miércoles, 31 de diciembre de 2014

Deudopatia y deudocracia (José Manuel Cansino en La Razón el 29/12/2014)


El populismo socialmente aplaudido en países como Grecia o España ha enarbolado entre sus banderas la del repudio o auditoría de parte de la deuda pública. Sin embargo, todo el que ha entrado alguna vez en un registro de morosos sabe lo difícil que es salir del mismo y volver a recobrar el crédito o la confianza. Pregunten a sus amigos o mírense a un espejo. Esto que es cierto para una línea de telefonía móvil lo es mucho mas para un país. Un incumplimiento en la devolución de su deuda equivale al bloqueo del acceso al ahorro -nacional e internacional-. Por esa razón, cuando los movimientos populistas han puesto en negro sobre blanco sus propuestas y las han hecho pasar por el tamiz de los técnicos, el repudio a la deuda se ha devaluado hasta quedar en 'reestructuración'. Esto no es otra cosa que renegociar con los principales acreedores un canje de deuda a corto plazo por deuda con vencimiento a muy largo plazo y tipos de interés más altos.
Pero incluso devaluada la reivindicación desde la amenaza del impago hasta la reestructuración de la deuda, persiste el discurso político-económico contrario a la denominada 'deudocracia'. Esta vendría a ser un sistema de gobierno en el que el poder lo detentan los acreedores (por ejemplo, la troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) que imponen como forma de gobierno un estricto programa de recorte presupuestario: el 'austericidio'.



En el fondo, socialdemócratas y liberales (sic), incluso los populistas pasados por el tamiz de los técnicos, sólo difieren en el tiempo en el que aplicar los recortes de gasto -a más largo plazo los primeros y los últimos, antes los otros-. En otros términos, todos (lo digan o no) saben que la deudocracia es inapelable y sólo difieren en la velocidad y dureza del ajuste, pero ni unos ni otros tienen un programa económico diferente al de devolver lo que se debe. La única excepción es la de quienes reivindican la planificación central comunista.
En otros términos, no cuestionan aquello que nos condujo a pedir el rescate de los 'deudocratas'. Nadie ha abjurado de la 'deudopatia' o forma de gobierno basada en el boom del gasto público que competía con el privado en levantar las más faraónicas obras. Unos aeropuertos y trenes sin pasajeros, otros urbanizaciones sin moradores.
La 'Deudocracia' bajo la que vive buena parte de Europa y, por supuesto España, se ajusta al viejo aserto de que la regla de oro consiste en que quien pone el oro, pone las reglas. Podemos considerarlo repugnante pero a nadie se le ocurre pedirle a su compañía de telefonía móvil que le restaure la línea suspendida por impago bajo la amenaza de que la denunciará por deudócrata.
La Deudocracia tiene su origen en la Deudopatia y ahora que se aproximan nuevas elecciones, parece que resurge la segunda aprovechando que la baja prima de riesgo permite volver a endeudarse cómodamente . Si luego vuelven los problemas, la culpa la volverán a tener los que nos prestan el dinero; los 'deudocratas'.

jueves, 25 de diciembre de 2014

El riesgo moral de reestructurar la deuda autonómica (José Manuel Cansino en La Razón el 22/12/2014)


El Ministerio de Hacienda parece estar considerando la reestructuración de la deuda autonómica y esto, en Economía, puede legitimar conductas de indisciplina presupuestaria como consecuencia de incurrir en lo que los economistas llamamos 'riesgo moral' (moral hazard en su denominación original en ingles). Pero ¿que es esto del moral hazard ?



