Pedir a la Administración Pública que resuelva todos los problemas económicos sólo tiene sentido en una economía de planificación central. Así pues, desde la caída del muro de Berlín en 1989 y la descomposición del bloque soviético, seguir poniendo las esperanzas de recuperación económica en el sector público es un error de partida, particularmente en aquellas economías en las que el sector privado es el actor económico principal.
Eso es lo que ocurre en España y Andalucía. La proyección de la OCDE para 2013 es que el sector público español represente el 39.7 % de nuestra economía, cifra que con ser importante, deja el 60.3 % restante en manos privadas.
¿Podemos entonces decir que al próximo gobierno autonómico de Andalucía sólo podrá exigírsele resolver el 40% de los problemas económicos que azotan la región? Sería un razonamiento tramposo como también lo sería atribuirle toda la responsabilidad.
Lo que sí se debe poner el énfasis es sobre tres retos acuciantes en materia económica: la creación de empleo, la mejora en la renta per capita andaluza y en el logro de una Administración Pública eficiente. Ninguno de estos retos son nuevos salvo acaso el último al haberse instalado mayoritariamente en la sociedad –de derechas y de izquierdas- la sensación de tener una Administración autonómica salpicada por la malversación de caudales públicos.
Pocas dudas hay a la hora de señalar que el primer problema económico de la región es el de los 1.250.000 parados que arroja la Encuesta de la Población Activa. Un dato que, cuando se estiliza, se muestra más crudamente pues la tasa de paro del 31,23 % en Andalucía supera en más de 8 puntos la media nacional ¡y en más de 20 puntos la media de la Europa de los 27!.
Asociado con el problema del desempleo está el salario medio que cobra un trabajador en Andalucía (1.497 €/mes), y que se sitúa en los últimos lugares del ‘ranking’ nacional. No sólo hay más parados en Andalucía sino que los que tienen la suerte de trabajar lo hacen a cambio de sueldos más bajos. Si durante los años del ‘boom inmobiliario’ el mileurista era un estigmatizado, hoy día son motivo de envidia para muchos empleados. Detrás de esto no es difícil encontrar como causa, los pobrísimos resultados arrojados para la educación en Andalucía por el Informe PISA.
El tercer reto es el de conseguir una Administración Pública eficiente que, necesariamente tendrá que hacer lo mismo o más, con menos.
De entrada, el nuevo gobierno regional tendrá que reducir el déficit desde e 3.22 % del año pasado al tope del 1.5% para este año fijado por el Ministerio de Hacienda. Es posible que un gobierno socialista con el apoyo de la coalición comunista, juegue a ser el ‘enfant terrible’ de las autonomías españolas pero la Ley de Estabilidad Presupuestaria habilita al gobierno de la Nación a cerrar el grifo de las transferencias (los anticipos a cuenta) y a nombrar interventores llegado el caso. Así pues, una hipotética política expansiva de gasto a lo keynesianismo rancio, apenas tendrá recorrido en esta legislatura.
El gobierno tendrá que hacer frente también al pago de la deuda con sus proveedores. Una deuda que, en el caso de Servicio Andaluz de Salud va camino de eternizarse.
En auxilio de esta angustia presupuestaria aparece la posibilidad de recurrir al instrumento de financiación que permitirán los ‘hispanobonos’, esto es, el atajo a través del cual la deuda pública autonómica –calificada al nivel del bono basura para no pocos analistas- podrá encontrar compradores en los mercados de deuda al emitirse con la garantía del Estado español.
Este es el escenario apresurado al que se tendrá que enfrentar un previsible gobierno de socialistas y comunistas que vendrá marcado por las reticencias de buena parte de estos últimos que ya dejaron sus exigencias por escrito ante notario. Es en ese documento en el que debemos detenernos para hacer alguna previsión sobre la gobernabilidad de los próximos cuatro años.
En primer lugar la Ley de Renta Básica e Inclusión Social que exigirá la coalición comunista, obligaría a un desembolso presupuestario muy elevado salvo que nazca vacía de contenido al definir al grupo de beneficiarios de manera muy restrictiva.
La Ley Integral de Agricultura y Soberanía Alimentaria, en lo que de trasfondo tiene de haberse propuesto a raíz del último acuerdo de la Unión Europea con Marruecos, excede de las competencias de la Junta de Andalucía puesto que la política comercial exterior está residenciada en la Unión Europea. Es poco previsible que esta ley, de salir adelante, tenga contenido sustantivo.
La demanda de crear una ‘Banca pública’ en Andalucía –trasnochada para los expertos económicos pero aplaudida por miles de ciudadanos- también excede de las competencias de la Administración autonómica. Otra cosa es que tan pomposo nombre acabe atribuyéndose a una suerte de Agencia Pública del tipo IDEA convertida en expendedora de subvenciones y créditos baratos. En este caso se estaría al resultado del marketing político pues, técnicamente, no podría hablarse de ‘banca pública’ para referirse a una entidad que no puede ‘crear dinero’.
Lo que no sería cosmética y sí tendría sustancia política y presupuestaria, sería la aprobación de la ‘Carta de Derechos de la Ciudadanía’ que convertiría derechos como el de acceso a la vivienda, en derechos subjetivos exigibles ante la Administración Pública. Si esta demanda del compromiso ante notario del candidato comunista sale adelante, el colapso presupuestario está servido.
Si no hay recuperación económica rápida en los próximos años, y nada hay que apunte en sentido tal, es posible que retos tan cruciales como el empleo, la renta o la gestión correcta del dinero de todos sean eclipsados por en una triada de antis rancia; anticlericalismo, antiamericanismo y antinuclearimo. Pero esta historia, ya nos la conocemos.
