Además de al propio PSOE de
Andalucía, la voz que con más persistencia se ha oído urgiendo alcanzar un
acuerdo de gobierno ha sido la de los representantes empresariales. La
explicación es clara; el presupuesto regional representa el 21,7% del PIB
andaluz. Una cifra ésta muy superior a la que representan el resto de las
administraciones autonómicas regionales que –en promedio- significaban el
15,8%. Si a esta mayor participación presupuestaria de la Junta de Andalucía se
añade la regulación de la actividad económica, la resultante es una economía
muy condicionada por la administración regional, de forma que una parte
significativa del sistema productivo andaluz es cliente, proveedor o usuario de
un Sector Público cuyo peso sobre la economía andaluza es determinante.
Casi medio año antes de una
consulta autonómica (también nacional) toda normativa en curso se paraliza
salvo cuando se trata de otorgar contratos y concesiones ante un previsible
cambio de gobierno. Luego se necesitan otros seis meses para retomar la
producción de normas legales una vez nombrada la nueva estructura de gobierno.
Si este proceso se dilata con una situación como la que ahora atraviesa la
candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el resultado
es una parálisis muy dañina de parte de la actividad económica.
Sin embargo, lo verdaderamente
grave es tener una economía que depende crucialmente del binomio que forma una
situación de sobre-regulación administrativa y de inestabilidad de la norma.
Ninguna economía boyante puede depender cada tres años de una ralentización de
sus decisiones y es que la importancia de la Administración Pública no sólo
debe medirse por la magnitud de su presupuesto –de por sí importante-, sino
también por una regulación extrema de la vida de las empresas y de los
profesionales.
No obstante, a pesar de ser un
lugar común la invocación de las propias organizaciones empresariales de
simplificar los trámites administrativos para facilitar el ‘emprendimiento’, la
plasmación en la práctica de medidas concretas de esa simplificación apenas
ocupa espacio en el debate. Es importante en este punto citar dos hitos en este
necesario camino hacia la desocupación de la actividad económica por parte de
la Administración.
El primero y
más importante es el documento publicado en 2014 por la Comisión para la
Reforma de las Administraciones Públicas. Los trabajos de esa Comisión se
acogen en la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA)
pero las conclusiones recogidas en el documento son poco llamativas como revela
el siguiente párrafo: “Se ha constituido el ―Grupo de Trabajo para la
elaboración de un programa de racionalización administrativa, en el seno del
Consejo de Política Fiscal y Financiera‖, desde donde se impulsa la necesaria
coordinación interadministrativa, y se mantienen contactos bilaterales con
todas las Comunidades Autónomas.” Aun reconociendo la complejidad del Estado de
las Autonomías en España, el párrafo anterior no deja de ser bastante
frustrante.
El segundo
documento que se ha atrevido a pasar del lugar común de “hay que simplificar
los trámites administrativos” a ponerlo en negro sobre blanco fue el elaborado
en 2014 para el Observatorio Económico de Andalucía el Profesor Eduardo Gamero
Casado de la Universidad Pablo de Olavide. El documento en cuestión –
denominado SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA REGULATORIA EN ANDALUCÍA-
consistía en un análisis de la Ley de medidas normativas para reducir las
trabas administrativas para las empresas.
Las propuestas
de este segundo documento incluían, en primer lugar, la atribución expresa de la competencia para
impulso y coordinación de las iniciativas de simplificación administrativa a un
órgano del máximo nivel político, enclavado en el Gobierno de la Junta de Andalucía.
La segunda
propuesta era la aprobación de un programa de actuaciones que articule la
implantación de las medidas, con plazos específicos de ejecución; y
verificación de su aplicación efectiva con revisiones periódicas y garantías de
cumplimiento.
Sea como
fuere, la economía andaluza sigue pendiente del BOJA y sigue pendiente de la
investidura; acciones ambas que distraen del esfuerzo en conseguir ganar en
competitividad sin más red de la calidad del producto y del servicio. La
regulación tiene su razón en la compensación del lado más débil del mercado,
pero la pierde en casi todo lo demás
