SEVILLA- Entre las causas de la crisis que vivimos está para José Manuel Cansino la «popularización de la especulación». Y se explica: «Aquí todo el que tenía un poco de dinero sobrante compraba sobre plano y ‘daba el pase’ antes de que llegara el momento de subrogar la hipoteca, vendiendo la vivienda que había comprado por un 15 o 20 por ciento más del dinero que le costó. La especulación se multiplicó, la banca se enladrilló y ahora tiene créditos incobrables. Mientras está ocupada en salvarse de la quema, a lo último a lo que está dispuesta es a dar créditos». Es un profesor vocacional que está acostumbrado a hacerse entender en materias complejas. He aquí una muestra:
–En ese contexto, ¿cuáles cree que son las principales debilidades de la economía andaluza?
–Andalucía parte con una tasa de desempleo estructural muy alta. Además, existe una demonización del concepto de empresario que llega hasta el punto de que nos hemos tenido que inventar un término nuevo como es el de emprendedor, internacionalmente inexistente, porque nadie quiere que se le estigmatice como «empresario-sinvergüenza». Cuando pregunto en un clase de Empresariales cuántos quieren serlo, levantan la mano no más del 3%. Esto es parte de la explicación de lo que pasa en Andalucía. Desde el lado de la formación, si miramos los informes PISA que publica la OCDE, la preparación de quien no ha llegado a la Universidad es, en términos comparativos, de las peores en relación a nuestro entorno. Y lo es en particular en aquellos aspectos técnicos que luego son los que mandan en las empresas. Ya en la Universidad, ninguna andaluza está entre las 100 primeras del ranking de Shangai, el más reputado. Sin embargo, desde Gran Bretaña o Portugal vienen aquí a contratar a médicos y enfermeras, desde Alemania o Noruega ingenieros... Es decir, a pesar de todo, se nos considera bien preparados.
–Hay buenos profesionales pero no tejido empresarial real...
–Quien está cualificado no piensa en montar una empresa. Esto afecta incluso al conjunto de Europa en algunos aspectos. Si se mira el ranking de las principales empresas en EE UU, aparecen Microsoft, Apple, Google... ninguna existía hace 75 años. Muchas son «empresas garaje» que montaron jóvenes y que ahora son líderes mundiales. En Europa las grandes empresas son las mismas de hace 75 años: Siemens, BMW.... En Andalucía las que dicen liderar el cambio como Abengoa o Airbus Military son también las mismas y no son capaces de dar trabajo a todos los demandantes.
–¿Considera que la Junta ha logrado el cambio de modelo productivo que propugna José Antonio Griñán?
–Ése es un lenguaje tramposo que procede de la segunda mitad del siglo XIX. La Administración pública se cree que todavía puede planificar el modelo económico y esto es una gran mentira. Una Administración en una economía de mercado no puede planificar un modelo energético ni económico. Si alguien quiere hacerlo, tiene que modificar las reglas del juego. Estamos en un sistema de mercado, no en el de dirección central que cayó a finales de los 90. No se puede hablar en esos términos sólo porque suena bien, ya que se está engañando. La Junta no puede cambiar de modelo ni le corresponde hacerlo.
–¿Cuál debería ser su papel?
–Doble, en mi opinión: facilitar la creación de empresas, porque el mercado nacional se ha fragmentado en un proceso inverso al que se ha recorrido en Europa; y ordenar la actividad. Cuidar aspectos dañinos como los efectos contaminantes, los abusos laborales... Pero la Junta no puede decidir qué se puede o no producir y con qué tecnología. Eso lo hacen las empresas, que son también las que deben captar las oportunidades de negocio, y a las que la Junta tiene que abrir puertas. Extenda es un ejemplo de parte de la Administración que funciona muy bien, tanto en el criterio de financiación, como en el de cómo ayudar a las empresas. Presta un buen servicio, se conoce los sectores, te lleva a las ferias internacionales propias del producto que intentas comercializar, te enseña a negociar... Lo hace, pero cobra, y la empresa lo valora porque paga una parte. Por contra, un ejemplo de algo que no funciona es la certificación de calidad ambiental que concede el Instituto de Tecnología de Andalucía. La empresa obtiene algo positivo para su imagen corporativa y subvencionado. Eso es una economía fingida e irreal. Si lo tuvieras que pagar no lo harías. De otro lado, en Andalucía tenemos una Administración obsesionada por ideologizar, éste es su principal objetivo. Con la sanidad, con la educación, con la cultura... No se puede utilizar el dinero de la gente para eso, en lugar de prestar servicios de calidad. La Junta está para administrar los recursos que los andaluces pagamos con nuestros impuestos y esfuerzo, no para repartir ayudas con ese fin.
–¿Cambiaría algo en la relación del Ejecutivo regional con el mundo empresarial?
–Hay empresas que están más preocupadas por ver a quién conocen o a quién tienen que llegar en la Administración para conseguir un contrato, que en presentar una buena oferta. Esto es malísimo para el sistema productivo porque hace que las empresas no sean competitivas. No se puede ignorar que aquí, además de una buena oferta, tienes que tener capacidad de influencia si tu cliente final es la Administración. Pesa mucho más la preocupación por hacer «lobby», que el que un producto o servicio sea competitivo. Eso es letal porque hemos malacostumbrado al sistema productivo. Un modelo así, protegido de la competencia, no puede salir fuera porque, influencias aparte, tu producto no es bueno.
