Desde luego vascos y navarros
disfrutan de regímenes de financiación abiertamente diferenciados del resto de
regiones. Tan diferentes que basta dedicar unos minutos a comparar el gasto en
educación por alumno que se pueden permitir estas dos regiones forales con el
mismo dato en las denominadas regiones de régimen común.
Existen también diferencias
evidentes en el régimen fiscal de las Islas Canarias y también las hay para
Ceuta y Melilla. Precisamente estas dos ciudades ostentan, además, un estatus
legal autonómico diferente como ciudades autónomas (curiosamente es ese estatus
legal el que reconoce explícitamente su españolidad que, en cambio, no se
incluyó en la Constitución). Para no extendernos más, existen también
diferencias importantes en el funcionamiento del sistema eléctrico de las Islas
Baleares.
El punto de partida, por tanto,
para abordar las demandas de los independentistas catalanes es pues, reconocer
que existen asimetrías bien de origen histórico bien por razones de
compensación a los compatriotas extrapeninsulares que se fundamentan en la
solidaridad del resto de la Nación española.
La segunda cuestión, en mi
opinión, es si estas asimetrías son justas (en el sentido económico de equidad)
o no. La opinión más extendida y cada vez menos indisimulada es que los
regímenes de financiación forales están en el origen de un reparto
inequitativo, desigual, de los impuestos recaudados que les permiten financiar
con mucho más dinero los servicios públicos (esenciales y no tan esenciales)
sobre los que tienen competencias. Tanto el pago que anualmente hacen por los
servicios que la Administración General del Estado presta a sus ciudadanos (por
ejemplo asistencia en el extranjero, seguridad nacional, etc) como su
contribución solidaria con las regiones menos ricas (vascos y navarros tienen
niveles altos de renta per capita), son pagos que se establecen por criterios
políticos y no económicos. Es un secreto a voces.
El mantenimiento del sistema de
financiación foral es inequitativo visto desde la perspectiva del resto de
regiones españolas y sólo se mantiene por el frágil vínculo afectivo que
mantienen con el resto de España. No es difícil imaginar que la denuncia del
régimen foral vasco llevaría al PNV del independentismo contenido actual al
secesionismo explícito. La batasunización actual de Navarra no auguraría nada
diferente. Por tanto, la asimetría que suponen los dos regímenes forales en
vigor se sostiene en la amenaza de la secesión pero en absoluto en su
contribución a la justicia distributiva de los recursos públicos.
Si el abordaje de las demandas
del independentismo catalán se hacen por la vía de reducir su aportación a la
solidaridad con el resto de España (los aproximadamente 8.000 millones de
euros/año que resultan de las balanzas fiscales), el resultado será
inequívocamente insoportable. Baste recordar que en los denominados estatutos
de autonomía de segunda generación (aquellos se nacieron de la reforma de los
primeros aprobados tras la Constitución de 1978) rige la ‘cláusula Camps’ en
virtud de la cual cualquier mejora que se le reconozca a una región, pasaría a
incorporarse automáticamente a las demás.
El resultado sería un sistema de
financiación en el que ninguna región con superávit fiscal contribuiría
solidariamente a las deficitarias y la cantidad y calidad de los servicios
públicos sería groseramente diferente dependiendo del territorio de residencia.
Tengan esto claro quienes se dejan seducir por la idea ingenua de atender las
demandas del independentismo catalán reduciendo su aporte a la solidaridad a
una cifra simbólica como la que ahora pagan vascos y navarros.
Pero si el problema se aborda no
desde una perspectiva estrictamente financiera sino también política, esto es,
reconociendo a Cataluña un pretendido estatus de Nación, debe saberse que el
independentismo no busca sólo un estatus de tal. Su exigencia es la de Nación
Estado. Apliquen ustedes la ‘cláusula Camps’ y no resultará difícil imaginar
una balcanización fulminante de España.
Las otras asimetrías actuales que
nacen de la necesidad de compensar a los españoles que tienen limitaciones
geográficas al acceso de los servicios públicos esenciales (por razón de su
insularidad o extrapeninsularidad) no han provocado ningún rechazo social
significativo. Tampoco pueden ser reivindicadas por los demás por la evidente
razón de que esas peculiaridades geográficas no les atañen. Otros problemas
como la dispersión demográfica, la diferente evolución de la pirámide
demográfica o los movimientos migratorios dentro de España, ya se contemplan en
el sistema de financiación y siempre están sujetos a lógica revisión.
La cuestión es si España debe
caminar hacia el ahondamiento de las asimetrías entre españoles en el acceso de
los servicios públicos fundamentales o si se debe garantizar de manera eficaz
que servicios como la sanidad, la educación o la justicia –por citar sólo algunos-
estén blindados frente a las pugnas territoriales. Para esto no basta con la
razón. Es necesario reconstruir los afectos entre españoles y el reconocimiento
de la Nación como marco que garantice nuestra libertad e igualdad en derechos.
Desconfiemos de los profesionales de las pugnas territoriales. A menudo no
buscan más que mantener sus propios privilegios financiados con el dinero de
todos.
El artículo de José Manuel Cansino me parece que trata un tema bastante controvertido e interesante en torno al cual podemos discernir claramente diferentes posturas.
ResponderEliminarBajo mi punto de vista, si es cierto que España es una nación de contrastes, de desigualdades, asimetrica, pero esto es fruto de numerosos factores, no solo de los diferentes regímenes fiscales aplicados en las comunidades autónomas.
