La
sociedad occidental, desde los años sesenta del pasado siglo, amplió el aforismo
de que nada había tan cierto en la vida como la muerte y los impuestos por el
de que la muerte, los impuestos y las prestaciones del estado del bienestar
eran -las tres- certezas incuestionables. Estas tres supuestas certezas (la
última es tramposa) han evolucionado de forma muy diferente. La muerte se ha
alejado a lomos de una mayor longevidad, los impuestos cada vez se evaden más
cómodamente a través de paraísos fiscales y similares y, conforme la
sociedades se hicieron más opulentas, Wagner y Baumol probaron que aumentaban
sus demandas de prestaciones públicas. No hay que saber más que unos rudimentos
de Economía y algo de matemáticas para saber que esto es difícil de sostener.
Difícil sobre todo si se conjuga con elevadas tasas de desempleo, salarios
devaluados y un suicidio demográfico que azota al continente europeo desde hace
casi dos décadas.
Ahora
el gobierno todavía en funciones ha vuelto a echar mano del fondo de reserva de
la Seguridad Social, otros 1000 millones de euros más y ya va por la mitad del
valor que llegó a alcanzar en los años del boom inmobiliario.
Pero
resulta que tampoco en esto los grandes partidos son capaces de acordar unas
bases estables que permitan seguir pagando las pensiones sin echar mano de la
hucha de la Seguridad Social. Es aquí donde la propuesta del PSOE en boca del
ex ministro Jordi Sevilla merece una atención mucho mayor que despacharla con
los aplausos o los pitos del debate electoral con frecuencia epidérmico.
El
PSOE propone financiar el desfase de las pensiones con la creación de un
recargo solidario al estilo francés, la llamada Contribución Social
Generalizada. Este impuesto recaudó en 2012 casi 90.000 millones de euros en
Francia. Técnicamente se trata de una figura tributaria añadida a las
cotizaciones a la Seguridad Social y aquí es donde comienzan los problemas.
España tiene un volumen de desempleo marcadamente mayor que el francés y subir
las contribuciones es tanto como encarecer la contratación y devaluar el
salario neto en el probable caso de que el incremento de la contribución
recayese sobre empleadores y empleados.
Desde
la perspectiva del reparto de la carga fiscal, la propuesta socialista daría
una vuelta de tuerca más al sistema tributario español que cada vez recae más
sobre las rentas del trabajo y el consumo. Las rentas de capital son
internacionalmente mucho más móviles y acaban en paraísos fiscales vía
despachos de asesoramiento ubicados en Panamá o Gibraltar.
Este
y no otro es el problema de la propuesta socialista pero no que sea mala o que
no suponga una solución a un problema que todos quieren esquivar conjurando al
Pacto de Toledo sobre las pensiones. La propuesta tiene el problema de no
favorecer las creación de empleo y agudizar un reparto de la carga fiscal sobre
los hombros de los trabajadores por cuenta ajena y consumidores.
Es
oportuno recordar que el informe de la Comisión de Expertos que en 2014
recomendó una batería de medidas para una nueva reforma fiscal en España,
recomendó introducir impuestos que favorecieran la preservación del medio
ambiente y cuya recaudación pudiera servir, además, para reducir la carga de
otros tributos como las propias contribuciones a la Seguridad Social.
En
un artículo que acaba de publicar la revista Carbon Management, he tenido la
oportunidad de colaborar con los profesores Cardenete, Román y Ordóñez
estimando cómo tendría que ser un impuesto sobre el consumo de electricidad en
España para poder alcanzar los objetivos de eficiencia energética establecidos
en la agenda del denominado H2020. Como máximo el tipo impositivo alcanzaría un
7 % y podría permitir la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Naturalmente
este impuesto sería soportado por los consumidores e impactaría negativamente
sobre la competitividad de los productos españoles intensivos en consumo de
electricidad. Pero, si no aumenta la recaudación en un país donde pronunciar la
palabra "recortes" es un pasaporte a la oposición política, el estado
del bienestar tendría grandes problemas en partidas tan sensibles como las
pensiones.
Es
cierto que es posible aumentar la recaudación reduciendo el nivel de fraude
fiscal máxime en un país como España donde el volumen de la economía sumergida
ronda el 25 % del PIB, pero yo soy poco optimista en este ámbito. Creo que las
cifras sobre cuánto dinero se recaudaría de más reduciendo el fraude suelen
sobre estimarse.
El
colapso del Sistema de pensiones no es algo inminente, se puede seguir
enjugando con la recaudación de otros ingresos, pero antes o después será una
certeza. Tan incuestionable como que con la vida van la muerte y los impuestos.
