IV Seminario sobre Ética y Economía. Sevilla 6 de Marzo

El próximo 6 de Marzo se celebrará en la Facultad de Económicas de la Universidad de Sevilla, el IV Seminario sobre Ética y que tendrá como tema central "Ética y Fraude Fiscal".
Más información en iveticayeconomia@gmail.com

PACTO POR LOS PRIVILEGIOS INSTITUCIONALES (José Manuel Cansino en La Razón el 18/2/2013)

En mitad de la crisis institucional que azota a España desde la Jefatura del Estado hasta muchos pequeños municipios, el Presidente de la Junta de Andalucía ha propuesto un ‘Pacto por Andalucía’ que, a falta de mayor presupuesto, se ha concretado en una página web donde los ciudadanos pueden hacer llegar sus propuestas.

De los diez temas a los que se circunscribe el debate, el que mayor número de propuestas ha recibido es el de ‘Crecimiento y empleo’. En total se habían registrado a pocas horas de publicar este artículo, ochenta y ocho propuestas que son verdaderamente pocas si las comparamos con los 8.371.270 de ciudadanos que residen en Andalucía según el Instituto Nacional de Estadística.

Más llamativo resulta el hecho de que de aplicarse la mayoría de las propuestas que se registran en el apartado de ‘Modelo territorial’ (treinta y tres propuestas), la estructura institucional autonómica o desaparecería o quedaría muy reducida.

En definitiva o los andaluces tenemos muy pocas propuestas o somos indiferentes a este tipo de llamamientos hechos por unas instituciones muy desacreditadas.

Los sectores institucionales que hasta ahora han conformado la ‘gobernanza’ del Estado y de la economía: Monarquía, grandes partidos políticos (incluidos los ahora secesionistas), sindicatos mayoritarios y organizaciones empresariales, tienen a significados representantes en la cárcel o a punto de entrar en ella. Sólo un uso obsceno de la política de indultos ha permitido una población reclusa menor.

Todas estas instituciones han “coincidido en el presupuesto” como bien apunta el sociólogo Víctor Pérez-Díaz; un lugar –el presupuesto- en el que se reconcilian izquierdas y derechas, sindicatos y empresarios, monárquicos y republicanos. Se trata de ‘la paz social’ o ‘concertación’ de la que hablaba recientemente el Catedrático de Economía de la UPO, Alejandro Cardenete en una valiente entrevista periodística.

La consecuencia lógica de un sistema de concertación basado no el alcanzar acuerdos entre las demandas de cada sector sino en la manera de saciar una voracidad presupuestaria creciente, ha tenido como consecuencia lógica la aparición de una casta social transversal cuya única actividad es la ‘búsqueda de rentas’ presupuestarias.

Hablamos de transversal en el sentido de que está presente en el entorno de la Jefatura del Estado, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que, cada vez más lejos de sus cartas de naturaleza –participar en la vida pública desde una determinada ideología o defender los intereses de los trabajadores y empresarios- pastorean en el presupuesto y se reparten concesiones burlando la más elemental transparencia.

Escribía Lakof que quien acuñaba los conceptos fijaba los límites del debate. Parece que este ‘pacto’ sólo busca distraer a los ‘indignados’ andaluces de su drama cotidiano promoviendo acuerdos de cartón piedra que sólo garantizarán el mantenimiento de privilegios institucionales.

Es difícil saber si esta gobernanza que recuerda mucho al sagasta-canovismo o a la ‘Monarquía de izquierdas’ de la que habla Javier Castro-Villacañas, supervivirá a los procesos judiciales abiertos o se perpetrará en el poder estigmatizando a quien protesta diciendo que sólo buscan la impugnación parlamentaria.

Lo que sí es fácil deducir es que ninguna economía fuerte puede derivarse de semejante gobernanza y que el escaso uso de la web del Pacto por Andalucía en plena efervescencia de las redes sociales y nuevas tecnologías, es más fruto de la indiferencia ciudadana que de la ausencia de propuestas alternativas al ‘statu quo’ vigente.