Un factor determinante es el histórico. Para aclarar la importancia de este factor nos vamos a centrar en el proceso de industrialización que sufrió la península. A España, este fenómeno llegó de manera tardía y se concentro en unos pocos focos muy concretos, en el norte y noreste peninsular, coincidiendo con las zonas actualmente mas desarrolladas en el ámbito económico y tecnológico. La llegada de estas industrias permitió un desarrollo mayor y mas acelerado a las comunidades en las que estas se encontraban, dando lugar a desigualdades económicas. En el ámbito demográfico, con el éxodo rural ocurrió exactamente lo mismo, dando lugar a más desigualdades.
Por lo tanto, para mi en esta asimetría intervienen muchos factores que escapan a nuestros conocimientos, no es fruto solamente del régimen fiscal actual, aunque este contribuya a que estas desigualdades sigan siendo hoy día notables.
¿Es justa esta desigualdad? Si y no. Si, porque creo que el Estado debe invertir en las comunidades en función de lo que estas últimas le aporten y por otro lado no, porque creo que esto debería ocurrir una vez que todas las comunidades autónomas han alcanzado un mínimo de desarrollo.
En definitiva, creo que la política debe ir orientada a un desarrollo de las zonas menos avanzadas del país, ya que al ser una nación de tantos contrastes, es muy difícil competir con las grandes potencias europeas, y una vez estas desigualdades hayan disminuido o desaparecido sí se puede aplicar el criterio de invertir en función de lo aportado.
Denis Fuentes Lloveras T6
EliminarAntonio Hernández Calvo M5: es un tema bastante complicado dentro de la sociedad española actual. Es cierto que hay diferencias territoriales, tanto por aspecto político como económico, entre las comunidades que integran nuestra nación. Es por ello que hay que intentar acabar estas asimetrías y hacer de nuestra nación un conjunto de comunidades iguales y respetuosas. Es cierto que las comunidades mejor paradas a causa de estas asimetrías son las comunidades independistas, por lo que parece ser que no sólo es un tema económico, sino que también está relacionado con la política (Cataluña, País Vasco y Navarra); por otro lado tenemos que destacar que una de las más perjudicadas es Andalucía y por tanto hay que reivindicar nuestro derecho de igualdad, haciendo que nuestros representantes tomen cartas en el asunto. En conclusión, dentro de una misma nación, e incluso fuera de ella, hay que intentar llevar a cabo políticas igualitarias, para así poder tener una sociedad más equiparada y por tanto más socializada.
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ResponderEliminarEl tema de la financiación de las distintas comunidades autónomas es una cuestión bastante debatida en los últimos tiempos, ya que ninguna de ellas se encuentra conforme con el sistema de financiación que se le aplica.
ResponderEliminarAsí, las llamadas autonomías forales (País Vasco y Navarra) cuentan con un sistema de financiación propio de concierto económico en virtud del cual recaudan sus propios impuestos, obteniendo con ello los recursos económicos necesarios para las competencias que tienen transferidas (educación, sanidad, cultura, etc) y contribuyen al sostenimiento de los gastos en materias sobre las que no tienen competencias (defensa, asuntos exteriores, etc).
Al ser Comunidades Autónomas con un nivel de renta superior al resto, este sistema de financiación les permite dar una mayor cobertura a sus habitantes en las materias cuya titularidad tienen transferida.
Sin embargo, junto a esto nos encontramos con las restantes Comunidades Autónomas (las de régimen común) cuyas competencias en materia de financiación se encuentran más limitadas lo que supone que los recursos económicos con los que cuentan son más reducidos, planteándose problemas de equidad en cuanto al reparto de los mismos.
Junto a esto, otra cuestión bastante debatida es la existencia de algunas diferencias entre Comunidades atendiendo a sus peculiaridades, como por ejemplo la insularidad, que exigen un trato un tanto diferenciado en función de esas peculiaridades.
En todo caso en el texto también se hace referencia a la denominada “Cláusula Camps” en virtud de la cual, cualquier mejora que se produzca en el sistema de financiación de una Comunidad Autónoma, como por ejemplo en el caso de Cataluña, debe ser aplicado inmediatamente al resto comunidades lo que, llevado a unos niveles extremos, podría dar lugar a enfrentamientos entre distintas comunidades.
Por último, un sistema de financiación correcto sería aquel que permitiera a las distintas comunidades autónomas garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales y básicos (educación, sanidad, justicia, etc) en niveles de igualdad, evitando la existencia de privilegios entre las mismas.
Loreto Riquelme Cantero M5
En este artículo, podemos observar la diferencia que hay entre unas comunidades autónomas y otras.
ResponderEliminarEn primer lugar, todas las comunidades autónomas tienen un límite de independencia, ya que si no España quedaría dividida en 17 partes, contando las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y, en mi opinión, lo mejor para el país es que todas las comunidades tengamos el mismo reparto, aunque se sepa que las comunidades con autonomías forales (País Vasco y Cataluña) tengan más autonomía que las demás. Es cierto que cada comunidad tiene su historia, pero ¿por qué es más importante la historia de Cataluña o País Vasco que la de cualquier otra comunidad? ¿Por qué ellos tienen una lengua que caracteriza a su comunidad? El caso es que ellos la tienen y nosotros no, por lo que ya ponemos en juego el desequilibrio entre comunidades.
En segundo lugar, sería un golpe muy duro para España tener que separar su Estado del catalán, por financiación, sobre todo. Pero ¿y Cataluña? ¿Qué sería de esta comunidad si se separase de la Península? Sería mucho papeleo para una tontería de última hora. Además, hay gente en Cataluña que quiere seguir estando dentro de España, y hay que respetar la opinión de cada uno.
Por último, es cierto lo que dice José Manuel Cansino cuando habla de que lo que tenemos que hacer es fortalecer el sentimiento español y la igualdad entre comunidades, ciudadanos, etc. Y eso es lo que tenemos que hacer, dejarnos de tanto independentismo.
Andrea Cabrera Gallardo M5