El riesgo moral ocurre cuando los agentes toman acciones que afectan a la probabilidad de que algún evento ocurra y esas acciones no son verificables. Dicho así ni siquiera la mayoría de los economistas lo entenderían, así que intentémoslo sirviéndonos de algún ejemplo cercano en el tiempo como los rescates de Grecia.
El riesgo moral consistiría en el comportamiento perverso que hace que los acreedores de Grecia, ante el posible incumplimiento de pagar su deuda le sigan prestando fondos por que cuentan con que siempre habrá un prestamista de última instancia (Alemania o el Banco Central Europeo) que resolverá el problema. 
Aplicado al caso de la deuda autonómica, el riesgo moral llevaría a la regiones más endeudadas a seguir manteniendo una disciplina presupuestaria relajada en la convicción de que, al final, el perverso 'Estado central' (es decir, Vd y yo, nuestros hijos y nuestros nietos) asumirá su deuda.
La deuda de las comunidades autónomas alcanza ya los 232.000 millones según datos del Banco de España, esto es, el 22% del PIB español, el nivel más alto de la historia. Cuando la prima de riesgo española se desbocó, las autonomías fueron incapaces de colocar su deuda en los mercados internacionales de capitales pues estaban prácticamente cerrados o pedían tipos de interés exorbitados. Fue entonces cuando tuvieron que recurrir -casi en su totalidad- a la ayuda financiera del 'terrible' Estado Central ya que este sí podía tener acceso al ahorro internacional aunque a un interés muy alto. 
Para esto se crearon dos instrumentos; el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Plan de Pago a Proveedores. Entre FLA y el plan de pago a proveedores, las autonomías han recibido más de 85.000 millones de euros desde 2012. Este dinero prestado les ha permitido afrontar tres cuestiones; 1) abonar la deuda comercial atrasada, 2) financiar el déficit público anual y 3) afrontar los vencimientos y amortizar la deuda. Sin este auxilio, algunas regiones hubieran quebrado literalmente. 
Pero como la carga de la deuda sigue siendo extraordinaria y sigue sin acometerse en España una revisión del modelo de Estado (como, por ejemplo, lo acaba de hacer Francia con un gobierno socialista), las Comunidades Autónomas no dejan de buscar fórmulas para salir de esta situación. Naturalmente a costa del 'terrible' Estado Central.
Además de conseguir aplazar el pago de las primeras devoluciones de los préstamos del FLA (previstas para 2015), algunas de las haciendas regionales estarían encantadas de beneficiarse de una quita de la deuda. Algo así como, 'yo pago un x por ciento de mi deuda' y que el 'terrible' Estado Central Español pague el resto. En definitiva un premio por incurrir en 'riesgo moral' que disfrutarían especialmente las comunidades más endeudadas y que menos disciplina presupuestaria han ejercido.
La otra opción -que parece ser la que va a cuajar- consiste en 'reestructurar' la deuda. No sabemos en qué consistiría pero lo que podríamos esperar seria un canje de deuda a corto plazo y cara por deuda a largo plazo y barata. Más detenidamente explicado la operación seria parecida a esta. La deuda pública viva (no amortizada) de las autonomías se emitió cuando la prima de riesgo y los tipos de interés eran altos. Ahora que la prima de riesgo y los tipos de interés están muy bajos, el gobierno -a través del Tesoro- podría emitir una gran cantidad de deuda a largo plazo y barata (a tipos de interés muy bajos) y canjearsela (cambiársela) a las Comunidades Autónomas por 'su' deuda que es más cara. Esta operación, menos grosera que la de la quita, no dejaría de suponer que el coste financiero de la deuda emitida por las autonomías a tipos de interés altos se soportaría por el 'terrible' Estado Central que no es otra cosa, como sabemos que Vd y yo, nuestros hijos y nuestros nietos. También aquí las autonomías más beneficiadas serían las más endeudadas y las que quedarían 'con la espalda al aire' las que mas se ajustaron el cinturón presupuestario.
Naturalmente nada hay en la previsible agenda del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que augure un proceso de revisión de las administración territorial del Estado como ya han hecho Alemania, Italia o Francia. Nada habrá parecido a lo que, por ejemplo, los hospitales generalistas han hecho unificando sus direcciones para aprovechar las economías de escala. La revisión del modelo de Estado sigue siendo una tarea pendiente y, de perpetrarse, la reestructuración de la deuda autonómica una tomadura de pelo a quien fue menos imprudente en la administración del dinero de todos.

martes, 16 de diciembre de 2014

LA INCIERTA TERCERA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA (Jose Manuel Cansino en La Razon el 15/12/2014)


