Es el acrónimo del documento que tendrá que firmar España como antes lo hicieron Grecia, Portugal e Irlanda.
El 'Memorandum of Understanding' -MoU- o Memorandum de Intenciones recuerda que el responsable de pedir la cienmilmillonaria ayuda a los socios comunitarios, es España. No hay ninguna 'alta parte contratante' en términos de Derecho Internacional que se llame 'sector financiero español'.
Así que la reputación en juego, a efectos internacionales, es la de nuestro país por mucho que el acuerdo revista importantes diferencias con el de los tres países intervenidos. Países que lo han sido a cambio de tener que cumplir unas condiciones macroeconómicas que llevaban aparejadas durísimas reformas a las que España se había adelantado.
Pero además del documento instrumental -el MoU-, el 'rescate' de España comparte con los anteriores la imposición de un supervisor externo -el Fondo Monetario Internacional (FMI)-. No obstante, parece que con un perfil más atenuado que el de los supervisores del FMI y de Bruselas que actúan de facto como interventores de aquellas economías.
En España el FMI sólo supervisará a las entidades financieras que soliciten la ayuda; en Grecia, Portugal e Irlanda, supervisan toda la política económica.
Hasta aquí, lo anterior es un retrato ajustado del acuerdo del sábado 9 de junio de 2012 (la fecha es para enmarcar). Un retrato que se aparta del triunfalismo ufano de algún portavoz gubernamental y del derrotismo que tanto gusta al genoma noventayochista español.
Vayamos ahora a los números y a algunas de las consecuencias.
En primer lugar los 100.000 M€ que constituyen lo que se parece a una línea de crédito superlativa está por ver si vienen del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (mecanismo disponible a día de hoy) o del Mecanismo Permanente (pendiente de la firma de algunos países).
Repárese en que este segundo mecanismo (preferido por el gobierno español) se aprobó ahora hace un año (¡) y todavía no está operativo, lo que dice poco de la agilidad de respuesta de la Unión Europea a una crisis tan brutal.
En segundo lugar hay que vislumbrar el impacto que tendrá este crédito sobre el gasto y déficit públicos y es que los intereses a pagar computarán como mayor gasto público, aunque luego el Estado (Frob) se resarza de ese pago cobrándoselo a las entidades financieras.
Esto va a hacer repuntar la cifra de déficit para 2012 y las necesidades de emisión de deuda pública salvo que las liquidaciones de pagos de los bancos rescatados al Frob y del Frob al mecanismo de estabilidad, estén casi sincronizados. Detengámonos en este punto.
A pesar de su creciente coste por la subida de la prima de riesgo, el Tesoro tenía cubiertos la mayor parte de vencimientos de Deuda de 2012. Esto es, había colocado Deuda nueva en cantidad suficiente para devolver la mayor parte de la que vence este año. Sin embargo, esas necesidades de emisión de deuda no hacen más que crecer. Por ejemplo, se necesitarán nuevas emisiones de Deuda para inyectar los 19.000 M€ para Bankia y también para pagar los intereses del macro crédito.
Por último, pero no menos importante, sorprende lo siguiente. El Banco Central Europeo realizó en diciembre de 2011 y en febrero de 2012, dos grandes subastas que, sumadas, rondan el billón de euros puesto a disposición de los bancos europeos. En la segunda de ellas, ya con el nuevo Gobierno suficientemente asentado, las entidades bancarias españolas solicitaron entre 120.000 y 150.000 M€. En esas subastas se prestaba al 1% con un plazo de devolución de tres años. Unas condiciones mucho mejores que las actuales (el tipo de interés del rescate podría estar en torno al 5%). La cuestión evidente es ¿por qué el gobierno no presionó en febrero a las entidades para aprovechar esta coyuntura y recapitalizarlas?
¿Tan irreales eran los balances de las entidades y tan miope la supervisión que de ellos hizo el Banco de España?
De momento tenemos un tiempo de respiro. En los próximos días, el foco de los mercados, esos que nos gobiernan, se pondrá en Grecia y en su segunda ronda electoral. Luego, posiblemente, le tocará a Italia.
