En el año 1971, aún en pleno
Régimen de Franco, se aprobaba el primer plan sistemático de transferencia de
renta al sector agrario; el Plan de Empleo Comunitario. A partir de ese
momento, el cambio de sistema político trajo consigo la reaparición de la
denominada ‘cuestión social agraria’ y la reivindicación de la reforma agraria
orientada a la expropiación y al reparto de la tierra. Por cierto que el éxito
de la película ‘La Isla Mínima’ ha servido para devolver al público un recuerdo
muy ajustado de aquellos momentos a modo de telón de fondo parcial de la trama.
La Reforma Agraria había sido una
vieja aspiración con varios hitos históricos ejecutados con diferente éxito; la
ley republicana de 1932, la contra-reforma republicana de 1935, el intento
falangista a través del Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la
Tierra creado en abril de 1938 y los intentos de finales de la década de los 70
y década de los 80 del siglo pasado. El análisis de todos estos intentos
permite concluir que conforme el sector agrario dejó de emplear a la mayor
parte de la población ocupada en España, la reforma agraria en la práctica y a
fines del siglo XX pasó de basarse en el modelo clásico expropiación-reparto al
modelo de sistema de protección social extendido (subsidio agrario) orientado
al fenómeno de la temporalidad junto con programas anuales de inversión pública
con un sistema de gestión proclive a la creación de redes clientelares. La
reivindicación por la propiedad de la tierra fue sustituida, política y
sindicalmente, por la reivindicación de un sistema de protección o de
transferencia de renta.
¿Cuántos son los beneficiarios de
estas prestaciones? ¿Hasta qué punto es rigurosa la imagen de una Andalucía
subsidiada? Entre 1984 y 2013, el número máximo de perceptores se alcanzó en
1989 con 296.500. Las etapas de expansión económica fueron reduciendo el número
hasta los 196.083 de 2009, año en el que vuelve a crecer. Los beneficiarios de
las prestaciones ‘agrarias’ (subsidio y renta agraria) representan el 27.2 %
del total de perceptores de prestación por desempleo en Andalucía y que sumaron
–al final de 2014- 642.063 personas. Desde otra perspectiva, los ‘subsidiados
agrarios’ representan el 2 % de la población total en Andalucía. La situación no
es muy diferente en Extremadura –la otra región española que tiene acceso a
este sistema especial de protección-. En Extremadura los subsidiados agrarios
también representan el 27 % del total de personas que reciben una prestación
por desempleo y el 2.3 % del total de su población.
Entre los pocos analistas que nos
hemos acercado a esta cuestión desde la investigación económica, no es
infrecuente oír que los fondos que se han transferido a Extremadura y Andalucía
por el sistema de protección agrario en su conjunto (subsidios, inversión
pública y fondos para la formación) están muy por debajo de los que recibieron
–por ejemplo- la cuenca Astur-Leonesa por la reconversión de la minería u otras
zonas que soportaron la reconversión industrial de los primeros gobiernos
socialistas de los años 80. Probablemente sea cierto pero nadie ha puesto esos
números encima de la mesa. Decimos que probablemente sea cierto porque la
cuantía de la prestación es actualmente de 426 euros al mes (el 80 % del
denominado Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples); muy por debajo de
las rentas por prejubilación que se pagaron en la minería. Así si ‘La Isla
Mínima’ es una buena película que recuerda las aspiraciones de reforma agraria
de fines de los 70 y 80, ‘Los lunes al sol’ lo es de la reconversión de la
minería.
No obstante hay una importante
diferencia entre el sistema de protección agrario y el de reconversión de la
minería; el primero está diseñado para quedarse y el segundo para extinguirse y
eso tiene efectos determinantes sobre la movilidad de la población.
Las aspiraciones de reforma
agraria del siglo XXI posiblemente no hayan desaparecido pero sí se han
reinventado. Aunque sigan existiendo comunistas, anarquistas o falangistas que,
por convicción o romanticismo, siguen empeñados en una reforma ajustada al
esquema de expropiación+reparto, la nueva reforma agraria está orientada al
cambio de la agricultura a sistemas de gestión sostenibles y de producción
sana. La iniciativa británica de etiquetado ecológico (ecolabelling), las
reivindicaciones sobre la calidad de las granjas ganaderas y avícolas, el uso
de los coproductos agrícolas como materia prima para las energías renovables o
las barreras a la importación de productos agrícolas para los que no se
certifique que se han obtenido sin explotación infantil constituyen algunos de
los pilares de la nueva reforma agraria.
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