La acentuada caída del precio del petróleo azuza las especulaciones sobre un posible regreso al uso de este recurso fósil como fuente de energía primaria masiva. Ello supondría desandar toda una singladura planetaria puesta en marcha desde la Cumbre de Río en 1992 y orientada hacia la lucha y la mitigación del Cambio Climático.
Indudablemente es muy pronto para pensar en que un petróleo muy barato volverá a ser parte del panorama mundial de las materias primas. Antes al contrario, los analistas estamos más dispuestos a pensar que esta es una bajada coyuntural explicada por un doble motivo; económico (la incierta recuperación económica en Europa y la ralentización del crecimiento chino) y geopolítico (el interés de Arabia Saudita en sancionar a sus rivales religiosos con un petróleo barato).
Sea como fuere, la fuerte bajada en el precio del crudo es un momento propicio para revisar el escenario al que nos conduce la denominada tercera revolución energética. Ordinalmente, la primera revolución energética tuvo lugar a comienzos del siglo XIX con el binomio carbón-máquina de vapor. La segunda se fecha entre 1880 y 1940 y está asociada al descubrimiento de los motores de combustión interna.
La tercera revolución energética no tiene aún un hito innovador tan claro como las dos precedentes. Este papel se lo disputan –por una parte- los nuevos reactores de fisión nuclear, la fusión nuclear y los reactores mixtos fusión-fisión. Por otra parte están las energías renovables aplicadas a la generación eléctrica (que han de resolver el problema de su gestionabilidad e incapacidad de almacenamiento de la electricidad generada) y los biocombustibles de segunda generación (aquellos que no rivalizan con el uso alimentario de las materias primas utilizadas en su producción). También está la posibilidad de que se imponga un modelo de generación distribuida enel que los propios consumidores actúan a la vez como productores. En este escenario, los consumidores se abastecerían parcialmente con pequeños generadores (minieólicos, por ejemplo), verterían-venderían a la red la electricidad sobrante y tomarían de la red la electricidad restante. Finalmente están quienes entienden que la tercera revolución energética radica en las ganancias en la eficiencia energética de la mano de maquinaria menos intensiva en el uso de la energía y en sistemas de transporte y uso “inteligente” (Smart) de la energía.
Precisamente, hay dos hitos que no deben pasarse por alto. El primero es la fuerte penetración comercial de los coches bi-híbridos (electricidad+combustibles fósiles) y tri-híbridos (electricidad, combustible fósil e hidrógeno). Debe tenerse en cuenta que el uso principal del petróleo es el transporte por carretera. Una caída sostenida en el precio del petróleo arroja dudas a cualquier comprador que en este mismo momento esté dudando entre uno u otro tipo de vehículo, lo que es tanto como arrojar sombras sobre toda la industria de los denominados vehículos flexibles o híbridos.
El segundo hito se ha producido este mismo año 2014 en el Lawrence Livermore National Laboratory de Estados Unidos en el que el reactor de fusión nuclear NationalIgnition Facility (NIF) ha conseguido generar más energía derivada de la fusión de la que consume. 
Hasta ahora la tecnología de fusión nuclear (que produciría una energía limpia e inagotable similar a la de las estrellas) no había conseguido un balance energético positivo que permita su uso industrial generando masivamente energía (como lo hacen las plantas generadoras convencionales). El denominado Criterio de Lawson seguía siendo la espada de Damocles de esta tecnología impidiendo que la energía producida en las reacciones de fusión nuclear fuese mayor a la energía inyectada al plasma para que tuviese lugar la ignición. El resultado del NIF acerca un escenario en el que la tecnología de fusión pueda utilizarse para la generación masiva de energía.
Incluso, el mencionado éxito del NIF también acerca el posible uso de los reactores híbridos de fusión y fisión que aprovechan los neutrones producidos en la fusión para producir reacciones de fisión.
Todo esto, sin embargo, tendría fuertes interrogantes de naturaleza no técnica. Uno es el rechazo social a tecnologías percibidas como “peligrosas”. Téngase en cuenta que la fusión nuclear se logra a miles de grados de temperatura. Otro interrogante es de tipo estrictamente económico, esto es,  ¿qué empresa está dispuesta a construir un gran reactor de fusión si se acaba imponiendo un modelo de generación distribuido en el que los consumidores sólo compren la electricidad que no pueden autogenerar los días que no sopla el viento o no hay sol? Aún más difícil respuesta tiene esa pregunta cuando las decisiones de semejantes inversiones hay que tomarlas pensando en décadas entre que se construye el reactor y deja de estar en funcionamiento.

lunes, 8 de diciembre de 2014

¿HABRÁ QUE CONTRATAR AL ASESOR DE MORDIDAS?


El presidente del Observatorio Económico de Andalucía, el Catedrático de Economía Francisco Ferraro, ha promovido un muy interesante manifiesto coelaborado por ocho organizaciones "de la sociedad civil", principalmente Círculos de Empresarios de toda España.


