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martes, 4 de febrero de 2014

Andaluces y vascos, ¿en qué trabajáis y cuánto ganáis? (José Manuel Cansino en La Razón el 3/01/2014)

Empuñando los datos de la reciente Encuesta de Población Activa (cuarto trimestre de 2013), podemos hacer una inmediata radiografía del empleo en Andalucía. Pero con la intención de no caer en un trivial ejercicio descriptivo es útil un análisis comparado con la región española de mayor renta per cápita: el País Vasco o las Vascongadas.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) nos dice que actualmente trabajan unos 2,5 millones de andaluces la mayor parte de los cuales –el 84%– tienen entre 25 y 54 años; una estructura de empleo por edades muy similar a la vasca. En esta parte de España el 80% de los empleos se concentran en el mismo rango de edad.
La diferencia entre una y otra región radica, como pueden anticipar, en el diferente peso de los sectores económicos empleadores.
Aunque el sector servicios es el predominante en Andalucía y País Vasco, en el primer caso emplea al 77,5% de los trabajadores frente al 71,5%; un 6% más. La diferencia también es favorable a Andalucía en el sector agrícola (9% del empleo frente a sólo el 1,5%).
La diferencia se invierte en el sector de la construcción. En este sector se concentran el 5% de los empleos andaluces mientras que absorbe al 6,4% del conjunto de las personas con empleo del País Vasco.
Pero, sin duda, la gran diferencia casi secular entre una y otra economía se encuentra en el peso del sector industrial, que emplea al 20,4% de los trabajadores que residen en las tres provincias vascas, mientras que sólo emplea al 8,3% de los residentes en Andalucía que tienen un trabajo.
Hasta aquí, este análisis lo podría hacer cualquier alumno de bachillerato con unos conocimientos rudimentarios de estadística, así que vamos a estilizarlos un poco más.
Analicemos esta cuestión desde el punto de vista de los salarios que, en última instancia, explican buena parte de la renta per cápita de cualquier territorio.
La Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE nos dice que en 2011 (último año para el que ofrece información), todos los sectores económicos pagaban más en el País Vasco que en Andalucía.
De esta forma, no sólo el empleo industrial es mucho más alto en el norte que en el sur de España, sino que un empleado en el norte gana –en promedio– 30.198,31 euros al año y un empleado industrial en Andalucía, 23.909,59 euros; una diferencia nada despreciable. Tampoco lo es la que existe en el sector de la construcción que también pesa más en el norte que en el sur. El salario promedio está en 21.185,48 euros en Andalucía y en 26.486,45 en las Vascongadas.
La encuesta salarial no ofrece datos para el sector de la agricultura, pero sí para el de servicios, de manera que a pesar de que emplea a más personas en Andalucía en términos relativos, se paga menos; 20.981.35 euros frente a 24.952,64.
Junto con la elevadísima tasa de desempleo que tenemos en Andalucía (36,32%) frente a la vasca (15,95%), pocos datos resultan tan esclarecedores.
Precisamente en estos días se ha vuelto a hablar de la economía sumergida a propósito del interesante informe publicado por el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) y que la cifra en el 24,6% del PIB español. Aún regionalizada, en Andalucía llegaría al 29,2%. De manera ilustrativa, uno de cada cuatro euros en España se genera al margen de cualquier obligación fiscal. De otra forma es inexplicable que un 36,32% de desempleo cuando –además– los que tienen empleo ganan menos que en otras zonas de España, no haya derivado en un estallido social.
La economía sumergida no se explica por una única causa. Ningún fenómeno social responde a una causalidad lineal y debemos huir de quien ofrece este tipo de explicaciones por triviales. Pero una explicación, y no la más pequeña, está en un mecanismo de respuesta social a un problema de corrupción institucional extendido. Muchos ciudadanos responden con el fraude como mecanismo de defensa ante los corruptos. Esto es entendible pero es insoportable en un sistema democrático de calidad.
Es lo que explica la convocatoria del próximo 8 de febrero en Sevilla, en la que coinciden por primera vez buena parte de las organizaciones de la sociedad civil y de los representantes vecinales en una protesta contra la corrupción. Una economía que permita la prosperidad es consecuencia del buen hacer de su sociedad, bien sea como empresarios, profesionales, contribuyentes o representantes públicos.
La economía vasca ha supervivido al crimen y a la extorsión. Los estudios del profesor de la Universidad de Harvard, Alberto Abadíe, sobre lo que hubiera sido la misma economía sin ETA, son determinantes. Aunque la comparación no es admisible, no deja de estar en la mente de muchos ciudadanos qué hubiera sido de la economía andaluza sin la corrupción que ahora se ventila en los juzgados.
* Profesor Titular de EconomíaAplicada de la Universidad de Sevilla

miércoles, 31 de julio de 2013

Cupulocracia (José Manuel Cansino -*- en La Razón el 22/7/2013)