ABOCADOS A UN SEGUNDO RESCATE AUTONÓMICO (José Manuel Cansino en La Razón el 11/2/2013)

(Viñeta publicada en La Vanguardia)

En apenas un lustro la estructura de la deuda pública autonómica ha cambiado radicalmente. Si hasta 2007 la deuda viva (la no devuelta) estaba en un 70% constituida por títulos de deuda pública emitidos por la Junta de Andalucía y comprados por los ahorradores y el 30% restante de lo que se debía eran préstamos y créditos adeudados a las entidades bancarias, 2013 terminará muy probablemente con una estructura bien diferente. Cuando (Dios mediante) nos comamos las uvas o las pipas si el bolsillo no da para más, de los 19.249 millones de euros que deberá la Junta de Andalucía, sólo la tercera parte serán títulos valores y los otros dos tercios, préstamos aunque no sólo –ni principalmente- a las entidades financieras. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?

Cada año una Administración Pública deficitaria debe conseguir el dinero suficiente no sólo para cubrir su déficit sino también para atender a los vencimientos de deuda. Uno puede pensar que esto de atender los vencimientos de deuda se puede tomar con calma como por ejemplo evidencia el lacerante retraso en el pago a los proveedores del Servicio Andaluz de Salud. No me refiero a esa deuda, sino a la deuda pública que se emite en los mercados financieros y que cuando llega el momento de devolverla, si no se hace, la reputación del emisor –en este caso la Junta de Andalucía- se vería tan dañada que probablemente nadie vuelva a comprar un céntimo de deuda autonómica andaluza.

La información es tan sensible que las Administraciones Públicas publican sin tapujos el calendario de vencimientos de los valores que han emitido en los mercados. Lamentablemente esa información no la ofrece la Junta de Andalucía a pesar de su interés evidente para los inversores y para los ciudadanos. Un déficit de transparencia que técnicamente es fácil de subsanar.

Bien pues hasta 2012 la Administración regional conseguía el dinero que le faltaba bien emitiendo títulos valores bien recurriendo a créditos o préstamos de las entidades financieras.

El primer mecanismo –la emisión de valores- era el cuantitativamente más importante y se basaba en tres programas, dos de carácter regular en el tiempo y otro sin calendario definido. El primer programa consistía en la emisión de bonos y obligaciones de la Junta de Andalucía en forma de subastas bimensuales dirigidas a captar el ahorro nacional. El segundo programa lo era de emisión de pagarés, por tanto, un sistema de financiación a corto plazo que cada quince días emitía pagarés con vencimientos que oscilaban entre los tres y los dieciocho meses. En 2009 entró en funcionamiento otro programa de emisión de deuda pública autonómica que en esta ocasión se orientaba a captar el ahorro extranjero. El programa –denominado Euro MTN- operaba a través de la Bolsa de Luxemburgo bajo legislación inglesa pero no se emitían títulos de manera periódica sino cuando las condiciones del mercado lo permitían.

Con la recesión en pleno apogeo en 2012 y la calificación de la deuda autonómica –no sólo la andaluza- al nivel de ‘bono basura’, las condiciones de emisión de más deuda pública resultaban completamente prohibitivas.

Efectivamente en 2012 Andalucía recibe dos grandes préstamos. El primero acogiéndose al Plan de pago a proveedores por el que recibe 2.700 millones de euros. El segundo acudiendo al rescate en forma de petición de préstamo a Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) con una operación final de 2.800 millones de euros.

Nada parece que vaya a cambiar en 2013 ni en la calificación del riesgo del ‘bono autonómico’ ni, consecuentemente, en las condiciones de acceso a los mercados de deuda por lo tanto Andalucía estaría abocada a pedir un nuevo rescate. Muy probablemente acogiéndose a una reedición del FLA.

¿Soy yo el guardían de mi hermano? (José Manuel Cansino en La Razón el 4/2/2013)

Acaba de celebrarse en la Archidiócesis de Sevilla un importante encuentro para debatir sobre la crisis económica y buscar soluciones. Algo parecido fue lo que hizo la Reina Isabel II cuando convocó a los miembros de la Royal Economic Society para que le explicasen qué era lo que estaba pasando desde 2008 y, sobre todo, qué era lo que había de hacerse.

Atendiendo a la invitación del Arzobispo hispalense y al buen hacer de Enrique Belloso acudieron muy destacados representantes de grandes empresas multinacionales afincadas en Sevilla, pymes, clubes deportivos y colegios profesionales.