(Francisco Ferraro)

El oportuno Manifiesto tiene una clara inspiración institucionalista y, por tanto, participa de la idea de que las economías de mercado están influídas determinantemente por las instituciones de los países en los que se desarrollan. Los institucionalistas no se centran sólo en el estudio de las instituciones formales, visibles y perfectamente estructuradas, sino también de las informales como son los hábitos asentados en las sociedades y que determinan aspectos tales como la disposición al trabajo, al ahorro o a la asunción de riesgos (inversión).
En este caso, el manifiesto hace un diagnóstico de la situación socioeconómica de España para luego hacer un llamamiento a la reforma de cuatro asuntos principales.
El diagnóstico -coherente con su inspiración- es el de que España se haya inbuída en una profunda crisis institucional que se manifiesta en el malestar y el desafecto ciudadano hacia las principales instituciones del Estado.
El origen de ese desafecto lo identifica -a mi juicio de forma certera- en dos decisiones equivocadas tomadas durante la última Transición política; el papel omnímodo otorgado a los partidos políticos y la indefinición de la organización territorial del Estado en la Constitución.
Ambos problemas han sumado una deriva que se ha traducido en una ocupación asfixiante de casi todos los espacios de la sociedad por el poder político. Un poder político que se otorgó un papel de autorregulación que le permitió saltarse casi todos los controles hasta llegar a provocar una sensación de corrupción extendidisima.
Pero la autorregulación de los partidos políticos sólo fue parte de los males. Las demandas separatistas, la negativa de los "padres" de la Constitución a definir la organización territorial del Estado y las coyunturas políticas que hicieron a los gobiernos minoritarios buscar el apoyo de los partidos nacionalistas, acabaron creando un Estado que reproducía diecisiete veces el estado nacional. Este proceso es catalogado en el Manifiesto al que me refiero como "consistente con los intereses corporativos de los partidos políticos, ya que el desarrollo autonómico les permitió aumentar sus posibilidades de reproducción con mayores competencias, financiación y empleo público (...)".
El documento termina con una llamada a la reforma (implícitamente pide una reforma constitucional -del contrato social-) focalizada en cuatro aspectos: 1) cambio del sistema electoral, 2) transparencia en el funcionamiento de las administraciones públicas, 3) reforzar los mecanismos de control de todas las instituciones financiadas (en todo o en parte) con fondos públicos y 4) abordar la reforma territorial del Estado.
Sobre todo lo anterior creo oportuno realizar un par de aportaciones.
La primera es que siempre resulta más fácil realizar un diagnóstico del mal que encontrar un remedio eficaz. En este sentido, sobre la manera concreta de llevar a la practica las medidas de "regeneración" que el Manifiesto invoca yo recomiendo lo que recoge el libro "Recuperar España. Una propuesta desde la Constitución" publicado por el Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Este libro expone de manera pragmática dos vías de reforma constitucional de entre las que se puede elegir. Es una propuesta muy detallada expuesta de manera didáctica identificando cada uno de los artículos que se deberían modificar y proponiendo una nueva redacción en unos casos, la supresión de algunos artículos en otros y la incorporación de nuevos artículos al texto constitucional.

Mi segunda aportación es acerca del propio enfoque institucionalista que inspira este imprescindible Manifiesto. En particular, existen economías con crisis institucionales seculares que, sin embargo, muestran un crecimiento económico más robusto que el español. Un par de ejemplos pueden ilustrarnos, uno de economia 'vieja' y otro de economía 'emergente' ¿Alguien duda de que Italia, con un papel determinante jugado por las mafias tradicionalmente, tiene una economía más sólida que la española? ¿Han impedido las mafias terroristas o la propia institución de la "mordida" mejicana que esa economía registre hoy día un gran crecimiento económico? En otros términos, es posible que la sociedad acabe aceptando como normal el peaje de la corrupción, del poder omnímodo de los partidos políticos y de la elefantiasis administrativa, y acabe sobreviviendo con un "modelo productivo" en el que lo anterior es un impuesto más a pagar y la única estrategia posible es fichar a un experto que te minimice la mordida como el buen asesor fiscal te reduce la factura impositiva. Sería un resultado vergonzoso pero es posible que no estemos muy lejos ¿Acaso la figura del "conseguidor" tan popular ahora en los juzgados no representa a este "asesor de mordidas"?

martes, 2 de diciembre de 2014

LA IMPOPULAR INDOLENCIA SUREÑA (José Manuel Cansino en La Razón el 1/12/2014)


La indolencia es uno de los grandes males que azotan a la sociedad andaluza secularmente. Es un argumento sumamente impopular cuando se esgrime como explicación del 36 % de desempleo que exhibe esta región y también cuando se recurre a ella para explicar la tolerancia con la corrupción pública.