El 'Memorandum of Understanding' -MoU- o Memorandum de Intenciones recuerda que el responsable de pedir la cienmilmillonaria ayuda a los socios comunitarios, es España. No hay ninguna 'alta parte contratante' en términos de Derecho Internacional que se llame 'sector financiero español'.
Así que la reputación en juego, a efectos internacionales, es la de nuestro país por mucho que el acuerdo revista importantes diferencias con el de los tres países intervenidos. Países que lo han sido a cambio de tener que cumplir unas condiciones macroeconómicas que llevaban aparejadas durísimas reformas a las que España se había adelantado.
Pero además del documento instrumental -el MoU-, el 'rescate' de España comparte con los anteriores la imposición de un supervisor externo -el Fondo Monetario Internacional (FMI)-. No obstante, parece que con un perfil más atenuado que el de los supervisores del FMI y de Bruselas que actúan de facto como interventores de aquellas economías.
En España el FMI sólo supervisará a las entidades financieras que soliciten la ayuda; en Grecia, Portugal e Irlanda, supervisan toda la política económica.
Hasta aquí, lo anterior es un retrato ajustado del acuerdo del sábado 9 de junio de 2012 (la fecha es para enmarcar). Un retrato que se aparta del triunfalismo ufano de algún portavoz gubernamental y del derrotismo que tanto gusta al genoma noventayochista español.
Vayamos ahora a los números y a algunas de las consecuencias.
En primer lugar los 100.000 M€ que constituyen lo que se parece a una línea de crédito superlativa está por ver si vienen del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (mecanismo disponible a día de hoy) o del Mecanismo Permanente (pendiente de la firma de algunos países).
Repárese en que este segundo mecanismo (preferido por el gobierno español) se aprobó ahora hace un año (¡) y todavía no está operativo, lo que dice poco de la agilidad de respuesta de la Unión Europea a una crisis tan brutal.
En segundo lugar hay que vislumbrar el impacto que tendrá este crédito sobre el gasto y déficit públicos y es que los intereses a pagar computarán como mayor gasto público, aunque luego el Estado (Frob) se resarza de ese pago cobrándoselo a las entidades financieras.
Esto va a hacer repuntar la cifra de déficit para 2012 y las necesidades de emisión de deuda pública salvo que las liquidaciones de pagos de los bancos rescatados al Frob y del Frob al mecanismo de estabilidad, estén casi sincronizados. Detengámonos en este punto.
A pesar de su creciente coste por la subida de la prima de riesgo, el Tesoro tenía cubiertos la mayor parte de vencimientos de Deuda de 2012. Esto es, había colocado Deuda nueva en cantidad suficiente para devolver la mayor parte de la que vence este año. Sin embargo, esas necesidades de emisión de deuda no hacen más que crecer. Por ejemplo, se necesitarán nuevas emisiones de Deuda para inyectar los 19.000 M€ para Bankia y también para pagar los intereses del macro crédito.
Por último, pero no menos importante, sorprende lo siguiente. El Banco Central Europeo realizó en diciembre de 2011 y en febrero de 2012, dos grandes subastas que, sumadas, rondan el billón de euros puesto a disposición de los bancos europeos. En la segunda de ellas, ya con el nuevo Gobierno suficientemente asentado, las entidades bancarias españolas solicitaron entre 120.000 y 150.000 M€. En esas subastas se prestaba al 1% con un plazo de devolución de tres años. Unas condiciones mucho mejores que las actuales (el tipo de interés del rescate podría estar en torno al 5%). La cuestión evidente es ¿por qué el gobierno no presionó en febrero a las entidades para aprovechar esta coyuntura y recapitalizarlas?
¿Tan irreales eran los balances de las entidades y tan miope la supervisión que de ellos hizo el Banco de España?
De momento tenemos un tiempo de respiro. En los próximos días, el foco de los mercados, esos que nos gobiernan, se pondrá en Grecia y en su segunda ronda electoral. Luego, posiblemente, le tocará a Italia.
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