Holanda ha puesto en marcha una iniciativa de prevención del desempleo que podría aplicarse también en España con algunas mejoras como las que aquí se proponen. No en balde y desde hace años, en España se echa en falta criterio propio en el diseño de la política económica pues esta parece sólo una copia, a veces buena y otras no tanto, de lo que ya hacen otros socios comunitarios. El “que inventen ellos” unamuniano no nos resulta del todo lejano.
Uno de los expertos españoles en políticas activas de empleo, Francisco Javier Mato, profesor de la Universidad de Oviedo, ha llamado la atención sobre esta medida de lucha contra el desempleo adoptada por los Países Bajos en 2009. La medida combina los objetivos de mejora del capital humano y prevención del desempleo.
Concretamente y con el propósito de mantener el capital humano en las empresas, el gobierno de ese país financia de manera extraordinaria una parte de los costes laborales de determinados empleados que reciben educación o formación a tiempo parcial. La medida permite a las empresas cuya actividad haya sufrido los efectos de la crisis mantener en plantilla a trabajadores fundamentales, reduciendo sus costes durante un máximo de 65 semanas.
La iniciativa une dos realidades. La primera es que la crisis reduce evidentemente la carga de trabajo de muchas empresas y obliga a despedir a parte de la plantilla. La segunda es apostar por la formación de los trabajadores, por la mejora del capital humano en definitiva, asumiendo como cierto que las políticas de formación contribuyen positivamente al crecimiento de la productividad. Esto último redundaría en beneficio de la competitividad de las empresas nacionales, de sus posibilidades de supervivencia y, en general, en la fortaleza del sistema económico para capear la grave situación de crisis.
Las políticas de formación de carácter ocupacional constituyen la política activa de empleo más recurrente tanto en nuestro país como en los países de la Unión Europea. Los fondos públicos destinados al conjunto de políticas activas de empleo han seguido una tendencia creciente en países como España, pasando del 0.33 % del PIB en 1985 al 0.80 % en 2007.
Sin embargo, a pesar de las expectativas que las políticas de formación generan, las investigaciones empíricas que se conocen sobre sus efectos en la empleabilidad y los ingresos futuros de sus beneficiarios, descartan que sean una panacea. Además de resultar complejo estimar las relaciones causales entre formación y empleo, en la práctica, escasean los estudios que analizan los efectos de la formación más allá del corto plazo. Por si fuera poco, la evidencia resulta contradictoria en cuanto a la persistencia de los efectos de la formación en el medio plazo, esto es, los efectos positivos que a veces muestran, desaparecen muy pronto.
Es en este punto en el que sostenemos que España puede añadir a la experiencia holandesa dos mejoras muy importantes en el sistema de formación. Ambas van orientadas a garantizar la calidad del sistema de formación sobre la base de que no habrá empleo de calidad sino hay formación de calidad.
En primer lugar hay que tener en cuenta que desde los ochenta y noventa del siglo pasado se asumió en España que era necesario mejorar la intermediación entre oferta y demanda de puestos de trabajo, lo que llevó a adaptar las actuaciones al entorno más cercano al desempleado. En la práctica esto ha supuesto que la formación se realice de forma descentralizada en centros de formación que pueden ser de titularidad privada o financiados con fondos públicos a través de centros propiedad de asociaciones empresariales o sindicales. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha sido muy crítico con la forma en la que estas instituciones han gestionado a veces, los fondos destinados a la formación.
Por tanto, se hace necesario introducir un adecuado sistema de evaluación de la calidad de los centros de formación a través del cual, mediante la creación de una agencia de evaluación de la calidad, los mejores centros logren una acreditación que exhiban como marchamo de calidad ante los posibles clientes que, de esta forma, saben que sus posibilidades de empleo o ingresos futuros mejoran si su formación se realiza en estos centros. Los centros que logren esta acreditación deben estar en mejor posición de captar más cantidad de fondos tanto públicos como privados (de la empresa cuyos trabajadores se forman y del bolsillo de los propios trabajadores). El sistema de acreditación sirve, además, para introducir un mecanismo de competencia entre los centros de formación que buscan aumentar sus fondos mejorando su calidad. La baremación de resultados puede admitir correcciones cuando se trate de centros ubicados en zonas especialmente deprimidas o concurran otras circunstancias.
El sistema de acreditación basado en este tipo de resultados es un camino acertado para desalojar los abusos que se han puesto de manifiesto en algunos informes de los órganos de control del Estado. Además no es novedoso para la Administración Española pues es el que se aplica en algunos ámbitos del sistema universitario.
Como segunda mejora a la iniciativa holandesa, los programas de formación deben diseñarse de manera que incorporen la evaluación de sus resultados desde el inicio. Por supuesto, mucho más allá de verificar que se cumplen unos estándares de espacio y acondicionamientos de los centros. El compromiso debe incluir la obligación de aportar información sobre el itinerario seguido por sus exalumnos o egresados (tiempo en encontrar un nuevo empleo, tipo de empleo conseguido, duración, ingresos laborales…). Estos resultados se utilizarán para el proceso de acreditación de la calidad del centro y exigen el compromiso del trabajador de suministrar información sobre su carrera profesional a cambio de lo que técnicamente se denomina una recompensa, que no es más que una cantidad de dinero que el egresado recibe periódicamente a cambio de los datos que suministra.
Es importante insistir en que no habrá empleo de calidad sino hay formación de calidad. Por esto, si buscamos una formación de calidad, un sistema productivo sólido y no fingido, hay que aceptar que la continuidad de los programas de formación dependa de los resultados obtenidos a partir de las evaluaciones realizadas.
En definitiva, la iniciativa holandesa es muy interesante pero lo sería más si se incrementan y sistematizan las evaluaciones de la formación, e intenta que acompañen a los programas desde su inicio. Lo anterior beneficiaría a todos los agentes vinculados a la formación, sean financiadores o proveedores, y muy especialmente a sus participantes y, con todos, al conjunto de la economía española.
(*) José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
