El
Consejo de Ministros ha aprobado hace unos días la remisión al Parlamento del Proyecto
de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Se trata de una norma dirigida a
asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio
nacional, y que tiene como principio inspirador el de licencia única y
legislación de origen. El mismo que rige en el funcionamiento del Mercado Único
europeo.
Precisamente
en su informe sobre España del mes de abril titulado "in-depth
review" (revisión a fondo), la Comisión Europea ya incluía una valoración
positiva sobre el borrador que entonces manejaba el Gobierno. Concretamente
consideraba que esta reforma legislativa tendría el potencial de reducir la
fragmentación del mercado interior, ampliar la competencia y ganar eficiencia.
No
somos de los que aplauden una decisión política sólo porque cuente con el aval
de Bruselas. Más bien soy de los que se tientan la ropa pero en este caso
concurren dos aspectos positivos que deben subrayarse.
En
primer lugar la norma ataca uno de los efectos económicamente más perniciosos
que ha tenido el desarrollo del Estado de las Autonomías; a saber, la
fragmentación del mercado interior. En definitiva, hemos asistido en los
últimos años a una eclosión de normativas locales/regionales que han acabado
provocando que un mismo negocio casi tuviese que superar 17 trámites
administrativos diferentes dependiendo de la región en la que pretendiese abrir
sus puertas. A veces con normativas tan extravagantes y prohibicionistas como
las que impedían rotular en español o especificar las características del
producto sólo en la lengua que manejan la mayoría de nuestros conciudadanos.
Todo
ello acababa desincentivando la actividad comercial e industrial y redundaba en
contra de la creación de empleo y riqueza. En tal sentido, el Gobierno estima
que la aprobación de esta Ley va a suponer un aumento total del PIB del 1,52
por 100 en un período de diez años, aproximadamente 1.500 millones de euros
cada año. Nada ha trascendido, sin embargo, sobre la forma en la que se han
obtenido esos resultados por lo que me reservo mi opinión sobre la solvencia de
los mismos.
Lo
que sí da escalofríos es preguntarse por el valor del suceso contrafactual, es
decir, ¿cuál ha sido el coste que nos han supuesto estos años de continuas
barreras interiores? Aún más frustrante es saber que ninguna responsabilidad se
va a asumir por esto. Tampoco por esto.
En
segundo lugar, la norma tiene un profundo calado de reforma que va a pasar
bastante desapercibido y puede facilitar su puesta en práctica. Al tratarse de
una reforma marcadamente técnica es difícil que suscite un debate social
salpicado por la demagogia de si la norma atenta o no contra la capacidad de
autogobierno. Sobre todo lo que es difícil es argumentar en contra de esta
iniciativa y a favor de un proceso de fragmentación de normativas que resulta
lesivo contra el desarrollo económico.
Para
mayor abundamiento, la Ley permitirá a los productores pedir una sola licencia
en una Comunidad Autónoma. Con una única licencia –expedida por cualquier
administración regional- podrán comercializar sus productos en todo nacional. Algo
parecido ocurrirá a los profesionales que presten sus servicios en más de una
región.
Con
una sóla licencia se elimina en la práctica el coste de tener que someterse
hasta a diecisiete regulaciones distintas para operar en España; así lo ha
subrayado en Gobierno.
Podría parecer que esta
norma es un necesario paso adelante para favorecer la generación de empleo y el
desarrollo económico. Un paso dado por un gobierno que se ha empleado a fondo
en desdecirse de muchos de sus compromisos electorales. Sin embargo,
detenidamente puede entenderse como un regreso al pasado. Todo parece recordar
a esa búsqueda entre la Pamplona vieja y la Pamplona nueva magistralmente
recogida en la novela “Plaza del Castillo” del hoy proscrito Rafael García Serrano.
En noviembre de 1714, uno de
los “Decretos de Nueva Planta” del rey Felipe V hizo desaparecer las fronteras
y aduanas comerciales interiores que persistían entre las Coronas de Aragón y
Castilla. Fue el paso definitivo hacia la unidad de mercado interior. El
desafortunado desarrollo del Título VIII de la Constitución ha hecho que
desandemos en apenas tres décadas progresos que se habían alcanzado a lo largo
del tiempo. Podría aplicarse aquello de que “bien está lo que bien acaba”, pero
entonces habrá que esperar a que acabe. Otras reformas de calado como la
educativa o la del derecho a la vida, siguen empantanadas.
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