Máximo López Jiménez en su
diccionario “Voces de Don Dionís y Paradas”, explica la voz “tranfullero” como
aquel que hace trampas o fullerías.
Las cifras de decrecimiento de la
zona Euro que se acaban de hacer públicas y las de déficit de las
administraciones públicas españolas que también acaban de publicarse hay que
leerlas conjuntamente.
La constatación de que la zona
euro ha vuelto a entrar en recesión al registrar un crecimiento económico
negativo del -0.2 % en el último trimestre, obliga a revisar el calendario de
retorno al equilibrio presupuestario de importantes economías europeas como,
por ejemplo, la francesa. Una economía cuya entrada en recesión nos afecta de
manera directa por el importante volumen de exportaciones españolas que tienen
como destino el país galo.
En resumidas cuentas el objetivo
que ahora sostiene Bruselas es lograr reducir el déficit público europeo hasta
el 3 % del PIB en 2016. A partir de aquí cada Estado se hace su composición de
lugar y dosifica sus medidas de ajuste con la bendición de la Comisión.
Para España las exigencias son
ahora un déficit máximo para 2013
del 6,3% del PIB; del 5,5% para 2014;
4,1% en 2015, y –ya
en 2016- del 2,7%.
De manera casi inmediata, los
diecisiete estados clonados que son las comunidades autónomas se han lanzado en
busca de la parte de la tarta de la flexibilización que les toca, lo que no
deja de ser razonable porque son los diecisiete miniestados-comunidades
autónomas los que mayor volumen de competencias y de gasto acumulan. Es así
desde que el último gobierno de José María Aznar aprobase la ley que obligaba a
todos los gobiernos regionales a asumir las competencias en materia educativa y
sanitaria aunque fuese a modo de trágala.
Pero lo que es lógico desde un
punto de vista económico pierde su racionalidad cuando se intenta fijar un
criterio para repartir la flexibilidad del criterio del déficit.
Para empezar están las regiones
que reivindican su premio por haber sido las más cumplidoras con el objetivo
del déficit, tanto que a fecha de marzo de 2013 presentaban superávit. Este es
el caso de mayor a menor superávit de La Rioja, la Comunidad Valenciana, Asturias,
Cantabria, Castilla La Mancha, Baleares y Extremadura (dejo fuera los
territorios forales vascos por su privilegiado sistema de financiación).
Para seguir están las que han
hecho justo lo contrario pero que justifican su déficit en las “mayores necesidades
de gasto”. Algo que siempre es posible argumentar echando mano de la coartada
más adecuada y que una veces es el porcentaje de población envejecida, o el de
población joven, o el de población infantil, o el de la baja densidad de la
población o, justo el contrario, la alta, pues para el caso lo mismo da que da
lo mismo. Las regiones con mayor déficit en orden decreciente son Murcia,
Castilla y León, Andalucía, Madrid, Cataluña, Aragón, Galicia y Canarias.
También dejo fuera el caso navarro por la misma razón que el vasco.
En definitiva están quienes
reclaman para sí la flexibilidad por cumplidores y los que lo hacen por lo
contrario.
¿Tiene consecuencias económicas
optar por uno u otro criterio? Pues con independencia de las razones que los deficitarios
esgrimen –legítimas pero elegidas a interés de parte- en Economía el denominado
problema del Riesgo Moral nos dice que si quien sale premiado en un acuerdo es
el tramposo (el “tranfullero”), desaparece cualquier incentivo para cumplimientos
futuros. Es una lección bien aprendida en el sector financiero en esta época.
Esto es, si quien pide prestado lo hace a sabiendas de que no tendrá que sufrir
consecuencias graves si incumple, no tendrá inconveniente alguno en pedir
prestado la cantidad máxima.
Pero al margen del criterio del
cumplimiento o no para repartir la flexibilidad, aparece la posibilidad no sólo
de premiar a los incumplidores sino de hacerlo también a quienes extorsionan
con argumentos diferentes. Naturalmente es el caso de Cataluña en la hipótesis improbable
de que esté dispuesta a aplazar la deriva independentista a cambio de uno
cientos de millones de euros más de déficit. El soberanismo ha llegado
demasiado lejos ya como para frenarse por este tipo de concesiones que dejarían
los argumentos secesionistas al nivel del reglamento de un casino.
El criterio de reparto de la
flexibilidad del déficit debe hacerse de manera transparente. Así debe ocurrir
con el mecanismo de financiación de cualquier administración pública. También
debe hacerse sobre el criterio de premiar al que ha cumplido salvo que, en
adelante, se quiera que las administraciones se tomen las cifras de déficit con
el rigor de un matasuegras. Pero no debe olvidarse que sigue estando pendiente
la gran cuestión.
La gran cuestión es ¿cuáles deben
ser las competencias de las administraciones territoriales? ¿Deben mantenerse
estructuras competenciales duplicadas y, en no pocas ocasiones, triplicadas? Y
es que discutir sobre la cifra de déficit en lugar de hacerlo primero sobre el
modelo administrativo del Estado no es más que tratar una patología severa
administrando aspirinas.
El Ministerio no haría mal en
tomar nota del ejemplo con el que el autor del mencionado Diccionario viene a
ilustrar el uso de la voz “tranfullero”:
- - Ahí voy al cantillo para jugar a los muñecos con fulanito.
- - Pues ten cuidado con él, que es muy tranfullero.
Pues lo que vale para lo uno vale
como advertencia a premiar a quien incumple y adorna su tranfullería espigando
los argumentos de coartada y ocultando los sonrojantes.