Naturalmente también estaba muy representada la Academia; las cuatro universidades convencionales con sede en Sevilla (incluyendo a las emergentes Loyola Leadership School y la Universidad San Pablo CEU). Pero la Academia ya ha abordado repetidamente esta cuestión desde una perspectiva católica, pues no en balde el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla es un referente en el Diálogo entre Fe y Razón dentro de toda la Universidad Española. También estaba allí el presidente de los universitarios católicos agrupados en torno al Foro Universitario El Escorial.

Una capacidad de convocatoria tan importante plantea una primera reflexión que es la siguiente: si abundan empresarios y profesionales católicos que profesan unos valores que toman con eje central a la persona en cuanto que ser transcendente, ¿por qué no hay una clara percepción social que diferencia entre las empresas en cuya gestión están presentes estos valores de aquéllas en las que no lo están? Naturalmente ésta es una afirmación hecha desde lo que científicamente se denomina Ley de los Grandes Números y, por tanto, resulta compatible con que haya excepciones. En definitiva, parece como si se produjese una disrupción entre la invocación dominical de unos valores y la aplicación efectiva de los mismos a la hora de diseñar los mecanismos de gestión empresarial que van desde la política de personal, la forma de hacer negocio o la manera de afrontar la crisis o el despido de parte del personal. La sociedad no distingue entre un tipo de gestión «con valores» y otro inspirado sólo por el máximo beneficio (incluso definido éste de forma sofisticada). La terrible respuesta es que puede que no haya una gran diferencia.

Para mayor abundamiento, téngase en cuenta que las principales escuelas de negocio españolas –de las más reputadas internacionalmente– tienen una vinculación formal o informal con la Iglesia Católica. Sin embargo, tampoco hay una percepción social acerca de que los jóvenes ejecutivos que salen de esas escuelas de negocio dirijan las empresas con criterios distintos a los de otros formados en escuelas aconfesionales. Parece que la formación en la ética de los negocios o es inexistente o perfectamente inocua.

La segunda reflexión que me planteo es sobre la manera en la que ha calado un diagnóstico erróneo, en mi opinión, sobre la naturaleza de esta crisis cuyo origen se atribuye a una crisis moral. El razonamiento es tan erróneo que sólo basta con darle la vuelta y discurrir diciendo que si la crisis económica obedece a una crisis de valores, la expansión económica debió responder a unos valores extraordinarios.

La crisis tiene una raíz técnica incontrovertible (expansión mundial del crédito, burbuja inmobiliaria, proliferación de activos tóxicos y fallos en el sistema de supervisión de la contabilidad de los países y de las entidades financieras). Naturalmente había también unos valores nocivos y socialmente imperantes como la avaricia, la cultura del «pelotazo» o el «todo vale». Pero, este tipo de «contra valores» han acompañado a la historia de la humanidad. Basta recordar que muchos de los estados norteamericanos se fundan por colonias de creyentes que huyen de un viejo mundo moralmente corrupto y sueñan con levantar nuevos estados asentados en la pureza virginal de sus pobladores y en la ley divina.

Una última reflexión gira en torno al papel que la solidaridad juega en esta crisis. Una solidaridad que cuando añade una visión trascendente a quien la ejerce se llena de caridad por mucho que el pensamiento dominante haya impuesto el primer término sobre el segundo como victoria de la secularización del lenguaje.

La caridad y la solidaridad tejen las grandes redes que soportan la asistencia que ya no puede cubrir la acción redistributiva de un Estado casi descapitalizado. La sociedad así lo reconoce y, por ejemplo, el número de declarantes que ha marcado la x de la Iglesia ha subido un 2%.

Pero no nos engañemos, la caridad no cambia el sistema económico. Sólo palía la necesidad cuando se responde afirmativamente a la pregunta que Caín lanza a Dios cuando lo inquiere por su hermano Abel. Caín responde a Dios diciendo ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Con la caridad, unos y la solidaridad, otros, respondemos sí a esta pregunta, aunque el sistema económico se mantiene incólume. Pero, las otras grandes preguntas como ¿por qué no se percibe una diferencia entre los criterios de gestión empresarial de un católico y un no católico?, o ¿por qué se despachan con el lugar común de la crisis moral las causas de la crisis económica?; bien merecen estirar debates como éste al que pudimos asistir, y esperemos que con mejores resultados que aquél que promovió la reina Isabel II.