–¿El sector público andaluz está sobredimensionado?
–Hay un ejemplo claro: cuando sale el Decreto de reordenación del sector público, ¿cuántas fundaciones y empresas públicas desaparecen? Más del 50 por ciento. Prueba evidente de que se podía prescindir de ellas. Existía un entramado tipo «tela de araña», donde había quien vivía del dinero público, parapetado en fundaciones perfectamente prescindibles, con unos sueldos que no correspondían a su categoría profesional. Esto sale del bolsillo de todos y es inaceptable. Como lo es que este sistema se use para quien pierde las elecciones en su pueblo, tenga un colchón que el resto de trabajadores no. La sociedad no puede ser asimétrica, no puede depender del campo en el que juegues, el tener siempre un colchón de retiro o la calle.
–La CEA reclama auditorías para el personal de las administraciones, donde dicen no se han recortado suficientes gastos, ¿está de acuerdo?
–Se tiene que avanzar en un concepto fundamental: la evaluación de la calidad de las políticas públicas. Ya hay parte de la Administración que ha empezado a hacerlo. Por ejemplo, los grandes hospitales generalistas funcionan con una herramienta de gestión que se llama contrato-programa, donde parte de su dotación presupuestaria depende de que alcancen o no los objetivos que han pactado con el sector público. Eso está basado en indicadores que son lo más objetivo posible. Pero es la minoría. Ahora bien, también los empresarios tendrían que pensar si su forma de financiación es la más adecuada. En España, no sólo financiamos con nuestros impuestos las cuatro administraciones convencionales que tenemos –la Seguridad Social, la local, la regional y la central–, además pagamos una estructura de entes privados que funcionan con criterios públicos: sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos. Son entes de derecho privado, pero la financiación mediante las cuotas de los afiliados es mínima. Es más, en el caso de los empresarios, ¿qué sentido tiene tener una estructura bicefálica de cámaras de comercio, por una parte, y de confederaciones empresariales, por otra? Al final, todo redunda en el bolsillo de la gente y en la libertad de elegir del ciudadano, que no puede invertir ese dinero en lo que quisiera. Tenemos un sector político que entra hasta la cocina de tu casa, que lo tutela todo, en vez de ocuparse de ordenar lo que debe, de prestar servicios de calidad y con un justo precio. La Administración tiene que ser ejemplar, sobre todo en el momento del pago.
–¿Tiene que ver esa falta de ejemplaridad de la Administración con la economía sumergida?
(entrevista completa en http://www.larazon.es/noticia/7714-han-vivido-del-dinero-publico-parapetados-en-entes-prescindibles )
–En ese contexto, ¿cuáles cree que son las principales debilidades de la economía andaluza?
–Andalucía parte con una tasa de desempleo estructural muy alta. Además, existe una demonización del concepto de empresario que llega hasta el punto de que nos hemos tenido que inventar un término nuevo como es el de emprendedor, internacionalmente inexistente, porque nadie quiere que se le estigmatice como «empresario-sinvergüenza». Cuando pregunto en un clase de Empresariales cuántos quieren serlo, levantan la mano no más del 3%. Esto es parte de la explicación de lo que pasa en Andalucía. Desde el lado de la formación, si miramos los informes PISA que publica la OCDE, la preparación de quien no ha llegado a la Universidad es, en términos comparativos, de las peores en relación a nuestro entorno. Y lo es en particular en aquellos aspectos técnicos que luego son los que mandan en las empresas. Ya en la Universidad, ninguna andaluza está entre las 100 primeras del ranking de Shangai, el más reputado. Sin embargo, desde Gran Bretaña o Portugal vienen aquí a contratar a médicos y enfermeras, desde Alemania o Noruega ingenieros... Es decir, a pesar de todo, se nos considera bien preparados.
–Hay buenos profesionales pero no tejido empresarial real...
–Quien está cualificado no piensa en montar una empresa. Esto afecta incluso al conjunto de Europa en algunos aspectos. Si se mira el ranking de las principales empresas en EE UU, aparecen Microsoft, Apple, Google... ninguna existía hace 75 años. Muchas son «empresas garaje» que montaron jóvenes y que ahora son líderes mundiales. En Europa las grandes empresas son las mismas de hace 75 años: Siemens, BMW.... En Andalucía las que dicen liderar el cambio como Abengoa o Airbus Military son también las mismas y no son capaces de dar trabajo a todos los demandantes.
–¿Considera que la Junta ha logrado el cambio de modelo productivo que propugna José Antonio Griñán?
–Ése es un lenguaje tramposo que procede de la segunda mitad del siglo XIX. La Administración pública se cree que todavía puede planificar el modelo económico y esto es una gran mentira. Una Administración en una economía de mercado no puede planificar un modelo energético ni económico. Si alguien quiere hacerlo, tiene que modificar las reglas del juego. Estamos en un sistema de mercado, no en el de dirección central que cayó a finales de los 90. No se puede hablar en esos términos sólo porque suena bien, ya que se está engañando. La Junta no puede cambiar de modelo ni le corresponde hacerlo.