No es difícil entender la impopularidad del argumento. Su cuantificación es imposible y, por tanto, lo que tenemos es una 'percepción' de que la indolencia esta muy asentada en la sociedad pero no una cuantificación científica de la misma. Esto es un problema pues la 'percepción' como escribía Coddington no es 'conocimiento' sino sucedáneo de conocimiento. De manera que frente a quien esgrime la indolencia como factor explicativo de nuestra persistente posición en la cola del empleo y de la renta per capita en España, siempre se pueden espigar datos cuantificados sobre, por ejemplo, el número de elevado horas que -en promedio- se trabaja en Andalucía . Naturalmente este es un dato más robusto aunque tramposo pues no analiza el rendimiento del tiempo que se esta en el puesto de trabajo.
Sobre este y otros asuntos hemos tenido la oportunidad de reflexionar recientemente convocados por el colectivo 'Andaluces Regeneraos'. Lo hemos hecho en una sesión de trabajo moderada por el flamante doctor en Administración de Empresa, Antonio Leal, recién llegado de la Universidad británica de Lancaster y junto al presidente del Observatorio Económico de Andalucía, Francisco Ferraro.
Además de intercambiar opiniones sobre la necesidad de revisar el modelo de la Administración del Estado recuperando para la Administración General del Estado las competencias en derechos fundamentales como la Educación y la Sanidad, tuve oportunidad de debatir sobre dos cuestiones concretas relacionadas con la indolencia.
La primera está directamente relacionada con la propuesta, lanzada desde estas mismas páginas, de recuperar las convocatorias de plazas de Catedrático de Instituto
La propuesta hecha desde aquí ha sido una de las que mayor eco ha tenido aunque no sin matizaciones. La primera la hizo el profesor Luis Rull, catedrático de la Universidad de Sevilla y persona no solo implicada en la Academia sino también en la vida cultural andaluza. El profesor Rull, estando de acuerdo con la propuesta y con su gestión a nivel de la Administración General, no estaba de acuerdo en que fuese la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad la que evaluase el curriculum de los candidatos. Bien, es una cuestión no de falta de voluntad sino de selección del órgano que haga la evaluación.
Sin embargo la mayor reticencia la encontré entre los propios profesores y los representantes sindicales. Los profesores de Instituto con los que debatí desconfiaban de los criterios de promoción profesional que fijaría la Administración Autonómica que sospechaban serían arbitrarios. Los representantes sindicales leían la propuesta sin entusiasmo. Probablemente recelosos de no poder promocionar a Catedrático ellos mismos si no se valora a su actividad sindical en el mismo plano que la calidad de la docencia sobre la que bascularia la posible promoción profesional.
El resultado es que una propuesta que sirve para mejorar la calidad del sistema educativo de las enseñanzas medias, queda empantanada por una mezcla de desconfianza (fundamentada) y de indolencia (imposible de cuantificar por su propia naturaleza) de quienes más interesados deberían estar en promoverla.
La segunda manifestación de este mal escurridizo de la indolencia lo situo en el fenómeno del subempleo . Un problema gravísimo que va más allá del ya del por sí terrible problema del desempleo. 
La Organización Internacional del Trabajo define el subempleo por insuficiencia de horas de trabajo como la situación en la que se encuentra un empleado que estaría dispuesto a trabajar más horas de las que trabaja si se le ofreciese la posibilidad. No es este al subempleo al que me refiero sino aquella situación en la que el trabajador ocupa un puesto de trabajo para el que se exige una cualificación mucho menor de la que tiene. Puede aceptarse esta situación para los primeros estadios de la actividad profesional de una persona cuando aun falta experiencia. Pero es económicamente ineficiente que una persona se acomode de por vida a un empleo para el que le sobran los años de Master y de Universidad. Un Máster y una Universidad que, si son públicos como ocurre mayoritariamente en España, han sido pagados por todos los contribuyentes. En otros términos lo anterior significa que 'ricos y pobres' pagan con sus impuestos una formación universitaria que luego no se utiliza en el desempeño de muchos puestos de trabajo.
Con frecuencia la indolencia explica que después de acceder a una (o varias) titulación (e)s superiores pagadas por todos los contribuyentes, muchos se acomoden en un puesto de trabajo poco remunerado y muy por debajo de la cualificación profesional de quien lo ocupa. 

El reconocimiento del esfuerzo y la confianza en la capacidad de cada persona en la autosuperación como valores centrales de la sociedad darían muy poco espacio a la indolencia y abrirían las puertas a una sociedad más justa con una economía más sólida.