Extenda y el SAE (José Manuel Cansino en La Razón el 28/1/2013)

(El puerto Bahía de Algeciras es el primer puerto de Andalucía en tráfico comercial)

Entre la lista de pecados que los economistas acostumbramos a cometer está el de ser prolijos en la descripción de los problemas y escuetos en aportar soluciones. Verdaderamente, es un pecado muy popular cuando se habla de política o de fútbol. Pero eso no deja de ser una mala coartada.

Si hace unos días analizábamos la debilidad del sector exportador andaluz, hoy lo hacemos con una investigación relacionada con el mismo, cuyos resultados acaban de presentarse en la Universidad de Sevilla.

El doctor Jaime López-Melendo acaba de defender con éxito su segunda tesis doctoral –ya era doctor en Derecho y ahora lo es en Economía– consistente en la evaluación económica de un programa público de apoyo a la internacionalización de la empresa andaluza que impulsa Extenda.

En definitiva, el ya doctor se pregunta si, con los datos en la mano, las empresas que siguen esta herramienta de promoción exterior denominada Programa de Diagnóstico, mejoran su presencia en los mercados extranjeros frente a empresas similares que no lo han seguido.

Pocas veces una empresa o Administración Pública está dispuesta a suministrar datos para que un evaluador externo valore la eficacia de lo que hace, salvo cuando el evaluador es el Tribunal o la Cámara de Cuentas. En este caso, la empresa de promoción exterior de la Junta de Andalucía –Extenda– lo ha hecho una vez garantizado el tratamiento confidencial y anónimo de los datos.

En definitiva, los economistas que nos dedicamos a evaluar lo que el Sector Público hace con el dinero de nuestros impuestos llevamos más de cuarenta años pidiendo este tipo de evaluaciones. Sólo de esta forma es posible identificar aquellas políticas públicas eficaces en el logro de los objetivos que persiguen y las que no lo son. Justo este tipo de investigaciones son las que ayudan al decisor público honesto a fortalecer las mejores actuaciones y a revisar o eliminar las políticas ineficaces. Todo ello por encima de los intereses de quienes se enquistan en mantener políticas inútiles pues de ellas dependen sus puestos de trabajo o su volumen de ventas.

En esta ocasión, los resultados muestran que una empresa que ha participado en el Programa de Diagnóstico mejora en promedio su presencia exterior en diez puntos porcentuales frente a empresas similares que no han seguido este programa; un programa que, por cierto, está basado en un sistema de copago (parte de su coste lo financia la empresa y parte, el conjunto de la sociedad a través del presupuesto de Extenda).

He aquí pues una forma de mejorar la gestión del sector público tan cuestionado en estos años de escándalos y corruptelas.

También es una forma de identificar cuáles son las mejores políticas para conseguir un mismo objetivo. Por ejemplo, el profesor Vicente Donoso, una de las máximas autoridades nacionales en Comercio Exterior, señaló en el acto de presentación de esta investigación que en Alemania, los programas públicos de apoyo a la internacionalización suelen consistir en reuniones intensivas los fines de semana con el personal directivo de las empresas para diseñar estrategias exitosas de salida al mercado exterior; mucho más barato que las tradicionales misiones comerciales o asistencia a ferias.

Las empresas y administraciones públicas deben impulsar este tipo de evaluaciones.

Un mismo resultado que el de Extenda puede predicarse de los asesores del Servicio Andaluz de Empleo que han sido despedidos a pesar de que las investigaciones científicas disponibles sostienen que los servicios públicos de asistencia a la búsqueda de trabajo constituyen una de las más eficaces políticas activas de empleo, por encima de los programas de formación.

El uso del dinero público no sólo debe obedecer a criterios de prioridad en el tipo de servicio a prestar, (por ejemplo, salud frente a esparcimiento), sino también al resultado de evaluaciones como ésta de Extenda, que refuercen las actuaciones eficaces y liberen recursos cuando las políticas que no funcionan dejan de estar en el presupuesto.