Desde luego vascos y navarros
disfrutan de regímenes de financiación abiertamente diferenciados del resto de
regiones. Tan diferentes que basta dedicar unos minutos a comparar el gasto en
educación por alumno que se pueden permitir estas dos regiones forales con el
mismo dato en las denominadas regiones de régimen común.
Existen también diferencias
evidentes en el régimen fiscal de las Islas Canarias y también las hay para
Ceuta y Melilla. Precisamente estas dos ciudades ostentan, además, un estatus
legal autonómico diferente como ciudades autónomas (curiosamente es ese estatus
legal el que reconoce explícitamente su españolidad que, en cambio, no se
incluyó en la Constitución). Para no extendernos más, existen también
diferencias importantes en el funcionamiento del sistema eléctrico de las Islas
Baleares.
El punto de partida, por tanto,
para abordar las demandas de los independentistas catalanes es pues, reconocer
que existen asimetrías bien de origen histórico bien por razones de
compensación a los compatriotas extrapeninsulares que se fundamentan en la
solidaridad del resto de la Nación española.
La segunda cuestión, en mi
opinión, es si estas asimetrías son justas (en el sentido económico de equidad)
o no. La opinión más extendida y cada vez menos indisimulada es que los
regímenes de financiación forales están en el origen de un reparto
inequitativo, desigual, de los impuestos recaudados que les permiten financiar
con mucho más dinero los servicios públicos (esenciales y no tan esenciales)
sobre los que tienen competencias. Tanto el pago que anualmente hacen por los
servicios que la Administración General del Estado presta a sus ciudadanos (por
ejemplo asistencia en el extranjero, seguridad nacional, etc) como su
contribución solidaria con las regiones menos ricas (vascos y navarros tienen
niveles altos de renta per capita), son pagos que se establecen por criterios
políticos y no económicos. Es un secreto a voces.
El mantenimiento del sistema de
financiación foral es inequitativo visto desde la perspectiva del resto de
regiones españolas y sólo se mantiene por el frágil vínculo afectivo que
mantienen con el resto de España. No es difícil imaginar que la denuncia del
régimen foral vasco llevaría al PNV del independentismo contenido actual al
secesionismo explícito. La batasunización actual de Navarra no auguraría nada
diferente. Por tanto, la asimetría que suponen los dos regímenes forales en
vigor se sostiene en la amenaza de la secesión pero en absoluto en su
contribución a la justicia distributiva de los recursos públicos.
Si el abordaje de las demandas
del independentismo catalán se hacen por la vía de reducir su aportación a la
solidaridad con el resto de España (los aproximadamente 8.000 millones de
euros/año que resultan de las balanzas fiscales), el resultado será
inequívocamente insoportable. Baste recordar que en los denominados estatutos
de autonomía de segunda generación (aquellos se nacieron de la reforma de los
primeros aprobados tras la Constitución de 1978) rige la ‘cláusula Camps’ en
virtud de la cual cualquier mejora que se le reconozca a una región, pasaría a
incorporarse automáticamente a las demás.
El resultado sería un sistema de
financiación en el que ninguna región con superávit fiscal contribuiría
solidariamente a las deficitarias y la cantidad y calidad de los servicios
públicos sería groseramente diferente dependiendo del territorio de residencia.
Tengan esto claro quienes se dejan seducir por la idea ingenua de atender las
demandas del independentismo catalán reduciendo su aporte a la solidaridad a
una cifra simbólica como la que ahora pagan vascos y navarros.
Pero si el problema se aborda no
desde una perspectiva estrictamente financiera sino también política, esto es,
reconociendo a Cataluña un pretendido estatus de Nación, debe saberse que el
independentismo no busca sólo un estatus de tal. Su exigencia es la de Nación
Estado. Apliquen ustedes la ‘cláusula Camps’ y no resultará difícil imaginar
una balcanización fulminante de España.
Las otras asimetrías actuales que
nacen de la necesidad de compensar a los españoles que tienen limitaciones
geográficas al acceso de los servicios públicos esenciales (por razón de su
insularidad o extrapeninsularidad) no han provocado ningún rechazo social
significativo. Tampoco pueden ser reivindicadas por los demás por la evidente
razón de que esas peculiaridades geográficas no les atañen. Otros problemas
como la dispersión demográfica, la diferente evolución de la pirámide
demográfica o los movimientos migratorios dentro de España, ya se contemplan en
el sistema de financiación y siempre están sujetos a lógica revisión.
La cuestión es si España debe
caminar hacia el ahondamiento de las asimetrías entre españoles en el acceso de
los servicios públicos fundamentales o si se debe garantizar de manera eficaz
que servicios como la sanidad, la educación o la justicia –por citar sólo algunos-
estén blindados frente a las pugnas territoriales. Para esto no basta con la
razón. Es necesario reconstruir los afectos entre españoles y el reconocimiento
de la Nación como marco que garantice nuestra libertad e igualdad en derechos.
Desconfiemos de los profesionales de las pugnas territoriales. A menudo no
buscan más que mantener sus propios privilegios financiados con el dinero de
todos.
