Como el propio Ministerio de Hacienda subraya en su nota, ninguna nación del mundo con Administración descentralizada presenta unas cuentas territorialidadas con el detalle con el que España lo ha hecho en 2014 y 2015. Probablemente porque España sea una de las naciones a las que mayor complejo de serlo se le ha hecho sentir en las últimas décadas. Desde una Constitución -la de 1978- que a diferencia del Derecho comparado cercenó el uso del término Patria (sólo lo menciona en dos ocasiones) a un sistema electoral que sobre representa a los partidos locales, el resultado ha sido, hasta el año pasado, no publicar institucionalmente las cuentas territorialidadas para así permitir el enjuague de acallar al independentismo a golpe de transferencias singulares.
Sólo cuando el criterio de tres economistas solventes -Angel de la Fuente, Ramón Barberán y Ezequiel Uriel- fue oído por el Ministro Montoro, esta información se ha hecho pública y asumida por el Gobierno de España. Lamentable y probablemente aquí se agote la serie histórica de estos cálculos ante el más que previsible cambio de gobierno que se avecina.
Con los datos en la mano, el saldo fiscal de Andalucía mejora pasando de recibir en términos netos 7421 millones de euros en 2011 a 8531 millones en 2012. Téngase en cuenta que estos son los ejercicios presupuestarios sobre los que se han calculado las balanzas fiscales publicadas en 2014 y 2015, respectivamente.
Si Andalucía mejora su saldo fiscal (diferencia entre los impuestos soportados por los residentes en esta región y el gasto público del que se benefician), Madrid es la principal región damnificada pasando de un saldo de -16723 a otro de -19723 millones de euros. Cataluña sigue desmintiendo el 'España nos roba' acuñado por el expresidente Pujol pues si bien reduce su saldo fiscal negativo de -8455 a -7439 millones, cuando se tiene en cuenta el papel del endeudamiento público, el color de las cifras pasan del rojo al negro.
El informe que hace suyo el Ministerio de Hacienda estima que los flujos redistributivos entre regiones ascendieron en 2012 a unos veintinueve mil millones de euros o un 2,8% del PIB español. También evidencia que los cálculos responden a una lógica económica y fiscal. Por ejemplo, los impuestos soportados por los residentes de los distintos territorios aumentan con el nivel de renta. En otros términos, los saldos fiscales regionales se deterioran según aumenta el nivel de renta. Más exactamente, el saldo fiscal de cada región tiende a empeorar según aumenta la renta per capita, de forma que los territorios más ricos generalmente presentan déficits fiscales mientras que los de menor renta suelen disfrutar de superávits.
Pero si bien las cifras muestran, para el caso específico de Cataluña, que el discurso victimista carece de rigor, el debate independentista hace ya tiempo que no se soporta sobre este pilar de supuesto 'parasitismo fiscal' del resto de España. El discurso independentista es pasional. Casi todo sentimiento nacionalista es irracional; emocional. Por eso, en su visión onírica de las balanzas fiscales, el plato donde se pesan sus contribuciones está trucado. Lleva trozos de plomo en el fondo, adosados para que falseen su medida. Es inútil esperar que el sentimiento independentista se diluya ante argumentos de tipo económico. Ni siquiera esto es de esperar entre la pragmática burguesía catalana en cuyas casas era frecuente despreciar a la lengua catalana por considerarla aldeana.
Hay que valorar bien el esfuerzo de publicar estas balanzas fiscales con el método riguroso de sus autores. Habrá que lamentar que tras el previsible cambio de gobierno, dejen de publicarse por el Ministerio para, quizá, pasar a publicarse por institutos de análisis privados como FEDEA. Pero siendo importante su contribución al debate territorial, no son el lenguaje que han impuesto los independentistas. Un lenguaje emocional que sólo recibe como respuesta los datos de la Encuesta de Población Activa.
