EL 4 de octubre de 2009, el Partido Socialista Griego (Pasok) liderado por Yorgos Papandreu ganó unas elecciones legislativas que se habían convocado anticipadamente. Poco después de su toma de posesión, el nuevo gobierno revisó las cuentas que había presentado el gobierno anterior reconociendo que el déficit público acumulado a esas alturas de año alcanzaba ya el 12,7%. Finalmente el déficit del país heleno llegaría al 13,9%.
Grecia había mentido en sus cuentas públicas y perdido su credibilidad en los mercados financieros. Tras un primer rescate de la Unión Europea y del FMI, en estos días se debate la conveniencia de uno nuevo con reconocimiento de la quiebra parcial de ese país. Lo cierto es que todavía no se sabe cómo terminará la crisis de la deuda griega, tema del que he tenido oportunidad de ocuparme en La economía fingida (Ed. Paréntesis).
Menos de dos años más tarde, tras ganar la elecciones del 22 de mayo de 2011, la nueva presidenta de Castilla La Mancha ha destapado que el déficit real de las finanzas públicas regionales superaría el 4%, muy por encima del 1,7% reconocido poco tiempo antes por su predecesor. Más aún, el nuevo consejero de Empleo del Ejecutivo regional acaba de anunciar que las facturas impagadas superan en 1.000 millones de euros lo reconocido por sus predecesores.
La misma semana de la denuncia del Gobierno castellano-manchego, la prima de riesgo de la deuda pública española alcanzaba un máximo de 390 puntos básicos con respecto al bono alemán a diez años. Esto supone pagar casi un 4% más que los alemanes por conseguir la misma financiación. La subida de la prima de riesgo no se debió a la situación de Castilla La Mancha, sino a la rebaja que la agencia Moody's realizó de la calidad de la deuda de Irlanda y la puesta en solfa de la deuda italiana por los mercados. Sin embargo, la prensa internacional no pasó por alto la situación de la región española.
Vale para Grecia, para Castilla-La Mancha y para el más grande de los pequeños municipios el aserto de que la reputación cuesta mucho ganarla y muy poco perderla.
La transparencia en las cuentas públicas es un pilar esencial de la estabilidad económica porque su credibilidad ayuda a inversores y ahorradores a tomar decisiones. En cambio, su falsedad espanta la inversión y hace que los gobiernos metan la mano en el bolsillo del contribuyente cuando tienen que enjugar los déficit financiándolos con una deuda más cara.
Unido a lo anterior, es desalentador saber que si el déficit presuntamente oculto en Castilla acaba siendo cierto, además de obsceno resultará impune. Poco o nada pueden hacer los órganos de fiscalización y control. Incluso cuando quien actúa es el propio Tribunal de Cuentas. Cosa muy diferente ocurriría si lo hiciéramos usted o yo.
Además llama la atención que el procedimiento de ejecución del gasto público está extraordinariamente regulado incluso sometido a un control a priori (antes de realizar el pago) y a posteriori. Unido a lo anterior, los funcionarios de los diferentes cuerpos de la Intervención (responsables técnicos de la ejecución de los presupuestos) siempre se han caracterizado por su estricta observancia de la norma. La advertencia de la Intervención en el caso de los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía es buena muestra de ello. Por tanto, se trata de un maquillaje de las cuentas de responsabilidad esencialmente política.
Y ocurre que entre la moral pública y la privada existe una relación estrecha que nos viene a decir que cuando el contribuyente percibe que la primera no existe se siente liberado del cumplimiento riguroso de sus obligaciones fiscales. Dicho de otro modo, el nivel de fraude fiscal es mucho más elevado en los países donde la corrupción está muy extendida. Con la economía sumergida ocurre algo parecido.
Nada hay que reprochar a quien, recién llegado a un gobierno, sea del signo político que sea, denuncia este ocultamiento. El ciudadano-contribuyente tiene derecho a saberlo.
Pero si lo que se denuncia en Castilla La Mancha se une a las denuncias similares que han hecho otros gobiernos, principalmente municipales, salidos de las elecciones pasadas, la credibilidad de las cuentas públicas nacionales se resentiría extraordinariamente y los mercados no se comportarían de forma diferente a como lo hicieron con Grecia tras la denuncia de Papandreu. Sería sólo cuestión de grado.
La transparencia en las cuentas públicas españolas debe quedar tan garantizada que su credibilidad permanezca extramuros de la pugna política. Quien abusa del poder para esconder deudas sabiéndose impune socava un pilar fundamental de la estabilidad económica nacional de consecuencias potencialmente tan graves como las que ahora soportan varios socios europeos.
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