En España parecen haber colapsado todas las instituciones del Estado. La Corona y la Presidencia del Gobierno sobreviven a duras penas al chantaje. La oposición tiene también su propio calendario de cárcel impulsado en Andalucía por una jueza a la que gustarían encausar si no fuese por la «minucia» de la separación de poderes que aún sobrevive en algunos tribunales. Los empresarios tienen a su ex presidente en la cárcel y los sindicatos mayoritarios parece que acabarán también condenados, entre otras, por conductas tan innobles como repartirse los fondos públicos destinados a los desempleados.
Por si fuera poco, el Estado de las autonomías no sólo no ha servido para resolver el problema vasco y el catalán sino que los ha agravado. Para resolver dos problemas se han acabado creando diecisiete con un desarrollo letal en forma de redes clientelares muy capilarizadas. Muchas regiones demuestran que es más fácil cambiar al partido que gobierna la Nación que al que gobierna en la Comunidad Autónoma.
España ha visto cómo se ha configurado una casta extractiva cimentada sobre décadas de convivencia promiscua entre el poder político, el económico y el mediático. Es la cupulocracia en palabras del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, Ramón Peralta.
Naturalmente que existen excepciones. Pero en el nivel político no se ha impuesto un mecanismo de expulsión higiénico que permita echar a los políticos corruptos a instancias de sus íntegros compañeros. Tampoco de sus votantes. Antes al contrario se ha asistido al triunfo de una casta política mediocre sin currículum profesional solvente ni experiencia profesional distinta a la de haber hecho méritos de obediencia desde las organizaciones juveniles hasta la concejalía o el escaño. Los políticos corruptos han acabado eclipsando todo viso de honestidad en ese ámbito.
Y si en la etapa de vino y rosas del «boom» inmobiliario la sociedad española parecía haberse puesto unas gafas para no ver la consolidación incontestada del régimen cupulocrático, ahora con la gran recesión se ha producido una confluencia explosiva de corrupción y desigualdad. Dos sucesos globales que en España tienen como novedad el colapso del sistema político de la Transición.
Hay un conflicto entre democracia y capitalismo que recuerda pavorosamente al colapso de la Gran Depresión nacida del «crack» bursátil de 1929. Un colapso que, en lo político, hizo que millones de personas –no sólo en Alemania– optaran por la impugnación de un sistema parlamentario incapaz de acabar con la angustia económica.
La crisis institucional que hoy atraviesa España afecta tan de sobremanera a las instituciones, partidos y sindicatos tradicionales que es imposible pensar que de ellos surja el liderazgo de un proceso de regeneración de nuestro sistema democrático.
Más bien habría que esperar que esta necesidad inaplazable de regeneración provenga de opciones políticas de nuevo cuño o reeditadas, ideológicamente transversales, comprometidas inequívocamente con la cohesión nacional y con una actitud transgresora y osada propia de quien está libre de toda corruptela.
Pero que nadie se engañe. La sociedad española fundamentalmente tiene hambre; en miles de casos, literal; y en millones, hambre de esperanza.
No sería la primera vez que un cambio en la coyuntura económica vuelve a aplazar un calendario tan desafiante como incierto cual es el de la regeneración de la política española. En unos días se conocerá el dato del último trimestre de la Encuesta de Población Activa. Por primera vez desde que estalló la crisis es posible que el dato sea positivo. Ya resulta llamativo que el propio Ministro de Economía haya sentenciado que la recesión ha terminado en España.
Si esto es así, a saber si la sociedad volverá a recuperar esa suerte de utopía de la invisibilidad que consiste en ponerse unas gafas que permiten no ver a los sin techo. Un orden de cosas en el que vuelva a instalarse un totalitarismo de la indiferencia que permita operar libremente a la casta cupulocrática con la legitimación de que existe crecimiento económico.
Si ése es el resultado, nadie más sino la sociedad española será responsable de haber vuelto a gritar el «vivan las caenas». Eso sí, a ritmo de un «hip hop» que suena en los casquitos tuneados de un «smartphone» de nueva generación. De la generación que practica una loca moral nihilista.
* Profesor titular de Economía en la Universidad de Sevilla invitado en la Universidad de Lund (Suecia)