–¿Cuál debería ser su papel?
–Doble, en mi opinión: facilitar la creación de empresas, porque el mercado nacional se ha fragmentado en un proceso inverso al que se ha recorrido en Europa; y ordenar la actividad. Cuidar aspectos dañinos como los efectos contaminantes, los abusos laborales... Pero la Junta no puede decidir qué se puede o no producir y con qué tecnología. Eso lo hacen las empresas, que son también las que deben captar las oportunidades de negocio, y a las que la Junta tiene que abrir puertas. Extenda es un ejemplo de parte de la Administración que funciona muy bien, tanto en el criterio de financiación, como en el de cómo ayudar a las empresas. Presta un buen servicio, se conoce los sectores, te lleva a las ferias internacionales propias del producto que intentas comercializar, te enseña a negociar... Lo hace, pero cobra, y la empresa lo valora porque paga una parte. Por contra, un ejemplo de algo que no funciona es la certificación de calidad ambiental que concede el Instituto de Tecnología de Andalucía. La empresa obtiene algo positivo para su imagen corporativa y subvencionado. Eso es una economía fingida e irreal. Si lo tuvieras que pagar no lo harías. De otro lado, en Andalucía tenemos una Administración obsesionada por ideologizar, éste es su principal objetivo. Con la sanidad, con la educación, con la cultura... No se puede utilizar el dinero de la gente para eso, en lugar de prestar servicios de calidad. La Junta está para administrar los recursos que los andaluces pagamos con nuestros impuestos y esfuerzo, no para repartir ayudas con ese fin.
–¿Cambiaría algo en la relación del Ejecutivo regional con el mundo empresarial?
–Hay empresas que están más preocupadas por ver a quién conocen o a quién tienen que llegar en la Administración para conseguir un contrato, que en presentar una buena oferta. Esto es malísimo para el sistema productivo porque hace que las empresas no sean competitivas. No se puede ignorar que aquí, además de una buena oferta, tienes que tener capacidad de influencia si tu cliente final es la Administración. Pesa mucho más la preocupación por hacer «lobby», que el que un producto o servicio sea competitivo. Eso es letal porque hemos malacostumbrado al sistema productivo. Un modelo así, protegido de la competencia, no puede salir fuera porque, influencias aparte, tu producto no es bueno.
–¿El sector público andaluz está sobredimensionado?
–Hay un ejemplo claro: cuando sale el Decreto de reordenación del sector público, ¿cuántas fundaciones y empresas públicas desaparecen? Más del 50 por ciento. Prueba evidente de que se podía prescindir de ellas. Existía un entramado tipo «tela de araña», donde había quien vivía del dinero público, parapetado en fundaciones perfectamente prescindibles, con unos sueldos que no correspondían a su categoría profesional. Esto sale del bolsillo de todos y es inaceptable. Como lo es que este sistema se use para quien pierde las elecciones en su pueblo, tenga un colchón que el resto de trabajadores no. La sociedad no puede ser asimétrica, no puede depender del campo en el que juegues, el tener siempre un colchón de retiro o la calle.
–La CEA reclama auditorías para el personal de las administraciones, donde dicen no se han recortado suficientes gastos, ¿está de acuerdo?
–Se tiene que avanzar en un concepto fundamental: la evaluación de la calidad de las políticas públicas. Ya hay parte de la Administración que ha empezado a hacerlo. Por ejemplo, los grandes hospitales generalistas funcionan con una herramienta de gestión que se llama contrato-programa, donde parte de su dotación presupuestaria depende de que alcancen o no los objetivos que han pactado con el sector público. Eso está basado en indicadores que son lo más objetivo posible. Pero es la minoría. Ahora bien, también los empresarios tendrían que pensar si su forma de financiación es la más adecuada. En España, no sólo financiamos con nuestros impuestos las cuatro administraciones convencionales que tenemos –la Seguridad Social, la local, la regional y la central–, además pagamos una estructura de entes privados que funcionan con criterios públicos: sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos. Son entes de derecho privado, pero la financiación mediante las cuotas de los afiliados es mínima. Es más, en el caso de los empresarios, ¿qué sentido tiene tener una estructura bicefálica de cámaras de comercio, por una parte, y de confederaciones empresariales, por otra? Al final, todo redunda en el bolsillo de la gente y en la libertad de elegir del ciudadano, que no puede invertir ese dinero en lo que quisiera. Tenemos un sector político que entra hasta la cocina de tu casa, que lo tutela todo, en vez de ocuparse de ordenar lo que debe, de prestar servicios de calidad y con un justo precio. La Administración tiene que ser ejemplar, sobre todo en el momento del pago.
–¿Tiene que ver esa falta de ejemplaridad de la Administración con la economía sumergida?
(entrevista completa en http://www.larazon.es/noticia/7714-han-vivido-del-dinero-publico-parapetados-en-entes-prescindibles )
