamar “radicales” a todos los
que suponen un riesgo para su perpetuación en la poltrona. Es un camino que ya
han recorrido otros países de referencia.
